El funcionamiento de un gobierno se puede medir a través de su contratación pública, pues esta permite que el Estado llegue a todos los lugares y comunidades de un país. Sin embargo, la falta de transparencia e irregularidades en los contratos públicos en América Latina está llevando a que exista un daño patrimonial. Por ejemplo, hay casos de colegios a medio construir y abandonados, servicios de alimentación y de transporte mal prestados o productos comprados a precios elevados. De igual forma, se contrata a empresas fantasma, sin experiencia, sin capacidad financiera o con conflicto de interés entre estos y los ordenadores del gasto. 

El tema es relevante, pues aún la sociedad civil y el gobierno tienen oportunidades de afrontar la corrupción en la contratación pública. Por ello, el pasado 31 de mayo en el #DiálogosCONNECTAS expertos y expertas exploraron posibles soluciones a las problemáticas alrededor de la contratación pública. Al encuentro asistieron Andrés Hernández, miembro de la Junta Directiva global de Transparencia Internacional; Fernanda Avendaño Meouchi, coordinadora del área de Administración Pública en el IMCO; Melinna Vázquez, funcionaria de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas de Paraguay desde el año 2008; y Priscila Cárdenas Sánchez, reportera encargada de investigaciones en la plataforma digital Proyecto Puente. 

Mecanismos existentes y voluntad de cambio

La transparencia ha sido un tema cada vez más buscado por la sociedad civil, por ello existen hoy mecanismos para lograr una rendición de cuentas al igual que denuncias. Sin embargo, el fenómeno de la corrupción en las compras públicas es amplio y debe tener en cuenta no solo el mal uso de fondos, sino también la ineficiencia, la falta de capacidades de las entidades y la formación de autoridades que velen por el cumplimiento. De igual forma, las soluciones no pueden ser únicamente crear más normativas, pues estas también le pueden quitar eficiencia a los procesos.

Por otro lado, la sociedad civil ha impulsado la labor de incidencia cuando se investigan fallas en la contratación pública, lo cual ha llevado a que confrontar la corrupción pueda estar en manos de la ciudadanía y esta pueda ver cambios reales. Además, la sociedad civil ha sido la encargada de recordarle al sector público de manera periódica que la información pública debe ser accesible y actualizada. Esto también ha dejado en evidencia que no existe claridad sobre la gestión alrededor de la contratación pública y que no hay profesionales que se encarguen de hacer las compras públicas dentro de las instituciones.

También es importante elevar la preocupación de que los sistemas que hoy son electrónicos tengan un mantenimiento adecuado y responsable, pues solo con un acceso transparente a estos portales se podrá adelantar un trabajo de análisis, veeduría e investigación. En muchos países de la región los datos abiertos hoy son obligatorios, lo cual facilita la investigación de hechos de corrupción.

A manera de conclusión, los y las expertas lograron poner sobre la mesa la importancia de seguir velando por sistemas transparentes desde espacios ciudadanos, al igual que impulsar a nuevas empresas a participar en contrataciones públicas del Estado, abriendo así el espectro de lo público.