La transacción se hizo a través de la firma Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), con la que Peñalosa tuvo cercanía.  En el formulario de registro de la operación, el analista anotó: “El cliente Enrique Peñalosa es amigo del Dr. Alemán (un reconocido abogado que es dueño de la firma panameña)”. Según documentos revelados por International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) en su informe Pandora Papers, estudiados en Colombia por la alianza periodística de El Espectador y CONNECTAS, la compañía se inscribió el 21 de julio del 2008 y Alcogal fue su agente residente. El nombre de Enrique Peñalosa no figuró públicamente.

Al interrogante sobre el propósito de esta empresa, el exalcalde Peñalosa contestó que la adquirió “para servir de entidad dedicada a la prestación de servicios de consultoría sobre desarrollo y planeación urbana a nivel internacional”, pues esa ha sido durante más de 20 años su actividad económica primordial. El exalcalde de Bogotá afirmó que, en términos fiscales, resultaba más eficiente prestar estos servicios desde una compañía por fuera de Colombia. “La deducibilidad de gastos de taxis en Karachi u hoteles en Chennai era más sencilla con una base en Panamá, por ejemplo”, agregó el exalcalde de Bogotá.

Entre enero de 2009 y mayo de 2013, la presidenta de la firma Limetree Investments de Enrique Peñalosa constituida en Panamá fue Alexandra Rojas Lopera, que trabajó en la Secretaría de Hacienda de Bogotá durante su primera alcaldía. Él asegura que la relación profesional entre ambos se mantiene hasta hoy. Según recuerda Alexandra Rojas Lopera, el propósito de Limetree Investments fue “establecer, tramitar y llevar a cabo los negocios de una compañía inversionista; comprar, vender y negociar en todas las clases de artículos de consumo, acciones, bonos y valores de todas clases; comprar, vender, arrendar o de otro modo adquirir o enajenar bienes raíces”.

Rojas Lopera renunció a la presidencia y representación legal de Limetree Investments, en mayo de 2013. La reemplazó Carlos Alberto Sandoval Reyes. Economista, de amplia trayectoria, secretario de Hacienda de Bogotá entre 1998 y 2000, es decir, jefe de Alexandra Rojas Lopera. El exsecretario Sandoval Reyes fue el presidente de Limetree Investments S.A., hasta que dejó de existir en 2015. A diferencia de Enrique Peñalosa, su nombre sí figuró en los registros públicos de la empresa en Panamá. Consultados por esta alianza periodística, tanto Rojas como Sandoval negaron haber recibido pagos u honorarios de Limetree Investments S.A.

Limetree Investments S.A. no fue la única empresa de Peñalosa en Panamá. En agosto del 2012 también creó Urban Vision & Strategy que, según el formulario de debida diligencia, se creó para “asesoría a entidades gubernamentales, empresas privadas u ONGS en todo lo relacionado al urbanismo y la movilidad urbana”. De acuerdo con el exalcalde, el objetivo fue “montar una empresa más grande de consultoría, con un grupo significativo de colaboradores y asociados y no simplemente como mi actividad individual”. Pero el proyecto no funcionó y, como las dos empresas tenían propósitos similares, Urban Vision & Strategy absorbió a Limetree Investments en agosto del 2013. Luego fue disuelta en diciembre de 2015.

Pese a no pagar honorarios a sus presidentes, según el testimonio de ellos mismos, la empresa Limetree Investments asentada en Panamá sí desarrolló una actividad económica. La última de esas acciones de la que quedó registro no fue propiamente de trabajo de consultoría sobre desarrollo o de planeación, sino para una directa inversión en Colombia. Así lo revela el acta de la junta directiva de Urban Vision & Strategy, en la que se decidió disolver la compañía y se mencionó su único activo: una deuda de la empresa colombiana Urbanismo Estratégico S.A.S. En el acta de disolución de la sociedad offshore se lee textualmente:

“Cuenta por cobrar a favor de la sociedad URBAN VISION & STRATEGY S.A., acreedor actual, que se origina en la inversión extranjera que hizo LIMETREE INVESTMENTS S.A. El deudor actual respecto a la cuenta por cobrar es URBANISMO ESTRATÉGICO S.A.S., y a la fecha (24 de diciembre de 2015) la obligación es por la suma de QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES, DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL, QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS (COL$571,299,561), equivalente a CIENTO SETENTA Y TRES MIL, NOVENTA Y UN DÓLARES AMERICANOS (US$ 173,091)”.

Según Enrique Peñalosa, “se acumularon algunos excedentes que fueron invertidos en porcentaje minoritario en un proyecto inmobiliario en Colombia”. Todo resultado de las actividades de consultoría que realizó desde 2001. De acuerdo con los registros públicos en Colombia, Urbanismo Estratégico S.A.S fue constituida el 31 de julio de 2013 por Peñalosa y sus hijos, con capital autorizado de un millón de pesos. Cuando se canceló la matrícula de la sociedad, el 3 de septiembre de 2018, tenía activos por 100.828.164,25 millones de pesos distribuidos a su ex esposa que figuraba como única socia. En los registros de esta empresa en Colombia no quedó mención a inversiones inmobiliarias o sociedades panameñas.

Se lee, en cambio, que actuando en representación de la empresa Urban Vision & Strategy S.A., el abogado de Acolgal Edgardo Eloy Díaz confirió poderes especiales a dos litigantes colombianos para que vendieran o enajenaran “la totalidad de los derechos fiduciarios del Fideicomiso Exacta Rosales, en el Proyecto Santalaya, administrado por Alianza Fiduciaria S.A., según contrato Encargo Fiduciario No. 10043100604 firmado el 27 de abril de 2012”. El negocio permitió a la firma acceder al ambicioso proyecto de un edificio al norte de Bogotá, que alardea tener el jardín vertical más grande del mundo y, según los entendidos, tiene una de las fachadas más bonitas de Bogotá.

De acuerdo con Enrique Peñalosa, “estos derechos fiduciarios corresponden a la inversión que hizo la sociedad en el proyecto inmobiliario en Colombia, los cuales fueron posteriormente vendidos”. Insiste en que, al igual que sus amigos, no recibió pagos de honorarios de Urban Vision & Strategy S.A. y/o Limetree Investments S.A. Y también resalta: “declaré en Colombia ante la DIAN mis aportes iniciales a las sociedades mencionadas, de acuerdo con la regulación legal vigente hasta el año en que se liquidaron”.

En desarrollo de la segunda alcaldía en Bogotá a partir de enero de 2016, Alexandra Rojas Lopera, expresidente de Limetree Investments, volvió a ser colaboradora de la administración Peñalosa. Esta vez como gerente de Transmilenio. En enero de 2018 renunció, pero continuó asesorando al alcalde hasta mayo de 2019. Luego pasó a trabajar a WSP Proyectos S.A.S, empresa que, según La Silla Vacía en diciembre de 2019, fue la que más ganó contratos del IDU por concurso de méritos durante la segunda alcaldía de Peñalosa. 

Carlos Alberto Sandoval Reyes fue nombrado vicepresidente de Estructuración y Gerencia de Proyectos de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) en enero de 2016. La FDN es una entidad financiera de economía mixta, conformada como sociedad por acciones del orden nacional, vinculada actualmente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Entre el 11 de agosto de 2016 y el 27 de agosto de 2019, Carlos Alberto Sandoval Reyes ejerció como representante legal suplente de la FDN, según registro de la Superintendencia de Industria y Comercio.

En la segunda alcaldía de Enrique Peñalosa, el economista Carlos Alberto Sandoval Reyes figuró como representante legal en 16 contratos interadministrativos en los que la FDN obró en calidad de proveedor. De estos contratos, 11 fueron firmados con entidades de Bogotá, y seis con la empresa Transmilenio durante la gestión de Alexandra Rojas como gerente. Todos por contratación directa. Los seis contratos celebrados entre Transmilenio en calidad de contratista y la FDN como proveedor, suman 14.524.726.580 billones de pesos. 

Según reportes de las autoridades distritales, la relación entre Transmilenio y la FDN no siempre salió bien. Por ejemplo, el 16 de diciembre de 2016, Transmilenio celebró el convenio interadministrativo CONV369-16 con la Financiera de Desarrollo Nacional, con una duración de tres años, para unir esfuerzos encaminados hacia la reingeniería del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá a cargo de Transmilenio y la estructuración de proyectos para mejorar el servicio al usuario y la sostenibilidad del sistema.

En ese convenio marco, la FDN celebró los contratos de consultoría 001 de 2017 y 002 de 2018 con diferentes uniones temporales. La Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá abrió la investigación disciplinaria número 360 de 2018 a Alexandra Rojas Lopera y otros dos directivos. En el edicto que anuncia la investigación, la Secretaría solicitó a Transmilenio la experiencia acreditada de la FDN en proyectos de reingeniería de transporte masivo. No fue posible conocer más detalles “por no haberse formulado pliego de cargos o decisión de archivo”, según información entregada por la Secretaría Jurídica. El proceso continúa abierto.