El lento naufragio venezolano

La muerte de más de dos decenas de venezolanos que pretendían llegar a Trinidad y Tobago en una precaria embarcación y los avances de las investigaciones contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad muestran el alcance de la crisis venezolana en el año que termina. 2021 comenzará sin señales claras de solución para el país suramericano.

El mar entre Venezuela y Trinidad esconde secretos, historias y delitos Crédito: Daniel Hernández

Las dos noticias sobre Venezuela tuvieron tres días de diferencia. La primera fue la muerte de dos decenas de venezolanos en el naufragio de una embarcación en las costas de Güiria, en el estado Sucre, localizado en el oriente del país suramericano, el 12 de diciembre. La segunda fue el anuncio de la fiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya, Fatou Bensouda, según la cual existen elementos fundados para creer que el gobierno de Nicolás Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad. Ambos hechos son, en realidad, postales de la misma moneda: constituyen un retrato del alcance de la grave situación política, social y económica venezolana y para la cual no se avizoran soluciones en el corto plazo más allá del impacto regional que sigue provocando.

Las costas del oriente de Venezuela son el escenario de una tragedia en cámara lenta: de allí salen en goteo andanadas de los nuevos balseros latinoamericanos. Se aventuran en los peñeros, pequeñas lanchas, de motores deficientes, que suelen ir sobrecargadas de pasajeros que procuran alcanzar la vecina Trinidad y Tobago, localizada a un centenar kilómetros. Muchos de esos viajeros son de la región, pero otros vienen de otras partes del país y pagan tarifas dolarizadas a los llamados capitanes, que se encargan de sus traslados. Las muertes, las denuncias de desaparición, de trata de personas y del control de la zona por el narcotráfico se han consolidado como un tema periodístico, que ya ha sido tratado desde esta plataforma. En este caso, el gobierno de Maduro ha señalado que las víctimas eran personas que iban al reencuentro de familiares, pero los medios han documentado que también iban migrantes.

Lo que ocurre en el estado Sucre es un retrato a escala de uno de los procesos migratorios más grandes que ha tenido lugar no solo en el continente sino en el mundo en los últimos años. Se calcula que más de cinco millones de personas, equivalente a la sexta parte de la población del país, han abandonado Venezuela dado el meteórico deterioro de las condiciones de vida. Sobre el fenómeno han llamado la atención medios y organizaciones de derechos humanos locales e internacionales, pero quizá la mayor campanada al respecto la dio el año pasado Michelle Bachelet, en un informe de 2019 que desnudó las violaciones de derechos humanos perpetradas por el gobierno de Maduro y señalaba la migración como una de las grandes variables que provoca impactos y desequilibrios en el continente. 

Las costas de Sucre tienen una especial significación histórica para los venezolanos. El primer encuentro de Cristóbal Colón con tierra firme de América Latina ocurrió allí.  Fascinado por las bellezas naturales que encontró, escribió a la corona española una carta en la que dijo que en ese encuentro de 1498 se había topado con una “Tierra de Gracia”.  Los estudiantes venezolanos repasan desde la primaria esa lección. Los alumnos de esa región oriental venezolana la valoran especialmente, al igual que otra que les recuerda que en sus tierras nació Antonio José de Sucre, mariscal de Ayacucho, uno de los libertadores del continente. No por capricho su apellido le da nombre al estado.

Ni sus bellezas naturales, ni su peso histórico, ni sus envidiables recursos pesqueros, que cuentan entre los mayores del Caribe, ni los planes de desarrollo más recientes, evitaron que el estado Sucre quedara postrado y fuera ya uno de las más pobres del país incluso antes del agravamiento de la emergencia humanitaria que padece Venezuela. De allí que los hechos que vienen sucediendo en el área constituyan una herida especialmente dolorosa para los venezolanos. El gobierno de Maduro ha respondido a los hechos con el anuncio de una investigación y con la acusación de que periodistas y medios independientes que cubrieron la historia y se sumaron a una campaña de luto nacional actuaron como “extremistas de ultraderecha” que sacaron provecho al dolor de las familias afectadas.

No habían terminado de procesarse las secuelas de la tragedia cuando desde La Haya se difundió el informe anual de la fiscal de la Corte Penal Internacional. En el reporte señaló los resultados de su indagación previa sobre Venezuela. Un párrafo condensa la nuez del texto: “Hay razonables fundamentos para creer que al menos al menos desde abril de 2017 autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del gobierno han cometido crímenes de lesa humanidad”. La lista de esos crímenes incluye la encarcelación, la tortura, la violación y otras formas de violencia sexual aplicadas contra un grupo específico de venezolanos, disidentes del gobierno, que la han sufrido “por motivos políticos”. En el informe no se mencionan casos específicos y se señala que la evaluación estará concluida para mediados del año próximo. 

El examen de la fiscal de la Corte Penal Internacional se inició el 8 de febrero de 2018 por petición de los gobiernos de Argentina, Canadá, Colombia, Paraguay y Perú a raíz de los hechos del año anterior, que fue clave en la consolidación de Maduro y en la expansión de prácticas represivas sobre las que la comunidad internacional ha puesto la lupa. Ese año tuvieron lugar manifestaciones opositoras contra Maduro, en protesta por los intentos de su gobierno de inhabilitar o eliminar al Parlamento a través de sentencias de un Tribunal Supremo de Justicia afecto. El Poder Legislativo dos años antes había pasado a control de una mayoría opositora que había ganado las elecciones parlamentarias con amplia ventaja.

 

Las manifestaciones fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad gubernamentales y por los denominados colectivos, grupos paramilitares partidarios del gobierno de Maduro. Los hechos dejaron 160 muertes, que el gobierno atribuyó principalmente a la violencia opositora. Los hechos de 2017 representaron un antes y un después en la vida política venezolana. Parte de lo que ocurrió a partir de entonces es examinado por la fiscal de la Corte Penal Internacional. Según los avances del proceso, los métodos para imponer el poder y mantener neutralizado el descontento se hicieron cada vez más crudos y menos disimulados. Ello ha sido negado por el gobierno de Maduro que incluso acudió este año a la instancia de justicia multilateral para denunciar las sanciones de Estados Unidos contra individualidades e instituciones del país como la verdadera fuente de crímenes de lesa humanidad. Pero dentro y fuera del país las denuncias han abarcado, entre un abanico más amplio, la muerte o asesinato de disidentes bajo custodia de cuerpos de seguridad; los casos de torturas con aplicación de corriente eléctrica, violación con armas de fuego y negación constante de luz solar; la prisión sin posibilidad efectiva de defensa ni de asistencia de salud; las detenciones ilegales políticamente motivadas y las ejecuciones extrajudiciales. 

La posibilidad de una salida que ponga como prioridad la regularización de la política y el alivio de la población no tiene perspectiva clara. Un hito del avance fáctico de Maduro ocurrió el 6 de diciembre con la convocatoria a una nueva elección legislativa, igualmente cuestionada por la comunidad internacional, pero que dejó como resultado un Parlamento afecto al madurismo. Ello ocurrió frente a una oposición golpeada por la persecusión, la cárcel y el exilio, pero también por la fragmentación derivada de sus contradicciones y por las lagunas de su desempeño. 

Su figura más visible es Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional quien desde 2019 fue reconocido como jefe de Estado interino por los países que han cuestionado la legitimidad de la reelección Maduro. Guaidó lideró el abstencionismo y convocó una consulta popular para canalizar la expresión opositora, pero que en términos políticos no produjo mayores efectos más allá de que él y sus seguidores la declararon un éxito. Entre una pandemia con cifras negras, desnutrición record en el continente y una hiperinflación de las más prolongadas que jamás se hayan conocido, el naufragio venezolano de 2020 no parece tener un pronto final. El año que viene, desde ya, anticipa a un Maduro afianzado ante las amenazas, a una oposición obligada a resolver sus dilemas crecientes y una población agobiada por las premuras y por el desafío de cómo imponer al liderazgo la agenda de sus reales necesidades más allá del conflicto político.