¿Qué nos ha dejado la puesta en marcha de justicias transicionales en América Latina y el Caribe? De acuerdo con el International Center for Transitional Justice, la justicia transicional está concebida para atravesar periodos de conflictos para lograr una reconciliación en la sociedad, recobrar la confianza en las instituciones, reconocer a los diferentes actores en marco del conflicto y garantizar un acceso real a la justicia, la cual el sistema tradicional no pueden ofrecer.

¿En qué medida ha servido para la construcción de escenarios de fortalecimiento para los sistemas democráticos en la región? ¿Y cómo le han aportado a la construcción de paz en la región? De esto hablaron Sofía Macher, excomisionada de la comisión de Paz en Perú; Eva Leticia Orduña, investigadora de la Universidad Autónoma de México y Diana Guzmán, subdirectora de Dejusticia.

La conversación inició alrededor de la experiencia de la Comisión de la verdad en Perú, que inicialmente no tenía el mandato de incluir el enfoque de género, pero que terminó teniendo un capítulo sobre la violencia sexual de la que las mujeres fueron víctimas. Macher indicó que aunque en las anteriores experiencias de comisiones de la verdad se documentaron las violencias contra las mujeres, hasta ese momento no se había hecho con tanta visibilidad, dedicándole un capítulo, para ella ese fue el aporte de esa comisión.

Resaltó Macher que actualmente casi todas las comisiones de la verdad incluyen en su mandato un llamado específico al impacto de la violencia sobre las mujeres. La excomisionada destacó la importancia de haber incluido ese enfoque en el caso de Perú. Contó que en esa comisión eran 12 hombres y solo dos mujeres, pero que discutieron el asunto, interpretaron el mandato que tenían y decidieron hacerlo.

Reconoció que el ejercicio fue limitado si se compara con los desarrollos de lo que ha hecho la comisión de la verdad, los cuales considera más importantes pues solo documentaron la violencia sexual, trabajo que nadie había hecho, ni siquiera los organismos de derechos humanos, ni las feministas, aseguró.

Siguen las barreras

Guzmán habló de las barreras de acceso a la justicia que enfrentan las mujeres víctimas de alguna forma de violencia sociopolítica, tanto en contextos de conflicto armado como de dictadura. Aseguró que a pesar de que en algunos casos son barreras generales que podrían enfrentar víctimas de otras formas de violencia, como barreras geográficas o económicas que impiden en algunos casos el acceso físico efectivo a tribunales de justicia o a los mecanismos establecidos para la garantía de los derechos, las mujeres se enfrentan a barreras con fuerte contenido cultural cuando se trata de violencia sexual, como la naturalización de algunas formas de esa violencia en ciertas comunidades que hace que sea difícil para ellas denunciar, así como también el estigma que sufren algunas por denunciar.

Indicó que en algunos sitios se han hecho esfuerzos importantes por plantear narrativas distintas en torno a la violencia sexual para que sea posible superarlos, pero sigue haciendo parte de la forma como se limita de manera significativa la posibilidad de denuncia de las mujeres.

Sobre el momento en que la perspectiva de género empieza a jugar un papel importante en la justicia transicional Guzmán aseguró que justamente con las experiencias pioneras de incorporación de ese enfoque en Guatemala y Perú, en donde se empezó a poner sobre la mesa la importancia de incluir esa perspectiva, primero de las mujeres, luego de la población LGBTI, fue en donde el asunto de género empezó a mostrarse como un elemento central de la experiencia de las víctimas y como elemento fundamental para pensar y reconstruir la democracia. 

Logros importantes

En el caso de Guatemala Orduña reconoció que hay obstáculos para acceder a la justicia especialmente para las mujeres y para las indígenas, pero resaltó un par de logros en cuanto a la justicia para las mujeres: 

-24 de febrero de 2021: Condenado a 45 años de prisión excomisionado militar declarado culpable por la desaparición forzada de tres líderes sociales registrada en 1983. 

-24 de enero de 2021: Cinco exmiembros de las patrullas de las autodefensas civiles (estructura represiva) condenados por la violación sistemática de 36 mujeres indígenas  entre 1981 y 1985.

Estas sentencias son importantes, según Orduña, porque son recientes y dadas en un contexto de importantes regresiones de la justicia transicional en Guatemala y porque, a su juicio, ejemplifican la lucha de las mujeres en ese país. La sentencia de la desaparición forzada de los tres líderes sociales hombres denota la lucha incansable y sacrificada de las mujeres, exitosa en muchos casos, por la búsqueda de los desaparecidos, aseguró. 

Además, Orduña indicó que la otra sentencia denota las agresiones que sufrieron las mujeres de forma particularizada durante la guerra.

Macher explicó que procesos como el de la comisión de la verdad en Perú, que son largos,  constituyen una forma de poner en la esfera pública asuntos silenciados. Aseguró que cuando las mujeres reconocen por primera vez una violación y son conscientes de que no es algo que les pasó solo a ellas, sino que le pasó a muchas, es decir que era un patrón de actuación de los grupos armados, sale a la esfera pública lo que se ha negado, lo que se pretende esconder debajo de la alfombra, y que ese es el efecto de la justicia transicional en una sociedad.