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La franja de 1.524 kilómetros de bosques de protección de las aguas del embalse de la hidroeléctrica paraguayo brasilera Itaipú es víctima hace años de invasiones por parte de empresarios de la agroganadería, políticos y amigos del poder. En entregas anteriores mostramos cómo estas áreas protegidas se convirtieron en puertos clandestinos para el contrabando y narcotráfico, o clubes y condominios privados de lujo, y en este capítulo develamos las tierras que se convirtieron en sojales o pasturas para la ganadería.
En el lado paraguayo de Itaipú, se llevaron adelante casi 200 procesos judiciales, la mayoría durante el gobierno aliancista de Fernando Lugo, pero los mismos terminaron estancados, blanqueando a los invasores o en condenas ridículas como donar cartuchos de impresora al Juzgado o cubiertas al Ministerio Público.
La investigación de ÚH, con el apoyo de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación del ICFJ en alianza con Connectas, descubrió cómo políticos paraguayos y empresarios brasileros del agronegocio son protagonistas de cientas de invasiones a las tierras de la represa binacional Itaipú y varios continúan invadiendo la poligonal envolvente, destinada por ley a ser bosques de protección de las aguas contra la erosión y la contaminación.
SOJEROS BRASILEROS
Los intentos de recuperación de las tierras de Itaipú durante el gobierno aliancista tuvieron una fuerte resistencia de parte de varios de los ocupantes, que dieron pelea tanto en el terreno físico como en el judicial, entre ellos poderosos empresarios brasileros del rubro agroganadero.
Una de las empresas demandas fue la Agroganadera Ysyry SRL, de los brasileros Francisco de Asís Sampaio Pagano y Luis Prandini. La denuncia contra los brasileros fue por la invasión de un total de 198 hectáreas la zona conocida como Gasory, distrito de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú.
Utilizando guardias y vallado, durante dos meses no permitieron el ingreso de los funcionarios judiciales y de la Itaipú para delimitar el área. Los trabajos de mensura y amojonamiento fueron tan resistidos que en enero de 2011 fue baleado el campamento de trabajo de topógrafos de Itaipú sin arrojar heridos pero logrando el objetivo de retiro de los funcionarios.
Finalmente, la comitiva rompió los candados de la agroganadera el 15 de marzo del 2011, a través de la orden del juez Libio Valdez, atendiendo a la orden de mensura y amojonamiento emanada del Juzgado en lo Civil del Décimo Turno de la Capital, a cargo de Mirtha Ozuna de Cazal, y del Juzgado del Sexto Turno, a cargo de Hugo Morán.
Según el reporte, el agente fiscal Federico Torres Tavarelli se hizo presente misteriosamente en el procedimiento y su conducta fue juzgada de contraria a los intereses de Itaipú y a favor de los extranjeros en todo momento. Rubén López e Isabelino Silvero, abogados de Itaipu, señalaron que el agente se manifestaba más como abogado de los brasileños que como fiscal, y anunciaron que lo denunciarían ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
La mensura permitió que Itaipú recuperara, en teoría, las 200 hectáreas en poder de los brasileros. En marzo del 2011, el Juzgado Penal de Atención Permanente, a cargo de Tadeo Fernández, dictó la Sentencia Definitiva Nº 14 que rechazó el amparo de la empresa que pretendía retener las tierras. Pero en los mapas satelitales se ve que los campos siguen siendo explotados por la empresa con cultivos mecanizados hasta la fecha.
La Comisión Interinstitucional de la Zona de Seguridad Fronteriza registró en el departamento de Canindeyú 2.189 propietarios brasileros que poseen 306.952 hectáreas (50% de la franja fronteriza). En el departamento de Alto Paraná, 1.612 brasileros ocupan 140.060 hectáreas (35% de la franja fronteriza).
La ley de Seguridad Fronteriza prohíbe que oriundos de los países limítrofes ocupen la zona de seguridad fronteriza, que consiste en la franja de 50 kilómetros adyacentes a las líneas de frontera terrestre y fluvial dentro del territorio nacional. Pero los colonos brasileros compraron las tierras durante la época de Alfredo Stroessner (1954-1989), antes de la vigencia de la ley.
POLÍTICOS COLORADOS
Los puertos ilícitos que se ubicaron a metros de la usina hidroeléctrica de Itaipú fueron permitidos durante el gobierno colorado de Juan Carlos Wasmosy, quien cedió parte de las tierras de Itaipú a políticos de este mismo partido, como el ex diputado colorado de Alto Paraná Benito “Tito” Abadíe Vinader o el ex gobernador colorado de Alto Paraná Jotvino Urunaga, entre otros.
Contaban con contratos de comodato para utilizar la propiedad de la binacional ubicadas dentro del Área Prioritaria. Estas fueron recuperadas en el año 2008 a partir del proceso de no renovación de sus contratos.
Andrés Retamozo, otro ex diputado colorado por Alto Paraná, también ocupó más de 1.000 hectáreas a la Itaipú, en la zona hoy recuperada y convertida en el Refugio Biológico Yvytyrokai, según detalló el ex director de Patrimonio de la Itaipú Rodolfo Giménez Abraham, autor de los libros “República de Itaipú” e “Itaipú y Yacyretá: El botín de los jerarcas”.
Relató que Retamozo era colindante a la franja de protección de Itaipú y aprovechó la situación para extender las tierras de su estancia dentro de la poligonal envolvente. Cuando en 2007 se presentaron los abogados de Itaipú con la Fiscalía a reclamar la recuperación de las tierras, en principio presentó abogados, pero finalmente entregó las tierras sin oposición.
IMPUNIDAD PARA INVADIR
La debilidad de los controles de Itaipú y otras autoridades se suma a la debilidad de la legislación y la aplicación de la misma en cuanto a los delitos ambientales cometidos en esta zona de reserva, ya que no existe uno solo de los casi 150 casos penales donde se haya condenado a prisión o al menos una multa ejemplar a los invasores y deforestadores, la mayoría de ellos colonos brasileros, quienes fueron beneficiados con “criterios de oportunidad” o con la propia negligencia del Ministerio Público.
Un ejemplo de esto es el dado con el ciudadano brasilero Doacir Bianchet, quien pese a haber invadido y deforestado unas seis hectáreas de tierras de reserva de Itaipú y construido una enorme balsa para contrabando, la Fiscalía desestimó su causa, por lo que la binacional tuvo que presentar otra acción para obligar a los fiscales ambientales Gustavo Sosa y Ricardo Merlo a investigar.
“El fiscal Gustavo Sosa no asumió ninguna imputación, y en varias ocasiones los funcionarios del Ministerio Público informaron que no se ubica la carpeta ante el requerimiento de los abogados de la Itaipu”, cuestionó la binacional sobre otra causa que arrastra Bianchet, también por invasión.
Bianchet cuenta con más de 2.000 hectáreas en la zona, que comparte con su familia y con el rey de la soja Tranquilo Favero, además de 4.000 hectáreas de tierras del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) en el Chaco adquiridas de forma irregular, según investigaciones.
Otro caso involucra a los brasileros Renivo e Ireneo Demari, quienes deforestaron unas 100 hectáreas en la zona de Pikyry, Santa Fe del Paraná, para agricultura y ganadería, y fueron beneficiados con criterios de oportunidad con el compromiso de reforestar y guardar buena conducta.
La lista de brasileros deforestadores sigue con Ricieri Thieme, quien en agosto del 2011 fue sorprendido con ocho hornos en la zona de la Reserva Karapa que utilizaba para convertir en carbón árboles nativos de la reserva, y fue beneficiado por el juez Samuel Silvero con la suspensión condicional del proceso a cambio de reforestar el área degradada en su momento y donar alimentos no perecederos por valor de G. 150.000 mensuales a una guardería de la zona.
Otra condena ridícula fue la recibida por Carlinho Moreira do Prado, denunciado por invadir y deforestar unas cinco hectáreas de las tierras de Itaipú. El Ministerio Público requirió la extinción de la acción penal luego de que el Juzgado otorgara la suspensión condicional a cambio de “reparar el daño social” y donar cartuchos para impresora del Juzgado.
Otros brasileros que ocuparon tierras de Itaipú, deforestaron e instalaron ganado u otro tipo de negocio, pero aún así fueron beneficiados con criterios de oportunidad, en su mayoría por el juez Samuel Silvero, tras ser denunciados e imputados por el fiscal José Zarza, son Jonathan Suarez, Sostenes Núñez, Alois Pirtolls, Josias Alves de Souza, Rogerio Klaussman, entre otros.
Algunos de los brasileros imputados ni siquiera se presentaban a las audiencias pese a ser reincidentes en el delito ambiental, como el caso de Altamiro Alves, Roque Da Silveira y Orlando Parmilhonenn.
Argemiro Schreiber es otro brasilero denunciado en más de una ocasión por ocupación y deforestación de las áreas protegidas de Itaipú. El 25 de agosto de 2009, la Sentencia Definitiva Nº 663 hizo lugar a la primera denuncia, y emplazó al mismo a abandonar la franja de bosque de Itaipú de la zona de Mbaracayu, pero una verificación del 21 de marzo del 2012 constató nuevamente la “presencia de ganado vacuno y deforestación, desecación de humedales y colmatación de nacientes, construcción de puentes para paso de ganado, represamiento y formación de cárcavas, instalación de cimbras y destrucción de reforestación por pisoteo de ganado y abrevadero de 43 metros lineales”.
Clementino Riechziki es otro brasilero reincidente, fue imputado y condenado en 2009 e intimado a abandonar un inmueble de 40 hectáreas perteneciente a Itaipú, pero tras evadir condena, un año más tarde, ya estaba invadiendo otra parcela de Itaipú de 10 hectáreas, por lo que se presentó otra denuncia ante fiscal José Zarza Galeano y el caso volvió a caer en manos del juez Samuel Silvero. En 2012, mediante la sentencia de la Sala Penal de la Corte, quedó firme la sentencia que devolvió tierras a la binacional.
POLÍTICOS COLORADOS
Los puertos ilícitos que se ubicaron a metros de la usina hidroeléctrica de Itaipú fueron permitidos durante el gobierno colorado de Juan Carlos Wasmosy, quien cedió parte de las tierras de Itaipú a políticos de este mismo partido, como el ex diputado colorado de Alto Paraná Benito “Tito” Abadíe Vinader o el ex gobernador colorado de Alto Paraná Jotvino Urunaga, entre otros.
Contaban con contratos de comodato para utilizar la propiedad de la binacional ubicadas dentro del Área Prioritaria. Estas fueron recuperadas en el año 2008 a partir del proceso de no renovación de sus contratos.
Andrés Retamozo, otro ex diputado colorado por Alto Paraná, también ocupó más de 1.000 hectáreas a la Itaipú, en la zona hoy recuperada y convertida en el Refugio Biológico Yvytyrokai, según detalló el ex director de Patrimonio de la Itaipú Rodolfo Giménez Abraham, autor de los libros “República de Itaipú” e “Itaipú y Yacyretá: El botín de los jerarcas”.
Relató que Retamozo era colindante a la franja de protección de Itaipú y aprovechó la situación para extender las tierras de su estancia dentro de la poligonal envolvente. Cuando en 2007 se presentaron los abogados de Itaipú con la Fiscalía a reclamar la recuperación de las tierras, en principio presentó abogados, pero finalmente entregó las tierras sin oposición.
RESPUESTA DE ITAIPÚ
Los abogados del lado paraguayo de la Itaipú Binacional defendieron los procesos judiciales y denuncias que vienen realizando desde 2005, pero reconocieron que escapa a su competencia lo que sucede con los demás órganos como el Ministerio Público y el Poder Judicial, destacando los pocos casos que sí tuvieron éxito como uno de 2014 que logró una condena, aunque con conmutación de pena.
“Hay muchísimas acciones legales que Itaipú ha instado y que no han podido llegar al término que la entidad precisa para salvaguardar sus activos, que son activos del Estado paraguayo, de hecho, la represa tiene la mayor superficie mundial de áreas protegidas vinculadas a la generación de energía sostenible. Entonces, la entidad justamente tiene puesto su horizonte en estas estrategias, pero acordate de quien negocia una suspensión condicional del proceso no es la Itaipú, por eso empezó a participar como querellante en los procesos a los efectos de poder condicionar inclusive esas decisiones, y en algunos casos fue un éxito y en otros no”, indicó el abogado Hugo Enrique Cañiza.
Señaló además que manifestaron a las instituciones como el Ministerio del Ambiente la preocupación por la levedad de los condenas previstas en la legislación, y cómo estas no reparan el perjuicio causado.
“Como sabrás, la corriente de responsabilizar a la persona con medidas para cumplir con el daño social causado, distinta al daño causado, ha sido una constante. En términos comunes, se han canjeado a veces hectáreas de deforestación por cubiertas para el Ministerio Público, entonces, no siempre la decisión jurisdiccional fue de la mano de la necesidad de vincular al daño causado”, indicó.
Por su parte, el abogado Óscar Bogado, también señaló la desidia de los órganos de justicia para resguardar y reparar el daño ambiental que causan los protagonistas de deforestación de los bosques de la hidroeléctrica.
“Y en estos casos la Itaipú otra vez asume la reparación, porque somos los interesados. Entonces, el Ministerio Público, en vez de pedir que el autor reforeste piden donación de cubiertas, tintas para impresora pero no que se encargue de reparar el daño directo que causaron, entonces, no hay una vinculación entre la sanción y el daño”, dijo.
La deforestación se dio y da a lo largo de los 1.524 kilómetros de propiedad de la binacional con ciudadanos brasileros y paraguayos, que ocuparon la franja de protección y deforestaron gran parte de la misma. Tras el regreso del Partido Colorado al poder con Horacio Cartes en el 2013, la nueva administración de James Spalding en Itaipú inició el Programa “Itaipú Preserva” para reforestar el área, pero aquí empieza otro oscuro capítulo de la binacional que ÚH desarrollará mañana.
Este es un trabajo realizado por Roberto Irrázabal periodista de Última Hora (ÚH), en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas del ICFJ en alianza con CONNECTAS.
