La adjudicación de licitaciones y contratos en los países Latinoamericanos ha tenido escándalos de corrupción, cartelización y poca transparencia. Asimismo, los Estados han sido incapaces de responder de una manera ágil y efectiva, lo cual ha llevado a que la ciudadanía reciba un mensaje de impunidad que afecta gravemente las democracias en el mediano y largo plazo. 

Además, tanto la ciudadanía como el Estado están sintiendo los efectos directos de estas prácticas poco éticas, mientras que las empresas multiplican sus ganancias. Por ejemplo, la situación ha traspasado a productos de uso diario, como el papel higiénico y el pañal para infantes, que tuvieron un precio inflado por cerca de 10 años en Colombia, Perú y Chile, pues empresas de toda la región acordaron el valor de los productos a su antojo.

En este #DiálogosCONNECTAS, Eugenia Navarro Cafferata, parte de la fundación Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparencia Internacional; Jesús Ibarra; maestro y doctor en ciencias sociales y con experiencia en periodismo; y Pablo Felipe Robledo, abogado, profesor y consultor, exploraron los prejuicios, las posibles soluciones y el rol de la ciudadanía y del periodismo en la situación. 

Los grandes problemas y las posibles salidas

Hay una gran cantidad de dinero que se pierde en estas transacciones y que podría estar destinado a políticas para el mejoramiento de la vida de las personas, por ello la afectación recae en las poblaciones, especialmente las más vulnerables. Es por ello que los Estados deben empezar a buscar incentivos lo suficientemente fuertes para que las empresas colaboren en el esclarecimiento de las prácticas dañinas, al igual que sanciones que sean efectivas.

Además, otro efecto que podría tener la falta de persecución a estas empresas es que la competitividad se reducirá en el mercado, lo que hará que la competencia sea poco y las grandes empresas sean las únicas que puedan quedar en el mercado o peor aún, que estas empiecen a crear empresas fantasma para aparentar competencia, a crear una alternancia para ganar licitaciones o presionar al Congreso para que se creen regulaciones a favor de estas.

Actualmente, la sociedad civil está empezando a investigar estas situaciones para lograr esclarecer el mercado y el actuar de las empresas. El periodismo se ha encargado de mostrar estas falencias como un daño al bien público, por lo cual se ha empezado a exigir la publicación de información con calidad de parte de las empresas y en torno a las licitaciones. Además, la capacidad sancionatoria está tendiendo a aumentar en los Estados con incentivos lo suficientemente buenos para que una empresa decida pagar una sanción y apostar por la transparencia.

En conclusión, aunque los Estados aún carecen de herramientas para hacer sanciones efectivas y que tengan impactos efecto dominó en las empresas, la sociedad civil está respaldando e impulsando la labor de las autoridades. Asimismo, las empresas están buscando tener una mejor cultura empresarial y una transparencia hacia sus empleadores y hacia la ciudadanía, lo que permitirá que las empresas no puedan volver a pasar por encima de los derechos de las personas y del Estado.