La desconfianza generalizada de la ciudadanía en sus gobiernos por escándalos de corrupción y opacidad en las contrataciones públicas sigue avivando la falta de credibilidad en sus instituciones y sus consecuencias se ven en un debilitamiento de la democracia.

Por eso Transparencia Internacional instó a los gobiernos a aunar esfuerzos para ser más transparentes en el gasto público y defender el derecho a la información. Para ello, América Latina debe prepararse en torno al acceso de información, ¿qué escenarios enfrenta América Latina y el Caribe en materia de acceso a la información? ¿Qué limitaciones continúan a la hora de acceder a datos e información en la región? 

Para responder estas preguntas se realizó un Diálogo CONNECTAS en alianza con el Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists (ICFJ) en alianza con el Border Center for Journalists, Iniciativa Sinaloa y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y CONNECTAS.

En el evento participaron José Antonio García, coordinador regional de Open Government Partnership, Juan José Lyon, director de América Transparente, Laura de Los Santos, directora de Participación Ciudadana del Municipio de Monterrey y Mauricio Mejía, analista de políticas públicas en OCDE.

El mundo después de la pandemia

Todos los países del mundo tuvieron cambios abruptos a causa de la pandemia y en el caso de acceso a la información, ciertos mecanismos que había de control y de reporte de información dejaron de existir, pues los gobiernos tenían que hacer compras, cambios estructurales o licitaciones con rapidez para responder a la crisis. Así pues, como explicó Juan José Lyon, fue una época en donde el acceso a la información estuvo muy limitado y a esto hay que sumarle la desconfianza de la ciudadanía a los países a causa de la corrupción, el financiamiento poco transparente de las campañas o la falta de veeduría en los gobiernos locales.

Esta desconfianza puede ser resuelta a través del gobierno abierto y con esto, la publicación de datos. Sin embargo, los datos por sí solos no logran un cambio a menos de que la ciudadanía los entienda, los utilice y esta información realmente tenga valor. Por último, los datos permitirán tener mejores políticas públicas, mejores servicios y en general, le dan valor a lo público. Esto requiere de un compromiso de los gobiernos para avanzar en las políticas que establezcan un gobierno abierto, pero también requiere de una sociedad civil que aprenda el valor de los datos, la importancia de un gobierno abierto y que se apalanquen de las plataformas digitales ya existentes.

¿Qué es realmente un gobierno abierto?

El gobierno abierto es aquel que promueve y garantiza el acceso a la información para fortalecer la transparencia, la participación ciudadana y el control de lo público. Asimismo, con la modernización de la gestión pública se quiere tener un gobierno más efectivo, eficiente y abierto para el beneficio de la ciudadanía. Entonces, el gobierno abierto es aquel que formula y elabora políticas públicas para este fin, al igual que planes de gobierno que velen por una gestión pública abierta. 

Igualmente, vale la pena preguntarse qué es realmente un gobierno abierto, puesto que este va más allá de la filosofía y de la tecnología. Es decir, el gobierno abierto no puede ser únicamente concepto y discurso, sino que se debe convertir en una plataforma para la acción. Esto significa que a largo plazo, el gobierno abierto sumará nuevas personas, nuevas agendas y sobre todo, se convertirá en una comunidad de buenas prácticas. Igualmente, según Pepe García, el gobierno abierto no es un gobierno electrónico, aunque el componente tecnológico sea de vital importancia, no se puede depender de esta para todos los procesos.

Otras instituciones como la OCDE, se han aventurado a dar consejos sobre un buen gobierno abierto, acompañando a los países en este tránsito, pero también viendo más allá. Sin embargo, un punto difícil de entender ha sido sacar al gobierno abierto de la rama ejecutiva y llevarlo también a la rama legislativa, judicial y especialmente a los territorios locales. Esto también significa escuchar a la ciudadanía y entender de qué forma ven a un gobierno abierto para la creación de comunidad.

El futuro es prometedor

Tanto la ciudadanía como los gobiernos se pueden beneficiar del gobierno abierto y recibir un impacto real de esta apuesta. En cuanto a los gobiernos, pueden volverse más ágiles y pueden integrar en la estructura sus valores como la transparencia y participación ciudadana. Un ejemplo muy concreto es que los gobiernos pueden incluir en sus canales de comunicación espacios para hacer denuncias de hechos de corrupción. Igualmente, hacer esta información visible, por ejemplo, cuántas personas han denunciado en el último mes, puede hacer que las personas se vean incentivadas a hacer parte de las denuncias.

Igualmente, no se puede recaer únicamente en canales tecnológicos porque la brecha digital en los países latinoamericanos es una realidad, entonces el gobierno abierto debe tener estrategias que recaigan en la tecnología, pero debe tener otras que puedan llegar a territorios de poca conectividad. Esto hará que la participación ciudadana sea real y transversal a los países, incluso cuando hay gobiernos que no tienen apuestas claras por gobiernos abiertos. Adicionalmente, la entrada de cualquier equipo nuevo al ejecutivo es una oportunidad porque es en la planeación donde se puede proponer un nuevo horizonte basado en la voluntad de cambio.