Milito duró un año y medio sin trabajar luego del linchamiento de uno de sus atracadores. Es un hombre de avanzada edad y baja estatura, al que uno de los balazos que estos le propinaron le hirió el intestino grueso y tuvo que someterse a varias operaciones. Ese ajusticiamiento ocurrido en Baní en agosto de 2008, es el primero de la lista de 67 casos investigados hasta 2018 para esta serie.
Sentado en la galería de su vivienda, el 15 de agosto de 2018, recuerda que luego de una jornada de trabajo como motoconchista, llegó a su hogar, dispuesto a descansar. De repente, mientras parqueaba su motocicleta, tres atracadores llegaron y le dispararon. Tomaron su motor y, cuando escapaban, Milito logró propinarle una puñalada a uno de ellos.
“Yo dije que si me iba a morir me iba a dar el gusto de matarlos aunque me cocinaran de balas. Hay gente que cree que fue que me dieron el balazo porque yo forcé con ellos”, narra Milito.
Los asaltantes lograron escapar en el motor de “Milito”, pero un grupo furioso los perseguía. Cuando llegaron a Sabana Buey, a los atracadores se les acabaron los tiros. Dos de ellos escaparon, pero el que Milito hirió no pudo huir.
La comunidad lo atrapó. Las autoridades llegaron cuando, después de muerto, le echaban leña para quemarlo. Uno de los ladrones que escapó, murió asesinado de un balazo en la cabeza, tres meses después del hecho, en el Distrito Nacional, mientras cometía otro atraco.
Del otro todavía no se sabe
A pesar del crecimiento que se observa en el centro de Baní, hay zonas con un enorme grado de marginalidad. Entre ellas El Maní, La Saona y El Fundo, en la parte norte; Pueblo Nuevo, en el noreste, y Santa Rosa, en el sureste. Conocida como la “Capital del Mango”, para algunos la producción de los deliciosos frutos no alcanza para sostener ese grado de economía alta que posee.
“Es la ciudad que mayor personas tiene vinculada al narcotráfico. Aparecen unos carajitos que hablarles de 100 y 200 millones no es nada”, dice Manuel María Mercedes, dirigente de los Derechos Humanos.
La preocupación por la incidencia de los estupefacientes en esa provincia también la externó el senador Wilton Guerrero, a raíz del asesinato del coronel Daniel Ramos Álvarez en un punto de venta de drogas en Santa Cruz, en Baní, el ocho de enero de 2019. Guerrero refirió que sólo en Baní, una ciudad de 363,31 km², operan alrededor de 40 puntos de drogas y en la provincia Peravia suman unos 80.
