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EL EVENTO
La crisis en el norte de Ecuador por la incursión de grupos irregulares colombianos fue el eje central del Diálogos CONNECTAS “Frontera silenciada” que se realizó en Quito, Ecuador.
Desde el pasado mes de abril, cuando fueron asesinados tres periodistas del diario El Comercio de Ecuador, la frontera entre Colombia y Ecuador está en la mira de las autoridades, las organizaciones sociales y las entidades internacionales. La presencia de grupos al margen de la Ley –como el Frente Oliver Sinisterra, liderado por alias “Guacho” y otras estructuras dedicadas al narcotráfico ha puesto en riesgo a la población civil que habitan en los 586 kilómetros de frontera. Actualmente, el gobierno ecuatoriano tiene 12.000 efectivos militares en las regiones limítrofes con Colombia, mientras que el colombiano cuenta con 9.000 integrantes de la Fuerza Pública.
Los asesinatos de los periodistas fueron tan solo una muestra del poder de los grupos armados en la frontera, la cual permanece silenciada. Esta situación ha causado preocupación en la población civil, en los medios de comunicación y en las organizaciones que trabajan en la frontera. Es por esta razón que la plataforma periodística para las Américas, Connectas, así como el grupo Faro, el diario El Comercio y la organización Flacso organizaron el evento Frontera Silenciada: ¿Cuáles son los alcances reales de la crisis en la zona limítrofe entre Ecuador y Colombia?, el cual se realizó en Quito, en la sede de Flacso.
En el diálogo sobre la situación de la frontera participaron Alfonso Morales, embajador delegado de la Cancillería de Ecuador; Dimitri Barreto, periodista de El Comercio; Fernando Carrión, investigador de Flacso y Pablo de la Vega, coordinador del Centro de Documentación Segundo Montes Mozo. El conversatorio se dividió en tres bloques: situación actual de la frontera, incidencia de la era del posconflicto en Colombia y balance de seguridad en las regiones de frontera de los dos países.
El primer punto que tocaron los panelistas frente a este tema es la evidente ausencia estatal en la frontera y la repercusión que este factor tiene para la estabilidad de la misma. Fernando Carrión señaló que, siguiendo con lo pactado en el Acuerdo de Paz, “el Estado colombiano tenía que hacer presencia en esos territorios y no ha pasado. Tenía que llevar educación, salud, sustituir los cultivos y eso no ha ocurrido. En el lado de Ecuador sí hay municipios que están funcionando en conjunto con el Estado a través, por ejemplo, de los consejos provinciales”.
El periodista Dimitri Barreto, quien ha recorrido la frontera, describió algunos aspectos que le llamaron la atención: “El desempleo en la zona es del 20%. Pese a que aproximadamente un millón de personas viven en las tres provincias fronterizas con Colombia (Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos), en esa zona solo se encuentra el 4% del aparato productivo de Ecuador, el 4% de más de 800 000 factorías del país”. De hecho, hizo énfasis en que la población no tiene acceso a la verdad y que existe una dificultad enorme para que los medios de comunicación puedan realizar su labor. “La principal víctima es la verdad”, dijo. En ese mismo sentido, Pablo de la Vega agregó que en el caso de la frontera deben primar los derechos humanos. “El estado colombiano, el ecuatoriano y el peruano tienen el desafío de colocar a los derechos humanos en un primer plano. Los Estados tienen la obligación de proteger a la población migrante en las zonas de frontera”.
El abandono de la frontera, dijo Barreto, se ve reflejado en varios aspectos. “Debemos dejar de ver como enemigos a los habitantes de la frontera; extirpar el criterio de ‘invasión silenciosa’ de colombianos que consta en los partes de inteligencia militar y policial de Ecuador”.
Los problemas que está enfrentando la frontera afectan directamente la percepción sobre la migración. Pablo de la Vega invitó a reflexionar sobre la ausencia de protección para la población migrante. “Es un tema muy complejo porque se ha prestado para interpretaciones de que los migrantes no regularizados son causantes de la violencia. Necesitamos trabajar en conjunto para acompañar y comprender los flujos mixtos de migrantes, los refugiados y repensar el tema de la seguridad nacional”.
El embajador Alfonso Morales aceptó que la situación es complicada debido a que existe “un abandono histórico de la región fronteriza. Estas son regiones históricamente marginadas. En la frontera sur de Colombia hay un mayor abandono que en la frontera norte de Ecuador. Esta es una zona que requiere inversión y una atención muy especial”. Si no se tienen en cuenta los índices de desarrollo humano, dijo, será difícil superar “los problemas de seguridad, delincuencia y narcotráfico. El abandono de la República de Colombia a la frontera tiene consecuencias bastante grandes. En Colombia están los mayores productores de cocaína del mundo, y Ecuador sufre los efectos del narcotráfico”.
El embajador fue enfático en que el gobierno de Ecuador “no puede aceptar la presencia de grupos al margen de la ley, así como tampoco la autoridad de estos grupos delictivos”. Sobre este punto, el periodista Dimitri Barreto hizo énfasis en que la ausencia de autoridad en la frontera permite que los grupos al margen de la ley amplíen su dominio: “en la frontera no hay educación ni salud ni desarrollo de la agricultura. La disidencia ejerce una autoridad a través de amenazas, extorsiones…”
El abandono histórico, así como el recrudecimiento de la violencia durante el primer año de implementación de la paz, son dos factores que inciden directamente en la situación actual de la frontera. Así lo señalaron los panelistas y se refirieron a la facilidad de que aumente el narcotráfico sin la presencia estatal.
Hablar de posconflicto en Colombia implica necesariamente abordar el tema del narcotráfico, uno de los puntos a solucionar según lo pactado en el mismo Acuerdo de Paz. Según Carrión, este problema no es de un solo país y “Ecuador es un país estratégico para la producción de cocaína. No solo porque está entre Perú y Colombia, productores, sino porque tiene la ruta por el Pacífico hacia Centroamérica pasando por México y Estados Unidos”. De acuerdo con el profesor, para hablar de este tema es necesario tener una mirada global: “Es interesante ver que el 80% del valor que se produce alrededor de la droga se queda en el país donde están los consumidores, mientras que el 20% en el país que lo produce. En Colombia el kilo cuesta cerca de 500 dólares y cuando llega a Nueva York ya cuesta 120.000 dólares. Cuando llega a Sidney, Australia, ese mismo kilo vale 250.000 dólares”. El enfoque de la guerra contra las drogas, dijo Carrión, ahonda el problema justamente porque no se enfoca en los consumidores. Por esta razón, señaló que sería relevante plantear una política sobre estupefacientes en América Latina.
La droga, como lo sugirieron los panelistas, es el combustible para los nuevos grupos armados ilegales. El periodista Dimitri Barreto, se refirió justamente a las comunicaciones cruzadas entre alias Guacho y alias Gentil Duarte, quien opera en la disidencia de las Farc de Guaviare y Meta. “En la frontera hay una ausencia Estado, en vastas zonas Ecuador limita con territorios de Colombia tomados por grupos armados ilegales, donde uno incluso ha encontrado vallas con los escudos de esas organizaciones que dan la bienvenida a Colombia. El 50% de plantaciones de hoja de Coca de Colombia están en Nariño y Putumayo, los dos departamentos fronterizos con Ecuador”. En el marco del posconflicto, agregó, el Estado colombiano no ha cumplido con el punto de sustitución de cultivos de uso ilícito, lo que deja a la frontera mucho más vulnerable”.
Sobre las disidencias, Barreto señaló que a manera de prueba están las cartas de Guacho (Óliver Sinisterra) y Gentil Duarte (Frente Séptimo, el último pretende crear un Bloque Sur con Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo en la Amazonía de Colombia y es más ideológico que el otro, Guacho. Por otro lado, el periodista llamó la atención sobre el aumento en los indicadores de violencia: “Para el crimen no hay frontera. En 2017 hubo un incremento en la tasa de homicidios de municipios fronterizos, en San Lorenzo (Esmeraldas) que limita con Tumaco (Nariño) y en Nueva Loja (Sucumbíos) que limita con Puerto Asís (Putumayo); curiosamente los dos municipios de Colombia registran un mayor incremento de cultivos ilícitos de coca (Tumaco y Puerto Asís)”. Una estrategia para afrontar este problema, dijo el periodista, consiste en ver el tema “de las drogas como problema de salud pública, no de balas: se requiere que los Estados se preocupen más por estrategias frente al consumo que para la guerra”.
Al respecto, el embajador Alfonso Morales dijo que un problema grave es que el gobierno colombiano no ha asumido la obligación que tiene con la frontera: “Hay muchos problemas por la falta de infraestructura y otros temas importantes, como la salud pública. Se han visto brotes de sarampión, personas enfermas que no tienen atención médica en la frontera ni vacunación. Colombia tiene muchas asignaturas pendientes y debe afrontar su responssabilidad en el manejo del conflicto interno”. El embajador agregó que el gobierno de Ecuador está dispuesto a trabajar de la mano con el presidente electo de Colombia, Iván Duque, para buscarle solución a los problemas de la frontera.
Sobre este punto, Barreto planteó un interrogante: No sabemos cómo será la relación entre los gobiernos de Lenín Moreno e Iván Duque. ¿Qué va a ocurrir si vuelven las fumigaciones con glifosato a la frontera, volverán las oleadas de refugiados y se incrementará la violencia de actores armados por la disputa territorial, como en el 2000?
El investigador Pablo de la Vega hizo énfasis en la situación migratoria de ciudadanos venezolanos, un factor que, sumado a la complejidad del conflicto armado en Colombia, amerita nuevas soluciones por parte de los gobiernos. Además de tener en cuenta la vulnerabilidad de los migrantes en la zona de frontera, el investigador invitó a reflexionar sobre las estrategias gubernamentales: “La lógica reciente de responder con una militarización es una estrategia reactiva porque a mi juicio Ecuador no tenía estructurada una política de fronteras. Se habla de movilidad humana, de fronteras vivas, pero la respuesta reactiva de aumentar el pie de fuerza trae consigo riesgos sistemáticos y posibles violaciones contra los derechos humanos de la población de frontera, principalmente para los pueblos indígenas y las poblaciones afro”.
Existe, a juicio de Pablo de la Vega, un panorama desalentador para la población civil: “La propuesta de seguridad actual es difícil porque trae consigo un desafío y es identificar a los actores armados ilegales que se mimetizan en la población civil. Corren riesgo las poblaciones afro, indígenas y en general los derechos humanos. Hay personas que no tienen ningún nexo con ‘Guacho’ y es por eso que estamos enfrentando una vulneración de derechos a la población civil. Es un problema realmente complejo”.
Al hablar de posconflicto, Carrión señaló que el proceso de paz con las Farc debe ponerse en sus justas proporciones: “Son más o menos 13.000 efectivos de las Farc que entregaron las armas y entraron al proceso de paz. Las disidencias no llegan a un 11%, mientras que las disidencias en el proceso con los paramilitares alcanzaron un 22%. Un tema es el proceso de paz con las Farc y otro es el tema de la economía de la guerra en Colombia. En este país llevan 60 años en guerra y hoy en día las tesis del gobierno giran en torno al Centro Democrático. Este es un punto a tener en cuenta”.
El punto de la seguridad es crucial. Como lo dijo Fernando Carrión, “el nombre del evento lo dice: es una frontera silenciada y la más afectada es la verdad”. Por otro lado, señaló que en Ecuador se ha generado un cambio de percepción frente a la seguridad, pues “ya no se habla tanto de política de seguridad ciudadana, sino ahora se habla de política de seguridad nacional. El 12% de los efectivos de Ecuador están en la frontera, y se están dejado de lado otros temas. En Guayaquil van 90 personas asesinadas por sicariato y ajustes de cuentas. La seguridad ciudadana está quedando en un segundo plano”.
El gobierno de Ecuador enfrenta grandes retos producto de la situación que se vive en la frontera colombiana. El embajador Alfonso Morales dijo, por ejemplo, que mensualmente se reciben 500 solicitudes de refugio por parte de colombianos en Ecuador. “Esto significa cerca de 6.000 al año. En Ecuador hay más de 200.000 personas colombianas regularizadas”. Sobre este punto, Pablo de la Vega explicó que un punto clave para intentar cambiar las dinámicas en la frontera es revisar el tema de la xenofobia: “Voy a citar un estudio de Flacso: el 93% de los ciudadanos encuestados pide controles fronterizos, el 73.3% respalda la deportación y un 37% está de acuerdo con levantar muros”.
El embajador de Ecuador hizo un llamado a revisar cómo se refuerza integralmente la seguridad en la frontera. “El componente de seguridad debe ser transversal en la política de desarrollo. Ciertamente el gobierno de Colombia ha estado mucho más ausente en las fronteras que Ecuador. Ambos países tenemos que reconocer que en esta zona geográfica se pueden llevar a cabo planes de desarrollo para la población”. De la misma manera, el periodista Dimitri Barreto, señaló que en la frontera el gobierno y las instituciones deben trabajar para “volver a ganar la confianza de la población civil”. En el trabajo de los medios de comunicación, señaló, es clave que la población confié en las periodistas y de esta manera la información no se quede en las fuentes oficiales.
En el punto de seguridad, la participación de la comunidad internacional es importante. El embajador señaló que desde el gobierno le agradecen a la comunidad internacional. Incluso, dijo “que la relación con Estados Unidos durante los últimos años ha sido bastante respetuosa. Desde la vía diplomática tenemos que buscar caminos de cooperación”. En ese mismo sentido, Pablo de la Vega dijo que es necesario reconocer que “Estados Unidos es un actor clave en la implementación de los acuerdos de paz y en temas como los refugiados. La posibilidad ahora es acercarse a Estados Unidos para que se pueda atender, por un lado, el componente humanitario, y por otro, el problema del narcotráfico”.
Sobre este tema, Carrión señaló que es importante tener en cuenta el enfoque de guerra contra las drogas y cómo el Plan Colombia de Estados Unidos no dio los mejores resultados en la lucha contra el narcotráfico. Por eso hizo énfasis en la necesidad de continuar con la reforma agraria y las políticas sociales que en su momento respaldó el expresidente Barack Obama. El embajador estuvo de acuerdo con este punto y dijo que era preocupante la visión actual de Estados Unidos en temas como la migración: “Estados Unidos no reconoció el Pacto Global de Migración y decidió manejar internamente el tema migratorio, eso es lamentable. Sin embargo, tenemos que seguir buscando caminos de cooperación”.
Las violaciones de derechos humanos no pueden pasar desapercibidas. El periodista Dimitri Barreto dijo, por ejemplo, que han recibido denuncias de personas que están siendo utilizadas para transportar droga: “Estamos hablando de trata de personas y hay tragedias como la de esclavizar niñas o niñas en la frontera. Este es un problema de los dos gobiernos y no se puede ocultar”. Es por esta razón que, según el embajador, “el optimismo es muy moderado. Creo que tenemos que trabajar mucho para recuperar los niveles de desarrollo económico y social”.
A pesar de los obstáculos, Pablo de la Vega considera que es necesario, en estos momentos, “confiar en la capacidad organizativa en las fronteras sur y norte de Ecuador. La labor de la Iglesia para fortalecer el tejido social y el trabajo de las organizaciones de derechos humanos es muy importante”. Lo cierto, agregó, es que “Ecuador y Colombia tienen compromisos ineludibles con los derechos humanos”. De la Vega dijo que, si bien es importante buscar soluciones diplomáticas, la militarización y otras estrategias deben reconsiderarse teniendo en cuenta qué afectaciones pueden tener para las comunidades que viven en la frontera, “como los pueblos indígenas binacionales. La supremacía de los derechos humanos debe permanecer “. Con esta afirmación estuvo de acuerdo el periodista Dimitri Barreto, quien señaló que en la frontera se encontró con “personas con una cultura muy rica, que quiere vivir en zonas de paz. Gente que trabaja, que vive contenta y que está buscando oportunidades”.
Embajador Alfonso Morales: Subsecretario de Protección Internacional y Atención a
Migrantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador. Fue
encargado de Negocios a.i. y representante Permanente Alterno de la Misión Permanente del Ecuador ante Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza. Anteriormente, se desempeñó como Director General de Refugiados del antiguo Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración de Ecuador.
Dimitri Barreto: Periodista ecuatoriano. Con experiencia en la cobertura de los efectos del
conflicto armado colombiano, la corrupción y la violencia en Ecuador. Es licenciado en
Comunicación Social de la la Universidad Internacional del Ecuador y tiene un diplomado en la UNAM sobre cobertura del crimen organizado. Es Macroeditor Digital del diario El Comercio de Ecuador. Coautor del libro “Periodistas en la frontera: Dos décadas de reportajes”, editado por El Comercio, una antología que recoge el trabajo periodístico de decenas de reporteros y fotoperiodistas en la zona fronteriza.
Fernando Carrión: Dr. (c) Universidad de Buenos Aires, Argentina, profesor investigador de FLACSO. Dedicó su vida a estudiar el desarrollo urbano, la planificación y las políticas de
seguridad ciudadana. Escribió 10 libros, editó 22 y escribió más de un centenar de artículos. Su obra se difundió en una veintena de países con traducciones en portugués, inglés, alemán, italiano y francés. Trabajó también como consultor de organismos multilaterales y como docente universitario en los países de la Región Andina y del Mercosur. Por su trayectoria, se hizo acreedor a 11 premios y distinciones, méritos que le ayudaron a convertirse en Concejal del Municipio de Quito en 2004 y 2009. Ahora, su interés se centra en el diseño de Políticas Públicas Urbanas.
Pablo de la Vega: Defensor de derechos humanos. Estudios en ciencias jurídicas, periodismo y derecho internacional de los derechos humanos. Actual coordinador regional en Ecuador de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD). Coordinador del Área de Políticas Públicas y Derechos Humanos del Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM). Autor y coautor de varias publicaciones sobre derechos humanos, migraciones internacionales, refugio y asilo, trata y tráfico de personas, empresas transnacionales y derecho internacional humanitario.
Carlos Eduardo Huertas: Director y líder de la mesa editorial de CONNECTAS, así como de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas, un proyecto en alianza con el International Center for Journalists (ICFJ). Durante más de una década y hasta julio de 2013 Huertas estuvo vinculado a la Revista Semana de Colombia, de la que fue su editor de investigaciones. Miembro del Comité Directivo de la Red Global de Periodistas de Investigación (GIJN) y del Consorcio para periodistas de Investigación (ICIJ) En 2006 fue el gestor de Consejo de Redacción, organización colombiana que promueve el periodismo de investigación.
Priscila Hernández Flores: México. Periodista especializada en Derechos Humanos con énfasis en la discapacidad, género y migración lo que ha valido importantes reconocimientos como, el Rey de España que organiza la Agencia de Noticias EFE, el Premio Rostros de la Discriminación de México y el segundo lugar en la categoría reportajes colaborativos de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas del ICFJ y CONNECTAS. Es Miembro Residente de CONNECTAS y está cargo de la Redacción Región Sur, enfocada en Ecuador, Bolivia y Paraguay.
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