Unos árboles añosos tapizan el frente de la casa de la familia Rendón. Adentro, en el patio, Marino Carlos desempolva cientos de recibos de nómina que guardó durante años en bolsas de plástico y que no le sirvieron ni para asegurarse una liquidación. Él trabajó durante 21 años en el campo El Pañuelito en la Costa de Hermosillo (norte de México) y hace tres años lo despidieron porque era demasiado viejo para seguir laborando como jornalero. En las hojas amarillentas se puede observar que su patrón nunca le descontó las cuotas correspondientes al seguro social, lo que no le negó el derecho a una pensión garantizada por el Estado.
El hombre de manos surcadas por las arrugas cuenta que los paquetes con las constancias salariales las llevó al sindicato local para demostrar su relación laboral, pero ahí le dijeron que no lo podían ayudar, pese a que cada semana le descontaban un porcentaje de su sueldo por concepto de “cuotas sindicales”. Desde entonces se resignó a buscar otro empleo.
Don Marino logró comprar a pagos módicos una humilde vivienda en el Poblado Miguel Alemán (40.000 habitantes), una comunidad de la costa ubicada a una hora de Hermosillo, la capital de Sonora. Ahí, en espera de una vida mejor, sobrevive con su esposa, sus dos hijos y sus cinco nietos.
Su vivienda, donde siembra chiles, tomates y plátanos, está sobre una calle sin pavimentar, de la que serpentean cables por donde los vecinos jalan electricidad de manera clandestina. Está a las orillas del pueblo y a unos metros de ahí hay una laguna de aguas negras. No tienen agua entubada ni drenaje.
Actualmente labora en otro campo agrícola recogiendo basura, una labor que no es totalmente de su agrado, pero por su edad, es de las pocas opciones que le deja el campo para trabajar.
“Nunca tuve seguro social, ni liquidación, pensión ni nada”, dice el hombre de huesos largos. Frente a él, sentado en el piso de tierra, lo observa uno de sus nietos, un pequeño de rostro triste y pelos tiesos.
El hombre de 71 años pasó dos décadas de su vida haciendo productivas unas tierras que no eran de él, donde llegó a tener un sueldo de 180 pesos (unos 10 dólares) diarios.
“Era pesado, no podías descansar, para comer te daban de descanso 30 minutos y vámonos a trabajar”, cuenta pausadamente en el patio de su casa. Afuera la tarde se consume en tonalidades cobrizas.
En esta localidad, envuelta eternamente en una nube de polvo, las temperaturas en verano alcanzan los 45 grados, y el trabajo en el campo se vuelve uno de los más complicados y extenuantes. “La gente se desamaya por el calor y nos tienen que dar sueritos para que aguantemos”, dice con ese pesar de los años sobre los hombros.
Marino y su familia son originarios de Guerrero (sur del país) y llegaron a trabajar a la costa de Hermosillo, una de las zonas agrícolas más importantes de Sonora, donde se quedaron a vivir. A esta región llegan cada año unos 35.000 jornaleros de otros estados del país a trabajar en unos 200 terrenos agrícolas de la zona. Una parte de ellos se recluye en los campos en galeras divididas en pequeños cuartos construidos de láminas de cartón, lonas o bloques de cemento. Ahí suelen vivir hasta diez personas en un pequeño espacio, con escasos sanitarios, regaderas y lavaderos.
Esta zona, una de las regiones más pobres de Sonora, actualmente aloja a familias completas que han decidido migrar desde Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla o Veracruz.
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El pañuelito
El Pañuelito, donde trabajaba don Marino, es uno de tantos campos que posee la familia Ortiz Ciscomani, una de las más ricas y poderosas de Sonora que controlan al menos trece empresas agropecuarias, según las escrituras consultadas en el Registro Público del Comercio. El campo ubicado en la Costa de Hermosillo había sido denunciado por la Secretaría del Trabajo y Prevención Social (STPS) desde el 2006 por las malas condiciones laborales.
Uno de sus dueños es Héctor Ortiz Ciscomani, quien fungió como secretario de agricultura y ganadería en Sonora de 2009 a 2015. Actualmente es investigado por la Fiscalía Anticorrupción del Estado y por las autoridades federales por haberse aprovechado de su cargo público para beneficiar a sus empresas y las de su familia con unos 30 millones de pesos (1,6 millones de dólares) provenientes de recursos públicos y que eran parte de los programas que subsidian la compra de maquinaria, insumos e infraestructura agrícola. En agosto de 2016 fue detenido en el aeropuerto de la Ciudad de México.
Carlos Navarro López, exdiputado local (2012-2015), cuenta que en una comparecencia del entonces secretario ante la legisladora se le cuestionó un faltante por comprobar de 60 millones de pesos en la dependencia que dirigía. “Uno de los gastos fue para trasladar unos caballos. Yo le cuestioné cómo en un Estado con grandes carencias usas el dinero para trasladar caballos que van a usar los ricos en sus cabalgatas”, dice en entrevista con este medio.
Ortiz Ciscomani no tenía experiencia en los cargos públicos, toda su vida había sido empresario agropecuario, dice el político del PRD (izquierda). “Pudieron enriquecerse porque había complicidad con quien gobernaba (Guillermo Padrés, actualmente preso por corrupción) y actuaron impunemente durante seis años”, manifiesta.
Los campos de los Ciscomani fueron de los primeros en establecerse en la Costa de Hermosillo y sus empresas son de las más importantes en la zona. Las denuncias sobre las malas condiciones laborales que les dan a sus trabajadores no son nuevas.
Cirilo Bautista, líder de los indígenas triquis en esa zona, asegura que las quejas más fuertes se deben a que reclutan a menores de edad para trabajar en la pizca. “Nosotros fuimos a hablar con los dueños del campo y nos lo negaron, pero en el recorrido preguntamos y encontramos a menores de 12, 14, y16 años”, cuenta.
Los propietarios de los campos se aprovechan de que las personas tienen necesidad económica y por eso permiten que sus hijos trabajen, dice. “En El Pañuelito meten a los niños porque aguantan más el calor, tienen más fuerza, se cansan menos y son más rápidos que los adultos”, menciona el dirigente.
A los patrones además les conviene contratar jornaleros eventuales porque así no los inscriben en el seguro social. “Ellos llegan y los explotan, hay guardias privados y no los dejan salir. Lla gente está casi secuestrada ahí”, afirma.
El cacicazgo en el campo
La tierra y el agua en pocas manos
La vida en Pesqueira transcurre con esa pasividad de los pueblos de antaño. Cuando el sol se desdibuja detrás de los campos verdosos, las personas se encierran en sus casas para esperar la jornada que iniciará la madrugada del día siguiente. El poblado (5.700 habitantes) está rodeado en su mayoría de grandes viñedos. Esta zona –ubicada a unos 30 minutos de la capital sonorense-, junto a Caborca y la Costa de Hermosillo, son las principales regiones vinícolas del Estado y colocan a Sonora como el principal productor de uva de mesa en México.
En Pesqueira los habitantes enumeran con familiaridad a los dueños de los campos: Lemenmeyer, Castelo, Camou, Molina, Mazón, y un puñado de apellidos que enmarcan el nombre de las familias más ricas de Sonora, donde la agricultura y la ganadería son dos de los pilares económicos fundamentales.
María, una oaxaqueña menuda, trabaja en una empresa de la zona. El año pasado pizcó en el campo El Benny. Este año decidió cambiar de patrón porque en el otro la comida no era buena y el pago tampoco. Además, cuenta, un día se desmayó a causa del calor y le descontaron el día. “Me tuve que ir a recostar debajo de un árbol y a tomar suero, pero ya no pude trabajar”, expone.
Aunque ya había laborado unas cinco horas le descontaron el día completo. “En las galeras donde estaba una de mis amigas no tenían ni abanicos porque el aparato ese que tenían para enfriar se descompuso y estaban toda la noche echándose agua”, dice la joven oaxaqueña.
El Beny, donde trabajó María, es uno de los campos de Negocio Agrícola San Enrique (NASE), una empresa con campos en Sonora, Sinaloa y Baja California Sur, que surgió en 1994 tras la firma del Tratado de Libre Comercio de México con EE UU y Canadá. En poco más de dos décadas pasó de tener una extensión de cultivo de 50 a 2.500 hectáreas, el equivalente a la delegación Benito Juárez, una de las 16 demarcaciones que componen la Ciudad de México. Sus productos —tomate, nuez, fresa, zarzamora, chiles pimientos y uva de mesa— llegan a países de América, Asia y Europa. Además en nueve años recibió 15 millones de pesos (unos 845.000 dólares) provenientes de subsidios gubernamentales.
El progreso económico y los millonarios ingresos que le dejan los productos de exportación no se ha visto reflejado en brindarles mejores condiciones laborales a sus empleados. Los campos de Negocio Agrícola San Enrique, tanto los de Sonora, como los de Baja California Sur, han sido objeto de visitas de inspección por parte de personal de la Secretaría del Trabajo federal al tener conocimiento de posibles violaciones a la legislación laboral.
En las revisiones documentales y en los recorridos los inspectores de la STPS han asentado en las actas un sinfín de irregularidades que van desde no contar con extintores ni con equipo de primeros auxilios hasta mantener hacinados a los trabajadores en un solo cuarto.
En una de las visitas a uno de los campos de la Costa de Hermosillo se encontró que a los jornaleros no se les brindaban sombreros ni gorras para protegerse del sol, se observó suciedad y cacharros en las galeras donde dormían los empleados, mientras que en los sanitarios no existían divisiones para garantizar la privacidad entre hombres y mujeres, y tampoco se contaba con áreas higiénicos para el consumo de alimentos, según las actas de inspección obtenidas mediante la ley de transparencia. En el campo de Pesqueira no había enfermería ni medicamentos, mientras que en los dormitorios no había extintores ni aparatos de climatización para amortiguar el calor.
La STPS ha emitido unas 313 medidas a corregir en materia de seguridad e higiene tan sólo para los campos de Sonora, entre noviembre de 2008 y diciembre de 2016. En algunos de los casos se han resarcido las anomalías, pero en otros el área jurídica de la secretaría ha iniciado procedimientos sancionatorios en contra de la compañía por incumplir la legislación laboral.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizó en 2016 una investigación tras recibir una queja de explotación laboral en un campo de San Enrique, en el valle del Vizcaíno (Baja California Sur). “La quejosa manifestó que su hermana se comunicó para decirle que estaban trabajando más de ocho horas, que no les pagaron lo prometido, que la comida no es suficiente y los mantienen custodiados por 40 elementos al contorno de la zona, que hay una tienda que pertenece a la finca y todo lo dan muy caro. El lugar está enmallado y lo único que alcanzan a ver es arena, como si fuera un desierto”, se asentó en el documento. En el expediente de denuncia entregado a este medio tras realizar una solicitud de información, la CNDH logró que la empresa les pagara a las trabajadoras el autobús de regreso a su tierra, en un pueblo de Oaxaca.
En Pesqueira los campo El Sol y el Benny son muy conocidos. En las entrevistas recogidas, los jornaleros que han trabajado ahí coinciden en que no todos cuentan con prestaciones sociales y las jornadas de trabajo son de más de ocho horas por el mismo salario. Las condiciones de vida de los jornaleros indígenas que traen cada año del sur, son las peores. “Son bien negreros y sólo les dan media hora para comer”, cuenta una jornalera que omitió su nombre por seguridad.
Òscar Wendlant Morales, trabajó durante nueve años en el Beny como supervisor de cuadrilla. Un día el mayordomo lo despidieron sin darle el finiquito que le correspondía por ley y sin mayores explicaciones. “Nosotros demandamos para pelear lo justo, jamás tuvimos utilidades ni aguinaldo ni Infonavit (fondo de vivienda), a pesar de que no éramos eventuales como la gente que traen del sur”, asegura el sonorense de 43 años. Su demanda continúa atorada en la delegación de la Secretaría del Trabajo. Aunque se buscó la postura de la empresa, no hubo respuesta.
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Una familia ligada al poder
El Negocio Agrícola San Enrique (Nase) fue constituido por don Enrique Mazón López, uno de los empresarios más pudientes de Sonora. Él y su hermano Gustavo (ambos fallecidos) heredaron un emporio que sus hijos se han encargado de potencializar. Su grupo empresarial, uno de los más fuertes en el noroeste de México, tiene una antigüedad de más de medio siglo y aglutina a cerca de 50 empresas del sector inmobiliario, minero, tecnológico y de telecomunicaciones. Tienen granjas acuícolas, huertas nogaleras, hatos lecheros, parques industriales, negocios turísticos, desarrollos residenciales y compañías de construcción, según actas consultados en el Registro Público del Comercio.
Los Mazón también son dueños del equipo de béisbol Los Naranjeros de Hermosillo. Tienen una fuerte presencia accionaria en Megacable, empresa que se dedica a la prestación de servicios de cable, internet y telefonía y que en 2016 reportó ingresos por 17.000 millones de pesos (unos 910 millones de dólares) a la Bolsa Mexicana de Valores.
La familia Mazón en Sonora es sinónimo de poder económico y político. Dos de los hombres más visibles del grupo empresarial son los primos Ricardo Mazón Lizárraga y Jorge Mazón Rubio. Las revistas de negocios los describen como “filántropos y empresarios”. Ambos han estado detrás de las figuras del poder en Sonora.. En el Gobierno de Eduardo Bours (2003-2009) los dos fueron miembros del comité técnico de Impulsor, un controvertido fideicomiso que pretendía atraer inversión pública para canalizarla a diversos proyectos de infraestructura.
Durante el mismo sexenio de Bours, Jorge Mazón junto a otros empresarios, creó Fundación Sonora, una iniciativa privada apoyada por el Gobierno estatal, que busca generar nuevos negocios mediante la innovación en el sector agroindustrial y que ha recibido donativos de los gobernantes en turno.
Durante la campaña política de la actual mandataria Claudia Pavlovich, la familia Mazón la arropó en su camino a la gubernatura. Mario, hermano de Jorge, le organizó un evento donde invitó a más de 2.000 empleados de las compañías de su familia para que escucharan las propuestas de la entonces candidata del PRI. “Sergio Mazón señaló que la finalidad de la reunión con empleados del grupo empresarial, fue para invitarlos a reflexionar sobre lo que quieren para el futuro del estado”, se reseñó en el boletín de prensa que difundió el equipo de campaña de Pavlovich.
El año pasado, Jorge Mazón fue nombrado por la gobernadora Pavlovich presidente del consejo consultivo de la Comisión Estatal del Agua (CEA), el órgano que se encarga de recomendar y orientar al Gobierno de Sonora en proyectos que mejoren el abasto y la distribución del agua.
Ricardo Mazón en 1991 fue coordinador de finanzas de Manlio Fabio Beltrones (exgobernador de Sonora y uno de los políticos más poderosos del PRI) durante su campaña a la gubernatura de Sonora. Posteriormente también fungió como coordinador de finanzas del entonces candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, según registros hemerográficos. Una de sus sobrinas es actualmente diputada local por el PRI.
El poder de la familia seduce a partidos políticos por igual. En 2013, el alcalde del PAN en Hermosillo, Alejandro López Caballero, presidió un acto para designar un bulevar con el nombre de don Gustavo Mazón. “Es un placer estar en este acto donde se distingue la memoria de un hermosillense ejemplar como lo fue don Gustavo, una persona que me dio mi primer empleo”, manifestó el edil.
La familia Mazón, como el resto de los dueños de los campos en Sonora, ocupa un lugar importante y de poder dentro de la economía estatal. Con el paso de los años han sabido relacionarse y comprender a la clase política, se expone en un estudio hecho por la organización Voces Mesoamericanas sobre los jornaleros migrantes en Sonora. “Han generado una cadena de favores que los posiciona estratégicamente como un cuarto poder con voz y voto al interior de las instituciones del estado. Son reconocidos como figuras de mucho respeto en la sociedad”, se señala en el informe.
Carlos Navarro López, excandidato a gobernador en Sonora, cuenta que la familia Mazón es muy poderosa, pero ninguno de sus integrantes ha ocupado cargos públicos. “Se sabe que están ligados al PRI, que le invierten a ese partido, presumiblemente por su cercanía con quienes gobiernan deben tener alguna ventaja en sus negocios y lógicamente influyen”, agrega.
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La concentración del agua en pocas manos
El poder económico de estas familias —Mazón y Ciscomani— puede explicarse por los privilegios de los que han gozado para acaparar el agua y potencializar sus cultivos de exportación. El desarrollo agrícola en la Costa de Hermosillo —donde ambas familias tienen cultivos— se potencializó tras el descubrimiento de reservas de aguas en el subsuelo y a partir de 1945 comenzó la explotación intensiva del acuífero.
El desarrollo acelerado de la actividad agrícola y la extracción desmedida de agua entre las décadas de los cincuenta y los setenta trajo como consecuencia la degradación del acuífero, explica José Luis Moreno, investigador del Colegio de Sonora, en su libro Por Abajo del Agua (2006). El abatimiento y la intrusión salina afectó a los propietarios más pequeños de la orilla del distrito y sólo los agricultores más pudientes adaptaron las innovaciones para continuar sembrando, expone.
Con el paso de los años un grupo de familias privilegiadas son las que han ido concentrando tierras, pozos y agua, al comprarle a los productores más pequeños sus recursos, explica el especialista en política hidráulica.
El desarrollo de esta zona se debió en buena parte a la infraestructura hidroagrícola que fue constituida por el Estado en apoyo a los grandes agricultores. “Desde su inicio a mediados de la década de 1940, el gobierno federal contribuyó con el apoyo a la perforación de pozos y la creación de infraestructura de generación y distribución de energía eléctrica. A su vez, el gobierno estatal construyó la carretera que promovió el crecimiento de la Costa. En la actualidad, el subsidio a la energía eléctrica es esencial para que continúe la extracción de agua”, destaca Moreno.
En 1994 el Gobierno federal otorgó un título de concesión a los usuarios constituidos bajo la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego 051 para aprovechar el recurso. En el padrón de usuarios, que estaba conformado en su mayoría por el sector privado, los Ciscomai y los Mazón son de los que poseen más pozos.
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Este reportaje fue realizado por Zorayda Gallegos para El País, en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas del International Center for Journalists (ICFJ) en alianza con CONNECTAS
