Esmeralda Gabriela Ortiz pasó su infancia bajo el incesante sol de los campos agrícolas del norte de México. Cada año, su mamá alistaba a sus siete hijos y partía con ellos en un destartalado autobús desde su pueblo natal en Oaxaca —sur del país—, hasta los grandes campos de los Estados del norte, donde trabajaba de jornalera pizcando hortalizas. La ruta de unos 3.500 kilómetros era una aventura para la pequeña y sus hermanos que asomaban el rostro por la ventanilla del camión para sentir el viento.

—En esos tiempos no había guarderías y todos los niños jugábamos entre los surcos hasta que tuviéramos edad de trabajar —cuenta Esmeralda con un gesto de infinita nobleza.

La joven de 25 años dice que heredó el oficio de su madre, una mujer que ahora vive anegada por los dolores musculares a causa de los plaguicidas y las malas posturas a las que acostumbró a sus huesos durante décadas.

—Yo aquí conocí a mi esposo, él también es del sur. Nos casamos y aquí nos quedamos – cuenta mientras moldea una masa pálida de maíz que recarga en una mesa en la breve cocina de su casa. Frente a ella, su esposo, un hombre menudo que yerra con el silencio, nomás asiente.

Desde hace diez años trabaja en el rancho Los Pinos, al norte de México, donde corta tomate o pepino. Si durante sus ocho horas de pizca logra llenar 35 cubetas le pagan 180 pesos (unos 10 dólares). Después de las 35 cubetas –cada una pesa entre 10 y 15 kilos —, le pagan un peso extra por cada bote que logre rellenar.

Los Pinos es el nombre comercial de Productora Agrícola Industrial del Noroeste, la empresa más importante del Valle de San Quintín, en el Estado de Baja California (frontera con Estados Unidos). La compañía dedicada a la producción, empaque y comercialización de col, pepino, pimiento morrón y tomate, ha logrado una prominente expansión durante los últimos 20 años. Sus productos han logrado entrar al mercado de EE UU a través de la distribuidora Pinos Produce, otra de sus filiales con instalaciones en San Diego, desde donde comercializa los productos al mercado estadounidense y canadiense.

En el 2013 recibió el premio nacional de exportación otorgado por el Gobierno mexicano. La empresa cuenta con 700 hectáreas de agricultura protegida y es líder en la comercialización de tomate. En 2016 exportó a Estados Unidos 324 toneladas de este producto que le generaron un valor comercial de 228,4 millones de dólares, según información del Comercio Exterior. Una ganancia mensual de 19 millones de dólares, tan solo por uno de los cinco productos que comercializa.

Un informe sobre la industria del tomate en Baja California elaborado por Poder –una organización que busca la transparencia de las empresas en América Latina– revela que Los Pinos ha afianzado su liderazgo en el mercado mediante la compra de empresas productoras más pequeñas en la región y la firma de contratos de suministro con empresas al otro lado de la frontera, entre ellas el gigante Walmart. “Además, pese a su posición de liderazgo en el mercado, rancho Los Pinos se destaca por las malas condiciones laborales en sus centros de producción”, resalta.

Jornaleros y líderes sociales entrevistados por este diario coinciden en que es la empresa que históricamente ha pagado los salarios más bajos y ha violado los derechos laborales de la mayoría de los trabajadores.

“La peor empresa para trabajar es el rancho Los Pinos. (El dueño) es un cacique endemoniado. Traen gente de fuera y no les pagan lo que les corresponde. Veo mucha complicidad con el Gobierno para violentar el derecho de los trabajadores porque la empresa tiene una gran influencia”, expresa Justino Herrera Martínez, líder de la comunidad indígena Triqui en San Quintín.

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Una familia poderosa

Los dueños de Los Pinos son los hermanos Rodríguez Hernández: Antonio, Víctor, Manuel y Rafael, según consta en una de las actas inscritas en el Registro Público del Comercio. Antonio, la figura más visible de la empresa familiar, fue diputado local por el conservador Partido Acción Nacional (PAN) entre 2004 y 2007. Posteriormente se integró a la administración del entonces gobernador Guadalupe Osuna Millán (PAN) como secretario de fomento agropecuario (2007-2013), la dependencia encargada de instrumentar las políticas públicas encaminadas a promover el desarrollo integral del campo.

La familia Rodríguez Hernández ha estado sumamente ligada al poder político. En agosto de 1999 el entonces presidente Ernesto Zedillo (PRI) inauguró en las instalaciones del rancho una empacadora de hortalizas, según archivos hemerográficos. En marzo de 2009 el entonces presidente Felipe Calderón (PAN) acudió a un festejo en la propiedad de los Rodríguez, donde se celebraba el cumpleaños de uno de los hermanos. La Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), ha denunciado que Antonio usó los cargos públicos que desempeñó para expandir el negocio familiar. En su calidad de legislador y funcionario viajó a Medio Oriente a conocer las nuevas técnicas de riego y siembra que luego replicó en Los Pinos.

Los hermanos Rodríguez tienen varias empresas, entre agrícolas, hoteles, gasolineras y tiendas de autoservicio, que han aglomerado bajo la marca de Grupo Pinos.

Esmeralda y la vida en el campo

La vivienda de Esmeralda es una construcción rectangular y sin pintar que da hacia una calle donde el viento revuelve el polvo que se pega finamente en la piel. El paisaje parece uniforme: casitas frágiles, algunas grises a base de concreto y otras hechas con láminas o plásticos. Todas están rodeadas del invernadero de Los Pinos y hay horas durante el día que el olor a químicos vuelve el ambiente asfixiante.

—¿Es de ustedes? —se le pregunta a la joven.

—La rentamos —contesta recargada en la puerta de su hogar. Desde ahí Esmeralda observa su casa como se contempla un sueño casi imposible.

En el piso de tierra un niño de sonrisa fácil arrastra un carro de juguete a los pies de su madre. Frente a él, por la calle sin asfaltar, los coches repartidores transitan despacio para esquivar los huecos que va dejando el agua encharcada que se forma a falta de drenaje.

Ella vive en Santa María de los Pinos, un asentamiento irregular, que fue creado en el 2003 tras un acuerdo entre el gobierno –-estatal y federal– y la compañía productora a fin de reubicar a los trabajadores que vivían hacinados en los campamentos, cuentan pobladores.

“La mayoría de la gente que vivimos aquí somos trabajadores que ya no nos quisimos regresar a nuestra tierra y decidimos dar un pequeño enganche para que nos dieran un pedazo de tierra”, cuenta un jornalero.

El joven tras un accidente quedó sujeto a una silla de ruedas y nunca recibió una pensión porque la empresa jamás lo inscribió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).Esmeralda labora en Los Pinos sin seguridad social y tiene dos hijos que debe dejar en la “guardería” de la colonia: una vivienda donde una señora cuida hasta 15 niños de mujeres que laboran en el campo. El cuarto no tiene camas ni mobiliario adecuado. Tampoco cuenta con alimentos ni instrumentos didácticos. “En el rancho hay una guardería, pero nos queda muy lejos llevar a los niños a las 4, 5 de la mañana”, cuenta Esmeralda.

En el lugar le cobran 30 pesos (un dólar y medio) por cuidar a cada uno de sus dos hijos y ella debe llevar los alimentos. “Es muy difícil porque los niños juegan en la tierra y se enferman de gripe y tos, pero no hay de otra”, explica con un escaso gesto de resignación.

La primera vez que Esmeralda cargó una cubeta con tomates tenía 8 años y fue en el Valle de San Quintín, una de las regiones agrícolas más importantes del Estado de Baja California y a su vez una de las zonas más marginadas. “Yo la llenaba hasta la mitad de tomates o lo que fuera y me la ponía en la espalda. Por ser niños nos pagaban mucho menos que a los adultos”, recuerda.

A principios del 2000, su madre que todos los años viajaba del sur al norte del país decidió establecerse en San Quintín. Ella y sus hijos obtuvieron un espacio en el campamento de Los Pinos, donde trabajaba. Los recluyeron en una galera donde tuvieron que poner tarimas y cartones para dormir. Al campamento, donde vivían hacinadas, sin luz ni servicios básicos, soportando el calor o el frío extremo, los trabajadores le llamaban Las pulgas porque estaba repleto de ese y otros insectos.

“Todos dormíamos apretados. Nos alumbrábamos con velas y había ratas y cucarachas, pero a pesar de lo feo que estaba, ahí nos tocó vivir y tuvimos que adaptarnos”, recuerda.

En el campo las mujeres siempre han desempeñado el rol más difícil porque además de trabajar deben encargarse de las labores domésticas, asegura Esmeralda.

-Uno además de trabajar tiene que cumplir con el rol de la mujer: hacer comida, preparar el lonche, lavar trastes, la ropa, dormir a los niños y cargarlos hasta donde los cuidan—enumera mientras termina de hacer unas tortillas con las que acompañará el arroz que almorzará esta tarde con su familia.

En el trabajo diario las mujeres son víctimas de acoso y abuso y deben tolerar que los mayordomos les falten al respeto. “Se les quedan viendo y si ellas no quieren darles otra cosa, les dicen: `no hay trabajo para ti´. Los mayordomos de las cuadrillas siempre te gritan: `apúrate, vas muy lenta, vienes a trabajar”. Algunos de ellos te toman el tiempo cuando vas al baño o tomas agua. Quieren que siempre estés produciendo”, remata.

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El levantamiento ante la injusticia

El 16 de marzo de 2015, unos 50.000 trabajadores del valle den San Quintín —perteneciente al municipio de Ensenada— emprendieron una huelga laboral sin precedentes con la finalidad de exigir un sueldo digno y mejores condiciones laborales. Los jornaleros bloquearon la carretera transpeninsular, la principal vialidad de Baja California, a fin de presionar a las autoridades para que los escucharan. Los policías estatales detuvieron arbitrariamente a 200 personas, entre las que había mujeres y menores de edad, y controlaron la manifestación con balas de goma y bombas de humo.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación porque documentó que los agentes hicieron un uso injustificado de la fuerza. El organismo autónomo también recriminó a los tres niveles de Gobierno las omisiones en las que han recurrido acentuando la marginación y la pobreza de los jornaleros. “Las condiciones laborales identificadas violentan los derechos humanos de aquellas personas jornaleras agrícolas que, ante un estado de necesidad apremiante y por desconocimiento de sus derechos laborales, aceptan trabajar sin que exista un contrato escrito, cubren jornadas excesivas, no hay una homologación en los salarios por igual trabajo, no cuentan con vacaciones, días de descanso u otras prestaciones de ley”, se asentaba en el documento.

Principales peticiones de los jornaleros a los productores:

• Un incremento salarial de 115 pesos (6 dólares) a 300 pesos (16 dólares) por 8 horas de trabajo.
• Las prestaciones establecidas en la ley: aguinaldo, prima vacacional, utilidades, días feriados pagados al doble
• Vivienda digna que incluya servicios de agua potable, drenaje, electricidad y pavimentación de las calles.
• Penalización y vigilancia en contra del acoso sexual hacia las trabajadoras
• Eliminar el trabajo a menores de edad
• Un alto a la discriminación y el desprecio hacia los indígenas
• Alto al hostigamiento sexual en contra de las jornaleras
• Un alto al acoso laboral

A más de dos años del levantamiento agrícola más importante en los últimos años, el único logro concreto fue un aumento al salario por jornada. Aunque pedían 300 pesos (16 dólares), el sueldo quedó en un promedio de 150 pesos. “Este movimiento no ocurrió de la noche a la mañana, fueron muchos años de abusos y carencias. Teníamos 18 años consecutivos en los que no nos habían aumentado ni un peso el salario”, afirma Lucila Hernández García, una de las líderes del movimiento.

Las peticiones también tenían que ver con las condiciones de pobreza en las que viven, explica. En las colonias donde se asientan los trabajadores del campo no hay agua entubada, electricidad, drenaje ni calles pavimentadas. Tampoco hay suficientes escuelas y la Secretaría de Desarrollo Social no ha cumplido con instalar suficientes guarderías. El gobierno estatal calcula que el 52% de los habitantes del valle de San Quintín son personas que provienen de otros estados del país.

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Un diagnóstico del Gobierno estatal encontró las siguientes problemáticas:

• Rezago y deserción escolar e insuficiente cobertura educativa.
• Actividades culturales escasas y falta de lugares de recreación.
• Falta de mayores programas de atención a las mujeres agredidas por violencia intrafamiliar.
• Escasez de agua potable en las colonias y falta de infraestructura de drenaje y tratamiento de aguas residuales.
• Basureros clandestinos, por la falta del servicio de recolección de basura en las colonias.
• Escasez de vivienda e irregularidad en la tenencia de la tierra.
• Insuficiente red de energía eléctrica.
• Narcomenudeo y adicciones.
• Pocos elementos policiacos.
• Contaminación por el uso de insecticidas y fertilizantes.

En el Valle de San Quintín laboran hasta 80.000 jornaleros en temporada alta, según organizaciones campesinas. La zona es eminentemente agrícola y se explota principalmente el tomate, el pepino, la cebolla, la col de bruselas, la cebada forrajera y el trigo, de acuerdo con la Secretaría de Fomento Agropecuario de Baja California.

Los niveles de productividad que se han alcanzado generan altos rendimientos que les permiten a las empresas competir exitosamente en el mercado mundial de las hortalizas. La cercanía con Estados Unidos y el bajo costo de la mano de obra favorecen la competitividad de las compañías, según un diagnóstico del gobierno local. Este contexto ha favorecido los ingresos de las empresas asentadas en la región, pero no las condiciones de los trabajadores, aseguran organizaciones campesinas.

En las inspecciones realizadas por la Secretaría del Trabajo de Baja California las violaciones más recurrentes que han encontrado es que los patrones no inscriben a los jornaleros en el Seguro Social, no les pagan las horas extras y los despiden injustificadamente, explica la titular de la dependencia Juanita Pérez Soriano.

“En el 90% de los casos que llegan a las procuradurías de defensa del trabajo es porque el patrón no les quiere dar la liquidación que les corresponde por ley”, dice.

En los campos existe la figura del mayordomo, como si se tratase de un sistema feudal. Este trabajador es el que asigna y supervisa las tareas, y es el que más quejas acumula por maltrato laboral, expone la funcionaria local. “Es el que lidera una cuadrilla de hasta 20 trabajadores y emite órdenes a sus compañeros. Tiene una función de autoridad y toma actitudes derivadas de la no capacitación en el puesto”, menciona.

En el valle de San Quintín hay alrededor de 14 grandes consorcios, pero no es Los Pinos la que acumula la mayor cantidad de faltas, afirma la funcionaria local. “Hay un tema de historia de los residentes en contra del rancho más prominente y más grande: Los pinos”.

Pese a que la funcionaria dice que no ha encontrado ninguna falla en la empresa, los inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS, dependencia federal) realizó en 2016 una verificación en el campo, donde encontró unas 200 irregularidades en materia de seguridad e higiene. La STPS pidió, entre otras medidas, acreditar que no utiliza a mujeres embarazas y en periodo de lactancia para realizar labores insalubres o que ponen en riesgo su vida. También pidió realizar exámenes médicos a los jornaleros, elaborar protocolos de primeros auxilios y realizar simulacros de emergencia. Después de realizar nuevas inspecciones finalmente el 27 de febrero la STPS acreditó que la empresa había cumplido con las recomendaciones. Se buscó a ls compañía, pero no hubo respuesta.

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Este reportaje fue realizado por Zorayda Gallegos para El País, en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas del International Center for Journalists (ICFJ) en alianza con CONNECTAS