Por Artículo 66 y CONNECTAS

Mitología aparte, en pleno siglo XXI la realidad dice que en la Nicaragua gobernada por Daniel Ortega habría un Midas moderno haciendo aparecer oro de la nada. Solo en el año 2022, el país exportó más de 4.9 toneladas del metal precioso que no aparecen reportadas en las estadísticas oficiales como extraídas de las minas nacionales. Eso representa más de 288 millones de dólares de exportaciones por la venta.

Pero la magia de vender oro que no existe en los reportes oficiales no es asunto reciente. El Banco Central de Nicaragua (BCN) reporta que, bajo la administración sandinista, entre el 2009 y el 2022 se han enviado al mercado internacional 23.9 toneladas de oro que no cuadran con la producción nacional. ¿De dónde sale todo ese oro y quién es el dueño? ¿A dónde van a parar todos esos millones de dólares producto de la venta?

Para algunos conocedores de la industria minera, ese “oro excedente” que se vende en el mercado internacional podría ser producto de la minería ilegal artesanal o, en el peor de los casos, traído de otros países como Colombia o Venezuela para venderlo como oro nicaragüense. Eso implicaría una grave violación a los términos del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, conocido como DR-Cafta (por sus siglas en inglés), razón por la cual la organización de promoción de la democracia Diálogo Interamericano considera que el comercio del oro nicaragüense podría ser sancionado próximamente.

Este reportaje de Artículo 66 y CONNECTAS, en el que se consultaron todas las estadísticas sobre la industria aurífera reportadas por el Banco Central de Nicaragua (BCN), el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Centro de Trámites de las Exportación (Cetrex), demuestra que los datos oficiales de producción y exportación de oro no cuadran; y que el régimen promueve, en silencio, la minería ilegal y la invasión de tierras indígenas para facilitar la explotación minera. 

Además, que Ortega ha convertido ese mineral en el principal rubro de exportación, pero a la vez, en el negocio más turbio de su administración, en el que operadores políticos de su confianza, empresarios afines a su partido y sindicalistas mineros, militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aparecen como empresarios auríferos hasta en una empresa en Panamá.

Números que no cuadran

En 2007, cuando Daniel Ortega regresó al poder en Nicaragua, según el BCN se producían 100,700 onzas troy de oro, pero solo se exportaban 91,700 onzas. Hasta ese momento, el comercio internacional del mineral ocupaba el cuarto lugar entre los rubros más exportados del país, según estadísticas del Centro de Trámites de la Exportación (Cetrex).

La lógica indica que parte de la producción se queda en el mercado nacional. Por lo tanto, la exportación debe ser menor que la producción. Solo un desfase entre el año de producción y el momento en que se registra la exportación, por razones administrativas o de inventario, la producción ilegal o el blanqueo de oro producto de otros países podrían explicar unas cifras de exportación más altas.

Para el 2009 la “magia” de Ortega para hacer aparecer oro empieza a ser notable. Ese año la producción aurífera, según las estadísticas oficiales, fue menor que el año anterior, alcanzando 83,200 onzas troy, pero se exportaron 88,000. Y en el 2010 las minas produjeron 156,800 onzas, el doble que el año anterior, mientras el envío al mercado internacional fue de 179,000. Es decir, en esos dos años el país vendió 27,000 onzas más de lo que produjo. Era solo el comienzo de una estadística difícil de explicar.

La desproporción entre producción y exportación del metal precioso fue en aumento año a año. El BCN indica que, en los 16 años que lleva Ortega en el Poder, el país ha logrado más que triplicar la producción del metal precioso, pero las exportaciones se han más que quintuplicado.

El rápido aumento del volumen de las exportaciones permitió que a partir del 2020 el oro pasará a ocupar el primer lugar entre los rubros exportados por Nicaragua, según los datos del Cetrex. Estados Unidos ha sido el principal mercado para este producto desde el 2016. Las estadísticas del BCN indican que, desde ese año, entre el 96 y el 100 por ciento del oro extraído de las entrañas de la tierra nica va hacia el gigante norteamericano, al que Ortega califica como “el imperio” y su mayor enemigo.

Para Amaru Ruiz, director en el exilio de la organización ambientalista Fundación del Río, el oro que el país exporta y que no se registra como producido en Nicaragua solo se puede explicar de dos formas: Nicaragua estaría vendiendo en el mercado internacional toneladas de oro que trae al país desde Venezuela o Colombia, es decir que está “lavando oro” —dice Ruiz—; o exporta el mineral extraído en las minas artesanales ilegales. 

“En ambos casos el régimen de Ortega le estaría vendiendo a Estados Unidos oro ilegal, violando todas las normas del comercio internacional”, advierte el ambientalista.

Mientras que el economista nicaragüense Enrique Sáenz (también en el exilio) es más directo: no duda de que en Nicaragua se está “lavando oro”. Para él, no hay otra manera de explicar el hecho de que el país esté vendiendo más del que se produce legalmente.

Para conocer la versión de las autoridades gubernamentales sobre la desproporción entre la cantidad de oro reportado como extraído de las minas nacionales y el que se envía al mercado internacional, se enviaron consultas al MEM y al Cetrex, pero no hubo respuestas de estos entes oficiales.

Las sanciones que no detienen el comercio

El inexplicable aumento de las exportaciones por encima de la producción ya ha llamado la atención del principal receptor del oro nicaragüense. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha visto en ese comercio una posible fuente de ingresos para el régimen, que ha generado centenares de millones de dólares en ganancias cada año. Para Washington, buena parte de esos dólares han ido a parar a los bolsillos de Ortega, su familia y sus socios.

El Gobierno de Estados Unidos considera que parte las ganancias estarían sirviendo para financiar el régimen de Ortega, según lo dijo la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro estadounidense, cuando sancionó a la Dirección General de Minas (DGM).

De acuerdo con el comunicado oficial del 24 de octubre del 2022, Washington sanciona a la DGM por ser “un elemento importante de las operaciones de extracción de oro controladas por el Estado”, que sirven para que “Ortega y sus secuaces usen el lucro originado en la producción y comercialización del oro para enriquecerse y premiar a quienes mantienen al régimen en el poder”.

Aunque el Gobierno norteamericano no explica en detalles el por qué señala que las ganancias del comercio de oro estarían llenando los bolsillos de Ortega y sus cómplices, lo cierto es que entre el 2009 y el 2022, bajo la administración del líder sandinista, Nicaragua ha exportado oro que no aparece en las estadísticas de producción por un valor de U$1,229.9 millones, la mayor parte pagada por importadores estadounidenses.

Esos ingresos no son adjudicables a las empresas productoras del metal precioso en el país porque no aparecen en las estadísticas de producción consultadas año por año en los sitios web oficiales del BCN y Cetrex.

La Orden Ejecutiva 13851, mediante la cual fue sancionada la DGM, es clara al establecer que “se prohíben todas las transacciones por parte de personas estadounidenses o dentro de Estados Unidos (o que transiten por ese territorio) que involucren bienes o participaciones en bienes de personas designadas o alcanzadas por otras medidas de bloqueo, a menos que se encuentren autorizadas por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o que tengan algún otro tipo de dispensa”.

Esa prohibición no parece haber afectado las exportaciones de oro de Nicaragua, pues el comercio del mineral con Estados Unidos sigue creciendo.

El mismo Gobierno estadounidense, en un intento por frenar las cuantiosas exportaciones auríferas, sancionó uno a uno a los presidentes de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas) que el régimen de Ortega iba sustituyendo tras cada sanción entre 2018 y 2022. De esa forma fueron incluidos en la lista negra del Departamento del Tesoro: Francisco López Centeno, Ramón Calderón Vindell y Ruy López Delgado. Además, fue sancionado el 15 de noviembre de 2021 Salvador Mansell Castrillo, ministro de Energía y Minas, el ente que controla hasta ahora el sector minero. Pese a esto, Mansell se mantiene en el cargo.

Además, las sanciones de la OFAC también cayeron sobre la propia Eniminas el 17 de junio de 2022. La empresa estatal fue concebida por el Gobierno de Ortega en 2017 precisamente para empoderar a nivel internacional el negocio del oro, tal como lo indica la Ley Creadora 953 aprobada en la Asamblea Nacional de Nicaragua.

Las sanciones, según el Departamento del Tesoro norteamericano, procuran “interrumpir la posibilidad que el régimen de Ortega-Murillo use el producto de la venta del oro con el fin de reprimir al pueblo nicaragüense”. Sin embargo, el fluido negocio del metal precioso con Estados Unidos no se ha interrumpido; por el contrario, sigue aumentando. A tal punto que en los primeros seis meses de 2023, según los datos del BCN, el oro nuevamente puntea como el principal rubro de exportación, y el principal mercado sigue siendo el estadounidense que ha comprado la mercancía por un valor de 420 millones de dólares.

El ministro del MEM, Salvador Mansell, dijo en febrero de este año en el oficialista Canal 8 televisión que para el presente año han proyectado exportaciones de oro por el orden de los U$1,000 millones, lo que —según dijo— es un récord histórico para el país.

Las empresas más grandes del sector en Nicaragua (por el número de hectáreas recibidas en concesión y por consiguiente las principales exportadoras) son: Grupo Mineros (Colombia); Calibre Mining Company y Blue Stone Gold Mining (ambas de Canadá), y Condor Gold SA (Reino Unido). También hay inversiones de capital nicaragüense, hondureño y estadounidense.

Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano, declaró recientemente que el Gobierno de Daniel Ortega ha violado al menos tres capítulos del DR-Cafta en lo referente a las normas ambientales y laborales en la extracción de oro de minas artesanales e ilegales. Al ser Estados Unidos el principal comprador de ese oro, el Gobierno de ese país podría aplicar sanciones en los próximos meses a las empresas nicaragüenses o de otros países que exportan ese mineral al mercado estadounidense.

Las concesiones mineras y el desastre socioambiental

Según el MEM, Nicaragua tiene una superficie disponible para la exploración y explotación minera de 42,900 kilómetros cuadrados que representan el 36% del territorio nacional, de los cuales 8,366 kilómetros cuadrados están en la categoría denominada “reserva minera”, es decir disponibles para ser concesionadas. 

Un estudio elaborado por Fundación del Río, denominado “Nicaragua y su oro perverso” (concluido en julio de 2022), logró establecer que durante los 16 años de Gobierno de Ortega en el país se han entregado más concesiones mineras que en cualquiera de los tres gobiernos anteriores.

Según la organización ambientalista, entre el 2007 y 2021 la administración sandinista había autorizado un total de 114 concesiones de las 146 existentes. Además, hasta ese momento estaban en proceso de aprobación otras 83.

El ministro del MEM, en una comparecencia en el oficialista Canal 8 de televisión en febrero de este año, afirmó que “en los últimos años se han entregado 299 concesiones, 172 para la minería metálica y 127 para la no metálica”. El dato revelado por Mansell deja en claro que entre julio de 2022, cuando Fundación del Río cerró su monitoreo, y febrero de este año el Gobierno sandinista aprobó 26 concesiones más. A esto se suma que también China acaba de entrar al reparto del pastel aurífero de Nicaragua.

En julio de este año, el Consejo Regional Autónomo del Caribe Sur otorgó cinco concesiones para explotación de oro más de 200 mil hectáreas a la empresa de capital canadiense Calibre Mining; además, los concejales de Caribe Norte aprobaron un permiso de exploración y explotación aurífera de 14,400 hectáreas a favor de la compañía china Zhong Fu Development S.A., subsidiaria de ZhongFu Invest Group, con sede en Beijing.

Tanto la Fundación del Río como la Plataforma de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes (INANA AIP) han denunciado que ninguna de las concesiones que se han otorgado en los territorios de las regiones autónomas han cumplido con el proceso de consulta a las comunidades autóctonas, tal como manda la Ley 387 que regula la actividad minera en el país.

La Fundación del Río, además, ha alertado sobre los peligros que representa la “escalada concesionaria” del régimen de Daniel Ortega. Según el presidente de esa fundación, “el Gobierno ha promovido la invasión a tierras indígenas y áreas protegidas con el afán de impulsar la minería artesanal por parte de explotadores. Estos van invadiendo y cambiando el uso de los suelos con el fin de forzar un cambio de categoría de los territorios protegidos y de esa manera, facilitar la entrada de la minería industrial”.

El papel de la minería artesanal

Pero el boom del oro va más allá de las grandes concesiones. La minería artesanal también ha crecido con el auspicio del gobierno; y, de la mano de esta, la explotación ilegal, la cual explicaría parte del desfaz de las cifras de exportación. 

La maniobra que el régimen sandinista ha utilizado para avanzar en la invasión de territorios para la explotación minera es la llamada Minería Artesanal a Pequeña Escala (MAPE), la figura bajo la cual se organizan los trabajadores de estas minas. El estudio de Fundación del Río detalla que en el país unas 40,000 personas se dedican a la actividad extractiva a través de las MAPE en 38 municipios del país. Ruiz asegura que el MEM, a través de las delegaciones departamentales del Gobierno, sólo reconoce 21 mil mineros artesanales en 23 municipios.

Sin embargo, sostiene Ruiz, la actividad minera artesanal en su mayoría es ilegal. La estrategia que emplean es establecerse en territorios privados, cercanos a las áreas de reserva, y luego van invadiendo terrenos nacionales o de las comunidades indígenas y afrodescendientes.

El creciente número de MAPE ya es un serio problema ambiental y social. Según la Fundación del Río, el MEM reconoce que existen un total de 1,692 beneficios mineros rústicos (sitios de extracción y procesamiento) que consumen anualmente unas 36 toneladas de mercurio para procesar aproximadamente 5.72 toneladas de oro.

Parte del oro extraído en estas minas artesanales, legales e ilegales, es lavado en planteles autorizados por el Gobierno, aunque solo oficializan MAPE autorizadas. Lo dice el MEM en su informe oficial sobre los planteles de procesamiento de mineral, actualizado hasta diciembre de 2020. Detalla que el Plantel VESMISA, localizado en Bonanza en el Carribe Norte, fundado en 2010 y que es administrado a tres bandas por la empresa HEMCO, el proyecto Desarrollo de la Pequeña Minería (DPM, que no se especifica de quién es) y el MEM, se dedica únicamente a procesar “broza” de los mineros artesanales.

Otro plantel dedicado solo a procesar broza (material de la perforación minera) extraída por mineros artesanales es el llamado La Curva-Vesubio, también en Bonanza, inaugurado en el 2012 y administrado por HEMCO. Y el Plantel La Libertad (Los Ángeles), de capital canadiense y localizado en el departamento de Chontales, también se dedica exclusivamente a procesar material extraído por mineros artesanales. 

Este plantel fue intervenido por el Gobierno en marzo de este año, bajo el pretexto de estar procesando broza extraída de áreas protegidas de Río San Juan (al sur del país) y el área de Amortiguamiento de la Reserva Biológica Indio Maíz, según reportó en su momento Confidencial. Sin embargo, el plantel sigue operando, ahora bajo control estatal.

Los Ángeles tiene capacidad de procesamiento de 165 toneladas de broza por día y, según el MEM, su capacidad de producción promedio mensual es de 1,245.87 onzas troy de oro y 3,435.95 onzas troy de plata. Es el plantel de procesamiento de broza de mayor capacidad de producción, sin contar los planteles de la minería industrial, y es también el más cuestionado por los ambientalistas por procesar material de minas artesanales ilegales.

Para Amaru Ruiz, en el caso de Los Ángeles la maniobra del régimen de Ortega fue “tomar el control” de ese plantel y asumir las operaciones directamente. Agrega que parte del oro que ahí se procesa, al ser extraído de minas artesanales ilegales como las del departamento de Río San Juan, no cumple con los requisitos necesarios para ser exportado, y menos a Estados Unidos porque es extraído de áreas protegidas y en esas minas trabajan menores de edad sin las mínimas medidas de seguridad.

Desde el MEM tampoco respondieron a consultas para explicar esto que denuncia el activista ambientalista de la Fundación del Río, quien agregó que muchas de las MAPE no cuentan con permisos de operación, como tampoco tienen medidas de seguridad ambiental ni laborales.

Un monitoreo realizado por la publicación Revista Naturalista sobre los reportes de accidentes en la minería artesanal revela que entre 2020 y 2021 sucedieron al menos 19 muertes confirmadas, entre ellos varios menores de edad, en derrumbes de minas artesanales en Nicaragua. Pero también se reportaron, en el mismo periodo, 23 personas desaparecidas que nunca fueron encontradas porque las autoridades de rescate estatales suspendieron las búsquedas pese a que testigos confirmaron que había personas soterradas. El Gobierno se ha callado ante estos desastres.

Para el titular de la Fundación del Río, el silencio cómplice del Gobierno ante el avance acelerado de las MAPE sobre áreas protegidas por las leyes ambientales y por la Ley de Autonomía de la Costa Caribe sólo tiene una explicación: “La minería artesanal se convierte en los frentes mineros que propician el avance de concesiones mineras industriales”. Tras la invasión de los artesanales, opina, irán las grandes industrias, una vez que el régimen haya declarado el cambio de categoría de protección de las reservas naturales y haya logrado reducir a cero la Ley de Autonomía de los pueblos del Caribe.

El daño social y ambiental que está dejando en Nicaragua la minería, tanto industrial como artesanal, ya es alarmante. Además de las pérdidas de vidas humanas, el desplazamiento de comunidades autóctonas y el vertido a los suelos y a fuentes de agua de más de 36 toneladas de mercurio al año, que las mismas autoridades gubernamentales reconocen, se suma el despale indiscriminado producto del cambio de uso de los suelos, entre ellos la minería.

Los cercanos a Ortega en el negocio del oro

Cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unido, impuso sanciones a la Dirección General de Minas (DGM) en octubre de 2022, también sancionó al operador político y financiero de Ortega, Lenin Cerna Juárez, exjefe de la temida Seguridad del Estado en los años 80. El Gobierno estadounidense no especificó qué relación tendría Cerna con el negocio del oro.   

Sin embargo, una fuente que habló para este reportaje a condición de anonimato asegura que Cerna ha mantenido una vieja y estrecha relación de amistad y negocios con el ahora próspero empresario nicaragüense Walter Luna Doña, actual presidente de Inversiones Mineras SA (IMINSA).

Luna incursionó en el negocio minero en 1992 cuando fundó esa empresa y compró a cooperativas sandinistas el 5% de las acciones de la Mina El Limón, en el occidente del país. Luego llegó a ocupar el cargo de tesorero de la Cámara Minera Nicaragüense (Caminic), la agrupación gremial que reunía a todas las empresas mineras del país, y que formó parte del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la máxima organización empresarial, defenestrada recientemente por el régimen de Daniel Ortega.

Actualmente Walter Luna aparece como “suscriptor” de la empresa Inversiones Mineras SA (Imisa), inscrita como una sociedad anónima en Panamá; y comparte junta directiva con el reconocido sindicalista minero y activo militante sandinista Raúl Raymond Hooker Amador, que aparece con los cargos de director y tesorero de esa empresa, según datos expuestos públicamente por la página web especializada OpenCorporates.

Hooker Amador no es conocido como empresario aurífero en Nicaragua, pero sí como un leal y obediente a Daniel Ortega, a quien responde desde su cargo de presidente de la Federación de Trabajadores de la Minería, adscrita a la Central Sandinista de Trabajadores (CST), un poderoso brazo sindical del FSLN que controla todos los sindicatos del sector y tiene presencia en todos los distritos mineros.

Para esta investigación se enviaron correos electrónicos a Luna para consultarle sobre su relación con Cerna y sus incursiones en el negocio minero, pero no obtuvimos respuesta. Lo mismo ocurrió con Hooker Amador 

Pero el vínculo de funcionarios de Ortega con el negocio del oro no se acaba en Lenín Cerna, el amigo cercano de Luna. En 2021, Leslie Earl Coe Hodgson, primo hermano de la esposa de Francisco Campbell, el embajador de Ortega desde hace más de una década en Estados Unidos, y hermano del comandante guerrillero sandinista Lumberto Campbell, el principal operador político y financiero de Ortega en la Costa Caribe Sur de Nicaragua, recibió cinco concesiones para explotación minera que suman una extensión de 238.555 hectáreas, muchas de ellas en territorios indígenas. Ninguna de estas concesiones cuenta con el aval de las comunidades indígenas, como lo manda la Ley.

Mientras eso sucede, el gobierno de Ortega sigue concediendo grandes extensiones de tierras para la explotación minera, se hace de la vista gorda ante el avance de la minería artesanal ilegal y, por supuesto, el negocio sigue su marcha.  

¿Tiene razón el Gobierno de Estados Unidos al afirmar que el régimen de Ortega se financia con oro ilegal? Por el manto de secretismo con que el actual Gobierno maneja las cuentas estatales no hay suficientes elementos para sostenerlo con firmeza, pero los datos oficiales, que lejos de aclarar enturbian más ese negocio, están ahí.

El MEM ha anunciado con orgullo la posibilidad de romper este año el récord de exportaciones de oro, consolidando de esa forma a la industria aurífera como la mayor generadora de ingresos para Nicaragua. En este contexto, la desproporción entre producción y exportaciones sigue aumentando, convirtiendo el negocio del oro en uno de los más lucrativos del país bajo la administración sandinista; y a la vez en el más opaco.