Las apps: trabajar… ¿a qué costo?

Los “Uber files” mostraron la cara oscura de las aplicaciones y recordaron la necesidad de que los gobiernos regulen de una vez por todas los derechos laborales de conductores y repartidores. La pregunta se ha vuelto ineludible: ¿están dispuestos a ultraflexibilizar el mercado laboral para mantener a raya el desempleo?

Illustration: Erick Retana

Por Cristian Ascencio

Uber revolucionó el mercado del transporte público individual en el mundo entero. Hoy, millones de personas recurren todos los días a él para obtener un servicio fácil y conveniente en cualquier lugar.  Pero esa exitosa app también impactó al mundo del empleo. Tanto así, que los expertos hablan de una “uberización” del mercado laboral, que promete una actividad sin horarios, con ingresos que dependen del propio esfuerzo y sin un jefe al que rendirle cuentas (por lo menos no uno con rostro humano). 

El reciente escándalo por las prácticas indebidas de los impulsores de Uber puso sobre la mesa la parte oscura de ese modelo de negocio, que por un lado aplica tecnología e innovación, y por otro precariza el trabajo, sobre todo en los países menos desarrollados.

Las aplicaciones prometen una libertad financiera acorde al mundo moderno. Trabajar cuando quieras y cuanto quieras. Solo que para entrar a este modelo hay que renunciar a unos cuantos derechos mínimos: un contrato, vacaciones, seguro de salud, cotizaciones sociales y la indemnización por despido injustificado. Poca cosa…

¿Pero quién necesita de un seguro de salud si su trabajo es pedalear o conducir por algunas de las calles más inseguras y atestadas de tráfico del mundo? En Ciudad de México la ONG “Ni un repartidor menos” lleva contabilizados 64 fallecidos desde que estalló la pandemia en marzo de 2020. La mayoría de ellos (60) debido a accidentes de tránsito, pero también hay cuatro casos de repartidores asesinados en asaltos. Paula Ángel, ella misma repartidora y dirigente de la agrupación, agrega que hay una creciente violencia, discriminación e incluso acoso sexual contra las mujeres delivery: “Somos blancos perfectos de asaltos por nuestras bicicletas y móviles, y a las repartidoras las intentan nalguear cuando van en bicicleta, o salen clientes a recibir los pedidos en ropa interior”.   

En Colombia el panorama no es mejor. La Unión de Trabajadores de Plataformas Digitales (Unidapp) cuenta 20 repartidores muertos por accidentes de tránsito solo en 2022.

Tanto en Colombia como México la pandemia disparó las descargas de las aplicaciones para trabajar. Ambos países —igual que la mayoría de Latinoamérica— tenían desde antes de la llegada de la covid-19 altas cifras de informalidad laboral, que se han ido pronunciando con la actual crisis económica.

Ya en 2016 el 53% de los trabajadores latinoamericanos estaban en la informalidad. Y la OIT calculó hace un año que el 70% de los nuevos empleos creados en la región desde la pandemia fueron informales.

Y en este escenario, las aplicaciones de transporte y reparto, que ofrecen un empleo fácil sobre todo a grupos vulnerables, han consolidado su influencia. En México, por ejemplo, durante 2020 los repartidores de Rappi pasaron de 30 mil a 50 mil, según cifras que la propia compañía entregó a la revista Forbes. Didi, en tanto, informó que sus repartidores en ese mismo país crecieron un 150%.

Pero el éxito de las apps no ha significado mejoras laborales para repartidores y conductores, a pesar de que en la pandemia fueron considerados “trabajadores esenciales”. 

Incluso la mayoría de los proyectos de ley para regular la actividad que discutían parlamentos de países como México, Colombia, Brasil, Argentina y Perú quedaron detenidos, han avanzado muy lentamente o solo se han enfocado en aspectos de seguridad. 

Y otro dato relevante: muchos de estos proyectos de ley proponen regularizar a los repartidores y conductores bajo una figura de “trabajador independiente” o inventando una mixta en que las empresas se hacen cargo de algunos seguros, pero no reconocen la vinculación y dependencia laboral entre la empresa y los repartidores.

¿Se puede sostener, tal como dicen las empresas, que la app en realidad es solo un  intermediario entre el repartidor, el restorán y el cliente, y que por ende los repartidores son emprendedores independientes?

Para Sandra Muñoz, asesora laboral del Centro de Solidaridad Internacional de la AFL-CIO y de la Unión de Trabajadores de Plataformas Digitales (Unidapp) de Colombia, no se debería definir como independientes a los alrededor de 200 mil trabajadores colombianos de plataformas. “Hay proyectos de ley que se han enfocado en la seguridad social, pero regularizando a los repartidores como independientes. Nuestro sindicato se ha opuesto a eso. Necesitamos una ley que garantice derechos laborales no a través de un régimen especial o mixto, sino con las mismas disposiciones que ya existen”.

Europa parece ir justamente hacia ese camino. En diciembre la Comisión Europea propuso que los trabajadores de aplicaciones tengan una serie de derechos que incluyen un sueldo mínimo, vacaciones garantizadas y pagadas, derecho a bajas por enfermedad o por embarazo, cotizaciones de pensiones y seguros de salud. Es decir, lo básico de cualquier contrato laboral.

Las empresas por su parte, sostienen que esto genera pérdidas de empleo, y ponen como ejemplo la Ley Riders en España, después de la cual la aplicación Deliveroo se retiró de ese país. Pero por el otro lado de la moneda, muchos ‘riders’ españoles aseguran hoy que gracias a  esa  ley ha mejorado su calidad de vida. “Tengo un salario mensual, gano más, tengo mi turno de 40 horas semanales. Tengo protección social… Ahora estoy mejor… El problema es que hay muchos compañeros que aún no han sido regulados”, dijo a Euronews Fernando García, portavoz de Riders x Derechos.

España no es el único país que ya ha determinado por ley, o por medio de fallos judiciales, que los trabajadores de aplicaciones tienen derecho a tener contratos laborales. En Francia la justicia impuso en abril una multa de 405 mil dólares a Deliveroo por trabajo irregular, y ya hace un año había establecido que la condición de autónomos de los trabajadores de Uber era “ficticia”. Lo mismo pasó en Países Bajos en septiembre de 2021, cuando un tribunal dictaminó que los conductores de Uber no eran autónomos. Y en California, en 2019 se aprobó una ley que considera empleados a los conductores de Uber.

Y en Latinoamérica ya hay un ejemplo de esta tendencia. En Chile, en septiembre comenzará a regir la ley que regula el trabajo por medio de plataformas digitales. En esta nueva normativa, los trabajadores de ellas podrían, en teoría, optar a ser trabajadores dependientes o independientes. También estipula un tiempo de desconexión mínimo de 12 horas continuas dentro de un día y que las plataformas deberán entregar elementos de seguridad a sus trabajadores, como cascos, rodilleras y coderas para quienes utilicen bicicletas y motos. Además deberán contratar un seguro contra daños para los bienes personales del empleado y los trabajadores podrán formar sindicatos. Pero las críticas hacia esta ley apuntan a que es muy probable que las empresas presionen a los trabajadores para que elijan el régimen de independientes.

En ese país los conflictos entre repartidores y empresas de apps ya se estaban resolviendo en los tribunales. Una sentencia emblemática en 2020 del Tribunal Laboral de Concepción falló a favor de un repartidor en su demanda contra la app “PedidosYa”.

La app había desconectado al repartidor, por lo que éste la demandó por despido injustificado. Ante ello, la empresa argumentó que no se trataba de un despido, porque nunca había contratado al repartidor. Pero la jueza Ángela Hernández sostuvo en su sentencia que, aunque la app dice que los repartidores son libres de elegir sus horarios y por lo mismo “son sus propios jefes”, en la práctica el trabajador no tiene libertad sobre cómo realiza su función. De hecho, “está condicionado a los pasos que le otorga la demandada (la empresa de la aplicación) y siempre está siendo calificado a fin de comprobar si cumple su cometido conforme a las instrucciones de la demandada, siendo castigado si no lo hace, con una baja calificación que termina incidiendo en sus remuneraciones”. Para la jueza, en el trabajo por app sí hay una subordinación, por lo que los repartidores no son trabajadores independientes.

Saúl Gómez, fundador de “Ni un repartidor menos”, de Ciudad de México, explica que los proyectos en ese país han apuntado en su mayoría a que los mismos repartidores deban costear su seguridad. “Somos un sector precarizado y sin derechos, que paga mucho en impuestos. Incluso nos han intentado poner otro impuesto solo por usar las calles”. 

Resulta interesante que los repartidores valoran mucho su independencia, aunque en realidad es casi un espejismo. Al preguntarles qué tipo de régimen laboral les gustaría tener, Gómez explica que en algunas encuestas realizadas en Ciudad de México la mayoría de los repartidores ha respondido que prefiere seguir de independientes, pero eso sí, con mejores condiciones laborales y viales. 

Juan Felipe Parra, investigador del Semillero Laboral de la Universidad de Los Andes de Colombia, reconoce el fenómeno y añade que esto sucede a pesar de que toda la evidencia indica que son trabajadores subordinados. En España, por ejemplo, muchos repartidores se movilizaron contra la ley que los convertiría en asalariados. 

“Pero los derechos laborales son irrenunciables”, argumenta Parra. Además, cita estudios académicos que demuestran que muchos de los argumentos que justifican regímenes laborales especiales para los repartidores son por lo menos cuestionables. Por ejemplo: según un estudio hecho con encuestas a trabajadores de Rappi, hecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, el 71% de los encuestados solo trabaja para Rappi y por un promedio de 11 horas diarias. Justamente uno de los argumentos para mantenerlos como independientes, es que pueden trabajar para más de una aplicación. “Pero en ese estudio se ve que esto no es tan así”, dice Parra.

En la misma investigación, el 45,2% respondió que sus ingresos mensuales no alcanzan el salario mínimo colombiano (de 230 dólares) y solo el 17,8% tiene ingresos ligeramente superiores. “No se puede negar que estos trabajos son una oportunidad para grupos históricamente marginados, como los migrantes, pero ¿a qué precio? y ¿quién está asumiendo estos costos?”, se pregunta Juan Felipe Parra, y para el investigador la respuesta es obvia: “Toda la sociedad está subsidiando a las plataformas”.

Latinoamérica tiene el deber ineludible de resolver la condición laboral de los trabajadores de apps. Por un lado, está el argumento de las empresas: mayores regulaciones generarán cierres y desempleo. Y por otro el de los sindicatos, jueces y expertos laborales: no se puede seguir sosteniendo que los repartidores y conductores son trabajadores autónomos, no se puede renunciar a derechos básicos a cambio de empleos de mala calidad, y lo que se ahorran las compañías en seguridad social, lo terminan pagando los ciudadanos con sus impuestos.