Por Alejandro Ahumada | El Mercurio de Antofagasta

Una querella criminal por fraude al fisco interpuso el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de los funcionarios públicos que resulten involucrados en los casos de adquisición de cajas de alimentos y de compras a empresas exprés tanto en la Intendencia Regional, como en el Servicio de Salud Antofagasta.

La acción legal fue interpuesta el jueves pasado por el procurador regional del CDE, Carlos Bonilla Lanas, y apuntan a la serie de irregularidades en la contratación y compras de servicios a empresas que no contaban con la experiencia necesaria para la provisión de los servicios contratados o bien, que fueron creadas pocas semanas antes de las adjudicaciones.

Acogen querella

Al respecto, Carlos Bonilla, indicó que: “la querella es a propósito de las compras que se realizaron en tiempos de pandemia luego que la Contraloría remitió varios informes. En base a esos informes, que se revisaron completos, se pidieron una serie de antecedentes nuevos, y el Comité Penal del Consejo decidió presentar la querella, la que fue redactada acá en Antofagasta y acogida esta semana”, indicó el procurador regional Carlos Bonillas.

De acuerdo a los antecedentes que incorpora la querella, en el periodo comprendido entre los días 6 de mayo al 24 de junio del año 2020, la Intendencia Regional de Antofagasta autorizó la contratación, mediante la modalidad de trato directo, de cuatro proveedores para la compra de un total de 102.452 canastas de alimentos e insumos de higiene por la suma total de $4.121.915.488. 

Las empresas seleccionadas en la oportunidad fueron Servicios de Alimentación, Comercial San Antonio, EDS JCM Ingeniería Servicios SpA y Asesorías Need Solutions SpA. A las dos primeras, la Contraloría no advirtió irregularidades, pero para las otras dos, el órgano contralor rechazó tres veces las resoluciones con las que la Intendencia Regional intentó regularizar la serie de observaciones establecidas en las investigaciones sumarias y que básicamente apuntaban a que ninguna de las dos empresas presentaban antecedentes que justificaran su selección, toda vez que la CRR constató que su objeto social y giro comercial no guardaban relación con la finalidad de los contratos, las que se modificaron un día antes, o incluso el mismo día, en el que se les solicitó la cotización por parte de la Intendencia Regional.

Cabe señalar que el detalle de las contrataciones y de las conclusiones de los informes de Contraloría fueron publicados por este diario en octubre del 2021 en la investigación periodística “Sobreprecios y Vínculos Familiares en compras de empresas creadas en pandemia”, fruto de la alianza del programa Lupa del Centro Internacional para Periodistas y de la plataforma CONNECTAS.

Otros antecedentes

La querella del CDE también describe los hallazgos que realizó la Contraloría Regional quien determinó diversas faltas de control y supervisión por parte de la Intendencia Regional, tanto en la entrega del contenido de las cajas, así como también, en la distribución, sanitización y asignación de las mismas. De acuerdo al CDE, los cambios arbitrarios de contratos, la falta de multas a los proveedores por incumplimientos y el pago por servicios que no fueron realizados, determinaron daños al Fisco, no menores a $210 millones.

Cargos

Para el CDE los hechos resultan constitutivos de delitos consumados de fraude al Fisco, donde a quienes resulten responsables, les cabe responsabilidad en calidad de autores por la calidad de empleados públicos que ostentaban en la época. “Y a través de una infracción grave y dolosa de sus deberes funcionarios intervinieron -en razón de su cargo- en operaciones de cotización, adquisición, fiscalización, recepción, control y entrega de ayuda social, defraudando o, a lo menos, consintiendo en una defraudación la cual produjo una cuantiosa pérdida de recursos fiscales, todo ello sin perjuicio de otros delitos y/o responsables que se establezcan en el curso de la investigación”, añade la querella.

Junto a la denuncia el CDE solicitó además una serie de diligencias a la Fiscalía Local y a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI a fin de interrogar y determinar las responsabilidades de los involucrados. “La fiscalía una vez que cumpla las diligencias solicitadas por el CDE va a tener que empezar a interrogar a todos los personeros que en ese tiempo manejaron este sistema, entre ellos el ex intendente de la época, y allí va a tener que analizar si efectivamente se configura el delito que nosotros creemos que existe (fraude al Fisco) e identificar a los responsables. Nosotros colaboraremos con la Fiscalía para que avance esta investigación”, indicó Bonillas, quien agregó que dada la complejidad del delito imputado y la gran cantidad de antecedentes “Creemos que la investigación va a tener unos cinco a seis meses más por lo menos. Trataremos de acortarlo y colaborar para que estas diligencias se hagan en el menor tiempo posible”, indicó.

Entre las diligencias anexas solicitadas por el CDE  también se consideran las contrataciones a empresas exprés por parte del Servicio de Salud Antofagasta relacionadas con la adquisición de mascarillas.

“Se remita todo antecedente, fiscalización, investigación especial, juicio de cuentas o cualquiera que sea de interés, en relación a la contratación realizada por el Servicio de Salud de Antofagasta respecto de la adquisición de insumos médicos de protección personal o respecto de sanitizaciones de transporte público, que hubiese encomendado la seremi de Transportes, Intendencia Regional o cualquier otro servicio público”, indica la querella.

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Nota publicada originalmente en El Mercurio de Antofagasta.