Alrededor de 20.000 dólares costó la atención en la unidad de terapia intensiva para el médico Víctor Elías Yucra Choque y su esposa la enfermera Asteria Aguilar Calle, internados por covid-19 durante 11 días en una clínica privada en Oruro, a 225 kilómetros de La Paz. Karen, de 14 años de edad, la hija menor de la pareja, se enfrentó al sistema burocrático de salud cuando le informaron que no podía retirar los cadáveres de sus padres si la familia no cancelaba el monto adeudado.

¿Qué le pedían a cambio? El personal administrativo de la clínica, cuyo nombre no revelamos por por cuestiones legales, solicitó documentos de propiedad de automóviles y casas como garantía a cambio de retirar los cuerpos. Karen les reclamó llena de rabia y dolor. “¿Por qué no les pueden dar un descanso tranquilo y en paz a mis papás? ¡Suelten sus cuerpos!”, relata que les dijo, mientras sostiene entre sus manos una foto de sus padres .

A mediados de diciembre de 2020, Yucra presentó los primeros síntomas del coronavirus y se sometió a dos pruebas que resultaron negativas. Como médico con más de 25 años de experiencia, sabía que las cosas no estaban bien y volvió a solicitar a la Caja Nacional de Salud (CNS) otra prueba, pero le dijeron que no era posible. Asteria, licenciada en enfermería, se dedicó cuidar a su esposo en casa y poco después  también presentó los síntomas. Para el 29 de diciembre la salud de la pareja cambió drásticamente cuando comenzaron a respirar con dificultad. 

Alejandra, la hija mayor, de 27 años, llevó a su papá a su sitio de trabajo, el centro de atención covid-19 de referencia de Oruro. En una silla de ruedas y con su documentación en las manos, los médicos le dijeron al doctor Yucra que no le podían atender porque todas las camas estaban ocupadas. No había espacio en ningún centro hospitalario, ni siquiera de la CNS. Ni por ser afiliado con todas las prestaciones de ley pudo acceder a su propio seguro de salud; un seguro que cada mes le descontaba de su salario el aporte correspondiente. La CNS, una entidad de derecho público, descentralizada y con autonomía propia, es el primer ente gestor de seguridad social de Bolivia porque aglutina  una numerosa cantidad de asegurados, la mayoría de ellos trabajadores en la administración pública. 

La segunda ola de la pandemia estaba en su pico más alto, los registros del Ministerio de Salud señalaban para esa fecha, el 31 de diciembre de 2020, 1.752 casos activos reportados y 16 fallecidos. No existen datos de los casos no reportados y tratados en casa, cuyas muertes quedaron al margen del conteo nacional. Se trata de un panorama que varios países de la región enfrentan por la inaccesibilidad a los sistemas de salud por distintos factores. 

Ante esas circunstancias, para Yucra solo quedó la opción de una clínica privada. Allá resultó positivo y con sus pulmones dañados en un 85 por ciento, es decir, en la fase 3 de la enfermedad. Pocas horas después, a Asteria también la llevaron a la misma clínica, donde quedaron en la unidad de terapia intensiva.  

La medicación para ambos incluían antivirales casi imposibles de conseguir que costaban entre 600 y 700 dólares diarios que debían cubrir los hermanos Yucra. Reynaldo, de 23 años, salía de su casa a las 6 de la mañana para recolectar la ayuda que le proporcionaban los compañeros de curso, amigos y familiares, que hacían eventos en Facebook, y también les llegaban aportes desde Cochabamba, Sucre y Santa Cruz. Pero ni todas esas buenas intenciones alcanzaban  para cubrir una deuda que aumentaba día a día.

El 17 de enero a las 11  de la mañana los hermanos recibieron la noticia de que su madre había fallecido de un paro cardíaco. Y  las 11 de  la noche el teléfono volvió a sonar: Víctor había sufrido un paro cardíaco. “No estábamos listos para quedarnos solos en un día”, dice Reynaldo. 

Pero la pesadilla no había terminado, porque la clínica insistía en retener los cuerpos. Alejandra  llamó al director regional de la CNS de Oruro para reclamar ante la falta de atención, mientras algunos colegas de su papá hacían gestiones. Horas más tarde firmaron un compromiso para pagar en dos meses de plazo. Finalmente los cuerpos de Víctor y Asteria eran libres. Las familias de ambos ayudaron con la cremación. 

Además, las clínicas privadas no solo retienen los cadáveres. M.A., de 63 años, (la familia pidió reservar el nombre) fue internada en un centro hospitalario de El Alto. Pero la CNS, entidad a la que ella está afiliada,  solicitó trasladarla a un lugar con mayor capacidad.  Pese a ello, cuando el cuadro severo quedó atrás y le dieron el alta, no la dejaron salir. Arguyeron que la CNS no había pagado los costos y estuvo retenida en el hospital por más de 3 horas.

Tanto frente a la denuncia de los Yucra en Oruro y ante este último hecho en El Alto, el viceministro Silva dijo que “la Caja Nacional de Salud debe pagar las deudas porque no atendieron oportunamente a sus afiliados”. Pero eso no  sucede habitualmente.  Los encargados de los servicios administrativos de los hospitales y clínicas privadas suelen pasar por alto una realidad jurídica fundamental:  “Una persona cuando fallece no deja de serlo, pasa a ser una persona fallecida, por lo tanto retenerla en calidad de prenda o de garantía es un hecho delictivo”, explica Silva.  Por tal razón, hechos como esos podrían ser interpretados como detención indebida e inclusive como secuestro. El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, está de acuerdo, y agrega que “la seguridad social tiene que hacerse responsable de los pagos y no quieren asumir su rol de ente asegurador”. 

Y quienes no cuentan con el seguro de la CNS enfrentan un problema aún mayor. En marzo, el hospital Metodista retuvo en La Paz el cuerpo fallecido de otra persona cuya familia pidió reservar su nombre. Ella no estaba afiliada a ningún seguro y la deuda por 20 dias de atención ascendía a 24.632 dólares. “Nos pidieron garantías (…) papeles de terrenos, autos o de algún bien material para liberar el cuerpo”, contó una pariente cercana. 

Y no era el único caso. Los familiares de Margarita Dorado denunciaron que este mismo hospital  no entregó su cadáver luego de que falleció el 29 de mayo tras permanecer internada durante 22 días. Cuando quisieron hacer los trámites para el funeral, les informaron que debían cancelar 36.224 dólares. La familia ofreció 10.000 dólares para garantizar el pago pero no fue suficiente. En este caso, personal del Viceministerio de Derechos del Usuario y Consumidor y el Servicio Departamental de Salud de La Paz  (SEDES) sometieron al hospital a una evaluación de los costos de los servicios. Pero hasta el momento no han informado si ante  estas dos denuncias el hospital recibirá alguna sanción. 

En febrero, el Estado aprobó la Ley 1359, de emergencia sanitaria, en la cual estableció dos puntos centrales de control sobre los servicios médicos. La primera de ellas señala que la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (AGEMED), junto con la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP), establecerán el control de los rangos de precios de los medicamentos en las farmacias. Así mismo, autoriza al Ministerio de Salud y Deportes a emitir un  tarifario básico de servicios de internación y tratamiento médico para los  establecimientos privados de servicios de salud.

Sorprendentemente, la Asociación Nacional de Clínicas Privadas y Centros de Salud (Adeclip), emitió un comunicado en el que rechazan esta norma a la que consideran un “amedrentamiento” al sector. “Rechazamos la estigmatización a las clínicas privadas así como toda imposición sin ningún diálogo con las clínicas privadas y sin ningún conocimiento de la realidad que hemos enfrentado en 2020-2021. Este tipo de acciones destruyen a los sectores y el país”, dice un aparte del comunicado.

En cuanto a la lista oficial de costos de medicamentos, varios entrevistados contaron que además de las deudas por las unidades de terapia intensiva, a diario deben conseguir el dinero para comprar recetas como el Tocilizumab, que en farmacias cuesta 1.117 dólares y en el mercado negro hasta 1.500. “Todos nuestros ahorros se nos fueron en las recetas y en pagar los costos hospitalarios. Al final nos prestaron dinero para pagar el entierro de nuestro papá”, cuenta Fabiola Quisbert mientras recoge una documentación a las puertas del Hospital de Clínicas de La Paz.

En el caso del médico Víctor Yucra y su esposa, los hijos presentaron la documentación requerida a la Caja Nacional de Salud para que cancelen por lo menos la deuda del doctor a la clínica privada. Pero la CNS respondió en forma contundente e insensible. “Nos recordaron que nos ofrecieron dos camas de terapia intensiva, pero ellos ya estaban internados e intubados. ¿Cómo íbamos a cambiarles en ese estado?, no había garantías de que llegaran con vida al hospital de la caja, era demasiado tarde. Con ese argumento nos negaron el pago de la deuda a la clínica”, relató Alejandra Yucra entre sollozos.  Al final, con el apoyo de sus amigos y familiares,, lograron recaudar el dinero y  hacer un arreglo. Pero el daño a la dignidad de esa pareja fallecida, que había trabajado en la primera línea contra la pandemia, ya estaba hecho.