El populismo sanitario: una política letal

Algunos gobiernos de América Latina podrían tener una alta responsabilidad por las muertes debidas a sus decisiones frente a la pandemia. El proceso abierto por el senado brasileño contra Bolsonaro abriría el espacio para responder esa pregunta.

El 26 de octubre, la Comisión Parlamentaria de Investigación de la Pandemia, del Senado Federal de Brasil, publicó un informe en el que hace serias acusaciones contra el gobierno federal por el mal manejo de la crisis. Además, debido a “la inacción e incapacidad legal de las autoridades brasileñas para investigar y sancionar esos crímenes”, anunció que llevará el caso a la Corte Penal Internacional (CPI) con el fin de que ésta lo juzgue por crímenes de lesa humanidad. 

La Comisión señala, entre muchas otras cosas, que el gobierno guardó silencio y decidió actuar sin respaldo científico para enfrentar la emergencia. Critica fuertemente al presidente Jair Messias Bolsonaro porque desinformó a la ciudadanía al minimizar la pandemia, sus efectos y las medidas para contenerla. Ello, dice el documento, generó un “clima de desconfianza en la población” y alentó a la gente a actuar con “frívola normalidad, lo cual provocó una exposición peligrosa e innecesaria al nuevo coronavirus y, en consecuencia, contribuyó a la pérdida de vidas adicionales durante la pandemia”. 

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Bolsonaro, al inicio de la pandemia, opinó alegremente que la covid-19 sólo era una “gripinha”. Luego, cuando llegaron las vacunas, criticó la de Pfizer y dijo que era problema de cada quien si, por ponérsela, se convertía en caimán o si a las mujeres les salía barba, los hombres se transformaban en superhombres o comenzaban a hablar con voz fina. Incluso, se atrevió a decir que las vacunas podían causar VIH.

Más allá de lo anecdótico, la Comisión encontró que “hubo un retraso deliberado en la adquisición de inmunizantes, en evidente desprecio por la vida de las personas”, como subraya el documento de 1293 páginas. También revela que el gobierno creó un equipo “paralelo”, sin investidura pública, integrado por médicos, políticos y empresarios que asesoraron al presidente de la República para tomar decisiones sobre políticas públicas, “sin atenerse a los lineamientos técnicos del Ministerio de Salud”.

La Comisión argumenta múltiples razones para fundamentar que el gobierno de Bolsonaro tuvo responsabilidad en la cantidad de contagios y fallecimientos en Brasil. Una de ellas se refiere a “la defensa incondicional y reiterada” de fármacos que tanto la Organización Mundial de la Salud como “autoridades sanitarias de todo el mundo” habían señalado de ineficaces, como la cloroquina, la hidroxicloroquina, la ivermectina y la azitromicina.

El informe concluye que, si el país hubiera aplicado “de manera sistemática” medidas no farmacológicas, eso habría podido reducir un 40 por ciento los niveles de transmisión del virus, lo que a su turno hubiera salvado 120 mil vidas a finales de marzo de 2021. Además, dice que no habrían fallecido más de 12 mil mayores de 60 años en marzo, abril y mayo de 2021 si el Ministerio de Salud hubiera contratado, en agosto de 2020, 70 millones de dosis de la vacuna Pfizer. Esto sucedió porque las negociaciones del gobierno federal para la compra de vacunas “sufrieron una demora injustificada e intencionada”.

Brasil se volvió uno de los focos más preocupantes de transmisión del virus. Según datos de la Universidad Johns Hopkins del 25 de octubre de 2021, este país tiene el primer lugar de contagios de covid-19 en Latinoamérica, con más de 21 millones de casos confirmados; seguido por Argentina, que rebasa los cinco millones. En cuanto al número de fallecimientos, Brasil también tiene la primera posición, con más de 605 mil, con México en segundo lugar, con más de 286 mil muertos y Perú, en el tercero, con más de 200 mil.

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El texto de la Comisión Parlamentaria apunta a Bolsonaro como “el principal responsable de los errores gubernamentales cometidos durante la pandemia de la Covid-19” en Brasil, “ya que fue correctamente informado y orientado por el Ministerio de Salud; además, porque actuó en contra de la orientación técnica, ignorando cualquier advertencia que contradijera sus ideas sin fundamento científico o destituyendo a los técnicos responsables de estas advertencias”.

Antes de la publicación de este documento, otras voces ya se habían alzado para denunciar al gobierno brasileño. Una de ellas es la de Pedro Hallal, investigador principal de EPICOVID-19, el primer estudio epidemiológico brasileño sobre covid-19, en la Universidad Federal de Pelotas. El científico relató en enero de 2021, en un artículo publicado por la revista  The Lancet, que él y sus compañeros descubrieron una diferencia de más de seis veces entre las estadísticas oficiales y las estimaciones sobre el número real de personas infectadas. “Estos hallazgos no fueron bien recibidos por el Ministerio de Salud” y el estudio fue detenido porque el gobierno cortó el presupuesto. A pesar de ello, el EPICOVID-19 recibió recursos de otras instituciones y pudo seguir brindando información sobre el desarrollo de la epidemia. 

Otra voz es la de Michelle Fernandez, investigadora del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Brasilia, que acaba de publicar el libro COVID-19’s political challenges in Latin America, que coordinó junto con Carlos Machado. En el texto analizan el impacto político y las respuestas gubernamentales a la pandemia de COVID-19 en ocho países de América Latina. 

Fernandez explicó, en entrevista con CONNECTAS, que la pandemia produjo un resultado interesante,  el “populismo sanitario”, del que Brasil es un buen ejemplo. “Son gobiernos o gobernantes que tratan de ser cercanos a la población usando el negacionismo”. Bolsonaro le decía a la gente lo que esta quería escuchar. 

De acuerdo con el análisis de Fernandez, los países negacionistas se mantuvieron en una dinámica de no responder a la pandemia o minimizarla. Durante los primeros meses en esta categoría entraron México, Brasil, Nicaragua, Estados Unidos y Reino Unido. Algunos, como el primero, cambiaron de rumbo, reconoce la académica. Pero otros se mantuvieron en el negacionismo. “Nicaragua y, sobre todo, Brasil siguen hasta los días de hoy con una tónica de minimizar la pandemia y de no valorar lo que dice la ciencia en temas de enfrentamiento a la pandemia”.

Fernández encuentra otros escenarios preocupantes en América Latina, como el caso de Perú; “incluso, con más muertes proporcionalmente que Brasil”. Ecuador también tuvo momentos muy difíciles, como en Guayaquil, donde incluso había cuerpos en la vía pública. También en Colombia se violaron “derechos de la ciudadanía”, porque las personas salieron a las calles a protestar en plena pandemia. “Tuvimos problemas de enfrentamiento a la pandemia en todos los países de América Latina y hay que investigarlos”.

Para Valerie Paz-Soldán, profesora y directora, desde Perú, de la Oficina de Salud para América Latina de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, los errores vienen de muchos años atrás en la mayoría de los países del subcontinente. “Estamos hablando de décadas, de sistemas de salud precarios, que han sido abandonados, en los que no se ha invertido”.

“En Perú –dice Paz-Soldán– nos agarró la pandemia con hospitales sin planta de oxígeno, con primer nivel de salud bastante abandonado y sin recursos para manejar a los pacientes. Cuando llega una emergencia de este tipo y sacude todo el sistema, te das cuenta cómo ha sido tan precario por tantas décadas”. 

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En Argentina, la organización Fundar presentó un análisis sobre cómo los países en América Latina reaccionaron de manera sociolaboral a la crisis por covid-19. Critica principalmente al gobierno mexicano porque “no puso en marcha mecanismos de subsidio al salario ni nuevos programas que atiendan al sector informal y ni siquiera recalibró significativamente aquellos programas sociales ya establecidos”. En contraste, reconoce que Argentina, entre otras acciones, “innovó con un nuevo programa de ayuda a los sectores de cuentapropistas y trabajadores informales”.

Sobre el caso brasileño, Paz-Soldán reconoce que Bolsonaro tomó muy malas decisiones, pero no está segura de que se le pueda juzgar por ello. En The New York Times, la columnista Vanessa Barbara dice que ha leído el informe y aunque dice que es un buen esfuerzo para que se rindan cuentas a los brasileños, probablemente no trascienda, porque Bolsonaro se encuentra protegido por el fiscal general, que es su amigo. Para ella, solo la CPI podría hacer que el mandatario rindiera cuentas.

Sin embargo Luis Arriaga Valenzuela, presidente de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, piensa que  Bolsonaro y su equipo de gobierno sí actuaron con negligencia, pero que “no existe certidumbre” de que hubo “una estrategia deliberada para asesinar a esos 120 mil brasileños”. Explica que el Estatuto de Roma de la CPI (1998), entiende por crimen de lesa humanidad actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad, tortura, entre otros.

Arriaga, exdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en México, explica que la CPI “es de aplicación estricta del derecho” y en América Latina se han presentado distintas denuncias; las más importantes en Colombia, Venezuela y Honduras”. Desde su punto de vista, “la falta de liderazgo, la corrupción, la negligencia, en muchas ocasiones no pueden ser valoradas desde esta perspectiva”.

Consciente de eso, Bolsonario calificó de “payasada” el extenso informe de la Comisión Parlamentaria del Senado Federal de Brasil.  Pero más allá del destino que pueda tener en la CPI, este caso podría sentar las bases para investigar –y tal vez sancionar– a los gobiernos de varios países latinoamericanos por sus actuaciones durante la emergencia sanitaria. Este tipo de análisis podría servir, asimismo, para evaluar y responsabilizar a quienes resulten responsables de la precariedad sistemática de la mayoría de los servicios de salud pública debido a décadas de corrupción, malas políticas públicas y desprecio a la dignidad de las personas.

Por lo pronto, la Comisión Parlamentaria también propone adelantar proyectos para “asegurar que la ciencia sea la base de cualquier política de salud del gobierno” y evitar que una situación similar pueda repetirse en el futuro.

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