ENTREGA I l ENTREGA II l ENTREGA III l ENTREGA IV l ENTREGA V l ENTREGA VI l
A principios de los ochenta, la creación de la entonces mayor hidroeléctrica del mundo, la represa paraguayo brasilera Itaipú, expulsó a unos 60.000 indígenas avá guaraní en ambos países (40.000 en Brasil y 20.000 en Paraguay)[1]. Hoy en día, estos grupos sobreviven abandonados e invadidos por los cultivos de soja y sus agroquímicos, fuera y dentro de sus comunidades.
Este mismo trato no tuvieron los agroganaderos brasileros y otros ubicados en las zonas fronterizas de ambos países, ya que fueron privilegiados a la hora de las expropiaciones. Un total de casi 50 mil hectáreas que debían ser parte de los bosques de protección de las aguas del embalse en Paraguay, según lo establecido por la Ley Nº 752 del 20 de julio del año 1979, quedaron en poder de estos empresarios de la agroindustria.
Como se vio en los capítulos anteriores de este trabajo, gran parte de estos potentados de la soja y la ganadería, invaden los territorios que sí fueron expropiados por Itaipú y por el cual recibieron indemnizaciones.
Además de invadir las tierras de Itaipú para cultivos y pastura para ganado, algunos montan puertos clandestinos para el contrabando y el narcotráfico entre Paraguay y Brasil, y en otros casos grupos empresariales montaron clubes y condominios privados de lujo, según demostró este trabajo.
Por su parte, las comunidades indígenas siguen esperando una respuesta a sus reclamos contra las políticas discriminativas de la empresa binacional, pero mientras tanto, la vida y cultura de estos pueblos agoniza por la inundación de la soja.
En esta sexta y última entrega de “Los narcosojales de Itaipú”, una investigación de ÚH realizado con el apoyo de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación del ICFJ en alianza con Connectas, descubrimos las irregularidades e ilegalidades cometidas por la Itaipú desde sus inicios, expulsando de manera ilegal a indígenas ava guaraní y privilegiando a agroganaderos. Además, mostramos la realidad actual de los pueblos originarios expulsados por Itaipú, hoy también invadidos ilegalmente por el agronegocio y sus venenos.
LAS TIERRAS EXPROPIADAS EN 1979
Tras la firma del Tratado de Itaipú, las dictaduras militares del paraguayo Alfredo Stroessner y el brasilero Garrastazú Medici ordenaron expropiar por ley tierras en ambas márgenes del río Paraná. Estas tierras se convertirían en zonas inundadas por la suba del embalse, así como también zonas de bosques de protección de las aguas de la represa más grande del mundo.
A través del análisis exhaustivo de documentos legales y mapas oficiales a los que accedió el trabajo de investigación de ÚH, descubrimos que la Itaipú obvió expropiar en Paraguay casi un tercio de lo que la ley estableció que debía ser área de aprovechamiento de la hidroeléctrica.
Estas 50.000 hectáreas de tierras en la actualidad son mayoritariamente campos extensivos de cultivo mecanizado de soja de propietarios brasileros, así como también pasturas de ganado o zonas de clubes y condominios privados, como vimos en los capítulos anteriores sobre estos “vecinos” de Itaipú.
Los registros de propiedad de dicha época corroboran que el proceso de adquisición de tierras por parte de la gigante binacional, entonces bajo la administración de Enzo Debernardi en Paraguay, no fue fiel a la ley, y en lugar de expropiar a los agroempresarios toda su propiedad, solamente enajenó una mínima parte lindante con el río Paraná.
Trazando las coordenadas establecidas por la Ley 752/79, luego las líneas de los mapas oficiales de Itaipú archivados en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), rastreando datos en el Servicio Nacional de Catastro (SNC) y la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), descubrimos que la binacional no respetó las líneas de la ley de expropiación y dejó en poder de los sojeros estas tierras.
Estas 50 mil hectáreas no expropiadas que quedaron en manos privadas se concentran principalmente en los distritos de Hernandarias, Santa Fe del Paraná y Mbaracayú, en el departamento de Alto Paraná, donde reinan los cultivos mecanizados extensivos de propietarios, en su mayoría brasileros. (VER INFO 1)
Itaipú generó un esquema de privilegios a la hora de realizar las expropiaciones, violando lo que la ley le exige, actitud que no tuvo con las comunidades indígenas cuyas tierras no se inundaron y que hoy son también sojales, según señalan los propios nativos y los estudios antropológicos al respecto.
Esto explica porqué varias de las tierras donde antes estaban asentadas comunidades indígenas antes de ser desalojadas por Itaipú, hoy no sean parte de la franja de protección de la binacional, sino parte de las tierras de agroempresarios, brasileros en su mayor parte, como reclaman comunidades como Sauce y Kiritó.
En base a los mapas de la mensura judicial que culminó en 1982, algunos de los propietarios de estas tierras que debieron ser expropiadas y no lo fueron son empresas, bancos y productores brasileros. Algunos de estos propietarios son: Banco de Londres SA, Banco Paraguayo de Comercio SA, Silos Amambay SRL, Waldomiro Krindges, Valter Vogel, Abilio Matos Sebastiao, William Lowe, Edison Shulz, Sebastiao Basili, Leandro Stipp, Ireneo de Mari, Luis Araujo, Mario Alvarenga, Ismael Dávalos Villalba, Luis Gutierrez, entre otros.
EL DESTIERRO A LOS AVA GUARANI
En los años 70, un alto porcentaje de los Avá Guaraní Paranaenses vivían en condiciones precarias en cuanto a tenencia de la tierra debido a la centenaria historia de despojos. Sin embargo, una porción de ellos, justamente quienes vivían en las costas del río Paraná, eran indígenas prósperos, ya que sus balsas de traslado servían de taxi y a la vez vehículo para comerciar productos de ambas márgenes del río. De hecho, hasta los niños llegaban a estudiar en el lado brasilero, según los diversos relatos y registros.
Fue en esta década que las dictaduras militares de Paraguay y Brasil iniciaron el proceso de firmas de actas y luego el tratado para iniciar el ambicioso proyecto hidroeléctrico. Al momento del inicio de los estudios de Itaipú en 1975[2], la mayoría de los grupos habitaban “propiedades privadas”, pero los mismos informes señalan que fácilmente era demostrable que estaban desde hace tiempo en dichas tierras.
El reconocido antropólogo y sacerdote jesuita Bartomeu Melià formó parte de dicho equipo de estudio el primer año, donde se hicieron dos viajes de menos de una semana cada una, y el mismo relató a ÚH que no pudo completar el trabajo debido a que sufrió el exilio por parte de la Dictadura Stronista y que dicho informe no servía para determinar el número de grupos indígenas que sería afectado.
Las recomendaciones de los estudios realizados por la Itaipú señalaban aspectos fundamentales para la recuperación y dignificación de la cultura de dichas comunidades indígenas, pero lo que impulsó la binacional fue totalmente lo opuesto. En la propia introducción del informe, el coordinador Ramón Fogel indica que el objetivo principal residía en la “concreción futura del Museo Regional de Itaipú”.
El estudio igual recomendaba crear 23 nuevos asentamientos, pero lo que hizo la Itaipú fue distribuir a las 38 comunidades en 8 asentamientos donde ya existían otros grupos, y en tierras compradas en su mayoría por la Iglesia Católica, según la investigación de Mariblanca Barón, publicada por el Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica de Asunción (CEADUC) en el 2017[3].
Según reconoce la propia Itaipú, apenas 2.000 hectáreas fueron pagadas por la entidad. Las comunidades fueron trasladas por la Itaipú a través del denominado “Proyecto Guaraní”, programa de desarrollo integral para aborígenes, auspiciado por la Asociación Indigenísta del Paraguay (AIP) y la Misión de Amistad de los Estados Unidos.
Barón sostiene incluso que una de las mil hectáreas que Itaipú dice que compró, el asentamiento denominado Itavo, no alberga a comunidades desalojadas por Itaipú, y que el propietario anterior le dijo que en realidad ellos donaron y que Itaipú no pagó nada.
Agrega a los asentamientos Acaraymí y Arroyo Guasú como lugares adquiridos por la Iglesia para otros grupos indígenas y donde fueron “arrojados” algunos grupos avá paranaenses desalojados por la binacional. Esto pudo ser corroborado por el equipo de ÚH que visitó la zona y habló con estos grupos indígenas.
Carmen Sixta Martínez, quien vivió el proceso de desalojo en el año 1982, relató la buena vida que llevaba ella y su familia cerca de su sagrado río Paraná antes de ser expulsados de su tekoha (aldea) llamado Puerto Sauce.
Recordó llorando cómo les llevaron en camiones de noche a un lugar llamado Vacaretá y de ahí caminaron a oscuras con lo que poco que rescataron hasta otro punto denominado Jukyru, lugar donde no había agua, monte ni animales silvestres, conocieron el hambre, enfermedades como la lesmaniasis, y cada tanto recibían comida en mal estado enviada por Itaipú a través del Proyecto Guaraní.
Dijo que ellos nunca quisieron salir de Puerto Sauce pero que le habían amenazado de que si no salían iban a quedar bajo agua con la suba del embalse que provocó Itaipú. “Nos dijeron que podíamos volver cuando las aguas bajen, y después descubrimos que gran parte de nuestras tierras no se inundaron, pero ya no nos dejaron volver y ahora todo eso está en manos de los sojeros, nos hubiéramos quedado si sabíamos”, lamentó.
Estos procedimientos llevados a cabo por la Itaipú en los años ochenta violaron la entonces vigente Ley Nº 63/68 que ratificó el “Convenio relativo a la protección e integración de las poblaciones indígenas”, el cual, en su “Parte II.Tierras”, Artículo 12, Num. 1, previó que: “…No deberá trasladarse a las poblaciones en cuestión de sus territorios habituales sin su libre consentimiento, salvo por razones previstas por la legislación nacional relativas a la seguridad nacional, al desarrollo económico del país o a la salud de dichas poblaciones…”. El Num. 2 agrega que “…Cuando en esos casos fuere necesario tal traslado a título excepcional, los interesados deberán recibir tierras de calidad por los menos igual a las que ocupaban anteriormente”.
El reporteo llegó hasta el lado brasilero, en Guaira, en el Estado de Paraná, donde visitamos la comunidad indígena ava guaraní Guavira, quienes mediante una intensa lucha y, tras años de despojo y sufrimiento, lograron conquistar tierras, pero no gracias a Itaipú. Las mismas están en proceso de demarcación, lo cual también les trae conflicto con los agroempresarios brasileros.
Un Informe reciente del Ministerio Público Federal de Brasil reveló que Itaipú falseó datos de los indígenas para no pagar indemnizaciones, y sugiere que esta deuda histórica sea cumplida.
LA INVASIÓN SOJERA Y EL ETNOCIDIO SILENCIOSO
Los asentamientos donde actualmente viven con otros grupos los ava guaraní paranaenses expulsados por Itaipú se encuentran, al igual que la mayoría de las comunidades de Alto Paraná y Canindeyú, y otros departamentos del país, rodeados e invadidos por extensos campos de cultivo de soja.
Los sojales rodean a las comunidades sin la franja de protección que ordena la Ley 3.724 y avanzan dentro mismo de sus territorios a través de acuerdos de arrendamiento que los indígenas son empujados a aceptar, mediante engaños, extorsión o sobornos a los líderes.
Esta mecánica viola lo establecido por la Constitución Nacional y la Ley 752/81 “De los Pueblos Indígenas”, donde el Estado se compromete a proveerles tierras no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas.
Mediante los datos registrados por la Dirección General de Encuestas Estadísticas y Censos (DGEEC) y sistematizadas por la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI), así como el uso de mapas satelitales y referencias del Servicio Nacional de Catastro (SNC), así como el reporteo en la zona, comprobamos que sojales invaden las tierras que deberían ser de uso exclusivo de las comunidades. Los empresarios sojeros consiguen avanzar con una mecánica ilegal e inconstitucional.
Los cultivos traen graves enfermedades provocadas por los agroquímicos, según el relato de los propios nativos y otros testigos, y acorde a los últimos estudios científicos respaldados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), institución pública autárquica, de composición mixta, dependiente de la Presidencia de la República del Paraguay.
El profesor Simón Oviedo Villalba, supervisor administrativo y pedagógico de las escuelas indígenas de los distritos de Itakyry, Minga Porá y Mbaracayú, señaló que la presencia de agroquímicos está afectando la salud de la gente y que un problema grave era el suicidio de los jóvenes a través de la ingesta de los plaguicidas.
“Muchos niños nacen con malformaciones, otros mueren a consecuencia del envenenamiento con agroquímicos dentro de las comunidades. Los venenos que se utilizan son muy peligrosos, ya tuvimos muchas muertes, algunos tienen problemas familiares y económicos y utilizan el veneno para sacarse la vida, ya que tienen ahí a lado”, dijo.
El último Censo Indígena realizado en el año 2012 señala que observaron graves problemas provenientes de los alquileres de tierra a terceros para el cultivo de soja y ganadería preferentemente, y la apropiación indebida por parte de agro empresarios y campesinos. También habla de la contaminación de sus fuentes de agua causada por la fumigación con agroquímicos que coincide con el mapa de cultivo de la soja[4].
El Informe “Con la Soja al Cuello 2018” de la organización BASE IS, también señala el fenómeno del alquiler de tierras indígenas como algo que va en aumento con el correr del tiempo y cuestiona la desidia del Estado, que favorece a los agroproductores.
“El alquiler de tierras indígenas de carácter inconstitucional, con todas las consecuencias negativas y lesivas que se han citado más arriba, ha aumentado en proporción y afectación a las comunidades indígenas, ratificando la discriminación estructural hacia su población y favoreciendo los privilegios e impunidad de los sectores del agronegocio, partícipes de tal explotación ilegítima y desmedida de los recursos naturales y humanos”, señala.
Conforme al estudio que realizaron Rodrigo Villagra, Marcelo Bogado y Rafael Portillo de 509 comunidades indígenas de todo el país, 189 alquilan sus tierras, estimadas en unas 22 mil hectáreas para el cultivo de soja[5].Esto implica que el 37% de las comunidades indígenas de todo el país tienen cultivos de soja en sus tierras.
En zonas de mayor presencia del agronegocio, como Alto Paraná, donde se encuentran los avá guaraní paranaenses expulsados por Itaipú, el porcentaje de comunidades que dan en alquiler sus tierras para cultivar soja es del 60%.
Esta cruda realidad de los pueblos indígenas en general y de los expulsados por la Itaipú en particular, muestra la imperiosa necesidad de que las instituciones del Estado paraguayo y la propia hidroeléctrica binacional, asuman sus responsabilidades históricas y cumplan con las leyes vigentes, garantizando una vida digna a los pueblos originarios y poniendo límites a las empresas del agronegocio y sus abusos.
[1] Mares de Souza, Carlos Federico. 2016, “Os Ava Guaraní no Oeste do Paraná”, Curitiba, Letra da Lei, pág 303.
[2] Fogel, Ramón y otros. “Investigaciones Históricas, Socioculturales y Arqueológicas del Área de Itaipú”, Archivo de Itaipú, Asunción, 1975.
[3] Barón, Mariblanca. “Los ava guaraní paranaenses. Un etnocidio sistemático”, CEADUC, Asunción, 2017.
[4]http://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/investigacion%20tematica/Tierra%20y%20territorio.%20Fundamentos%20de%20vida%20de%20los%20pueblos%20indigenas.pdf
[5] “Alquiler de Tierras y Territorio Indígena”. Villagra, Rodrigo y otros,
Este es un trabajo realizado por Roberto Irrázabal periodista de Última Hora (ÚH), en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas del ICFJ en alianza con CONNECTAS.
