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Empresas de la familia de uno de los involucrados en el latrocinio contra el IHSS ganaron licitaciones que fueron subdivididas en violación a la Ley de Contratación del Estado
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Unos 10 empleados y funcionarios del San Felipe avalaron contrataciones fraccionadas
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Impunidad también campea en los procesos de licitación fraudulentos
El Hospital General San Felipe y el Hospital Escuela fraccionaron compras con las que se evadieron licitaciones públicas en favor de una empresa fue parte de la megaestafa contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), y otras empresas pertenecientes a la misma familia.
Se otorgaron 24 licitaciones privadas por el valor global de L. 6.5 millones entre 2009 y 2017 a las sociedades Tecnología Médica Avanzada (Tecma), Grupo Técnico y Rentamedic. Sin embargo, las mismas se pudieron haber ejecutado en ocho licitaciones públicas, según la investigación de Revistazo con apoyo de la fundación Connectas.
En una licitación pública, cualquiera empresa que cumple con los requisitos puede ofertar para proveer un bien o servicio que una institución pública busca adquirir. En cambio, en una licitación privada, la institución pública escoge de dedo a un grupo de empresas específicas, y solo estas pueden hacer una oferta. Investigaciones realizadas por Transformemos Honduras y otros organismos indican que el Estado tiende a pagar un precio mayor para los mismos productos cuando los adquiere a través de una licitación privada en vez de una pública.
Las empresas beneficiadas
Raúl Antonio Alvarado Lagos es el propietario de la empresa Tecnología Médica Avanzada (Tecma), sociedad que vendió ambulancias hechizas y sobrevaloradas al IHSS.
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Las diez ambulancias fueron adquiridas en el 2013, mediante una licitación pública nacional por L. 13 millones de lempiras (L. 1.3 millones por cada uno). El costo real de cada ambulancia era de L. 500 mil, según un dictamen del Tribunal Superior de Cuentas, por lo que la sobrevaloración fue de 7,413, 250 lempiras.
Por este caso fue sentenciado por abuso de autoridad y fraude el exgerente financiero del IHSS, José Bertetty. Se le probó que recibió en sobornos por L. 4.6 millones de sobornos de parte de la empresa Tecma, aunque nunca se especificó quién se los dio.
Mientras, Raúl Alexander Alvarado y Carla Dadila Alvarado, hijos de Raúl Antonio Alvarado Lagos, son propietarios de Rentamedic y Grupo Técnico.
La propiedad de estas empresas fue constatada por Revistazo mediante datos públicos del Registro Mercantil, ubicados mediante una búsqueda con la herramienta digital Empresas Abiertas, desarrollado por este medio.
Busca esta y otras empresas en Empresas Abiertas.
La documentación de estos casos de fraccionamiento se logró con solicitudes de información y revisión del sitio www.honducompras.gob.hn. Aunque la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública obliga a publicar toda la información de los procesos de compras tanto en HonduCompras como en el portal del IAIP, muchos de los documentos tuvieron que ser solicitados en la institución por no estar publicados.
San Felipe fraccionó compra de camillas en dos procesos
En la licitación privada 76-2012, correspondiente al primer trimestre del 2012, el Hospital General San Felipe adquirió dos camillas de traslado de pacientes con barandales marca Hausted, modelo 462, por L. 338 mil. En otra licitación privada, registro 82-2012, que también se realizó en el primer trimestre del 2012, este sanatorio compró el mismo producto por el mismo precio. Ambos procesos se adjudicaron a Rentamedic.
En 2012 y 2011, según la Ley de Contratación de Estado y las Disposiciones Generales del Presupuesto para el 2012, las compras superiores a L. 450 mil se tenían que hacer mediante licitación pública. El valor total de las cuatro camillas fue de L. 676 mil, por lo que las compras de esas camillas se tenían que hacer por licitación pública y no en dos licitaciones privadas.
Hospital Escuela fraccionó compra de microscopios
Mientras, el Hospital Escuela hizo tres licitaciones privadas en 2011 por tres microscopios que adquirió por un valor global de L. 523,173 pagados a Rentamedic. Este valor está por encima del umbral de L. 450 mil, por lo cual la compra se debió hacer mediante un solo proceso de licitación pública.
Con la licitación 191-2011 se adquirió un microscopio doble cabezal marca Motic modelo BAT, 400-MVH2, por L. 174,391, y mediante licitación 195-2011 se compró otro microscopio de la misma marca y modelo y al mismo precio.
La tercera licitación en cuestión fue la 256-2011 que sirvió para comprar microscopio doble cabezal marca Motic modelo BAT400-MVH3, siempre por L. 174,391.
Las órdenes de pago de las tres licitaciones tienen fecha 16 de febrero de 2011, según los archivos de la página www.honducompras.gob.hn.
San Felipe fraccionó compra de electrodomésticos
Otro caso de fraccionamiento sucedió en el segundo trimestre de 2016 cuando el Hospital General San Felipe erogó L. 2.5 millones en la compra de 10 electrodomésticos industriales de distinto funcionamiento y en vez de hacer una licitación pública se realizaron ocho privadas.
Rentamedic ganó tres licitaciones y Grupo Técnico las restantes cinco en la compra de estos 10 electrodomésticos.
Las compras superiores a L. 550 mil se debían de realizar con licitaciones públicas en 2016.
De acuerdo a fuentes consultadas en el Tribunal Superior de Cuentas y de la Oficina Normativa de Compras y Contrataciones del Estado, que hablaron bajo condición de anonimato, cuando hay un mismo “objeto de contrato”, es decir la compra de productos de una misma línea de actividad, se tiene que adquirir en un solo proceso.
Fraccionamiento de compras limita competencia, aumenta precios
En una licitación pública, la invitación a oferentes es abierta, por lo que existe la posibilidad de que hayan muchos participantes y por ende las posibilidades de que se obtengan precios más bajos para el Estado.
Mientras que en una privada se hace invitación directa a no menos de tres interesados, razón la cual, la lista de oferentes se acorta y por ellos los ofertas pueden ser más elevadas.
La Ley de Contratación del Estado establece que una licitación pública se realizará cuando el monto de un bien o servicio a contratar supere un techo fijado en las Disposiciones Generales del Presupuesto, que cada ano cambia de valor.
Las contrataciones que estén por debajo de ese límite, se realizarán mediante licitación privada.
Cuando la adquisición de bienes o servicios deba de realizarse en una licitación pública, pero la autoridad contratante realiza dos o más contrataciones -licitaciones privadas- se considera un fraccionamiento o subdivisión y es ilegal, según la norma.
El artículo 25 de la Ley de Contratación del Estado dice que “objeto de la contratación o la ejecución de un proyecto no podrán ser fragmentados, de forma que, mediante la celebración de varios contratos, se eludan o se pretenda eludir los procedimientos de contratación establecidos en esta ley”.
Sin embargo, esto no ha impedido que, en la práctica, autoridades de diversas instituciones públicas hayan fraccionado las compras para hacer licitaciones privadas. Esto, para invitar a las tres empresas que quieran sin tener un criterio objetivo y sustentado del por qué se las invitaron, evitando una verdadera competencia a favor de los intereses del Estado.
Contrato fraccionado a Tecma
A la empresa Tecma, según los expedientes de contratación, el Hospital General San Felipe, le otorgaron en el segundo semestre de 2010 dos licitaciones privadas – la 78-2010 y la 176-2010 por el suministro de dos máquinas de anestesia humificadora marca Readeagle modelo Ripe-a, a razón de L. 421,728 por cada una. En total, Tecma recibió L. 843,456 por esos dos procesos.
En 2010, las licitaciones superiores a L. 450 mil se realizaban con licitaciones públicas, es decir, cada una de las compras de máquina de anestesia estuvo por debajo de esa cifra, pero al sumarlas superaban ese monto y, en consecuencia, se requerían una licitación pública.
En el caso de los contratos fraccionados en el Hospital General San Felipe, estos fueron avalados por 10 empleados y funcionarios que formaron parte de los las comisiones de evaluación y que, de acuerdo a la Ley de Contratación de Estado, deben ser despedidos.
El artículo 35 de la Ley de Contratación del Estado indica que se despedirá al funcionario por “disponer el fraccionamiento ilegal de las contrataciones para omitir los procedimientos de contratación previstos en esta ley”.
Las empresas Tecma, Grupo Técnico y Rectamedic también están involucradas en sobrevaloración de unos productos comprados por unos L. 4 millones en el Hospital General San Felipe y el Hospital Nacional Cardiopulmonar (Tórax).
El IHSS fue saqueado por exfuncionarios que, mediante contratos sobrevalorados, transferencia ilícitas internas y otros genero una pérdida de L. 6,399 millones.
Existen 47 personas procesadas judicialmente por el latrocinio contra el IHSS, de las que…..están sentenciadas, mientras otras…..se encuentran prófugas. A pesar de su papel en el caso, el propietario de la empresa Tecma no ha sido objeto de procesos penales ni civiles por la venta de ambulancias hechizas y sobrevaloradas al IHSS.
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