Un homicidio por robo refleja el desconocimiento que tienen los sectores pobres de cómo hacer valer sus derechos. El 2 de abril de 2018, a Nicolás Divaris Escanio, de 18 años de edad, lo mataron de un disparo en el municipio de Tamayo para quitarle la motocicleta en la que viajaba con un primo.
Su familia no tiene abogado, a pesar de que el Estado ofrece una defensa pública que asume los costos de manera gratuita. Desconocen que deben poner una denuncia ante una fiscalía para que puedan dar seguimiento al caso. Ni siquiera saben a cuál les corresponde ir.
“La situación económica no es buena. Aquí, a veces, hay que buscar la manera de que ellos (la Justicia) caminen y no podemos”, dice su abuela, Ernestina Méndez, entre llantos.
YonMauri, como le llamaban, era el primer hijo y el tercer nieto de una familia de cultivadores de plátano de la comunidad de San Ramón. El 30 de agosto de 2018 la familia se reunió en el terreno donde viven los padres, tíos y abuelos de YonMauri, para hablar del día del “accidente”.
“Se ve que eso está muy lento”, comenta Doña Zumba, apodo con el que conocen a la abuela. “No nos dicen nada. Queremos saber qué se está haciendo y qué se puede hacer”.
A su derecha, sentada en una vieja silla de plástico, la madre, Maridelis Escanio, llora al recordar a su hijo. ”Queremos justicia”, dice.
Maridelis es una agricultora de piel canela y ojos tristes. Aunque perdió a su hijo, la vida crece dentro de ella. En poco tiempo tendrá una niña, la hermana que su primer vástago no conocerá. No se explica su suerte: YonMauri era tranquilo y no acostumbraba a salir de fiesta. Prefería quedarse en la casa, arreglando su motor.
Esa noche salió, y ya no volvió.
