El estado de Veracruz, al oriente de México, se ha convertido en una de las zonas más violentas de ese país. De acuerdo con información  del Secretariado Ejecutivo de Veracruz, en los primeros seis meses de 2018 se registraron 700 asesinatos – de los cuales 58 fueron feminicidios – y 80 secuestros. Según la empresa Lantia Consultores, especialista en medir la violencia provocada por el crimen organizado, Veracruz es el segundo estado de México con mayor número de ejecuciones relacionadas con el crimen organizado, principalmente por el conflicto entre los carteles de Los Zetas y Jalisco Nueva Generación.

Situado en la franja del Golfo de México, Veracruz ha tenido que sufrir las consecuencias de la guerra contra el narcotráfico. Al estar ubicado en la ruta de paso para el envío de droga a la costa este de Estados Unidos, las mafias continúan disputándose el control del territorio. Las fuerzas policiales, así como los periodistas, se han convertido en blancos de los grupos armados. El pasado 12 de julio, por ejemplo, fueron asesinados cuatro policías y dos civiles en Veracruz. Por otro lado, en el transcurso de 2017, según cifras gubernamentales, fueron asesinados cuatro periodistas en ese mismo estado.

Con la llegada de Manuel López Obrador a la presidencia de México, los habitantes de Veracruz esperan cambios urgentes. Una de las propuestas de la AMLO (movimiento político al que pertenece López) es sacar al ejército mexicano de las calles y optar por la profesionalización y coordinación de los policías. Como tercera medida, el mandatario ha contemplado la posibilidad de otorgar amnistías para buscar un “plan de reconciliación y paz para México”.

¿Tendrán éxito estas propuestas? ¿Cómo se pueden disminuir los índices de violencia en la región? Estas y otras preguntas fueron abordadas en el foro Diálogos CONNECTAS “Impunidad y violencia en Veracruz: ¿La misma cara con la nueva política en México?”, organizado por la Agencia Veracruzana de Comunicación y Noticias (AVC) y CONNECTAS, con el apoyo de la Universidad Veracruzana (UC).

En el foro participaron cuatro panelistas: Araceli González Saavedra, psicóloga veracruzana experta en derechos de las mujeres; Juan Pablo Nápoles primer visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz; Jorge Morales Vázquez; secretario ejecutivo de la comisión estatal de atención y protección a periodistas en Veracruz y Alberto Javier Olvera Rivera, investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana.

Veracruz, en un pico de violencia

Un punto de partida para hablar sobre Veracruz es la situación actual de violencia: 1.500 asesinatos anuales es una cifra terrorífica que merece varias explicaciones. Juan Pablo Nápoles, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, señaló que el ciclo de violencia tiene que ver con varios factores, como “la corrupción, la impunidad, la falta de preparación de la policía, el desconocimiento sobre los tratados internacionales y la legislación nacional”. La violencia, agregó Nápoles, “se ha acentuado y últimamente alcanzó un pico importante. En esta situación vemos corrupción financiera, desaparición forzada cometida por particulares, casos de desaparición en los que el Estado es cómplice, varias violaciones a los derechos humanos y muchas omisiones en la justicia”.

Para el profesor Alberto Javier Olvera, una de las razones por las que Veracruz está viviendo un pico de violencia tiene que ver “con el aumento de poder y diversificación de los grupos criminales. Hay una dinámica internacional en el comercio de drogas, la relación entre productores y distribuidores cambió y hubo un empoderamiento de los carteles mexicanos”. A este crecimiento de grupos ilegales se suma la ausencia de Estado. Así lo explica Olvera: “El Sistema de justicia nunca ha tenido la capacidad institucional de investigación criminal. A esto se suman pactos entre políticos y criminales, lo que le permite a la mafia gobernar espacios locales. La presencia territorial generalizada del crimen organizado conduce a la diversificación de negocios: extorsión, secuestro, tráfico de personas, comercio de drogas, etc…”

Jorge Morales Vázquez, secretario ejecutivo de la comisión estatal de atención y protección a periodistas en Veracruz, hizo énfasis en las consecuencias que ha traído la violencia para los periodistas: “La opresión y le censura la hemos vivido desde hace más de una década. (…) El problema de fondo, cuando hablamos de violencia, está en las instituciones, en el equilibrio de poderes”.

“A los periodistas los pueden privar de la vida, torturar e incluso oprimirlos durante mucho tiempo. Esto es lo que ha venido pasando en Veracruz y ha sido difícil hacerles caer en cuenta a los actores políticos que este es un problema y que el periodismo es primordial para el desarrollo democrático”: Jorge Morales Vázquez

Con más de 200 feminicidios registrados en 2017, Veracruz ha estado en la mira de las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres. Lo más preocupante, dice Araceli González, coordinadora general de Equifonía (organización solicitante de la Alerta de género por violencia feminicida en Veracruz) es que “como sociedad nos hemos acostumbrado a este tipo de violencia, a las balaceras, a las extorsiones”.

“Pareciera que el contexto de la violencia ya no es algo que nos indigna tanto; de hecho a veces nos enfrentamos con un tarjetón en el que decidimos por cuál cartel vamos a votar”: Araceli González Saavedra

“Hemos visto corrupción financiera, desaparición forzada cometida por particulares, casos de desaparición en los que el Estado es cómplice, varias violaciones a los derechos humanos y muchas omisiones en la justicia”: Juan Pablo Nápoles

En efecto, el problema de Veracruz no solo reside en el narcotráfico. Con esta idea está de acuerdo Juan Pablo Nápoles: “El narcotráfico se diversificó y ahora es crimen: tenemos robos, asaltos a hogares, extorsiones, desapariciones y no le exigimos al Estado que detenga este tipo de situaciones, cuando es justamente el que nos debe dar paz. Cuando este crimen permea el régimen político, se crean redes de corrupción y de impunidad. Tenemos actores políticos que están siendo juzgados por su relación con el crimen. Hoy hay una aceptación generalizada a temas como las desapariciones y en general a las violaciones de derechos humanos”.

En el caso de los feminicidios el problema ha sido complejo, pues antes de 2007 ni siquiera existía una Ley que reconociera el feminicidio como delito: “Nos ha tocado luchar por una legislación que responda a esta problemática y, después, pedirle a quienes imparten la justicia que pusieran en práctica esta legislación y actuaran en consecuencias. Esto no ha sido fácil y hay muchas instituciones estatales que no reconocen la violencia feminicida. Esto también ocurre en la sociedad: no se reconoce ni se visibiliza la violencia contra las mujeres”, dijo Araceli González.

A este problema se suma la poca capacidad del Estado para hacerle frente a la violencia. Así lo explicó Juan Pablo Nápoles: “El Estado está rebasado en un pico extremo, con niveles de violencia que no se veían hace más 20 años. El Estado tiene varios problemas en diferentes áreas: presupuesto, personal, capacitación, violaciones a derechos humanos e impunidad. Hay cientos de investigaciones con las que no se hace nada, que se pierden. El marco legal en México es bueno, tenemos los instrumentos pero no los conocemos o aplicamos. El fiscal de turno usualmente no sabe qué hacer con los crímenes que se le presentan; también faltan recursos humanos. Se ha venido trabajando en capacitación, en reconocimiento de derechos, en derechos a la mujer, pero aún falta mucho”.

En el momento de hablar sobre reformas, el profesor Alberto Olvera señaló que es importante tener en cuenta las lecciones del pasado: “A nivel federal se inició una reforma en 1994 y digamos que hubo un avance en el nivel de profesionalización de los magistrados. Sin embargo, la calidad del poder judicial es pésima porque y en el fondo seguimos teniendo un poder judicial corrupto, incompetente y marginal en la vida pública. No basta con hacer un llamado a la moral, sino que deben ser modificadas, es decir, se debe modernizar el Estado en su conjunto. México todavía es uno de los países con más bajo nivel de profesionalización de los trabajadores públicos”.

La visión de Jorge Morales, desde su trabajo con los periodistas, es bastante crítica: “Me gustaría ser optimista pero la justicia en Veracruz es desastrosa. Tengo una lista de 24 periodistas asesinados desde 2005 y en este periodo el fiscal de esta administración no hizo nada. Hubo unas mesas de trabajo pero lo cierto es que tenemos un enorme rezago. No hay un compromiso de parte de la Fiscalía y claro, esta situación podría conllevar a responsabilidad penales para algunos servidores públicos”.

¿Qué se puede esperar con la AMLO?

Si bien es importante verificar el trabajo del presidente electo, Manuel López Obrador, los cuatro panelistas hablaron sobre una serie de estrategias que deben tenerse en cuenta más allá de la labor del gobierno nacional. Juan Pablo Nápoles señaló, por ejemplo, que “es importante tener un equilibrio de poderes en Veracruz para que se puedan exigir cuentas. Yo tengo un caso en el que se perdieron todas las evidencias, en el que será muy difícil dar con los restos humanos de la víctima. Lamentablemente esta administración debe mucho en materia de justicia para las víctimas”.

En esa misma línea habló el profesor Alberto Javier Olvera: “Tenemos un nivel técnico y moral bajísimo en los magistrados; la labor del poder judicial es pésima y esto se complementa con fiscalías precarias, policías que no hacen su trabajo y un poder judicial en general corrupto en Veracruz. Para cambiar esto no es suficiente la voluntad política, se necesita una reforma a largo plazo que establezca, por ejemplo, una prioridad presupuestal para crear un sistema de justicia profesional y no politizado”.

“Hay una pésima calidad del Estado en su conjunto. Los que llegan al poder no se han interesado en mejorar la justicia, sino que nombran a gente incompetente en cargos importantes”: Alberto Javier Olvera Rivera

El profesor señaló que lo que está ofreciendo el presidente electo en materia de justicia puede ser útil. Sin embargo, dice que  su propuesta no es suficiente. “En las cárceles mexicanas, el 50% de los presos no tienen sentencia, hay una enorme cantidad de personas que no sabemos si son culpables o no, ¿cómo pensar en una amnistía que involucra a tanta gente? Por otro lado, despenalizar la marihuana ha demostrado ser una decisión eficaz en otros países, pero, como decía, estas decisiones no bastan si el sistema judicial no opera. Se habla de profesionalización de la policía. Llevamos más de 10 años hablando del tema y se han invertido miles de millones. ¿Dónde fue a parar ese dinero?”.

El profesor señaló que, además de realizar reformas a la justicia, el gobierno debe suplir necesidades básicas de la sociedad veracruzana: “Tenemos que tener como eje la dignidad de la vida y el respeto por los derechos humanos. La mitad de la población está sin acceso a servicios médicos esenciales, no hay medicina en los hospitales, la educación pública es de pésima calidad, el gobierno tiene que preocuparse por resolver los problemas básicos cotidianos”.

La activista Araceli González les recomendó a las organizaciones mantener la independencia frente a los partidos políticos y trabajar en el tiempo que viene por visibilizar la violencia contra las mujeres: “Desde los medios de comunicación de Veracruz debemos personificar las problemáticas. Como sociedad no hemos reconocido la violencia y nos cuesta mucho comprender la violencia contra las mujeres. Las instituciones no han reparado el daño causado y las mujeres en Veracruz se siguen enfrentando a muchas condiciones adversas”.  También recomendó crear campañas de cuidado entre las comunidades: “En mi barrio hicimos un grupo en el que trabajamos en huertos comunitarios y estamos pendientes de las personas que conviven con nosotros. Nos comunicamos mucho para generar confianza entre los vecinos”.

Frente al tema de la visibilización de los problemas, Jorge Morales señaló que es necesario trabajar en la formación de periodistas: “Yo parto de la premisa de que los periodistas somos personas que debemos estar informadas para comprender nuestra realidad y nuestra vida contemporánea.  Cuando un periodista asume con profesionalismo y ética su labor, la sociedad de Veracruz tiene insumos para tomar decisiones”.

La organización feminista de base, señaló González, es importante para proteger a las mujeres frente a la ola de violencia que vive Veracruz. “Si tenemos una sociedad civil organizada podemos alcanzar otra categoría política para trastocar el poder. Tenemos que plantear cuál es nuestro papel en esta transición. No se necesita una sociedad civil que aplauda todas las ocurrencias del gobierno, que se acomode a lo que diga un mesías, sino una que trabaje por un acuerdo de no agresión desde la sociedad”.

Además de resaltar la importancia de las organizaciones de la sociedad civil, Juan Pablo Nápoles señaló que es valioso la reconfiguración política que ha vivido México: “Todos los cambios generan choques. México venía pintado de un solo color, pero se han presentado cambios y han surgido contrapesos. Tenemos que pensar en los jóvenes que en un futuro gobernarán el país, en la educación de ellos, ahí realmente puede haber un cambio”.

Frente al tema de la educación, el profesor Alberto Javier Olvera señaló que son necesarias varias reformas: “Lo digo como profesor universitario. He recibido estudiantes que no saben escribir. La educación pública en Veracruz es pésima. La cobertura de educación universitaria es menor al 20%. Tenemos un déficit monumental en educación media y superior. Hay un descuido histórico del gobierno en esa materia. Los bajos niveles educativos se reflejan en la poca oferta de mano de obra calificada. En Veracruz, por ejemplo, solo hay una licenciatura en ciencia política y no hay ni una sola carrera de administración pública. Tenemos otros problemas en la vida cotidiana, como los sistemas de transporte, que tienen que ser prioritarios para el gobierno. Para resolver el problema de la violencia tenemos que resolver los problemas sociales, por eso en México necesitamos una reforma profunda que acabe con las raíces de la violencia. Debemos crear un Estado digno y una sociedad civil exigente y consolidada”.

Tanto Juan Pablo Nápoles como Jorge González llegaron a la conclusión de que Veracruz es un Estado con todas las posibilidades para salir adelante. Con la tercera población de México, dijo Nápoles, “tiene todo para crecer. Tiene 700 kilómetros de costas, puertos muy importantes, en cuanto a destino turístico es muy rico, lo mismo en cultura. El potencial que tenemos es enorme”. Por otro lado, González señaló que “ve una gran oportunidad en Veracruz si el Estado apoya la transformación hacia un desarrollo social y democrático. Los periodistas están reflexionando sobre la situación de su país, formulando propuestas innovadoras y buscando la transformación social. Por lo menos desde el periodismo, el horizonte es promisorio para Veracruz”.

Los panelistas

Araceli González Saavedra. Mujer veracruzana, psicóloga, experta en derechos de las mujeres. Coordinadora general de Equifonía, organización solicitante de la Alerta de género por violencia feminicida en Veracruz y de la Alerta de género por agravio comparado para el estado de Veracruz. Representante legal del caso Pilar Arguello Trujillo ante el Comité CEDAW, radicado en la comunicación número 075/2014. Coordinadora de la elaboración del Informe sombra de este caso, emitida por el Comité CEDAW. Estado Parte: México. Participante en la 70 th Sesión plenaria del Comité CEDAW, en la evaluación al Estado mexicano, del 2 al 6 de julio de 2018 en el Palacio de las Naciones, en Ginebra, Suiza.

Juan Pablo Nápoles. Primer Visitador General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz desde febrero de 2018. Licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana. Cursó la Maestría en Derecho Fiscal en la Universidad de Xalapa. Ha sido abogado litigante en la firma CALLIDUS (cálidus) Soluciones Legales y servidor público estatal en la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación, así como en la Coordinación de Profesiones de la Secretaría de Educación.

Jorge Morales Vázquez. Secretario ejecutivo de la comisión estatal de atención y protección a periodistas (CEAPP). Es licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, egresado de la Universidad Veracruzana. Ex socio fundador del portal plumaslibres.com.mx. Autor de diversos artículos en materia de Derecho a la información y libertad de expresión. Con más de 15 años de experiencia en la actividad periodística en diferentes medios de comunicación como: Diario AZ, El dictamen, Avan Noticias, Tv Azteca, entre otros. Comisionado de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas desde diciembre 2012 a diciembre 2016.

Alberto Javier Olvera Rivera. Investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Es miembro del SNI, Nivel III, y de la Academia Mexicana de Ciencias. Es Doctor en Sociología por la New School for Social Research. Desde hace 25 años investiga sobre la Sociedad Civil y la Innovación Democrática en México y América Latina; más recientemente, estudia las instituciones y las prácticas de la justicia en México y los retos de la democratización mexicana. Ha publicado más de 90 artículos y capítulos de libro en numerosos países, así como libros de divulgación. Fue profesor invitado en las Universidades de California (EEUU); York (Canadá); Federal de Minas Gerais (Brasil), Nacional de Colombia y FLACSO-México.

Moderadores

Carlos Eduardo Huertas: Director y líder de la mesa editorial de CONNECTAS, así como de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas, un proyecto en alianza con el International Center for Journalist (ICFJ). Durante más de una década y hasta julio de 2013 Huertas estuvo vinculado a la Revista Semana de Colombia, de la que fue su editor de investigaciones. Miembro del Comité Directivo de la Red Global de Periodistas de Investigación (GIJN) y del Consorcio para periodistas de Investigación (ICIJ). En 2006 fue el gestor de Consejo de Redacción, organización colombiana que promueve el periodismo de investigación.

Suchit Chávez: Periodista de El Salvador especializada en seguridad, violencia y crimen organizado. Desde 2017 coordina el área de investigación con datos del portal Plaza Pública de Guatemala y lidera la iniciativa “Laberintos del Poder”. Por más de una década estuvo vinculada a La Prensa Gráfica de El Salvador. Ganadora del Premio de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas al mejor trabajo transnacional. Miembro Residente de CONNECTAS, a cargo de la Redacción Región Norte, enfocada en México, Honduras y Panamá. Con esta organización e Internews y el ICFJ brinda acompañamiento editorial a diversas historias de alto impacto en la región.