Estos hacen parte de los muchos empresarios que corrieron a aprovecharse de la coyuntura, en la que el estado chileno ha invertido cerca de un billón de pesos (1.408 millones de dólares) al cierre de 2020 en contrataciones para atender la emergencia. Por la relajación de controles para agilizar el proceso, hubo contratos que terminaron en las manos de amigos de funcionarios, empresas sin experiencia o con otra actividad comercial a la contratada.

Salud con Lupa, El Mercurio de Antofagasta y CONNECTAS revisaron todas las compras de productos para la covid-19 en el portal de compras del Estado. Se analizaron más de 7.500 RUT (Rol Único Tributario que le otorga el Estado a todas las organizaciones y personas en Chile) de empresas y personas naturales que vendieron a organismos públicos por este sistema. Para elaborar la base de datos, se usaron las palabras “corona”, “virus”, “covid”, “sars cov2”, “emergencia sanitaria”, “coronavirus” y “ncov-19″. Se cruzaron estos datos con la información del Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, más conocido como “Sistema de empresas en un día”, y luego con la información del Servicio de Impuestos Internos, para ver cambios de giros o inicio de actividades.

El análisis tiene algunas limitaciones: hubo servicios públicos que no subieron al portal de compra todos los contratos de los productos adquiridos. Otros, registraron en la orden de compra que adquirían mascarillas, por ejemplo, pero no identificaron si eran desechables, KN95 o N95. 

Sin embargo, uno de los patrones que arroja el análisis de la información, es que al menos 99 organismos públicos compraron mascarillas, tests rápidos, guantes y otros elementos, a 110 empresas que se habían constituido a menos de un mes de recibir las órdenes de compra. En total, lo contratado por estas empresas suma más de 10 mil millones de pesos (cerca de 14 millones de dólares). La mayoría de estas órdenes se emitió por concepto de elementos de protección personal y cajas de alimentos para población vulnerable.

En el norte del país, por ejemplo, Pablo Ormeño, un empresario conocido en el rubro de la entretención nocturna con vínculos con Renovación Nacional, constituyó el 25 de marzo de 2020 una sociedad para vender productos para combatir la covid-19. Doce días después fue elegido —sin licitación de por medio— por el Servicio de Salud de Antofagasta para comprar mascarillas plegables del tipo N95 por  1.648 millones de pesos, es decir más de 1,9 millones de dólares a esa fecha. 

El empresario tiene vínculos de amistad con políticos de Renovación Nacional, el partido de la coalición gobernante en Chile. Entre ellos está el  exintendente de Antofagasta y actual subsecretario de Minería, Edgar Blanco, con quien fue compañero de colegio. 

Su empresa ––una sociedad por acciones llamada Limpieza Industrial–– siguió teniendo negocios con el Estado durante el año. Vendió mascarillas y guantes a la Intendencia  de Antofagasta, a superintendencias, a la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast), que nutre a la red pública de salud, y a Aduanas, entre otros organismos. Sus contratos suman más de 6.500 millones de pesos —más de 8 millones de dólares— (ver reportaje).

En Santiago, el Hospital de La Florida compró 800 mil mascarillas con sobreprecio a la empresa recién creada del concuñado del entonces jefe de Finanzas y Adquisiciones, Cristóbal Salgado Corvalán. El domingo 5 de abril, la empresa del ingeniero civil Marcelo Kripper Mitrano le envió una oferta al hospital, asegurando que tenía “un stock exclusivo para el hospital de 300 mil mascarillas con todas sus certificaciones”. En ese momento, la sociedad no tenía existencia legal. La empresa se constituyó al día siguiente del envío de ese correo, el lunes 6 de abril, y el martes 7 se adjudicó por trato directo una orden de compra por cien mil mascarillas KN95.  

En los primeros 45 días de existencia, en abril y mayo, la empresa de Kripper Mitrano le vendió 1.248 millones de pesos al hospital (más de 1,5 millones de dólares). Durante el resto del año no se adjudicó ninguna otra orden de compra con ningún organismo público. 

El alto costo y cantidad de mascarillas, despertaron las alarmas de la nueva dirección del hospital, que asumió funciones en julio, y las compras ya están siendo auditadas. “Hay ciertas banderas rojas. Buscamos determinar por qué fueron por ese monto, tanto en dinero como en cantidad”, explica el doctor Rubén Gennero, director del hospital (ver reportaje)

Dentro del análisis también se encontraron empresas contratistas que, aunque tenían más tiempo de creadas, cambiaron su giro tributario en el Servicio de Impuestos Internos incluso después de recibir la orden de compra, para que su rubro coincidiera con el producto o servicio por el que les pagaron sumas millonarias. La Intendencia de la Región del Maule, por ejemplo, compró cajas de alimentos a “Consultora Sergio Cáceres E.I.R.L.”, una empresa de servicios de gasfitería e instalaciones eléctricas. La primera transacción se dio antes de que cambiara su giro a venta al por mayor de abarrotes.

En Tarapacá, “DID producciones”, una organizadora de eventos sin experiencia en venta de abarrotes, recibió un contrato de la Intendencia para repartir cajas de alimentos.  20 días después cambió su giro comercial para hacerlo coincidir con el objeto del contrato. Como esta, otros contratistas sin ninguna relación con la venta de alimentos recibieron órdenes de compras para las cajas, por lo que el Ministerio Público inició una investigación.

Una de ellas, la banquetera Lorena Barrientos Ramírez, incluso se atrevió a afirmar en una publicación que hizo en Facebook que el contrato no era suyo, sino que había “prestado el nombre” para que otra compañía, que tiene prohibido contratar con el Estado, hiciera el contrato (ver reportaje).

Desde Chilecompra, la institución estatal encargada de administrar Mercado Público, explican que aunque no existe una norma reglamentaria que prohíba la adjudicación de un proveedor respecto de un rubro u otro, “en periodo de pandemia, la Contraloría General de la República emitió un dictamen al respecto, a partir del cual las entidades públicas están solicitando a los proveedores que cuenten con el giro del bien o servicio adquirido”.

En la región de Los Ríos, la empresa Weber —sin experiencia en el rubro de la venta de alimentos—, se adjudicó un contrato por 5 mil cajas a un costo total de 223 millones de pesos (290.000 dólares a esa fecha). La Contraloría detectó una serie de irregularidades, entre ellas, que una alto funcionario de la Intendencia le avisó a Weber el monto por el cual debían ofertar para ganarse el contrato, y que ese mismo funcionario actuó como garante ante una empresa de servicio financiero, para que Weber obtuviera el crédito para realizar el negocio (ver reportaje).

Los hallazgos de esta investigación sugieren que algunos empresarios aprovecharon las condiciones especiales de contratación para beneficiarse irregularmente. La rápida evolución de la pandemia obligó a comprar rápido. El Gobierno dictó Estado de Excepción Constitucional y —para facilitar la agilidad en las compras—, decidió suspender ciertas condiciones que rigen en tiempos normales para resguardar la transparencia y probidad en las compras públicas, pero que hacen que los procesos de adquisición tomen más tiempo. Por ejemplo, se eliminó el requisito de licitar para que participen varios competidores y se pueda elegir la mejor oferta al comprar. También se suspendió la norma de compras ágiles que obliga a recibir tres cotizaciones de proveedores antes de asignar los contratos, aunque sea por trato directo.  Esto permitió que los organismos públicos compraran a proveedores de su elección sin que estos tuvieran competencia o experiencia previa en el rubro por el cual fueron contratados.

Paula Díaz, directora ejecutiva del Observatorio Fiscal –fundación que monitorea el gasto público en Chile– asegura que durante la pandemia han identificado un uso “excesivo” del trato directo como mecanismo de compra. Aunque esta modalidad fue la forma más eficiente de adquirir insumos y servicios para hacer frente a la emergencia sanitaria, Díaz explica que también “aumenta considerablemente los riesgos asociados”. Por ejemplo, la falta de órdenes de compras en transacciones con montos relevantes, o transacciones que han quedado al margen de Mercado Público, lo que “no permite efectuar una adecuada rendición de cuentas”, advierte.

Desde el Observatorio Fiscal se asegura que es clave que se implementen procesos automatizados para revisar las transacciones de compras públicas en tiempo real. “La mejor opción sería establecer puntos de control que sean automáticos y que, frente a la detección de anomalías, se implementen acciones previo a que la adquisición se haya concretado – propone Díaz–. Pero para esto, es imprescindible contar antes con una buena calidad de datos de los procesos de compra de las instituciones públicas”. 

*Esta investigación fue realizada por Paulette Desormeaux, Cristián Ascencio, Juan José Lyon, Constanza Pérez, Alejandro Ahumada y José Montecinos, para Salud Con Lupa, El Mercurio de Antofagasta y CONNECTAS.