Josefina se enteró por un vecino que don Pedro, un señor muy conocido de su comunidad —en la región de la montaña de Guerrero—, reclutaba jornaleros para llevarlos a Jalisco, a trabajar en unos invernaderos de tomate. Una tarde el hombre le contó a ella y otros interesados que conocía un contratista —también conocido como enganchador— que pagaba 250 pesos diarios y ofrecía a cada familia una casa, tres comidas al día, escuelas para los niños y doctores que se encargarían de curar cualquier enfermedad.
La joven que nunca había salido de su pueblo dudó en aceptar, pero los comentarios del resto de sus vecinos la convencieron. Una mañana un grupo de 50 jornaleros partió de Guerrero en un camión que ofreció el contratista. El trayecto, recuerda, fue de unas 12 horas y tuvieron que comprar alimentos para los niños gastándose los pocos centavos que llevaban porque don Pedro olvidó la promesa de alimento gratis que les había hecho.
Una vez que llegaron al campo ubicado en San Gabriel, una localidad del sur de Jalisco, los empleados les vaciaron las mochilas y las maletas que llevaban e inspeccionaron minuciosamente sus pertenencias. “Nos trataron como si fuéramos rateros”, dice. Los separaron por familias y los recluyeron en un pequeño cuarto donde durmieron en tarimas. Tras la primera semana trabajada se dieron cuenta que el sueldo no era de 250 pesos (14 dólares), sino de 150 (9 dólares) y el contratista los obligó a que le dieran 100 pesos para abonarle el pago de transportación. Tardaron ocho semanas en pagarle lo del viaje, y en ese tiempo, los 50 pesos (poco menos de 3 dólares) apenas les alcanzaron para mal vivir.
La transportación de los jornaleros es un deber de los dueños de las empresas agrícolas. La Ley Federal del Trabajo obliga al patrón a proporcionar a los trabajadores en forma gratuita, transporte cómodo y seguro de las zonas donde viven a los lugares de trabajo. Además, desde el 2012, los dueños de estas empresas están obligados a brindar a los trabajadores estacionales un seguro de vida para sus traslados.
Pese a ello, los dueños de los campos siguen utilizando la figura del enganchador, personas como don Pedro y su socio, que son los encargados de vincular la demanda con la oferta de trabajo. En la mayoría de los casos son enviados por la misma empresa que les paga la renta del autobús con el fin de deslindarse de responsabilidades, pero otras veces ellos trabajan por su cuenta para vender la mano de obra a las empresas. Los traslados los realizan en autobuses viejos y destartalados, que no brindan condiciones de seguridad a los jornaleros y sus familias, con el propósito de ahorrarse algunos pesos.
El contratista que enganchó a Josefina trabajaba para Bioparques de Occidente, una empresa constituida en Sinaloa y con campos en Jalisco que presume ser socialmente responsable, pero que tiene antecedentes de violaciones laborales en contra de sus trabajadores. En junio de 2013, en el mismo campo donde laboró la joven guerrerense, las autoridades rescataron a 275 jornaleros que trabajaban en condiciones de “semiesclavitud”, anunciaron en su momento.
La Fiscalía informó en ese entonces que tras la denuncia de tres jornaleros que habían logrado escapar, elementos estatales acudieron a las instalaciones de la empresa dedicada a el cultivo y empaque de tomate de invernadero, donde encontraron que ellos y sus familias vivían en condiciones indignas. Los 275 trabajadores provenientes de San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y Guerrero eran albergados en grupos de diez personas en cuartos de 8 metros cuadrados y algunos de sus hijos padecían desnutrición.
Las autoridades interrogaron a los trabajadores y estos les contaron que en algunos casos laboraban hasta doce horas al día para obtener un sueldo de 100 pesos (5,5 dólares). Había otros empleados que tenían tres meses sin recibir un salario y los capataces no los dejaban salir aunque su contrato ya había terminado. Los que intentaban escapar eran golpeados. En el operativo cinco capataces de la empresa fueron detenidos y encarcelados por los delitos de privación ilegal de la libertad y trata de personas.
El escándalo fue tan grande que dos meses después del rescate, la delegación de la Secretaría del Trabajo en Jalisco anunció una “sanción histórica y ejemplar” en contra de la empresa. La multa de 8,5 millones de pesos (472.000 dólares) se giró porque dos días después del rescate, las autoridades hicieron una visita de inspección a las instalaciones y encontraron medio centenar de irregularidades.
La sanción nunca se pagó, según consta en una resolución obtenida por este medio vía ley de transparencia. La empresa logró que en el 2014 el Tribunal federal de Justicia Fiscal y Administrativa anulara la multa. El apoderado legal de la compañía argumentó que la resolución de la STPS era ilegal, ya que se habían violado los derechos humanos de su defendido. Durante la inspección se realizaron interrogatorios a los trabajadores sin la presencia de testigos y no le permitieron al patrón aportar ninguna prueba, se lee en los documentos.
A través de un escrito enviado a este medio, Bioparques aseguró que las observaciones que se hicieron tras las inspecciones fueron aclaradas en su tiempo, y una vez que se cumplió con la documentación solicitada, la multa de anuló. “Cabe mencionar que las prácticas identificadas en tal denuncia pública de ninguna manera reflejan los estándares laborales de la empresa”.
El caso, que puso a debate las condiciones laborales de los jornaleros en el país, indignó aún más porque en el pasado la empresa había sido calificada como socialmente responsable y había recibido subsidios gubernamentales por más de 10,5 millones de pesos (poco más de medio millón de dólares) para proveer de desayunos a los hijos de los jornaleros y para la construcción de albergues.
Margarita Nemecio, integrante de la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas, afirma que las empresas siempre quedan impunes con la complicidad de las autoridades. “La impunidad surge por los altos niveles de corrupción que hay en este país y perdura porque el tema de jornaleros no es de prioridad de la agenda política nacional ni de derechos humanos”, sostiene.
Los jornaleros son vistos como mano de obra barata que garantizan la producción cada ciclo agrícola y contribuyen a mantener la economía de este país. “Si mueren en un accidente o por un golpe de calor, no pasa nada. Al final ellos son marginados, son olvidados. Es una población a la que a las autoridades no les conviene hacerles justicia porque en el momento a que se les respeten sus derechos, la situación cambiaría”, expone.
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Una empresa con un historial controvertido
Bioparques de Occidente ha sido una empresa poco inspeccionada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Desde el 2000 a agosto de 2017 apenas fue visitada en cuatro ocasiones por los inspectores de la delegación en Jalisco.
En una supervisión hecha en agosto del 2011, 22 meses antes de que se desvelaran las condiciones indignas en que la empresa mantenía a sus trabajadores, los inspectores habían encontrado 50 irregularidades. En el área de albergues, donde se aloja a los jornaleros, contaban con una regadera por cada 18 trabajadores (que debían compartir con sus familias), mientras que en los comedores el techo estaba deteriorado y los tanques de gas no estaban asegurados. En las guarderías y en las escuelas, los techos no estaban impermeabilizados y las aulas no tenían sistema de ventilación artificial ni extractores.
En las actas quedó asentado que a los jornaleros:
- No se les proporcionaban gorras o sombreros para protegerse del sol
- A los que tenían contacto con plaguicidas no se les otorgaba equipo de protección personal.
En los documentos obtenidos mediante una solicitud de información se detalla que en las instalaciones había:
- 12 módulos de sanitarios para 3.065 empleados
- 393 menores —entre 16 y 18 años de edad— que laboran en los invernaderos “donde no realizan esfuerzos excesivos”
Pese al cúmulo de irregularidades encontradas, no hubo otra inspección durante el 2011 ni en el 2012. El 12 de junio de 2013, dos días después de que el Gobierno de Jalisco diera a conocer la explotación laboral en San Gabriel, inspectores de la STPS acudieron al campo donde encontraron 70 irregularidades en materia de seguridad e higiene y a 47 menores de edad trabajando. En enero de 2014 los inspectores volvieron a comprobar si la compañía había corregido las fallas. En 2015, la compañía no fue molestada por los inspectores y fue hasta agosto del 2016 que se realizó una inspección extraordinaria, al tener conocimiento mediante una queja de posibles violaciones a la legislación laboral. Esa vez encontraron 32 irregularidades.
El delegado de la secretaría del trabajo en Jalisco, Gerardo Rodríguez, explicó que en el 2015 no realizaron ninguna inspección porque no recibieron la orden desde la Ciudad de México. “El otro elemento es que este tipo de visitas se dan por alguna denuncia de algún trabajador afectado y ese año tampoco hubo denuncias”, justificó. La empresa informó que en abril de 2017 subsanaron las irregularidades que tenían pendientes tras la visita realizada por los inspectores en 2016.
Las inspecciones laborales también se han realizado en las áreas de cultivo que mantiene la empresa en Sinaloa. En la última visita hecha en 2015, los funcionarios de la STPS revisaron 48 lineamientos en materia de condiciones generales de trabajo y encontraron 35 irregularidades, entre las que destacan que la empresa no contaba con documentos para comprobar que sus trabajadores habían firmado un contrato como establece la ley y tampoco podía acreditar que realizaba las aportaciones al seguro social y al fondo de vivienda. Tampoco se mostraron los recibos de nómina de los empleados ni los comprobantes de pago de utilidades, aguinaldo o prima vacacional.
La compañía explicó en respuesta a este medio que durante la visita no contaba con los documentos que acreditaran sus obligaciones laborales porque el recorrido de los inspectores de la STPS se realizó en las oficinas corporativas que se localizan en Sinaloa y la documentación se encontraba en Jalisco. Además, se expuso, fue solo una inspección de “orientación y de carácter informativo”.
Un pueblo con carencias
San Gabriel (15.300 habitantes) es un pequeño poblado de llanuras secas donde vivió Juan Rulfo de niño y que ahora el Gobierno de Jalisco promueve como atractivo turístico. El cronista municipal, José de Jesús Guzmán Mora, asegura que la empresa Bioparque de Occidente es conocida en la región por sus prácticas explotadoras y por eso acarrea trabajadores del sur del país para laborar en sus invernaderos. “Nadie originario de San Gabriel quiere trabajar en Bioparques porque no pagan bien. A muchas de las personas que traen del sureste los instalan en unas casitas muy pequeñas y viven hacinados, descalzos y en condiciones que no son las más adecuadas”, explica.
La agricultura es la actividad económica predominante y la que más empleos genera (64%) en la localidad. El año pasado se sembraron cerca de 19.000 hectáreas en todo el municipio. Los ingresos generados por la producción no se ven reflejados en la localidad. El 47% está en condición de pobreza y el 74% no tiene acceso a la seguridad social, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Guzmán Mora recrimina que empresas como Bioparques sólo obtienen ganancias de los recursos naturales del municipio, pero no dejan ninguna derrama económica, por lo que esa prosperidad agrícola no se ve reflejada en San Gabriel. “No veo que haya una gran derrama económica porque les pagan salarios bajos a sus empleados, quienes tratan de gastar muy poco, y las ganancias que obtienen sus propietarios no las invierten aquí, sino que se van a Sinaloa”, expone.
La empresa tiene un arraigo político en San Gabriel. El gerente de la compañía asiste regularmente a los informes de labores de los alcaldes. Diversos funcionarios, tanto locales como federales, han visitado las instalaciones de Bioparques. Tan sólo en marzo del 2016 funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social y el alcalde del municipio entregaron apoyos alimenticios para los jornaleros como parte del programa federal Cruzada contra el Hambre, reseñaron medios locales.
¿Quiénes son los dueños de la empresa?
Bioparques de Occidente es una empresa de la familia de la Vega –de origen sinaloense–, que comercializa sus productos a través de la compañía Kaliroy, también de su propiedad, y con plantas en Estados Unidos. La familia tiene campos en Sinaloa que opera por medio de Agrícola La Primavera. Los dos centros de producción han hecho del emporio agrícola, el principal productor de invernaderos de México. Tan sólo en 2016 exportó 390.000 toneladas de tomate a EE UU que le generaron ganancias por unos 269 millones de dólares.
El conglomerado de empresas de la familia las encabeza don Eduardo de la Vega Echavarría. La mayoría de los negocios son administrados por sus hijos Eduardo, Jorge Luis y Guillermo de la Vega Canelos, según las actas constitutivas de las compañías consultadas por este medio.
En total, sus empresas suman cerca de 50 firmas, entre las que destacan empresas agrícolas, inmobiliarias, financieras, electrónicas, de transporte, ingenios azucareros y desarrolladoras turísticas.
Estos empresarios sinaloenses también son dueños de Zucarmex, el segundo productor de azúcar en México. La compañía surgió en 1993 tras la privatización del sector en el país y desde entonces se ha hecho de seis ingenios en diversas entidades del país.
La familia de la Vega ha sido muy cercana al poder. Archivos hemerográficos ubican a de la Vega Echavarría como privilegiado y protegido por el exgobernador sinaloense Juan Millán Lizárraga. A finales de 2009, su nombre apareció junto al de otros empresarios en un desplegado publicado en los diarios sinaloenses en apoyo al entonces alcalde de Culiacán, Jesús Vizcarra, que buscaba ser candidato a gobernador del PRI.
En el 2008, cuando Eduardo de la Vega buscaba establecer la primera fábrica de etanol en México, el entonces gobernador de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla, estuvo apoyándolo en algunos actos públicos.
En Sinaloa, como en otros estados con alta producción agrícola, hay un cobijo a los empresarios de este ramo, considera Margarita Nemecio. “Las autoridades siempre han sido sobreprotectoras con los agricultores porque muchos de ellos están vinculados al tema del poder político en el Estado. Eso explica por qué han crecido pavorosamente sin ningún tipo de control”, menciona la defensora de los derechos de los jornaleros indígenas. El Gobierno los protege, agrega, porque la actividad que desarrollan tiene un impacto en las exportaciones a nivel nacional y sus redes comerciales son redituables para la economía local.
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Este reportaje fue realizado por Zorayda Gallegos para El País, en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas del International Center for Journalists (ICFJ) en alianza con CONNECTAS
