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Un club privado y dos condominios o country club de lujo ocupan de manera ilegal las tierras de la gigante hidroeléctrica Itaipú binacional en el lado paraguayo. Estas tierras deberían ser bosques de protección del embalse, según lo establecido por la ley 752/79, que en su artículo séptimo dice: “Los bosques y las demás formas de vegetación natural existentes en el área delimitada y comprendida entre la cota 225 y la línea poligonal envolvente, serán de conservación permanente”.
Otros clubes instalados en tierras de Itaipú en el lado paraguayo fueron desalojados durante los años del gobierno aliancista (2008-2013). En el lado brasilero, también se observan varios clubes instalados sobre su franja de protección, llamada Área de Preservación Permanente de Itaipú.
Empresarios poderosos y políticos lograron, con contratos de comodato en algunos casos, en otros sin papel alguno, ocupar las tierras expropiadas por la Itaipú, violando la ley de expropiación citada, así como otras leyes ambientales.
Estas aguas y tierras, donde vivieron hace menos de 40 años un total de 38 comunidades indígenas, hoy son territorios prohibidos a los nativos, pero no así para clubes privados que realizan deportes náuticos y concursos de pesca.
En el capítulo anterior de esta serie revelamos 261 puertos clandestinos que ocupan tierras de la binacional, y en esta tercera entrega del trabajo ÚH, realizado con el apoyo de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación del ICFJ en alianza con Connectas, revelamos los clubes y condominios privados que ocupan ilegalmente la franja de bosques de protección de Itaipú.
CLUB NÁUTICO HERNANDARIAS
En el distrito de Hernandarias, en el departamento de Alto Paraná, a sólo tres kilómetros de la usina hidroeléctrica y en tierras de Itaipú, se encuentra el Club Náutico Hernandarias, que ocupa de manera ilegal parte del Área Prioritaria de Itaipú.
A pesar de explotar el lugar hace 23 años, este negocio privado no cuenta con ningún tipo de contrato legal de la binacional para ocupar estas tierras, deforestarlas para construir sus instalaciones encima y utilizarlas como club privado con fines lucrativos.
El emprendimiento privado ocupa un predio de unas 20,5 hectáreas, a lado de la Costanera de Hernandarias. Cuenta con piscinas, canchas, quinchos, salones de evento, playas y muelles, entre otras instalaciones, y es conocido por sus concursos de pesca, de deportes náuticos y su escuela de vela.
Para pertenecer al Club Náutico Hernandarias uno debe solicitar su admisión presentando documentos como antecedentes policiales y judiciales, entre otros, ser admitido por un Consejo Evaluador, y luego abonar la suma de G. 5 millones como matrícula (1.000 dólares) y luego G. 50 mil mensual (10 dólares).
Hoy cuenta con 1.545 asociados, y no paga ningún tipo de tributos a la Itaipú o la Municipalidad, según reconoció su propio presidente actual y también el primero en su historia, Nelson Santiago Boggino Villalba.
El proyecto inició en el año 1996 con 12 personas, entre ellas, el ex intendente de la ciudad de Hernandarias Arsenio Mallorquín, perteneciente al Partido Colorado, según Boggino Villalba. ¿Cómo lograron obtener permisos para un emprendimiento privado en tierras públicas? Fue a través del ex concejal colorado Celestino González, según dijo.
González logró que el entonces director de Itaipú, Miguel Luciano Jiménez Boggiano (1993-2001), se lo traspasara a la Municipalidad de Hernandarias, pero no se firmó ningún documento legal al respecto, según reconoció.
Boggino Villalba dijo que desde el año 1998 solicitaron a la Itaipú firmar un contrato de comodato para poder utilizar el predio de manera legal, pero hasta la fecha no se concretó.
En base a documentos de la Itaipú analizados, el contrato de comodato de cesión de inmueble es una figura jurídica que aplica la binacional en ciertos casos para ceder parte de su propiedad, cuyo criterio es que sea “solo para instituciones oficiales o entidades sin fines de lucro, o cuando se realice por interés y en beneficio de la Itaipú”.
La Itaipú rechazó el pedido de uso o renovación de uso de sus tierras dentro del Área Prioritaria a varios solicitantes, sobre todo en la época del gobierno aliancista. Entre ellos, a varios clubes de políticos y empresarios, un grupo scout que pretendía una hectárea, y al puerto privado “La Paz”, explotada por las firmas Ranchos del Iguazú SA y Pax Thien SA desde el año 1995.
“Consideramos que al ser área protegida la petición debe ser rechazada, y así mantener desocupada el área que, por su ubicación estratégica, requiere de sumo cuidado a los efectos de evitar posibles daños al Área y la represa en sí”, señala el criterio jurídico emitido por el abogado de Itaipú Augusto Gernhoffer Núñez en el año 2009.
A pesar de su condición ilegal, este club firmó un convenio de cooperación con la directora del Parque Tecnológico Itaipú (PTI), María Teresa Peralta, durante la presidencia del gobierno colorado de Horacio Cartes (2013-2018). En 2016 realizaron un sudamericano de pesca con Itaipú y actualmente promueven otro concurso de pesca.
SANTA HELENA COUNTRY & MARINA CLUB
A 9 kilómetros de la represa hay otro club que ocupa parte de las tierras de Itaipú: el Santa Elena Country & Marina Club, perteneciente al grupo Paraná Country Club. Fundado en 1980 por una elite de empresarios, explota el lugar a través de Tesa Inmuebles SA.
La empresa obtuvo un contrato de comodato en 2006, bajo la administración del entonces director paraguayo de Itaipú Víctor Luis Bernal Garay, quien fue nombrado por el entonces presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos (2003-2008), del Partido Colorado.
El emprendimiento privado es un barrio cerrado de lujo promocionado como “complejo urbano turístico y ecológico”, aunque deforesta las tierras de la binacional que bordean el río. Ofrece terrenos desde 1.000 m2 a 2.500 m2 a cuotas de USD 1.000 dólares mensuales y lotes quinta o granja de 3.500 a 7.500 m².
En 2011, abogados de Itaipú cuestionaron a la empresa por talar árboles y construir sobre la franja de protección del embalse y descubrieron además que poseía un puerto clandestino, pero la firma aún sigue impune explotando el área. Contra lo que indica la ley 752/79, la propiedad había sido cedida en comodato en el 2006 para acceso al río Paraná. Pero contrario al contrato, habían levantado construcciones en el área cedida, por lo que fue cuestionado posteriormente por el gobierno aliancista de Fernando Lugo.
“Se constató nuevamente que los mismos (los propietarios de la empresa) ingresaron en la Poligonal Envolvente de la Entidad, a través de caminos internos, construcción de parrillas y churrasqueras y explotación de un puerto clandestino, en un área que abarca aproximadamente 90 hectáreas”, señala el informe de la intervención.
“Esta es una discusión que venimos sosteniendo desde el 2008, porque el contrato de comodato que Santa Elena firmó con Itaipú solo les autoriza a usar dos fracciones, una de 1,5 hectáreas y otra de casi media hectárea, para acceder al lago, no para construir allí instalaciones, pero ellos han violado ese acuerdo y han construido unas playas, un parque, un quincho, un muelle, entre otras instalaciones”, fueron las declaraciones del abogado de Itaipú Augusto Gernhoffer, tras la intervención.
La Itaipú trató de llegar a un acuerdo con la empresa en 2011 para que retire las construcciones en el área de la franja de protección. Además, los abogados de la binacional corroboraron con funcionarios de la Secretaría del Ambiente (SEAM) que el emprendimiento no contaba con licencia ambiental para los trabajos que realizó, requisito establecido por ley.
Sin embargo, a la fecha, la empresa no se adaptó a lo establecido en el contrato, no demolió las construcciones dentro de la franja, y sigue explotando las tierras de Itaipú, lucrando en dólares aprovechando las tierras públicas.
Los lotes de 1.475 metros cuadrados de este condominio de lujo cuestan USD 50 mil, y no es el único condominio de lujo que aprovecha la franja de protección de Itaipú.
COSTA DEL LAGO
Otro barrio cerrado de lujo que afectó parte del área de protección de Itaipú en Hernandarias es el condominio “Costa del Lago”, explotado por Corporación La Esperanza S.A. y Raíces Real States. El dirigente colorado y actual titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Edgar “Beto” Melgarejo Ginard, es uno de los directivos de esta firma.
Este emprendimiento de 371 hectáreas, ubicado a poco más de 7 kilómetros de la usina hidroeléctrica, fue denunciado por la binacional en 2012 por delitos ambientales que afectan la zona de la Reserva Tati Yupi.
Concretamente, en ese año, la empresa tamponó y rellenó con tierra una franja de una hectárea, de un humedal de 50 hectáreas, sin permiso del Secretaría del Ambiente (Seam) y violando leyes ambientales, además de invadir parte de la franja de Itaipú.
Las normativas ambientales violadas están comprendidas en la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y el decreto 14.281/96 que la reglamenta, al igual que la Ley 3.239/07 de los Recursos Hídricos del Paraguay, que en sus artículos 29, 30 y 31, habla “De la Conservación y Manejo de Humedales”, reconociendo su gran importancia para la sociedad, su conservación y manejo, así como sus funciones.
“La protección y, en caso necesario, la restauración de los humedales será uno de los medios de mantener el suministro de agua para diversos usos del ser humano”, finaliza el texto del artículo 31 de dicha ley.
En 2012, el fiscal ambiental Gustavo Sosa constató a través de un sobrevuelo en la zona y un informe del perito ambiental de la Secretaría del Ambiente (Seam) la desecación de humedales colindantes con el refugio biológico Tati Yupi, por lo que abrió la causa Nº 4600/12 y allanó el local.
“La construcción de caminos internos, con taponamiento de cursos de agua por parte de la empresa, es otra de las irregularidades detectadas por los intervinientes, que se exponen a una millonaria multa de acuerdo a los establecido por la Ley 716/96 ya que comenzaron la obra sin tener licencia ambiental que exige la Ley 294/93 y la 3239/07 de Recursos Hídricos”, señaló la Dirección Jurídica de Itaipú.
La Ley 716/96 “Que sanciona delitos contra el medio ambiente”, señala en su artículo cuarto, inciso d, que serán sancionados con penitenciaría de tres a ocho años y multa de 500 (quinientos) a 2.000 (dos mil) jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas, los que realicen obras hidráulicas tales como la canalización, desecación, represamiento o cualquier otra que altere el régimen natural de las fuentes o cursos de agua de los humedales, sin autorización expresa de la autoridad competente y los que atenten contra los mecanismos de control de aguas o los destruyan.
La empresa fue multada por la Secretaría del Ambiente a pagar 350 jornales mínimos, unos G. 22 millones (USD 3.550) y a adecuarse a las normativas ambientales vigentes en un plazo de 10 días. Sin embargo, igual continuó con las obras, y construyó encima del humedal una laguna artificial de casi 23 hectáreas, y sigue avanzando sobre el resto del humedal construyendo caminos encima.
Pese a las leyes de protección, la empresa presentó su Relatorio de Impacto Ambiental a la Seam recién en 2017, años después de culminar la obra, y sin mencionar al humedal.
POLÍTICOS INVASORES
Entre las acciones que llevó adelante la Dirección Jurídica de Itaipú durante el gobierno aliancista de Fernando Lugo en Paraguay (2008-2012), varios clubes, puertos y emprendimientos privados, especialmente en el área 6 de Hernandarias, fueron recuperados. Una buena parte de ellos estaba en manos de políticos del Partido Colorado que explotaban ilícitamente las tierras de Itaipú.
Uno de estos casos es el del ex diputado colorado de Alto Paraná Benito “Tito” Abadíe Vinader, fallecido en 2010, quien explotaba ilegalmente un puerto a metros de la usina hidroeléctrica. Abadíe Vinader era cercano al ex presidente de la República Nicanor Duarte Frutos (actual titular de la Entidad Binacional Yacyreta) y decía ser primo del también ex presidente Juan Carlos Wasmosy.
Otro caso tiene que ver con el ex gobernador colorado de Alto Paraná, Jotvino Urunaga, quien también operaba ilegalmente un puerto clandestino en el área 6 de Hernandarias, a metros de la represa, en el lugar denominado Puerto La Paz.
El mismo fue denunciado por Itaipú en 2009 junto al general retirado Abel Omar Guerin y Saturnino Santos Acosta, y fueron imputados en 2011 por la fiscala de Hernandarias, Zunilda Martínez, por el delito de “Intervenciones Peligrosas en el Tráfico Aéreo, Naval y Ferroviario contra la seguridad de las personas”.
Se constató el uso del puerto citado y de una barcaza de aproximadamente 30 metros de longitud, ocho metros de ancho y con doble fondo y varias planchuelas, que el 21 de julio de 2010 casi se estrella contra la represa por fuertes vientos.
RESPUESTA DE ITAIPÚ
Los abogados de la Itaipú Binacional del lado paraguayo señalaron que la nueva administración del director Alberto Alderete realizará una revisión de la situación legal de los contratos de comodato para cesión de terrenos de Itaipú, ya que la mayoría fueron otorgados por gobiernos anteriores bajo condiciones que serían irregulares y hasta ilegales.
Existen informes técnicos de la binacional que negaron solicitudes de uso del área prioritaria del embalse, pero según los abogados, la misma no tiene protección jurídica.
“La propia costanera se está construyendo dentro del área prioritaria, hay muchas instalaciones, pero como te digo, no tengo yo un retorno o una información sobre qué evaluación se va a hacer al respecto y cómo se van a definir esas cesiones, pero las zonas protegidas están aguas arriba y se protege con otro nivel de rigor, porque tienen otro estatus jurídico también”, indicó Oscar Bogado, abogado de la Dirección Jurídica de Itaipú.
“Desde el año 2000 en adelante, muchas acciones se llevaron adelante en esa zona vinculada a la Poligonal Envolvente, en donde hubo incursiones ilegales y actividades productivas en situación irregular. Esto motivó la presentación de acciones legales, inclusive operativos… eso se está haciendo hasta ahora”, explicó Enrique Cañiza, abogado del área Derecho Ambiental de Itaipú, reconociendo que muchas de estas acciones no están teniendo éxito, pero resaltando que otras sí.
Al caos que reina sobre las tierras de Itaipú con puertos clandestinos, clubes privados y condominios de lujo se suman otras invasiones que convirtieron los bosques de protección de la hidroeléctrica Itaipú en inmensos campos de soja o pasturas para ganado.
Este es un trabajo realizado por Roberto Irrázabal periodista de Última Hora (ÚH), en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas del ICFJ en alianza con CONNECTAS.
