Bukele: avanza el autoritarismo por el continente

Nayib Bukele consiguió ser reelegido tras darle la vuelta a una clara prohibición constitucional, apoyado en su control sobre el poder judicial. ¿Cruzó el presidente salvadoreño la línea roja de la dictadura?

Nayib Bukele - Autoritarismo - El Salvador

Por Suhelis Tejero

Nayib Bukele no esperó a los resultados oficiales del domingo para autoproclamarse ganador de las elecciones que le permitirán seguir en el poder al menos por cinco años más. Según dijo, triunfó “con más del 85% de los votos y un mínimo de 58 de 60 diputados de la Asamblea” Legislativa, lo que además le asegura mantener el control sobre el Parlamento. Y eufórico, anunció que “sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático”.

El mismo domingo, durante una conferencia de prensa, el presidente se extendió en su proclama: “Nosotros no estamos sustituyendo la democracia porque El Salvador jamás tuvo democracia. Esta es la primera vez en la historia que El Salvador tiene democracia, y no lo digo yo, lo dice el pueblo (…) La definición de democracia, la real, no la inventada por las élites, es demos y kratos, el poder del pueblo (…) El pueblo dice ‘queremos un régimen de excepción, queremos la política de seguridad del presidente’”, dijo Bukele este domingo.

Al día siguiente, el periódico digital El Faro fue igualmente contundente, pero en su crítica: “La breve, muy breve era democrática en la historia salvadoreña ha terminado ya. Nayib Bukele ha inscrito su nombre en una de las peores tradiciones políticas centroamericanas: la del dictador”.  

El presidente reelecto fraguó su participación en estos comicios a partir del 2021, cuando su partido Nuevas Ideas destituyó desde la Asamblea Legislativa a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y los sustituyó sin respetar los procesos legales. Justamente esos magistrados avalaron el año pasado la reelección inmediata del presidente, aunque la Constitución la prohíbe reiteradamente. Los jueces aliados de Bukele en la máxima corte argumentaron que el texto constitucional no respondía a las necesidades actuales y que solo el pueblo debía decidir si el mandatario seguía o no. Solo exigieron a Bukele separarse del cargo cinco meses antes de la fecha de las elecciones como, por supuesto, lo hizo.

Estos artilugios legales se conjugaron con un estado de excepción vigente desde hace casi dos años, que suspende algunas garantías constitucionales, como la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Si bien tiene su origen en la lucha contra las violentas pandillas salvadoreñas, conocidas como maras, organizaciones civiles nacionales e internacionales han denunciado que la mano dura de Bukele ha terminado en violaciones a los derechos humanos.

Adicionalmente, la medida también ha ayudado a acallar las voces de la disidencia, a través del acoso, la persecución y la criminalización de los activistas. Una investigación periodística de Malayerba y CONNECTAS reveló que en 2022, la Mesa por el Derecho a Defender Derechos registró en promedio una denuncia por agresión a defensores o periodistas cada 27 horas.

Pero, ¿es posible definir si un gobierno es democrático o dictatorial de un modo tan simple como lo hace el presidente salvadoreño? El año pasado la Universidad de Gotemburgo, a través del Instituto V-Dem, ya advertía en un reporte que El Salvador había dejado de ser una democracia. En ese momento apenas se conocía que el “dictador más cool del mundo”, como se identificaba el propio Bukele en su cuenta de X (antes Twitter), quería mantenerse en el poder, aun cuando la reelección inmediata estaba claramente prohibida.

Ese instituto califica al gobierno de El Salvador como una autocracia electoral, es decir, un sistema concentrado en la figura de Bukele, quien tras ganar legítimamente sus primeras elecciones, gobierna sin restricciones legales, aunque –al menos por ahora– con el apoyo de la población. 

Kurt Weyland, profesor de la Universidad de Texas, también cree que en El Salvador existe un régimen populista que se torció hasta convertirse en una autocracia. En su reciente estudio “¿Por qué la democracia sobrevive al populismo?” Weyland analizó los 40 modelos populistas que han existido en Europa y América Latina desde 1985, y concluyó que El Salvador es el caso más reciente de la región y uno de los pocos que, tras ser una democracia, se convirtió en un sistema autoritario.

“(Bukele) ha aprovechado su popularidad para lanzar un enérgico asalto a la democracia, suspendiendo derechos y haciendo que la Asamblea Legislativa despidiera a los cinco jueces del Tribunal Constitucional, más al fiscal general, en un intento por revocar un fallo de 2014 que le habría impedido postularse para un segundo mandato de cinco años”, detalló Weyland en su estudio.

El periodista salvadoreño Edwin Segura entiende que hay pocas dudas sobre el talante autoritario de Bukele, quien maneja “absolutamente todas las instituciones”. Pero esa forma de gobernar contrasta con la alta aceptación popular de la que goza. “El ejercicio del poder de Bukele seguirá siendo autocrático y dictatorial, pero nos quedará la dificultad de calificarlo porque su elección fue con el voto popular, aunque por encima de las leyes”, resalta Segura.

El director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales AIP-Panamá, Harry Brown Aráuz coincide en que Bukele se mueve en un terreno gris desde el punto de vista académico de las definiciones políticas. Asegura que sí estamos ante un gobernante que le ha fallado a la democracia, al concentrar el poder y capturar las instituciones democráticas, pero que ese apoyo —a través de los votos o de su popularidad— le permite mantener su legitimidad. 

Brown Aráuz aclara así este complicado contraste: la democracia descansa sobre un pilar republicano y otro popular. El primero se basa en gobernar con respeto a las instituciones públicas que defienden los derechos y definen los balances y la separación de los poderes, mientras que el segundo pilar implica el apoyo de la mayoría de la población, ya sea a través de los votos o de los niveles de popularidad. “Mientras llamen a elecciones y la gente lo favorezca con el voto, estamos en ese terreno gris en el que tiene características autoritarias, pero no del todo”, señala Brown Aráuz.

El politólogo, que ha estudiado el populismo centroamericano, asegura que este tipo de líderes siempre justifican quedarse más tiempo en el poder y, como se presentan como redentores, convencen a sus votantes de que esa permanencia es necesaria.

Menos libertad y más opacidad

Para Bukele, las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación son dos de sus “enemigos” más visibles. Esos dos sectores justamente han destapado, por un lado, las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el régimen de excepción y, por otro, los cuestionables acuerdos con pandilleros para pacificar El Salvador, por años uno de los países más violentos y peligrosos del mundo.

El periódico El Faro ha sido el objetivo de sus críticas más agrias. Al ‘bukelismo’ le han molestado reportajes como, por ejemplo, la reciente investigación que revela cómo el gobierno conspiró con un líder pandillero para recapturar a “Crook”, cabecilla de la Mara Salvatrucha-13 e ilegalmente liberado a mediados de 2022. El medio ha recibido tales presiones, que el año pasado El Faro mudó toda su área administrativa a Costa Rica por temor a las represalias. 

A Gabriel Labrador, periodista de ese medio, le preocupa que Bukele esté intensificando su comportamiento antidemocrático con un repertorio ya demostrado de ataques a la prensa y a las organizaciones civiles, con una total falta de transparencia en las decisiones de política pública y también con persecuciones políticas, como la que pesa sobre Rubén Zamora, dirigente del FMLN. “A este gobierno, desde el periódico El Faro, ya lo hemos declarado como una dictadura”, confirma.

Labrador recuerda que la Asociación de Periodistas de El Salvador ha registrado 300 agresiones a la prensa en 2023, el doble que el año anterior, y solo durante la jornada electoral del domingo hubo 173 denuncias.

“Ya era un gobierno autoritario que se fue consolidando en su primer periodo y ahora, con su discurso de aparente triunfo, el presidente Bukele ha dejado claro que la ruta que va a seguir es la misma, que la prensa no le agrada, e invitó a los medios a alinearse y no criticarlo”, explica.

Por su parte, el periodista Edwin Segura considera que la población todavía no es consciente de los peligros antidemocráticos que representa el gobierno de Bukele, aunque ya sufren algunas limitaciones. “La gente no te dice que no hay libertad de expresión, pero cuando les preguntas si se expresan libremente, la mayoría dice que no se atreve”, enfatiza Segura.

La democracia latinoamericana debilitada

Pero aún así, los salvadoreños estuvieron dispuestos a reelegir masivamente a una figura como Bukele, que ha pasado por encima de la Constitución y las instituciones públicas.  ¿Qué revela eso sobre el estado de la democracia en la región?

Ante todo, resulta muy revelador que un presidente antidemocrático como el de El Salvador goce del mayor índice de popularidad de los mandatarios de América Latina, con un apoyo de casi 90%, de acuerdo con la consultora Gallup. Un dato que parece subrayar la baja satisfacción con la democracia que existe en América Latina.

En su informe de 2023, Latinobarómetro señaló un deterioro continuo y sistemático de la democracia y, lo peor, fue el “aumento de la indiferencia al tipo de régimen, la preferencia y actitudes a favor del autoritarismo, el desplome del desempeño de los gobiernos y de la imagen de los partidos políticos. La democracia en varios países se encuentra en estado crítico, mientras otros ya no tienen democracia”, aclara el estudio publicado el año pasado. Además, no deja de crecer el porcentaje de ciudadanos que apoya el autoritarismo, con México a la cabeza, con un tercio de la población, seguido de Guatemala y República Dominicana, donde más del 20% de sus ciudadanos querrían tener un gobierno autoritario. Todo ello implica una grave crisis de credibilidad del sistema democrático, que durante años fue considerado la forma ideal de gobierno para un continente que quería dejar atrás un pasado dictatorial, casi siempre militar. Y lo peor, se trata de la expresión regional de un fenómeno que se abre paso en el mundo entero, incluso en el supuestamente gran faro de la democracia, Estados Unidos.