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La lucha de los indígenas Avá Guaraní contra la mayor hidroeléctrica del mundo en producción de energía, la Itaipú Binacional, despertó las preguntas que motivaron esta investigación. A partir de la historia de despojo territorial que padecieron en los años ochenta, descubrimos que las tierras expropiadas por la represa paraguayo brasilera esconden una red de negocios ilícitos como el contrabando de cigarrillos, drogas, armas, rollos de madera, electrónicos, entre otros rubros.
El trabajo periodístico encontró que dentro de la Franja de Protección de la gigante empresa binacional se esconden puertos clandestinos montados por el crimen organizado, tanto en la costa paraguaya como la brasilera. Esta área protegida de bosques tiene unos 1.524 kilómetros de largo, desde el distrito de Hernandarias hasta Saltos del Guairá en Paraguay, y desde Foz de Iguazú hasta Guaira en Brasil.
Además de esta gigantesca red mafiosa que se oculta en los montes, existen otros negocios irregulares apañados por la corrupción en la administración de la binacional, como lo son los clubes privados que utilizan, violando la ley, parte de la Franja de Protección de Itaipú, también llamada Poligonal Envolvente.
Las tierras de la binacional también fueron objeto de invasión de cientos de agroproductores, la mayoría de nacionalidad brasilera, así como también políticos paraguayos, que deforestaron los bosques para convertirlos en extensos cultivos de soja o pastura para ganado.
La Ley 752 del 20 de julio de 1979, que ordenó la expropiación de tierras en Paraguay para establecer la Franja de Protección de Itaipú, señala en su artículo séptimo: “Los bosques y las demás formas de vegetación natural existentes en el área delimitada y comprendida entre la cota 225 y la línea poligonal envolvente, serán de conservación permanente”.
Este trabajo de ÚH, con el apoyo de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación del ICFJ en alianza con Connectas, descubrió todo un esquema de negociados, mafia y descontrol en el manejo de las tierras públicas de la hidroeléctrica paraguayo brasilera, desde la era de la dictadura militar stronista en los años 70 hasta nuestros días.
LOS NEGOCIOS ILÍCITOS
El reporteo en la zona y mapeo satelital realizado por este equipo de investigación identificó cientos de puertos clandestinos dentro de la Franja de Protección de Itaipú, llamada en el lado brasilero Área de Preservación Permanente (APP).
Esta información fue compartida con representantes del Ministerio Público y del Ministerio del Interior, pero sin mucho eco y con más promesas que acciones. Recién con el trabajo de la Unidad Interinstitucional de Lucha contra el Contrabando (UIC) y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) logramos certificar que un grupo de los puntos que habíamos identificado efectivamente eran puertos clandestinos.
Estos se dedicaban al contrabando de cigarrillos de la marca que produce la tabacalera del ex presidente de la República, Horacio Cartes, y según el titular de la Senad, Arnaldo Giuzzio, también se utilizan para el tráfico de drogas y armas, entre otros productos.
Uno de los que posee tierras en la zona donde fueron descubiertos puertos de contrabando es Flavio Pascoa Teles de Menezes, poderoso empresario ruralista brasilero, ex presidente de la Sociedad Rural Brasilera (SRB) y financista de campaña de la diputada Tereza Cristina, actual ministra de Agricultura del presidente Jair Bolsonaro.
Anteriores operativos de la Senad y la Fiscalía ya capturaron cargamentos de drogas en esta zona perteneciente a la Itaipú, pero los mismos, al igual que los representantes de la empresa binacional, reconocen que la enorme extensión del terreno hace imposible el control. Esto también fue reconocido por el ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia.
Otra situación irregular en las tierras de Itaipú es la presencia de clubes privados y condominios de lujo, que lograron instalarse dentro de dicha franja, violando lo establecido por la ley 752/79, que en su artículo séptimo señala la obligación de conservación de los bosques de esta zona.
Esta investigación desarrollará los casos particulares de estos clubes, donde el más alevoso se da con el Club Náutico Hernandarias, ubicado completamente dentro de la Poligonal Envolvente de Itaipú sin contar con ninguna autorización escrita desde hace más de veinte años.
Los propietarios de las enormes extensiones de campo de soja y pasturas de ganado que rodean a toda la Franja de Protección de Itaipú, la mayoría de ellos brasileros, también han protagonizado ocupaciones ilegales y deforestación a las tierras de la binacional.
La larga lista de estos agroempresarios que fueron denunciados por destruir las áreas protegidas de Itaipú será expuesta por este trabajo periodístico. Los vergonzosos procesos judiciales han garantizado impunidad para estos invasores de guantes blancos.
Un caso particular emblemático es el protagonizado por la empresa Agrícola Ysyry, perteneciente a los ciudadanos brasileros Francisco Sampaio Pagano y Luis Prandini, que ocupa un total de 200 hectáreas con cultivos de soja a la binacional.
Los sembrados de soja, la instalación de puertos clandestinos y clubes privados de lujo en tierras que por ley deberían ser bosques de Itaipú, son una constante en los 1.524 kilómetros de la zona de influencia de la hidroeléctrica binacional, cuya área total conforman 234.619 hectáreas.
Esto implica un atentado a la soberanía, al medioambiente y a la seguridad energética de los dos países, ya que los montes protegen de la erosión y contaminación a las aguas del Paraná y a la vida útil de la hidroeléctrica, según explican técnicos hidroeléctricos e ingenieros como Victorio Oxilia y Ricardo Canese, y lo reconocen los propios abogados de la binacional.
Esta es una historia con varios capítulos que comenzó en los años 70, durante la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay y de Emilio Garrastazú Médici en Brasil, y siguió a lo largo de los siguientes gobiernos del Partido Colorado, quienes negociaron las tierras contra la ley y dejaron que se instalaran negocios ilícitos.
LOS DESTERRADOS DE ITAIPÚ
La creación de Itaipú, llevada adelante por las dictaduras militares de Paraguay y Brasil en los años setenta, exigió la expropiación de tierras alrededor del limítrofe río Paraná, con el fin de indemnizar a los propietarios que se verían afectados por la crecida del río, así como establecer un filtro de bosques para proteger las aguas del embalse de la erosión y los agroquímicos.
Cristóbal Martínez, de la comunidad indígena avá guaraní Sauce, era un niño cuando, a principio de los años 80, en camiones de carga vinieron a buscarlo por la noche y se lo llevaron con los miembros de su comunidad lejos de su tierra y su sagrado río Paraná, diciéndoles que sus casas se inundarían por la crecida del embalse. Pero su tierra no se inundó, sino que se convirtió en un inmenso cultivo de soja.
Lo mismo relata Onofre Pereira, de la comunidad Kiritó, indignado por el trato injusto que recibieron entonces y hasta ahora, por el abandono en el que se encuentran, y por ver su territorio ancestral vuelto un sojal de propietarios brasileros en territorio paraguayo.
Los estudios antropológicos señalan que fueron unas 38 comunidades las desterradas por la Itaipú Binacional en el lado paraguayo sin indemnización y en condiciones precarias, al igual que los avá guaraní del lado brasilero.
En total, 60 mil indígenas fueron afectados, según estudios de la Pontificia Universidad Católica de Paraná, que retrata el sufrimiento padecido por los nativos, víctimas de las dictaduras militares de Alfredo Stroessner en Paraguay y de Emilio Garrastazú Médici en Brasil.
Los informes de la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) de Brasil y el Informe de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) de Paraguay también detallan el violento despojo sufrido por los avá paranaénses, las violaciones e irregularidades cometidas.
Hay notas del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) solicitando a la Itaipú, en los años 80, hacerse responsable de los indígenas, como lo indicaban las propias recomendaciones de las “Investigaciones históricas, sociológicas y arqueológicas del Área de Itaipú” en el lado paraguayo.
El antropólogo Bartomeu Meliá, miembro del equipo que realizó los estudios iniciales, y también los estudios profundos de la antropóloga Mariblanca Barón publicados más recientemente, señalan la deuda histórica de la empresa hidroeléctrica con los indígenas.
Estos estudios no son reconocidos aún por Itaipú, que ocultó de su historia la discriminación y destierro que cometió contra los nativos de la zona, para posteriormente realizar negociados con empresarios, la mayoría extranjeros, quienes se instalaron con sojales, ganado, clubes privados y puertos clandestinos que utilizan las aguas fronterizas para el tráfico ilícito, según descubrió esta investigación periodística.
EL REGRESO AL TEKOHA
Casi 40 años después de haber sido desterrado, Cristóbal volvió a ocupar parte de sus tierras ancestrales, su antiguo tekoha, en la Reserva Limoy de la Itaipú binacional, ubicada en el distrito de San Alberto, Alto Paraná.
Allí resiste desde el 2016 con su familia y miembros de su comunidad, pero rodeado de contrabandistas, narcotraficantes y sojeros violentos que los amenazan, al igual que los propios guarda parques de Itaipú.
Las amenazas no son gratuitas, ya que en el lugar donde se instalaron funcionaba antes un embarcadero para contrabandear, e incluso para el ingreso de cazadores furtivos al interior de la reserva de Itaipú.
Apenas a 22 kilómetros de donde se encuentran los miembros de la comunidad Sauce, está la comunidad Tacuaraí, famosa en Paraguay en los últimos tiempos por los casos de asesinatos y secuestros de sus miembros por parte de denominados “capangas”, asesinos al mando de sojeros brasileros que buscan desplazar a los nativos de sus tierras, según denunciaron los indígenas y grupos de apoyo de la sociedad civil.
La discriminación y persecución a los grupos indígenas no se da solamente desde los grupos de productores brasileros en territorio paraguayo. La propia hidroeléctrica binacional, además de no asumir su responsabilidad histórica, prohíbe a los nativos el ingreso a sus tierras ancestrales y a su sagrado río Paraná, antes utilizado para pesca y comercio.
Mientras la Itaipú niega su legítimo derecho a Cristóbal y todos los avá guaraní paranaenses, quienes se organizaron y han presentado varias notas de reclamo, emprendimientos privados, extensiones de soja y puertos clandestinos para el tráfico ilícito utilizan la franja de la binacional sobre el Paraná para lucrar a costillas de las tierras públicas.
RESPUESTA DE ITAIPÚ
Luego de mucha insistencia, el equipo de investigación de ÚH logró obtener algunas respuestas de la Itaipú sobre la situación de la Poligonal Envolvente y las áreas protegidas, así como de los reclamos de los indígenas avá guaraní respecto a su antiguo territorio.
Los abogados de la binacional, Hugo Enrique Cañiza y Óscar Bogado, señalan que no reconocen las investigaciones antropológicas respecto a los nativos hasta que el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) oficialmente lo haga, además de indicar que la permanencia de los mismos en las zonas protegidas es de imposible cumplimiento, considerando el estatus legal de estas áreas.
Primeramente indicaron que los indígenas fueron reubicados correctamente cuando la hidroeléctrica fue construida, según sus documentos, pero luego admitieron que era una época donde las dictaduras militares no respetaban los Derechos Humanos, por lo que probablemente hayan sido víctimas de abusos.
La posición de la nueva administración de Alberto Alderete al frente de la margen paraguaya de Itaipú aún no está muy bien definida respecto a estos casos, y serán sus próximas acciones o la ausencia de ellas la que mostrarán si posee un real interés en concretar un saneamiento real a los negocios ilícitos que prosperan en las tierras de la binacional.
La investigación de ÚH irá desglosando a lo largo de esta serie los nombres de las poderosas empresas y empresarios, así como los políticos implicados, que se fueron beneficiando con las tierras públicas. También los colindantes a estas tierras, la mayoría brasileros, que penetran en los bosques de protección de Itaipú para deforestar o montar puertos clandestinos para el paso de drogas, cigarrillos y productos de contrabando.
Este es un trabajo realizado por Roberto Irrázabal periodista de Última Hora (ÚH), en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas del ICFJ en alianza con CONNECTAS.
