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    Empresas extractivas que no restauran el ecosistema, licencias ambientales otorgadas a entidades sin las debidas credenciales, falta de transparencia en la publicación de información y los obstáculos que el periodismo ha debido sortear para vigilar la industria. De esto hablamos en esta edición de #DiálogosCONNECTAS.

    Las empresas extractivas no tienen la mejor relación con los ecosistemas o con la ciudadanía, pues existe una falta de transparencia en la publicación de información de estas empresas, incluso obstaculizando la labor de periodismo para vigilar la industria. Está comprobado que la industria no restaura los ecosistemas, reciben licencias ambientales sin los debidos credenciales y están siendo perjudiciales para las comunidades.

    Por ello, el pasado 26 de abril en #DiálogosCONNECTAS se invitó a expertos para hablar sobre la vigilancia de los contratos de explotación, la garantización del cumplimiento de restauración y compensación por parte de las empresas extractivistas, y la manera en la que el periodismo le puede seguir la pista a estos contratos.

    Los invitados fueron Francisco Rodríguez, periodista de Semanario, suplemento de Vanguardia y corresponsal de El Universal en Coahuila y Durango; Edmundo del Pozo, maestro en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinador del Programa Territorio, Derechos y Desarrollo en Fundar; y Andrés Mauricio Briceño Chaves, abogado, docente e investigador universitario.

    El #DiálogosCONNECTAS empezó con la conversación sobre las leyes que hay alrededor de la industria extractiva, pues estas han demostrado ser ineficientes y atrasadas, a pesar de que en continentes como Europa ya se ha demostrado que la industria extractiva puede ser sostenible, como explicó Briceño. De igual forma, la relación de la minería y los poderes económicos de los países han llevado a que la ley sea escueta y permita hacer concesiones a políticos y servidores públicos. A pesar de que las leyes han sido laxas, la conversación del endurecimiento de estas sí está pasando en países Latinoamericanos, como el caso de México, como contó del Pozo, quien también contó que en el Congreso del país hay actualmente discusiones al respecto.

    Sin embargo, del Pozo también denunció que a pesar del posible endurecimiento de leyes, la asimetría del poder entre la industria extractivista y la población es “abismal”. Esto se demuestra, por ejemplo, en países como Colombia donde a pesar de haber ratificado el Acuerdo de Escazú, el documento es tardío y no ha logrado que la participación ciudadana sea mayor en cuanto a la industria extractivista, como explicó Briceño. En Colombia, además, hay ejemplos como la Mina de Cerromatoso, que ha sido explotada por más de 53 años y a pesar de afectar a comunidades indígenas, no se ha podido frenar.

    Por otro lado, los gobiernos latinoamericanos han reducido programas y presupuestos en torno a las inspecciones de las empresas extractivas, sumado a que personas relacionadas directamente con los gobiernos hacen parte de estas empresas, como denunció Rodríguez, convirtiéndose así en una especie de “caciques”. Además, los expertos explicaron que las sanciones aunque son necesarias, no son suficientes para que la industria cambie y responda a la ciudadanía.

    Según Briceño, por todo esto es evidente que a las industrias extractivistas les interesa la región de Latinoamérica porque les permite tener leyes flexibles, poca participación de la ciudadanía en la toma de decisiones e instrumentos de licenciamiento flexibles. Además, al incluir a varias dependencias gubernamentales para su labor, es difícil acceder a datos abiertos, lo que dificulta la labor periodística en la investigación de estas industrias.

    Así pues a manera de conclusión, la solución para del Pozo debe empezar por revocar leyes alrededor de la industria extractivista, para luego empezar un proceso de acompañamiento a las comunidades en los territorios afectados y que estas tengan mejores capacidades para acceder a la información. Además, se debe involucrar a organizaciones de base que estén inmersas en estos temas y que sus voces se escalen a otros espacios. Igualmente, Briceño explicó que la ciudadanía no debe acomodarse a las empresas, sino estas a las necesidades de esta. Por su parte, el Estado debe ser capaz de supervisar e inspeccionar a la minería, tener estudios de impacto ambiental y social, y mecanismos a favor de las empresas, contó del Pozo.

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