Impresión de votos, la multimillonaria caja negra de la política argentina

Por Ruido y CONNECTAS

En una jugada paralela simultánea, Andrea Calligaris ocupó otro rol en las PASO: fue la tesorera de Proyecto Joven, una agrupación progresista, de izquierda y en las antípodas de Milei, que gracias a una insólita Ley nacional recibió del Estado argentino 1.068 millones de pesos (1,8 millón de dólares*) para imprimir 365.792.078 boletas electorales

Pese a los millonarios recursos públicos que recibió, Proyecto Joven sólo obtuvo 74.160 votos en las primarias, el 0,08 por ciento del total de votos que hubo en el país.

Es el caso más burdo y explícito de cómo el Estado argentino financia una caja negra de la política a través de la impresión de boletas electorales. Y que demuestra cómo muchas agrupaciones políticas desplegaron una industria floreciente: la de los sellos electorales (partidos políticos creados sólo con el fin de recibir fondos públicos).

En contra de la lógica pero a favor del negocio, en las elecciones el objetivo de estos partidos no es conseguir votos sino imprimir boletas (las que el elector utiliza después para votar). Basado en reglas laxas y con pocas herramientas para el control de gastos -un caso único en el mundo-, los partidos políticos en la Argentina que sacan menos votos son los que más dinero recaudan para impresión de boletas: una democracia al revés.

El sistema electoral argentino tiene la particularidad de permitir que cada partido político presente más de una lista de precandidatos compitiendo entre sí por una candidatura oficial. El Estado le garantiza los fondos a los partidos para que impriman suficientes boletas para que cada elector empadronado pueda votar en cualquiera de sus listas. Eso implica que entre más listas presenten, más recursos reciben.

Por ejemplo, si un partido presenta una sola lista de circunscripción nacional, recibe recursos para imprimir 35.394.425 boletas (la cantidad de argentinos habilitados para votar). Pero si presenta cinco listas, deberá imprimir cinco veces más boletas. Es decir, 176.972.125. Y para ello el Estado le dará cinco veces más dinero.

Si a eso se suma que el valor desembolsado por el Estado para la impresión de cada boleta depende de la cantidad de “tramos” o categorías de cargos a elegir (presidente, senadores, diputados, intendentes, entre otras) que lleve la papeleta, el despilfarro de recursos públicos es mayúsculo. Por no decir obsceno.

Con estas reglas de juego, el premio mayor no es para el que obtiene más votos sino para el que más boletas imprime. O dice imprimir, porque nadie controla después si efectivamente gastó ese dinero público en una imprenta o si se lo guardó en el bolsillo.

Gracias al financiamiento público y los débiles controles sobre el uso de esos recursos, muchos de estos partidos políticos parecen más interesados en convertirse en “fábricas de votos” para recaudar dinero que en participar de las elecciones para obtener votos. Porque, como comprobó esta investigación de Ruido y CONNECTAS, tienen escasísima actividad proselitista y casi nadie los vota. Pero igual reciben millonarias transferencias de fondos desde el Estado.

Para esta investigación se tomaron registros públicos de la Cámara Nacional Electoral, el organismo judicial que controla los comicios en Argentina. Con ellos se elaboró una base de datos que documenta la cantidad de boletas que debería haber imprimido cada partido, los votos obtenidos y cuánto dinero le reintegraron al Estado por boletas no impresas (por ley están obligados a hacerlo). 

Las auditorías son tan laxas, que es responsabilidad de los partidos políticos devolverle al Estado nacional el sobrante de esos fondos. Casi una cuestión de buena voluntad. Al cierre de este informe, y con los plazos para presentar la documentación ya vencidos, sólo una lista de las 1.818 que participaron de las PASO de agosto había reintegrado fondos públicos que no utilizó. 

El mecanismo

Como todo mecanismo, la creación de esta caja negra millonaria de la política argentina demandó un andamiaje legal. En diciembre de 2009, el Congreso argentino sancionó la llamada “Ley de democratizaciòn, de la representaciòn polìtica, la transparencia y la equidad electoral”, que creó las PASO. Esto permitió a los partidos políticos tercerizar en la ciudadanía, no en los afiliados, la selección de sus candidatos.

En las recientes elecciones primarias, el Estado argentino le giró al conjunto de agrupaciones políticas de todo el país 10.931 millones de pesos. Esa cifra equivale a 18,9 millones de dólares comerciales, si contemplamos la cotización del 11 de agosto, el viernes previo a esos comicios.

El destino de esa millonada fue financiar la impresión de casi 3.744 millones de boletas en todo el país, para que votaran 35,3 millones de personas. Son, en promedio, 106 boletas por cada mayor de 16 años, edad en la que se empieza a votar en Argentina. Basta una comparación para graficar esto: si se imprimieran todas las boletas que financia el Estado y se las colocaran una al lado de otra, ocuparían una superficie cercana a la de la Ciudad de Buenos Aires; una sábana de papel para cubrir a la capital del país.

Son tantas boletas que ningún organismo estatal puede controlar que efectivamente esa sea la cantidad que se imprimió, lo que impide saber cuánto de esos fondos se utilizaron en la impresión y cuántos quedaron en mano de los “gerentes” de los sellos partidarios.

En las elecciones primarias de este año participaron 1.818 listas que postularon a 24.144 precandidatos en todo el país, tanto en la jurisdicción federal –las categorías de presidente y vicepresidente y parlamentarios del Mercosur– como en las 24 las provincias, donde se eligieron diputados nacionales, parlamentario regional del Parlasur y senadores nacionales (en ocho provincias).

Sobre ese universo de precandidatos se montó el despilfarro de fondos y el negocio para algunos. En cada elección, la Justicia electoral le exige a cada partido garantizarle a los electores un mínimo de 50 votos (boletas) por cada urna dispuesta en los centros de votación, ubicados en las escuelas. Este año se habilitaron 104.577 urnas en el país. Por una cuestión material, la única auditoría posible desde el Estado es sobre esa pequeña muestra de votos exigida. Si el resto de las boletas efectivamente se imprimieron, nadie lo controla.

Para dar un ejemplo del descontrol que representa el sistema electoral argentino: en el tramo presidencial, el único que se vota en todo el país, participaron 27 listas de precandidatos (sólo cinco pasaron a las generales). Recibieron financiamiento público para imprimir las boletas del tramo presidencial por 2.714,6 millones de pesos (4,5 millones de dólares), monto con el cual debieron haber impreso 929,6 millones de boletas para todo el país. Una cifra físicamente imposible de colocar en los espacios dispuestos para votar en las escuelas.

Entonces, el mecanismo de esta trampa es recibir fondos para imprimir millones de boletas, pero apenas entregar a la Justicia electoral las 50 que irán en cada urna, y algunas más para mejorar el simulacro.

De las 1.818 listas que se presentaron en todo el país, sólo las que consiguieron más del 1,5 por ciento de los votos de su distrito competirán en la elección general del 22 de octubre, cuando se defina la integración del próximo Congreso y se realice la primera vuelta presidencial. 

A ese porcentaje llegaron 235 listas en todo el país y para todas las categorías: sólo el 13% del total. Y de los 24.144 precandidatos, apenas 1.497 fueron consagrados candidatos. A ellos se suman los integrantes de las cinco fórmulas presidenciales. Estas listas imprimieron para las PASO (o recibieron fondos públicos para hacerlo) 787.627.560 boletas. En otras palabras: sólo el 20 por ciento de las boletas impresas fueron de agrupaciones competitivas. Pese a esto, la cifra del despilfarro sigue siendo astronómica. 

El señor de los sellos

Como este insólito sistema requiere la impresión de boletas en cantidades industriales, no son pocos los que han visto allí un buen negocio. Y más si son del ámbito de la política, como es el caso de José Bonacci. Exconcejal de la ciudad de Rosario y desde 2021 aliado de Javier Milei, es el propietario de la imprenta DWP, ubicada en esa localidad de la provincia de Santa Fe

En esa empresa se imprimieron los votos del frente Liber.Ar, que presentó tres postulantes a la presidencia; de Principios y Valores, donde hubo otras tres listas, una de ellas encabezada por Guillermo Moreno, exfuncionario de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner; y de Proyecto Joven, el partido cuya tesorera es Andrea Calligaris, candidata de Milei, de La Libertad Avanza.

Además, estas agrupaciones sirvieron para canalizar decenas de candidaturas provinciales. En total, Liber.Ar recibió 449,7 millones de pesos (760 mil dólares) y obtuvo sólo 40.352 votos. Por su parte, a Principios y Valores el Estado le dio 876,1 millones de pesos (1,5 millón de dólares), para una cosecha de 560.588 votos. Como se dijo más arriba, Proyecto Joven obtuvo 74.160 votos con un presupuesto de 1.068 millones de pesos (1,8 millón de dólares) para imprimir sus votos. Ninguna de estas listas logró el piso electoral para competir en la primera vuelta presidencial.

La familia Bonacci comanda una red de partidos y sellos electorales. De acuerdo con los registros judiciales, José, el padre, fue autoridad del Movimiento Dignidad e Independencia (Modin), el partido de los militares “carapintadas” liderados por el coronel Aldo Rico que encabezaron una serie de levantamientos contra Raúl Alfonsín en los ochenta; también digitó —a través de su hija Rocío— los destinos y fondos del Partido Popular; y fue presidente del Partido del Campo Popular.

La hija de Bonacci, Rocío, una podóloga que admitió públicamente que no le interesa la política, es la tercera candidata a diputada nacional por Santa Fe en la lista de La Libertad Avanza, de Javier Milei, y todo indica que integrará el próximo Congreso Nacional si consigue los mismo votos que obtuvo en las PASO. Su madre, Beatriz Brouwer, será legisladora provincial en Santa Fe desde diciembre, cuando asuma la banca que obtuvo por ir como candidata de Amalia Granata, una exmodelo que llegó como outsider a la política y ahora es referente de sectores conservadores y evangélicos.

Bonacci, además, tiene trato directo con Andrea Calligaris, la ferviente libertaria que fue tesorera del progresista Proyecto Joven, un frente electoral que llevó como uno de sus precandidatos a presidente al prestigioso escritor y periodista Mempo Giardinelli, en las antípodas ideológicas de Milei, y cuyos votos se imprimieron, no casualmente, en la imprenta de Bonacci.

“Proyecto Joven era, aparentemente, un espacio que nos contenía y nos proveía lo que nosotros no teníamos. Fuimos muy inocentes, una inocentada; pero en la buena fe, uno a veces comete errores. No se nos ocurrió pensar lo podrido que estaba eso”, responde Giardinelli al repasar su fallida experiencia.

El periodista y escritor cuenta que los boletas, aunque fueron pagadas por el Estado e impresas en la planta de José Bonacci en Rosario, no aparecieron hasta la noche antes de la elección: “Llegó un camión a mi casa, en Resistencia (provincia de Chaco), la noche antes de los comicios, el sábado a la noche. Cargadisimo de las boletas nuestras que no podíamos repartir… Después las quemamos”.

En una entrevista para esta investigación, Bonacci dijo que en su imprenta se utilizaron 490 toneladas de papel para la impresión de millones de votos durante las PASO. “Este sistema de votación es una cagada. Pero yo no hago las leyes. Cuando mi hija sea diputada nacional, vamos a impulsar la boleta única de papel: tengo el proyecto redactado desde hace años. Yo soy como Eliot Ness, que combatía el tráfico de bebidas hasta que terminó la prohibición y se sentó a tomar una copa”.

“Por un lado está el negocio del sello partidario y la venta de esta plataforma para presentarse a elecciones sin necesidad de buscar los avales; y el otro es la impresión de boletas. Pero acá, quien hace el negocio de alquilar el partido político es el dueño de la imprenta”, dice Lourdes Lodi, experta en sistemas electorales del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec). No lo menciona, pero en su descripción puede entrar perfectamente Bonacci.

Para el imprentero y candidato, son actividades congruentes: “La imprenta la tengo desde hace dos años, pero no puse un peso; la plata la puso mi socio. Si me preguntás a mí, la pagaron ‘con la nuestra’, porque desde 2007 vengo trabajando con esa imprenta. Si vos me preguntás desde cuándo es mi imprenta, digo que desde siempre, porque la pagué cuatro o cinco veces con los aportes (públicos) para los votos. Yo mismo no me escucho: siempre digo que uno tiene que estar de un lado o del otro del mostrador”, dice Bonacci en modo dueño de la fábrica de votos y armador de sellos electorales.

–Y esto de estar de los dos lados del mostrador, ¿qué beneficio tiene?
–Ahora la plusvalía me quedó a mí.

A lo largo de este siglo, este experto conocedor de las hendijas de las leyes electorales armó una exitosa fábrica de votos. A él le gusta decir de sí mismo que es un “colaborador ad honorem” del tribunal electoral con jurisdicción en su provincia, Santa Fe. Apoderados de otras fuerzas electorales lo recuerdan a Bonacci como “alguien que siempre está en la puerta del juzgado electoral durante los cierres de listas”. Uno de los abogados lo admite sin medias tintas: “Yo pensaba que era el portero de Tribunales”. Ninguno quiere hablar mal del señor de los sellos: no se sabe cuándo podrían necesitarlo.

En la actualidad su base de operaciones políticas es el partido Unite por la Libertad y la Dignidad (Unite), agrupación que es la continuadora del Modin, el partido de los “carapintadas”. Los afiliados del primero dieron sustento legal al segundo sello. Pero, como se contó más arriba, en los últimos años su nombre y el de sus familiares aparecen como autoridades de varios partidos.

“Hace 40 años que vengo cuestionado esta democracia incompleta; esta democracia no es un logro del pueblo, sino que fue la concesión graciosa de un gobierno cívico-militar derrotado en la política, en las armas y en lo peor, derrotado ideológicamente”, dice Bonacci, que hoy se ha encolumnado tras la figura de Javier Milei.

Desde 2021, el partido de Bonacci es uno de los andamios legales sobre los cuales apoyó su candidatura presidencial Milei, de escasa estructura administrativa para hacer frente a una elección nacional.“La verdad es que no pasé por todos los partidos. Me gusta plantear que he colaborado en construir la opción libertaria desde 2019”, dice el político-imprentero.

Bonacci dice que él es partidario de que “todo arda”, por eso cree que la revelación de este mecanismo va a sepultar las boletas partidarias. Para dar otro ejemplo del descalabro de este sistema, cuenta una anécdota: dice que acaba de imprimir 600 mil votos del tramo presidencial de la boleta de Javier Milei (La Libertad Avanza) por pedido de Guillermo Montenegro, el candidato a intendente de la ciudad de Mar del Plata —principal destino vacacional de Argentina durante el verano—, del frente opositor Juntos por el Cambio.

“Montenegro le va a cortar los votos a Patricia (Bullrich, la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, coalición que compite contra Milei)”, dice Bonacci. “Cortar los votos”, en la jerga política argentina, es colocar candidatos de distintas agrupaciones en cada tramo. En otras palabras, lo que cuenta Bonacci es que Montenegro, que va en la misma larga papeleta que lleva en el inicio como cara más visible a Bullrich, hoy tercera en las encuestas, distribuiría votos de Miei y de él, restándole votos a ella.

–¿Se pueden imprimir votos sin la autorización, en este caso, de La Libertad Avanza?

–A mí qué me importa. Le escribí a Milei contándole. Le escribí: “Jefe, cuando usted sea presidente, póngame en la Casa de la Moneda”. Me respondió que como el Banco Central no va a existir más, va a cerrar la Casa de la Moneda.

Los sellos del “Sapo”

Pero el de Bonacci no es el único caso de cómo el sistema de financiamiento público electoral alienta y facilita el negocio de, en vez de competir, alquilar los sellos partidarios para recaudar millones en cada elección primaria.

Mario “El Sapo” Peral es el apoderado de Unión Popular Federal (partido que en 1955 mandó a fundar Juan Domingo Perón para sobrevivir a la proscripción). Peral prestó su sello partidario a casi todo el arco ideológico de su provincia, Córdoba, la segunda del país y conocida como La Docta por su polo de universidades públicas y privadas.

Siempre ligado al peronismo, Peral fue candidato a diputado nacional cuando en 2011 el partido presentó a Eduardo Duhalde como postulante a la presidencia y se movió en la política hasta que, en 2015 —asegura— le facilitó a Sergio Massa, el actual ministro de Economía y candidato a presidente por el Gobierno nacional, su sello electoral para montar sobre él la alianza UNA, que conformó con el por entonces gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota

Luego comenzó a ampliar su horizonte político, y el de su sello: en 2019 fue candidato a legislador en Córdoba, su provincia, cuando puso a disposición de Mario Negri y Luis Juez, dos opositores al peronismo, la marca Unión Popular Federal. 

En las PASO 2021, “El Sapo” cobijó con este sello a seis listas, desde kirchneristas ortodoxos que reivindicaban al fallecido expresidente Néstor Kirchner hasta fanáticos libertarios que querían “extinguir a los zurdos”. Se paraba en Tribunales Federales, donde se inscriben las alianzas electorales, y ofrecía los servicios de su sello electoral. 

Para imprimir las boletas que las seis listas de Peral usarían en esa elección, recibió 48 millones de pesos (280 mil dólares). Fue, además, su primera incursión en el mundo de la impresión de boletas, que terminó en un hervidero por el reparto de los fondos entre aquellas siete listas: le reclamaban a Peral manejar el dinero. 

De la elección 2021, Peral asegura que devolvió 12 millones de pesos, pero eso no está asentado en el balance que presentó a la Justicia electoral. Dos años después, “el Sapo” volvió por más. 

En las primarias de este año, el presidente y apoderado de UPFl quedó en el centro de la escena cuando volvió a presentar siete listas para competir para diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur. 

Su apuesta tomó otra dimensión porque, si prospera un recurso judicial con jurisprudencia favorable, su partido podría terminar cobrando casi 90 millones de pesos por la impresión de las boletas luego de haber sacado 9.776 votos (0,47%). “¿Por qué tan poco? Fue el efecto Milei”, se justificó consultado para esta investigación.

Se molesta cuando le dicen que es dueño de una “franquicia” política y reafirma algo que le dijo al exjuez federal Ricardo Bustos Fierro: “Las PASO perjudican a los partidos chicos”. En ese contexto, Peral explica que imprimir los millones de boletas que imprimió le sirve como la única manera de llegar a los votantes. 

Es más: dice estar en contra del despilfarro de fondos públicos, aunque es uno de sus beneficiarios directos. 

Ahora espera que la Justicia autorice al Gobierno el desembolso de los fondos que reclama aunque “ajustados por inflación”.

Perfectos desconocidos

En la provincia de Chaco, al norte del país, el Partido Movimiento de Izquierda Juventud Dignidad (MIJD) participó en las PASO del 13 de agosto en cuatro categorías, con la Lista 90. La principal figura de ese espacio es el dirigente Raúl Castells, que lideró la fórmula presidencial con Adriana Reinoso como vice, en la Lista A. Los 1.108 votos que obtuvo no alcanzaron a superar a la dupla de la lista B, que tenía a Gabriel Cúneo y a Gustavo Barranco como candidatos, y consiguió 1.156 votos. 

Ambas corrientes internas para esa categoría reunieron 2.264 votos; es decir, el 0,36% de un padrón de más de un millón de electores.

En la categoría parlamentarios nacionales también hubo competencia entre las opciones A ‘Dignidad’ y B ‘Confederal’. Y para diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur sólo se presentó la Lista A. En la primera postulación para legisladores nacionales estuvo Américo Quiroga, un nombre prácticamente desconocido en la provincia y que cosechó menos apoyo que Castells: 1.090 sufragios (0,18% del padrón).

La búsqueda de información sobre candidatos y campañas para esta investigación fue difícil: no fue posible dar con spots publicitarios de los candidatos locales. De Américo Quiroga se afirma que es un cacique wichí con residencia en Misión Nueva Pompeya, un pequeño pueblo en El Impenetrable chaqueño. 

Respecto de la impresión de boletas, Ruido y CONNECTAS contactaron a Castells. El dirigente del MIJD aseguró que Chaco participó en una impresión conjunta de votos y que varios candidatos de Misiones, Formosa y Corrientes acudieron a retirar las boletas, aunque no precisó dónde se realizó. El referente dijo estar a favor de que se asignen recursos por frente o alianza de partidos y en contra de que sea por línea interna, como se hace ahora. 

Estos y otros casos de agrupaciones con candidaturas ignotas, campañas invisibles y aportes públicos de millones de pesos sirven para ilustrar una situación denunciada por organizaciones civiles, advertida por la Justicia y expuesta por partes en diversos medios nacionales y regionales. Sin embargo, este sistema electoral sigue por ahora su curso.

El único que devolvió dinero

Aunque la ley prevé que las listas reintegren el dinero sobrante de la impresión de boletas, esto prácticamente no ocurre. Como ya se dijo, los controles son laxos frente a la magnitud del negocio y los volúmenes de papel que se utilizan. 

Al cierre de esta investigación, y con los plazos de presentación de informes de campaña vencidos, sólo una agrupación había reintegrado al Estado argentino fondos que no utilizó en la impresión de sus votos para las PASO. Se trata del espacio confesional Nueva Unión Celeste, una fuerza política que tiene como bandera su rechazo a la interrupción legal del embarazo. 

En este partido no había discusión interna pero, por la ley electoral argentina, igual deben competir para alcanzar el 1,5 % de los votos de su distrito, que habilita a la agrupación a disputar las bancas del Congreso Nacional. Nueva Unión Celeste presentó precandidatos para los tramos senadores nacionales, diputados nacionales y Parlasur regional, todas candidaturas para la provincia de Buenos Aires, la más importante del país. 

Por esas tres categorías, el partido “celeste” (el color que identifica a quienes rechazan el aborto) recibió 114,8 millones de pesos (194 mil dólares), de los cuales reintegró 40,5 millones de pesos (68 mil dólares). Con ese monto, debió imprimir 39,3 millones de boletas. 

Raúl Magnasco, el referente financiero de la agrupación, explica que ajustándose al presupuesto de 2,92 pesos que el Estado argentino le asignó como costo a la impresión de cada boleta, ponderaron que una cantidad lógica era imprimir unas 17 millones de boletas para las 38 mil mesas electorales que se desplegaron en esa provincia, un promedio de 150 boletas por urna y un mínimo stock para que los candidatos puedan repartir en mítines y actividades proselitistas.

Así, utilizaron 74,3 millones de pesos (125 mil dólares) de los fondos públicos. Pese a la devolución del dinero, el despilfarro es inevitable: la agrupación logró solo 64.188 votos en las tres categorías, frente a los 17 millones que se imprimieron.

Las advertencias no oídas

En mayo 2023, cinco meses antes de las PASO, la Cámara Nacional Electoral (CNE) advirtió sobre la utilización para otros fines de los fondos públicos destinados a la impresión de las boletas que se utilizan en las elecciones nacionales, y ordenó a los auditores judiciales en las provincias que refuercen los controles. En ese sentido, ordenó que los pagos a las imprentas sólo podrían realizarse por medio de cheque cruzado o mediante transferencia bancaria, sistemas que permiten tener la trazabilidad del dinero. Además, solicitó a la Administración Federal de Ingresos Públicos que preste colaboración para detectar irregularidades.

En el mismo sentido, unos días antes de las primarias 2023, la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio, se preguntaba “¿por qué tantos partidos y por qué tantas listas?”. Y respondía: “Algunas agrupaciones son absolutamente desconocidas y ni qué decir de la mayoría de los 27 candidatos a presidente, a los que estamos viendo en la publicidad que paga el Estado a todos los competidores. (...). La razón de esta proliferación de partidos y listas es muy sencilla. En ambos casos la respuesta es: un muy lucrativo negocio”.

Ferreira Rubio concluía que “constituir un partido político es relativamente fácil”, y que llegó el momento de “revisar la legislación que regula a los partidos y su financiamiento”. 

Por su parte, un mes después de las PASO, el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla comunicó a la Cámara Nacional Electoral —ente que organiza las elecciones a nivel nacional—, una advertencia sobre la proliferación de listas internas “con escaso margen de representatividad”. También en septiembre pasado, la Cámara Nacional Electoral le pidió al Congreso Nacional que modifique la normativa de financiamiento de los partidos políticos, para que se baje el gasto público en la impresión de boletas de votación. Reclamó que se revise el mecanismo de asignación de estos fondos.

La CNE señaló que la normativa vigente "conduce a resultados irrazonables", y puso el caso del Partido Unión Popular Federal, en Córdoba, la agrupación de “el Sapo” Peral, que reclamó ante la Justicia que le cubran el costo de cada una de las cinco listas que presentó en las PASO. 

En una entrevista con Ruido y CONNECTAS, Lourdes Lodi, del Cippec, dice que “el problema no es que el negocio (de la impresión de boletas) se da en los márgenes o por fuera de la ley, sino dentro de la ley; es la propia ley la que habilita el negocio”; situación que también motiva a la atomización de la oferta electoral que provoca un “desconcierto y apatía” en el electorado, con “partidos generados ad hoc, días antes del cierre de listas, gracias a leyes electorales de bajos requisitos”. 

Para Lodi hay dos soluciones. Sin cambiar la herramienta electoral, una posibilidad sería asignarle al reparto de fondos algún parámetro de racionalidad: por ejemplo, que los fondos para imprimir boletas fueran proporcionales a la cantidad de votos que obtuvo la fuerza en la elección anterior, una forma de alentar la competencia política. 

Y quizá la mejor solución: un cambio en la herramienta electoral. De las boletas partidarias a la boleta única (un solo papel con todos los candidatos), que “imprime sólo un padrón y no tantas listas como compiten”. Para Lodi, los partidos políticos no sólo resisten la boleta única por el negocio que esconde la impresión de votos, sino también por “temor a un cambio en la cultura política”. 

“A este sistema saben cómo articularlo, saben qué hace el puntero, saben cómo llevar adelante las prácticas tramposas. Con la boleta única se acaban los chanchullos sin que se acabe el financiamiento del Estado a los partidos”, agrega. 

En 2015, antes de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hiciera lugar a un amparo que abrió la caja de Pandora de negocios partidarios, Carlos Fayt, el único ministro del alto tribunal que votó en contra de darle a cada lista los mismos fondos para la impresión de boletas que a una agrupación, vaticinó que “la pulverización de la representación se vería alentada de otorgarse a cada lista los recursos que la ley concede a toda la agrupación política”. No era tan difícil ver el futuro. 

(*) Cotización del dólar comercial al 11 de agosto de 2023.