Por Roxana Romero

En enero de 2017, cuando vieron llegar camiones con tubos, material de construcción y maquinaria pesada cerca del ejido Villahermosa, los agricultores de Mexicali, capital de Baja California, en el norte de México, bloquearon la carretera.

Protestaban porque en esa tierra seca, con lluvias muy inusuales y temperaturas que rozan los 50 grados centígrados en verano, se construiría un acueducto con recursos públicos para una planta que produciría cerveza con destino exclusivo al mercado estadounidense. Para ellos, la empresa Constellation Brands les quitaría la poca agua que riega sus cultivos. 

Su temor estaba bien fundado: la fábrica en cuestión implicaba el consumo anual de 20 millones de metros cúbicos de agua. En su opinión, eso no era buena noticia, aunque anunciara la inversión de 1,500 millones de dólares y prometiera la creación de 750 empleos directos en una ciudad de cerca de un millón de habitantes.

Entre los manifestantes estaba Rubén Pérez Rojas. El acueducto de casi 47 kilómetros empezaría en su parcela hasta llegar al ejido Choropo. Temía que le expropiaran ese terreno de 20 hectáreas donde había sembrado trigo.

Meses más tarde se unirían a las protestas más activistas y productores, entre ellos Luis Rosales Ramírez, agricultor del ejido Michoacán, cuya parcela también padece los estragos de la sequía. En su última cosecha de trigo, a mediados de 2022, según contó, perdió 26 de las 120 toneladas que le garantizarían el sustento de su familia y la nueva siembra. La causa: el agua de riego le llegó a destiempo.

Fue tanto el inconformismo que, ante la petición de los pobladores de Mexicali, la administración de Andrés Manuel López Obrador se involucró en el conflicto. Como solución, organizó una consulta popular el 22 de marzo de 2020, en la que los ciudadanos rechazaron a la cervecera con el 76.1 por ciento de los votos. La obra ya tenía 65 por ciento de avance. Y aunque el resultado no era vinculante, el gobierno federal anunció un plan de “salida ordenada” de la multinacional y la mudanza de su planta al estado de Veracruz, en el sur de México, en un término de 24 meses, porque allá “hay mayor disponibilidad de agua”. 

Hoy, cuando faltan tres meses para que se venza el plazo, Constellation Brands se aferra legalmente a mantener los dos títulos de concesión de agua que quedaron a nombre de su filial BC Tenedora Inmobiliaria S. DE R.L. DE C.V desde 2019. Para ello se amparó contra una resolución de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), entidad que regula el uso de las aguas nacionales en México, en la que declaró la extinción de las concesiones; es decir, que ya habían vencido.

Esta investigación publicada por Vanguardia, Aristegui Noticias, Proceso, Punto Norte Info y CONNECTAS revela que Constellation Brands, a través de su filial, pretende mantener los títulos de concesión: uno para “explotar, usar o aprovechar cauces, vasos, zona federal o bienes nacionales” e instalar la tubería que la abastecería de agua, y otro para descargar aguas residuales. También detalla cómo los procedimientos para la consecución de tales títulos han sido cuestionados y recoge posibles irregularidades como que la empresa comenzó a preparar el terreno para construir su planta en 2016 cuando aún carecía del dictamen o licencia de uso del suelo, necesario para asentar allí su proyecto industrial. 

Un hallazgo adicional es que la “salida ordenada” no está oficializada en documentos, sino que depende de la buena voluntad de Constellation Brands. Este proceso es coordinado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dependencia encargada de garantizar la protección y conservación del medio ambiente en México a través de sus organismos desconcentrados.  

A estas conclusiones se llegó después de revisar más de 100 documentos y analizar respuestas a unas 90 solicitudes de información y una decena de entrevistas.

La multinacional sostiene que está desmantelando el interior de la planta, pero solo ha autorizado una visita de Semarnat para supervisar el avance. La entidad oficial tampoco ha diseñado el plan de restauración ambiental que debería darse con el retiro de la multinacional de Mexicali, según se deriva de las respuestas a solicitudes formuladas, vía transparencia, a Semarnat y  a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) —organismo desconcentrado de Semarnat—.

En medio de esa falta de claridad, la población campesina de la zona involucrada y los activistas que protestaron contra la cervecera están llenos de inquietudes por el futuro de la planta y de las concesiones. 

La disputa involucra a los gobiernos de Baja California y su capital Mexicali y a miembros de diversos colectivos que surgieron en 2017 para defender el agua de su región y que fueron protagonistas de las protestas masivas y de enfrentamientos con la policía. Incluso, en enero de 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en la que se determinó que las autoridades violaron el derecho humano al agua, luego de que Rubén Pérez Rojas y sus colegas agricultores interpusieron una denuncia por la construcción del acueducto de 47 kilómetros que sería de uso exclusivo para la empresa, también conocido como Acueducto Ejido Villahermosa–Mexicali. Algunos todavía resienten las consecuencias legales, pues tienen carpetas de investigación abiertas en su contra.

Constellation Brands pelea para quedarse con el agua

Para dar cumplimiento a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California, entre 2017 y 2019, Constellation Brands cedió a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), de manera gratuita, los derechos de agua de uso agrícola que había adquirido mediante la compra a ejidatarios de la región. La destinataria es el organismo operador de agua en Mexicali y depende del gobierno de Baja California. 

Al mismo tiempo, firmó un contrato con esa entidad en el que la ciudad se comprometió a darle 7 millones de metros cúbicos anuales para la construcción de la planta y su operación en la primera etapa. Más tarde, en agosto celebraron un “contrato de adhesión para la prestación del servicio de agua potable, por un volumen máximo de 15 litros por segundo”.

Entre 2018 y 2019, la CESPM tramitó ante Conagua la inscripción de los derechos de agua a su favor. También le pidió cambiar el tipo de uso de agrícola a público urbano, con el fin de poder redistribuir el excedente entre la población. 

El proceso de cesión de los derechos de agua se realizó sin la autorización de Conagua, por lo que en 2021 esta determinó retirarle ese título de concesión que había utilizado para tender la tubería que le suministraría el agua. En la misma resolución declaró extinto el otro título que tenía la empresa y que la autorizaba para descargar aguas residuales. Lo hizo porque entre 2019 y 2021 no usó ese derecho y, por lo tanto, no había razón que sustentara la necesidad del permiso.

Tal cesión prueba que la compañía estaba renunciando a esa concesión, según consta en la resolución del organismo nacional. 

Constellation, sin embargo, interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En concreto, solicitó la suspensión definitiva de esa resolución, la cual le fue concedida en primera instancia; el caso continúa en alegatos hasta que se dicte una sentencia.  

En su defensa, el representante legal de Constellation Brands reconoció la existencia de un convenio de cesión, pero argumentó que no se había formalizado y, por lo tanto, todavía podía solicitar la autorización de Conagua para ese fin. También arguyó que la ley local la obligaba a entregar los derechos de agua al organismo operador en Mexicali, y que esta cesión podría interpretarse como “fraude a la ley” porque contradice lo dispuesto por la Ley de Aguas Nacionales, al establecer como obligación la cesión de esos derechos de agua.  

Respecto de la decisión de Conagua de retirarle el título de concesión para descargar aguas residuales, la cervecera argumentó que hasta ese momento no había desarrollado actividad industrial que ocasionara tales descargas. Conagua replicó que no hay documento que acreditara que la empresa le avisó que no utilizaría ese título de concesión.

En la misma resolución en que Conagua decidió retirarle las dos concesiones de agua, la entidad federal multó a Constellation Brands con 174,759 pesos (unos 8,598 dólares al tipo de cambio de octubre de 2021) por haber construido dos puentes vehiculares sobre el Canal Lobo Norte y el ramal del Dren Colector del Norte, en zona federal, sin contar con el título de concesión correspondiente, y le ordenó retirar dicha infraestructura. 

El representante de Constellation tampoco aceptó pagar la multa, y arguyó que sí contó con los permisos, pero no pudo renovarlos como consecuencia de los resultados de la consulta popular de 2020. Agregó que los mismos resultados también le impidieron retirar la infraestructura de los dos puentes que ahora están en desuso.

El argumento de la cervecera de escudarse en el resultado de la consulta para no pagar la multa contradice su actuación en 2020, cuando pese a la votación y a que le faltaban algunos permisos continuó construyendo la planta. Esto le valió otra multa del municipio de Mexicali por 43,440 pesos (2,182 dólares al tipo de cambio de diciembre de 2020).

La disputa legal se da pese a que Constellation Brands aceptó las 300 hectáreas que le facilitó la administración de López Obrador cerca del puerto de Veracruz para mudar allí el proyecto; en esa zona del sur de México, también tiene 17 títulos de concesión para extraer 3,972,355 metros cúbicos de agua, de acuerdo con los datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA). A pesar de que el presidente anunció desde el 22 de abril de 2022 que se inició la construcción de la planta en aquel estado, hasta octubre la compañía no había pedido autorizaciones para adelantar un proyecto cervecero, según respuestas a solicitudes hechas para esta investigación.

Mediante un cuestionario escrito y enviado al titular de comunicación social de Conagua se intentó obtener su postura sobre este caso y cómo se ha involucrado en la salida ordenada, pero hasta el cierre de este reportaje no hubo respuesta.

También se buscó la posición de Constellation Brands sobre lo aquí expuesto, pero respondió que no darían entrevistas, ni responderían al cuestionario enviado por diferentes medios. Sin embargo, compartió el siguiente comunicado emitido hace unos meses: 

Catalino Zavala Márquez, secretario de Gobierno de Baja California, afirmó que el contrato para otorgarle a la empresa 7 millones de metros cúbicos de agua al año ya no está vigente. Precisó que la cancelación de ese contrato está en revisión legal porque la empresa ya había pagado 68 millones de pesos (unos tres millones de dólares) de derechos de agua entre 2017 y 2018. El funcionario se comprometió a entregar los documentos que avalan esas aseveraciones, pero hasta el cierre de esta edición no habían llegado.

Agregó que Constellation, mediante su filial, solo alcanzó a ceder a favor de la CESPM 314.28 hectáreas mediante 14 protocolizaciones ante notario, lo que equivale a 3,721,075.20 metros cúbicos de agua, de los 7 millones originalmente solicitados. 

También sostuvo que, hasta el momento, la empresa no ha pedido autorización para adelantar otro proyecto en ese predio.

Una llegada silenciosa y procesos opacos

Constellation Brands llegó al municipio fronterizo de Mexicali desde 2015. En ese momento, los empresarios, junto con funcionarios públicos de Baja California, impulsaron el proyecto de la planta cervecera en una superficie de 388.5 hectáreas del ejido Choropo. La proyección de inversión era de 1,500 millones de dólares y 500 millones más para la compra de tierras y derechos de agua, infraestructura y demás requisitos para la óptima instalación de la planta.

Documentos y publicaciones consultadas revelan que estimaban comenzar con una producción anual de 5 millones de hectolitros de cerveza en 2019 y, paulatinamente, escalar a 10 millones de hectolitros, hasta alcanzar los 20 millones en cuatro o cinco años en su periodo de estabilización. Su propósito era convertirse en “líder en el mercado mundial de cerveza” y aprovechar la cercanía con Estados Unidos y más concretamente con el estado de California que, según informó la empresa en uno de sus reportes financieros, es su mercado de cerveza importada más grande en ese país.

Esta compañía estadounidense ya tiene plantas en los estados de Sonora y Coahuila para producir las cervezas de Grupo Modelo que se envían a Estados Unidos —en 2017 producía el 22 por ciento de la cerveza elaborada en México y hoy genera 4,500 empleos directos, según su portal de internet—. Sus negocios en el mundo se extienden al comercio de otros licores y más recientemente al cannabis medicinal.

Para extenderse a Mexicali, en marzo de 2016, mediante su filial BC Tenedora Inmobiliaria S. DE R.L. DE C.V., presentó su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ante la hoy Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Baja California. Este documento permite evaluar la factibilidad ambiental de los proyectos de inversión y es uno de los permisos cruciales para arrancar con las obras. 

Un mes después, la Secretaría dio el visto bueno, pero condicionado. Además de que faltaban requisitos como el dictamen de uso de suelo, la empresa debía presentar una “propuesta definitiva de abastecimiento de agua tanto para la fase de construcción de la planta como para la de operación, así como también la constancia de inicio del trámite ante la Conagua para la perforación de pozos profundos y de los usuarios de los módulos de riego correspondiente para el abastecimiento del Canal Lobo Norte”. La empresa tenía 30 días para cumplir con los requisitos faltantes.

Documentos analizados para esta investigación revelan que la compañía solicitó una prórroga de seis meses que vencía en diciembre de 2016 para allegar diversos papeles, entre ellos el Dictamen o Licencia de uso de suelo otorgado por el municipio. Sin embargo, no esperó a obtener el permiso para empezar a preparar el suelo. Imágenes obtenidas por Google Earth revelan que la adecuación del sitio comenzó en abril de 2016, aunque el permiso tiene fecha de emisión del 22 de julio del mismo año y la Secretaría lo recibió en noviembre.

Crédito: Iván Martínez Zazueta

Simultáneamente la empresa hacía las gestiones para comprar los terrenos necesarios para su proyecto. Para ello, el Congreso Local aprobó un dictamen en el que desincorporó del Gobierno del Estado de Baja California 103.7 hectáreas de las que era dueño. Esa superficie fue vendida a Constellation a 11 pesos mexicanos por metro cuadrado (unos 0.6 dólares al tipo de cambio de abril de 2016) cuando el costo real va de 250 a 1,000 pesos (entre 14 y 58 dólares al tipo de cambio de abril de 2016) dependiendo de la actividad, de acuerdo con el doctor Alfonso Cortez Lara, investigador del Colegio de la Frontera Norte. El resto de las hectáreas las compró a ejidatarios, según documentó el académico en un estudio.

Hasta ese momento, el agricultor Luis y muchos otros habitantes de Mexicali sabían que había un proyecto cervecero desarrollándose en la ciudad, pero desconocían los detalles. Incluso debieron solicitar, vía transparencia, la MIA del proyecto, cuenta Iván Martínez Zazueta, maestro en Geografía y originario de Mexicali. Para él, la prueba de que este era un plan cuyos detalles no querían darse a conocer es que obtener información y documentos oficiales se traducía en una lucha constante con las autoridades gubernamentales.

Ni a ellos ni a otros productores de la región les habían consultado sobre un contrato mediante el cual el Estado se comprometía a garantizar la provisión de hasta 20 millones de metros cúbicos anuales de agua para la operación de la cervecera. Este se firmó en octubre de 2015 —antes de que se presentara la MIA del proyecto— entre representantes de Constellation Brands y de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali. La cantidad acordada representa el consumo de una quinta parte de la población de Mexicali (unas 200 mil personas) durante todo un año, según estimó el doctor Cortez Lara.

El mismo investigador estima que los 20 millones de metros cúbicos anuales que Constellation Brands necesitaba para su planta en Mexicali es 10 veces más que la totalidad de agua que consumen las 10 empresas industriales más importantes de la ciudad. Sin embargo, Cerveceros de México asegura que producir un litro de cerveza en México demanda 2.5 litros de agua, mucho menos que el promedio mundial que se sitúa entre 4 y 6 litros.

También ignoraban que, de acuerdo con la MIA, dos terceras partes de ese volumen se abastecerían a través del Acueducto Ejido Villahermosa–Mexicali, obra a cargo de la Comisión Estatal del Agua, exclusivamente para la conducción de agua de pozos hasta la planta. Los cinco millones restantes provendrían del agua superficial del río Colorado, que nace en Estados Unidos y pasa por Baja California y Sonora, en México.

Aunque la obra y ese contrato se cancelaron a raíz de las protestas, la cervecera contemplaba tener su propio acueducto, construido con recursos públicos mientras agricultores como Luis pierden sus cosechas por la falta de agua; o como Mario Zamora Espitia, productor del ejido Michoacán, quien no duda del impacto que iba a tener la planta: “No solo afecta a los productores, sino a la ciudad y al Estado porque si un Estado no tiene alimentos, si no los produces, si desperdicias el agua para otras cosas y no la utilizas para lo básico, que es la producción de alimentos, no sé a dónde vamos”.

Una vez que conocieron todos estos detalles, las protestas se incrementaron. Con ello también los enfrentamientos con la policía. Como parte de las estrategias de resistencia, en octubre de ese 2018 el Colectivo Estatal Plebiscito por el Agua en Baja California promovió ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) una solicitud de plebiscito contra la MIA autorizada por el gobierno de Baja California. Pero este fue frenado en este organismo electoral por considerarlo “intrascendente” e “improcedente”, decisión que fue avalada por el Tribunal Federal Electoral.

De haberse logrado, cuenta Martha Elvia García, integrante del colectivo, la autorización ambiental habría sido retirada bajo un sustento legal, pues los resultados del plebiscito habrían sido vinculantes, lo que no ocurrió con los resultados de la consulta de 2020.

Una salida desordenada

Luis y Rubén, igual que muchos de sus colegas agricultores, salieron a protestar cansados de ver cómo, al pasar los años, la situación se agrava por la creciente sequía que estropea las cosechas de algodón, trigo, maíz, sorgo, alfalfa y espárrago del Valle de Mexicali. Hoy, las condiciones son tan duras que en julio de 2022 Conagua declaró una emergencia por sequía en esa región.

Aun con ese contexto y con un acuífero sobreexplotado y con veda desde 1965, han visto cómo la industria toma fuerza. Por su cercanía con Estados Unidos, Mexicali se ha convertido en un punto estratégico para, por lo menos, 140 maquiladoras y otras empresas estadounidenses que siembran en los campos de esta ciudad la hortaliza que se exporta a ese país. 

Mientras los empresarios se benefician de esa localización geográfica y, según los habitantes de Mexicali, incluso cuentan con el respaldo de autoridades locales, crecen las preocupaciones de Luis, de Rubén, de otros agricultores y de los miembros de colectivos sociales. ¿La razón?: la salida ordenada parece más un cuento que se transmite de boca en boca, pues no hay documentos que oficialicen la retirada. Así se desprende de las respuestas a solicitudes de transparencia hechas a Semarnat, entidad que, en su lugar, entregó un documento con 24 diapositivas en el que la empresa presentó un cronograma de tres fases para retirar y mover diversos equipos a sus plantas de Coahuila y Sonora.

Aunque se creó una Comisión Especial para dar seguimiento, la comunidad apenas si es tomada en cuenta. Desde marzo de 2021 se efectúan reuniones mensuales en las que la multinacional, a través de una videollamada, presenta sus informes de avance del desmantelamiento en un lenguaje técnico incomprensible para los integrantes de la sociedad civil, según algunos participantes. Las preguntas o dudas que tengan deben enviarlas por escrito y las responden en la reunión del siguiente mes. 

De acuerdo con el análisis de las minutas de esas reuniones, hasta agosto de este año Semarnat solo había hecho una inspección dentro de la planta para verificar que se cumpliera con el desmantelamiento. A esa visita invitó a Leobardo Clark, ingeniero mecatrónico de la Universidad Autónoma de Baja California, en representación de la comunidad. Al final, este levantó un reporte en el que afirmó que esa planta no puede producir cerveza porque no tiene el equipo necesario y varias de las construcciones quedaron en obra negra. Estas revisiones no son más frecuentes porque, según una de las minutas, no hay marco legal que lo permita y, por ser propiedad privada, requieren la autorización de los empresarios para ingresar. 

En esos documentos también se evidencia que los miembros de la sociedad civil pidieron, desde la primera reunión, el documento base de la salida ordenada sellado y firmado, pero no les fue entregado. La aclaración les llegó apenas en la reunión del 30 de septiembre de 2022, cuando la empresa informó que ya había terminado el desmantelamiento físico. Pero lejos de satisfacerlos, causó incertidumbre y desconfianza en los integrantes de los colectivos, puesto que, por fuera, la infraestructura está casi intacta, lo cual fue corroborado en un recorrido hecho en octubre por los alrededores de la planta para esta investigación.  

“Así se supone que va a quedar (la planta), y tú puedes visualizar que es una planta en pie, con grandes tanques, con equipo, con una subestación eléctrica y, desde luego, con los derechos de agua aún vigentes. Entonces, los que participamos en la Comisión Especial decimos: a ver, espérame, no. Teníamos la idea de que el desmantelamiento significaba desmantelamiento completo, íntegro, total”, cuestionó el doctor Alfonso Cortez, observador académico en esa comisión.

Para atender los temas jurídicos, a petición de los integrantes de los colectivos se creó otra comisión pero no se ha llegado a acuerdos concretos en asuntos como retirar las órdenes de aprehensión contra activistas o las concesiones de agua otorgadas a la empresa. Está conformada por la Procuraduría Agraria, el Ayuntamiento de Mexicali, el Gobierno del Estado de Baja California, Conagua, la Secretaría de Gobernación y Semarnat. 

Activistas y agricultores como Luis y Rubén están preocupados por el futuro porque Constellation Brands conserva todos los permisos que le fueron otorgados por administraciones pasadas y sobre cuya obtención el mismo López Obrador declaró que hubo “influyentismo”; pero su gobierno no ha presentado pruebas para demostrarlo. 

El tema ha suscitado opiniones encontradas entre la comunidad. Algunos, como Filiberto Sánchez, del colectivo Resistencia Civil de BC, confían en la palabra del presidente de la república sobre que no se producirá cerveza en la región. 

Pero otros como León Fierro, de Mexicali Resiste; Martha Elvia García, del colectivo Plebiscito por el Agua en Baja California; Mariana Cervantes, del colectivo Defensa del Agua y Territorio de BC, y agricultores de la región levantan su voz de protesta: consideran que Constellation Brands, a través de su filial, solo está esperando a que López Obrador salga de la presidencia para retomar el proyecto o utilizar la infraestructura y el agua para otro negocio.

Otras opiniones, como la de Iván Martínez Zazueta, maestro en Geografía e integrante de la Contraloría Ciudadana del Agua de Baja California, apuntan a que posiblemente la empresa venderá la planta de Mexicali, pues según uno de sus reportes financieros, desde abril de 2021, la Junta Directiva autorizó a la gerencia “vender o abandonar” la cervecera. Esta versión es incierta porque en el mismo documento Constellation Brands reportó que continúa en pláticas con las autoridades mexicanas para determinar los siguientes pasos para este proyecto cancelado. 

A pesar de que se cuestionó  a la empresa sobre cuáles son sus intenciones para el uso del predio, no hubo respuesta. También fueron solicitadas a la Presidencia de la República, vía transparencia, las minutas de las reuniones que el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo con los empresarios de Constellation Brands, para conocer a cuáles acuerdos llegaron además de mudar la planta a Veracruz, pero fueron negadas con el argumento de que estos documentos no fueron elaborados. 

Mientras tanto, los integrantes de los colectivos continúan sin saber a ciencia cierta qué pasará con el predio donde ya está avanzada la infraestructura para una cervecera sobre cuya construcción pesan posibles irregularidades. Tanto mutismo de la empresa y de las autoridades crea las condiciones para que las especulaciones tomen fuerza y se gesten nuevas protestas sociales en una región donde el agua es cada vez más escasa y la sequía sigue estropeando las cosechas.

Otras opiniones, como la de Iván Martínez Zazueta, maestro en Geografía e integrante de la Contraloría Ciudadana del Agua de Baja California, apuntan a que posiblemente la empresa venderá la planta de Mexicali, pues según uno de sus reportes financieros, desde abril de 2021, la Junta Directiva autorizó a la gerencia “vender o abandonar” la cervecera. Esta versión es incierta porque en el mismo documento Constellation Brands reportó que continúa en pláticas con las autoridades mexicanas para determinar los siguientes pasos para este proyecto cancelado. 

A pesar de que se cuestionó  a la empresa sobre cuáles son sus intenciones para el uso del predio, no hubo respuesta. También fueron solicitadas a la Presidencia de la República, vía transparencia, las minutas de las reuniones que el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo con los empresarios de Constellation Brands, para conocer a cuáles acuerdos llegaron además de mudar la planta a Veracruz, pero fueron negadas con el argumento de que estos documentos no fueron elaborados. 

Mientras tanto, los integrantes de los colectivos continúan sin saber a ciencia cierta qué pasará con el predio donde ya está avanzada la infraestructura para una cervecera sobre cuya construcción pesan posibles irregularidades. Tanto mutismo de la empresa y de las autoridades crea las condiciones para que las especulaciones tomen fuerza y se gesten nuevas protestas sociales en una región donde el agua es cada vez más escasa y la sequía sigue estropeando las cosechas.