Por ejemplo, las estadísticas oficiales de linchamientos aportadas por la Policía para estos reportajes están incorrectas. Indican que hay un total de 167 casos, pero en realidad ocurrieron 202 linchamientos si se suma de forma adecuada a Santo Domingo, Valverde, Santiago, San Cristóbal, Peravia, Monte Plata, La Vega, Distrito Nacional, Barahona y Bahoruco.
Alberto Morillo, del Observatorio de Seguridad Ciudadana, atribuye la pobreza de datos a quienes no denuncian estos hechos. Por eso las cifras aparecen con altos y bajos sin consistencia en el tiempo. “Un mes no denuncias aunque te hayan robado. Otro mes sí denuncias; eso es difícil de controlar”, sostiene.
La falta de cultura estadística en República Dominicana no existe solo en el sistema judicial. A pesar de que hay profesionales de estadísticas en diversas entidades, los gobernantes, al parecer, no aprecian la importancia de conocer esas cantidades.
Por ejemplo, las cifras evidencian que el problema en relación a robos es enorme. Las 95,575 denuncias de robo registradas por la Policía Nacional, de 2014 a 2018, se dividen entre simple (69,992), de automotores (23,344) y armas de fuego (2,239).
Aunque en ese periodo, la Policía registró 69,992 querellas por robo simple, de un celular, una cartera o la batería de un carro, no se lleva un registro sistematizado del crimen que afecta a más personas.
La joven Elvira Hernández es el vivo ejemplo. Le robaron en 2008, 2009 (tres veces), 2010, 2011, 2012 y 2016. La última vez, cuando fue a poner la denuncia en el destacamento policial de Los Farallones, en Santo Domingo Este, no había escribiente para levantar los datos. Tampoco tenían energía eléctrica.
El lugar no contaba con una computadora. La hicieron regresar al otro día y redactaron el informe en un libro viejo y deteriorado.
Su caso demuestra que la magnitud del problema de robo ratero se sale del control de las autoridades. Se hicieron 13,013 denuncias de ese tipo de crimen desde enero hasta junio de 2018. De esa cantidad, a 7,197 personas (55.3%) las atracaron mediante el uso de la violencia.
Ninguno de los representantes del Poder Judicial a los que se le solicitó entrevista para este reportaje accedió a hablar. Tampoco se obtuvo una respuesta de los voceros policiales. Mientras tanto la gente espera. Con miedo y deseos de venganza.
Metodología
Para este trabajo, Listín Diario presentó tres pedidos de acceso a información a la Policía Nacional, dos al Observatorio de Seguridad Ciudadana, tres a la Oficina Nacional de Estadísticas, cuatro a la Procuraduría de la República, dos a la División de Estadísticas Judiciales del Consejo del Poder Judicial, uno a la Dirección General de Prisiones y dos al Nuevo Modelo de Gestión Penitenciario.
Respondieron con números con los que se construyó una base de datos para saber la relación entre denuncias de robos, homicidios, investigaciones y condenas.
La Procuraduría General no posee un registro de sus investigaciones sobre robo y homicidio. El director de Estadísticas y Análisis de la entidad, Vladimir Hernández, asegura que sugirió en diversas ocasiones que se lleven esos datos. “La misión del Ministerio Público es que el ciudadano reciba respuesta de su ilícito. La investigación no es respuesta”, comenta.
El Poder Judicial no posee estadísticas previas a 2012.
La base de datos de linchamientos se construyó con las cifras de linchamiento recolectadas por el Departamento de Información y Estadística de la Policía y con noticias y reportajes publicados en los medios de comunicación desde 2008 a 2018.
