La banca multilateral, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, harán parte de la reactivación económica de América Latina para superar la crisis que ha dejado la covid-19. Sin embargo, esta reactivación se realizará a través del impulso de megaproyectos de ingeniería enfocados en el sector minero-energético y en la infraestructura. ¿Cómo podrá la banca multilateral apoyar proyectos que reactiven la economía sin aumentar el impacto ambiental y los conflictos con las comunidades?

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Estas fueron algunas de las preguntas que fueron el punto de partida  del Encuentro Virtual Banca Multilateral y la covid – 19: viejas respuestas a nuevos problemas, realizado por la asociación Ambiente y Sociedad en alianza con CONNECTAS. En el panel participaron los expertos Vanessa Torres, de Ambiente y Sociedad; Laura Gil, periodista y analista política; y Javier Dávalos, coordinador de la organización AIDA. 

Para la analista política y de relaciones internacionales, Laura Gil, la región está en un momento muy delicado, ya que el recientemente nombrado director del BID, Mauricio Claver-Carone, no solo se eligió a través de un proceso que rompió la tradición de ser una persona de América Latina, sino porque su experiencia no está ligada con el servicio público, sino como lobista en Washington del partido republicado, el cual ha negado abiertamente la consecuencias del cambio climático. 

“Claver-Carone tiene el reto de refinanciar el BID para poder ofrecer préstamos. Para esto necesita buenas relaciones con el presidente electo Joe Biden, así como con los países de la región que se abstuvieron de votar por él”, agregó Gil. Por esta razón, tan pronto se confirmó su elección, cambió su tono beligerante a uno más conciliador, para poder implementar su plan de reactivación y generación de empleos en la región a través de megaproyectos de infraestructura. 

Sin embargo, estos megaproyectos pueden tener impactos negativos tanto en el medio ambiente como en las comunidades donde estarán ubicados. Según la coordinadora del área de Financiamiento y Derechos Socioambientales de la organización Ambiente y Sociedad, Vanessa Torres, son varias las razones por las cuales continúa este dilema entre desarrollo económico y protección a los derechos humanos y comunitarios. 

“La legislación en Colombia restringe la participación ciudadana, y solamente la involucra cuando los proyectos están muy avanzados. De igual manera, hay una falta de acceso a la información por parte de la sociedad civil, que se ha agravado con la pandemia, ya que las autoridades ambientales no tienen información disponible en formato digital al que se pueda acceder por internet, y que solo es entendible por especialistas en el tema”, afirmó Torres. 

Añadió que todo esto se agrava por la violencia que se ejerce contra líderes sociales y defensores del medio ambiente y el territorio. América Latina es la región más peligrosa para los defensores ambientales, con Colombia en el primer lugar. Tan solo el año pasado murieron 64 personas por esta causa en este país”.  

Es por esta razón que, en opinión del abogado Javier Dávalos, coordinador del Programa de Cambio Climático de la organización AIDA, los países deben alejarse del tipo de proyectos que han llevado a la crisis climática. Esto es, de la extracción de hidrocarburos, la minería a gran escala y las represas hidroeléctricas; en su lugar deben ser reemplazadas por energías limpias  que respeten los derechos humanos, las comunidades y los territorios. 

En este sentido, Gil propuso que se prioricen proyectos que pueden tener menor alcance, pero mayor sostenibilidad tanto ambiental como en la creación de empleo y en el bienestar de las comunidades. “En el caso de Colombia, por ejemplo, se generaron los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) bajo el Acuerdo de Paz, y que provienen de las comunidades más afectadas por el conflicto armado. Los PDET ya están bastante avanzados, pero aún no tienen financiación ¿porqué no impulsarlos en lugar de los megaproyectos que han generado tantos conflictos, como sucedió por ejemplo con la represa de Hidroituango?”.

Hidroituango es, precisamente, uno de estos megaproyectos estratégicos que se han implementado en Colombia con financiación de la banca multilateral, y que afectó el caudal y el ecosistema del río Cauca, uno de los más grandes del departamento de Antioquia. Su construcción afectó a las comunidades locales que vivían de la pesca y la agricultura; de igual manera se generaron varias dinámicas de violencia y desplazamiento forzado relacionados con su construcción. También son varios los escándalos de corrupción que rodean este proyecto, que han retrasado su puesta en funcionamiento y encarecido el proyecto, a costa de los contribuyentes.  

Al igual que Hidroituango, en Colombia existen más de 300 proyectos activos en materia petrolera, y muchos más de megaminería que generan conflictos ambientales y sociales, según el seguimiento que realiza la asociación Ambiente y Sociedad. “Por esta razón es muy importante fortalecer la participación de la sociedad civil en estos proyectos, para evitar la situación de conflictividad y violencia que tradicionalmente se ha desarrollado en el país”, afirmó Torres.

Los tres analistas coincidieron en la importancia de que Colombia y los demás países de América Latina consideren con mucha atención cuáles son los proyectos que se van a implementar en su territorio, y que estas decisiones no se queden solamente en instancias del alto gobierno, donde sólo grupos económicos y sus financiadores tienen capacidad para tomar decisiones de fondo. En ese sentido es clave conocer sus impactos ambientales y sociales, y en el largo plazo el aumento de la deuda externa que generarán en cada país. 

Sin embargo, esta tarea no es fácil, ya que la pandemia y las cuarentenas han evitado que la sociedad civil pueda movilizarse y generar incidencia y control social a los megaproyectos. “La única manera que conocemos desde la sociedad civil para incidir en la toma de decisiones es saliendo a las calles a marchar y a protestar, lo cual no hemos podido hacer a causa de la pandemia. Tenemos que encontrar nuevas maneras de hacer control ciudadano sobre estos temas” dijo Gil. 

Para esto es necesario que la ciudadanía se mantenga informada sobre estos conflictos, que usualmente suceden en regiones remotas y rurales, y que no tienen una afectación directa en los ciudadanos urbanos. Para ello, los analistas resaltaron la labor y responsabilidad de los medios de comunicación para contar estas historias por encima de los conflictos de intereses que puedan surgir con grupos económicos.

A pesar de las dificultades enunciadas durante el Encuentro, los analistas resaltaron que los movimientos ciudadanos que abogan por la justicia climática se han fortalecido en los últimos años. “Este es un movimiento multigeneracional y multiactor, que ha logrado permear en gobiernos locales para demandar que las actividades económicas (como el transporte, la industria) apliquen energías más limpias y sostenibles que nos permitan detener el cambio climático” aseguró Dávalos.   

Panelistas

Laura Gil (Uruguay – Colombia)

Internacionalista y politóloga colombo-uruguaya. Es experta en temas de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Es periodista y analista de política y relaciones internacionales, colaboradora en varios medios de comunicación. Actualmente es directora de La Línea del Medio, un portal de opinión de línea editorial de defensa del Acuerdo de Paz de Colombia.

Javier Dávalos (Ecuador)

Abogado Sénior de la organización AIDA y coordinador del Programa de Cambio Climático. Tiene formación en relaciones internacionales, derechos humanos, cooperación internacional y ciencias de la población y el desarrollo. Cuenta con experiencia en gestión de programas y proyectos relacionados al cambio climático, el derecho ambiental internacional y el desarrollo sostenible en entidades internacionales, nacionales y de la sociedad civil. Ha sido docente universitario y facilitador de procesos participativos y comunidades de aprendizaje

Vanessa Torres (Colombia)

Abogada y especialista en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario. Subdirectora y coordinadora del área de Financiamiento y Derechos Socioambientales en la Asociación Ambiente y Sociedad. Investigadora de temas ambientales relacionados con el monitoreo de la banca multilateral y nuevos actores emergentes, nuevas formas de financiamiento para las industrias extractivas y el sector de infraestructura en Latinoamérica. Coordinadora de proyectos para la transformación de usos del territorio con una visión comunitaria. Miembro de redes internacionales de seguimiento a instituciones financieras internacionales.

Moderadora

Indhira Suero (República Dominicana)

Periodista cultural, locutora y docente universitaria. Becaria Fulbright, con investigaciones sobre medios afroamericanos y nuevas tecnologías. Creadora de Negrita Come Coco, personaje web para promover la cultura popular dominicana y la afrodescendencia. Miembro de la Mesa Editorial y la Comunidad periodística de CONNECTAS. Embajadora SembraMedia en República Dominicana.