Tres de las investigaciones que ha publicado CONNECTAS en el último trimestre de 2017 permitieron analizar la crisis estructural de Venezuela en tres ámbitos diferentes que remiten a un mismo resultado: una institucionalidad colapsada y un Estado que no cumple con tareas estratégicas como la seguridad, el resguardo fronterizo y la explotación de minerales.

Este fue el tema central de la conversación que mantuvieron los periodistas Ronna Rísquez, coordinadora de la investigación OLP: La máscara del terror oficial en Venezuela (Runrun.es); Hugo Cárdenas, coordinador de Venezuela, crimen sin frontera (El País de Cali) y Édgar López, periodista de Arco minero: crimen, corrupción y cianuro (realizado por Efecto Cocuyo en alianza con el OCCRP).

El #EncuentroVirtual se dividió en tres áreas de debate. En primer lugar, el moderador David González, editor de CONNECTAS, explicó que hablar de la proyección internacional de las problemáticas del resguardo de la frontera con Colombia, la explotación de minerales y el terror como política de Estado en un clima tan sensible como el de la escasez de alimentos y medicinas permiten analizar también cómo está la situación venezolana en materia de derechos humanos, intereses transnacionales y relaciones diplomáticas. Estas áreas evidencian una debilidad que termina socavando la democracia.

La segunda área de discusión fue la ausencia del Estado. En el Arco Minero del Orinoco, por ejemplo, se evidencia en el pranato que existe en esa zona del sur de Venezuela. “¿Qué pasa con el Estado en el Arco Minero? Tenemos uno cómplice de lo que ocurre: devastación ambiental y explotación de recursos minerales que son no renovables. Pero cuando revisamos, la respuesta del Estado siempre ha sido: ‘Pero es que eso tiene muchos años ocurriendo’ y por eso no lo resuelve” explicó Édgar López.

En la frontera, por su parte, Hugo Mario Cárdenas desarrolló una hipótesis en torno a su exploración de campo en los estados fronterizos venezolanos con Colombia y su mirada foránea, como periodista extranjero: “Para un militar es fundamental que lo manden a la frontera con Colombia porque ahí está el dinero y el poder. Por eso el cambio en Venezuela no va a ser militar, va a tener que ser social”. A lo que Rísquez, con su experiencia en materia de sucesos y actualidad en ese país, aclaró sobre un tema que tiende a despertar la polarización existente en Venezuela: “No es un problema de los que quieren al gobierno o los que no. Es un tema de quiénes quieren democracia y quiénes quieren afianzarse en el poder. Yo hablaría de Estado criminal que ha minado las instituciones democráticas”.

A raíz de estas investigaciones, los especialistas se dieron la oportunidad de analizar la coyuntura venezolana a la luz de las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo año 2018. Conversaron sobre la migración forzada, la impunidad y la crisis humanitaria. En cuanto a la migración, Rísquez expresó: “Se está viviendo una política de terror donde la gente siente que ya no puede vivir, ni trabajando. Tú puedes tener un gran salario y no te alcanza. Empresas pagan en moneda extranjera como aliciente para conservar a sus empleados y ni siquiera eso es suficiente porque ya no se consigue carne, pollo ni medicinas aunque tengas cómo comprarlos”.

Sobre la impunidad en Venezuela, Rísquez enfatizó: “Hubo 21.752 homicidios durante 2016: la tercera más alta de la región después de El Salvador y Honduras. Aumentó la tasa con respecto a las zonas donde no había conflicto en zonas urbanas. Se habla de mega bandas, de pranes, pero no de guerra y la particularidad es que están involucrados los efectivos de la fuerza pública”.

López profundizó con cifras en cuanto a la escasez de alimentos y medicinas: “Ya tenemos unos primeros señalamientos de la Organización Mundial de la Salud como una Crisis Humanitaria Compleja: es un nivel de la crisis que no somos capaces de resolver con nuestros propios recursos. Eso sin contar que tenemos 1700% de inflación, 90% de escasez en medicinas y los venezolanos bajaron 8kg en promedio durante 2017 por la falta de alimentos”. Y esta crisis fue parte de lo que vio Cárdenas en la frontera: “Se ven las cifras que hablan de una deserción escolar que es más grave de lo que la gente cree: que un niño vaya a estudiar significa que deje de ganar lo que cuesta un kilo de arroz para llevar a su casa”.

Rísquez concluye: “Venezuela se ha convertido en una especie de plataforma para el crimen organizado en la región. Hay una intención de control social, político y se utilizó el exterminio de personas para lograr esto. Pero ¿cómo se pueden hacer políticas públicas si tenemos unas estadísticas sistemáticamente ocultadas?”.

Sobre las investigaciones:

OLP: La máscara del terror oficial en Venezuela: Esta es la historia de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), una política del gobierno de Nicolás Maduro que se anunció para “combatir la delincuencia y el paramilitarismo colombiano” y se ha traducido en al menos 44 masacres y el asesinato de 560 personas.

Venezuela, crimen sin frontera: La vida común de los ciudadanos corrientes que viven y circulan en la frontera entre Colombia y Venezuela está sometida a estrechos controles especialmente a raíz de las tensiones políticas entre los gobiernos de ambos países, pero más allá de los pasos oficiales esta línea divisoria es tierra de nadie. Criminales de todos los pelambres se mueven a sus anchas. Es el caso de miembros de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional, ELN, de la casi extinta guerrilla del EPL, de la banda criminal denominda El Clan del Golfo, de los Urabeños, entre otros, que no solo conviven sino que delinquen de forma conjunta con miembros de los diferentes organismos de seguridad de Venezuela.

Arco minero: crimen, corrupción y cianuro: La riqueza insuficientemente explorada de los yacimientos de minerales son el aliciente ofrecido a inversionistas venezolanos y extranjeros, que se apresuraron a constituir empresas de maletín para obtener mayores ventajas de esta nueva oportunidad de hacer negocios con el Estado.