En Ecuador, el poder de los grupos narcotraficantes desencadenó un estado de guerra interna en enero pasado. En Colombia, la producción estimada de clorhidrato de cocaína ha crecido 55% en los últimos cinco años, de acuerdo con el informe anual del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci). En México, creció el número de desaparecidos en 2022 más de un 100% en un solo año.

El control económico y territorial del crimen organizado está cada vez más presente en la agenda de América Latina, incluso en países que antes no se caracterizaban por una presencia destacada de organizaciones criminales, como Uruguay o Argentina.

Sobre esta situación que parece superar las capacidades de los estados latinoamericanos, la Universidad EAFIT, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia- Redlad, el periódico El Colombiano y CONNECTAS realizaron el pasado jueves 7 de marzo el #DiálogoCONNECTAS “Estados latinoamericanos asediados por el crimen”.

Los expertos y periodistas familiarizados con la actualidad criminal latinoamericana coinciden en que la falta de capacidad, voluntad política está llevando a la consolidación de regiones controladas por el crimen y propuestas de soluciones efectistas que no atacan las debilidades estructurales que permiten la proliferación de las rentas ilegales.

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En el Diálogo, que transcurrió en el marco del 9º Investigatón, participaron Verónica Espinosa, coordinadora de reporteros en la revista Proceso de México; Alina Manrique, jefe de redacción en TC Televisión y miembro de #CONNECTASHUB en Ecuador; Daniel Rivera, editor general del periódico El Colombiano en Medellín; Diana Silva, oficial de programa para América Latina en la Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia – Redlad, y Santiago Tobón, coordinador de la iniciativa de Seguridad y Justicia de Valor Público de la Universidad EAFIT, en Colombia.

El control criminal

Uno de los consensos de los panelistas fue que los Estados no saben cómo responder frente al crimen organizado por incapacidad institucional donde terminan sometidos al crimen.

Las bandas criminales que logran consolidarse en el territorio, ejercen acciones propias de la institucionalidad del Estado, como becar estudiantes, construir mercados populares, recomponer infraestructura en escuelas o la administración de la justicia. Esto con el fin de imponer un orden en el territorio, que les resulta mejor para los negocios ilegales, en detrimento de la institucionalidad y las garantías de las subyugadas por el crimen.

Además, estas empresas criminales necesitan de actores políticos, que les permitan operar fuera del radar. Por ejemplo con el control de puestos claves las oficinas de aduanas y comercio exterior para exportar e importar productos ilícitos como la cocaína.

La deficiente respuesta de los Estados

En esta etapa se vuelve muy difícil disminuir el control del crimen organizado y los Estados, como ha pasado en México y Colombia, suelen recurrir al diálogo con los grupos al margen de la ley para disminuir la violencia. Esta estrategia ha dado resultados relativos, con un creciente control de los grupos criminales que operan en el territorio.

Por otro lado, países como El Salvador y (recientemente) Ecuador han optado por respuestas coercitivas como militarizar el país donde no hay una estrategia clara a largo plazo para resolver los problemas estructurales. Este discurso de mano dura viene ganando fuerza en la región, a pesar de las críticas en el caso salvadoreño por las violaciones de derechos humanos y el detrimento de la institucionalidad y los espacios de organización ciudadana.