Plataformas ciudadanas y activistas iniciaron protestas en la ciudad de Cochabamba el 15 de marzo en contra las detenciones de la expresidenta Áñez. Crédito: Dico Solís

Por Luis Fernando Cantoral, miembro de la Comunidad Periodística de CONNECTAS

La madrugada del pasado 13 de marzo, aún cerrada la noche, una veintena de policías de civil fuertemente armados irrumpió en una vivienda de la ciudad de Trinidad, en el departamento amazónico de Beni, y aprehendió a la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez. El día anterior, dos de sus exministros, Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, también fueron aprehendidos en la misma ciudad. En los operativos los efectivos -sin identificarse y sin orden judicial, según las denuncias-, tiraron puertas, allanaron casas y amenazaron a más de una decena de personas, con el propósito de hallar a las exautoridades. Los tres fueron trasladados a La Paz, Sede de Gobierno, en aviones de la Fuerza Aérea, en medio de un gran operativo de seguridad, para que respondan por los delitos de conspiración, sedición y terrorismo. La Fiscalía cuenta con una lista de 10 personas y anuncia más detenciones.

Esta decisión política activó nuevamente la polarización -de un lado quienes afirman que hubo fraude electoral y del otro quienes defienden la teoría del golpe de Estado- en un país que intentaba curar sus heridas y construir confianza. Con las elecciones de octubre del año pasado se esperaba dejar atrás el enfrentamiento fratricida y el recuerdo aciago de días y noches de terror (noviembre de 2019) en las que grupos de gente exaltada afines al Movimiento al Socialismo (MAS) salieron a las calles, quemaron casas, buses, llantas y destruyeron unidades policiales tras la salida de Evo Morales. Las protestas terminaron con la muerte de 36 seguidores del exmandatario.

Con los hechos del último mes, Luis Arce está demostrando que su gobierno será una reedición del de Morales. El 16 de marzo, tras el envío de la exmandataria a una cárcel de mujeres, ciudades como La Paz, Cochabamba, Sucre y Santa Cruz fueron escenarios de concentraciones convocadas por movimientos ciudadanos contrarios al gubernamental MAS. La tensión se volcó a las calles. Miles de personas de distintas edades y con el rostro marcado por la indignación se abrieron paso por diferentes avenidas portando carteles y la tricolor nacional para exigir a voz en cuello: “¡Libertad para los detenidos!”. Acusaron al gobierno de Arce de inventarse cargos y utilizar el sistema judicial con fines políticos y querer hacer de Bolivia “otra Venezuela”.

Reporte periodístico de FRANCE 24

En La Paz la manifestación fue convocada por el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) que en 2019 encabezó las protestas contra el fraude electoral –confirmado por la OEA- en favor del entonces presidente y candidato a la reelección, Evo Morales. Los manifestantes, que reclamaba “justicia” y “libertad”, aseguraron que en 2019 no hubo golpe de Estado contra Morales como afirman el Ejecutivo y el partido oficialista, debido a que el gobierno de Áñez funcionó 11 meses con un parlamento de mayoría masista que, incluso, prorrogó su mandato.

La concentración más grande se registró en Santa Cruz, donde miles de personas con banderas cruceñas y bolivianas rechazaron la detención de Áñez y de sus exministros. En el mitin participaron autoridades locales y políticos de oposición como el exlíder cívico y gobernador virtual de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien ofreció ayuda a los presos y refugio a los “perseguidos políticos”. Camacho fue una de las caras más visibles de las protestas de 2019 e identificado por el gobierno actual como uno de los principales artífices del supuesto golpe de Estado, pero hasta la fecha no ha sido citado por la Fiscalía.

Las marchas y concentraciones continuaron durante una semana de manera esporádica en diferentes zonas del país como Trinidad, Potosí y Tarija. Organizaciones sociales, plataformas ciudadanas, académicas, médicos, cocaleros opositores y esposas de policías, que denunciaron persecución a sus cónyuges, engrosaron las manifestaciones por “justicia y libertad”.

Al menos cinco organismos internacionales -Human Rights Watch, Unión Europea, Amnistía Internacional, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Organización de Estados Americanos- han expresado su preocupación por los acontecimientos en Bolivia y advirtieron la vulneración del debido proceso y el uso de la justicia para perseguir a opositores.

Organizaciones indígenas, obreras y campesinas afines al MAS rechazaron los pronunciamientos a favor de Añez y defendieron los procesos judiciales en su contra por el presunto golpe de Estado. Exigían, además, juicio por las 36 muertes que dejó su Gobierno al aplicar un plan de pacificación. En La Paz se produjo una masiva marcha que llegó hasta el centro de la ciudad después de recorrer varios kilómetros desde la vecina urbe de El Alto. Los manifestantes quemaron muñecos que representaban a la exmandataria Añez y a sus exministros y expresaron su respaldo al “proceso de cambio” y al gobierno de Luis Arce. Exigen justicia por sus muertos. Por este caso aún no se inicia el proceso.

Solo hasta el pasado 19 de marzo, el presidente Arce se refirió a los hechos que tienen convulsionado al país: “No nos mueve el odio, ni la venganza; lo que nos mueve es un afán inquebrantable de justicia”, dijo en un acto de sus partidarios en el que tildó de “golpista” a Añez.

Iván Lima, ministro de Justicia, devenido en vocero e impulsor del juicio a la exmandataria, respondió a los cuestionamientos nacionales e internacionales señalando que en los procesos contra las exautoridades se respetó el debido proceso y que en Bolivia existe independencia de poderes para garantizar una justicia imparcial. Se trata de la misma justicia, desprestigiada y sin credibilidad, que hace un año, con los mismos jueces y fiscales, persiguió a los afines a Evo Morales, y hoy ofrece sus servicios al gobierno de turno.

De lo que quedan pocas dudas es de la singularidad del juicio contra Añez, del sabor a revancha por parte del gobierno del MAS. En lugar de iniciar un juicio de responsabilidades por todas las vulneraciones e irregularidades ocurridas en su Gobierno, por medio del Legislativo, como corresponde, optó por iniciarle un proceso en su calidad de exsenadora, por la vía ordinaria, como organizadora del supuesto golpe de Estado, para poder aprehenderla y encarcelarla. El ministro Lima dijo que se optó por este camino al no contar el MAS con dos tercios de votos en el Legislativo para autorizar el juicio de responsabilidades y juzgar a Añez como “dictadora”.

El abogado Juan del Granado, quien impulsó el juicio de responsabilidades contra el fallecido dictador Luis García Meza, dijo que el proceso está basado en una “aberración jurídica” y su objetivo es atropellar a la expresidenta en sus derechos y encarcelarla ilegalmente. De esa manera se estaría eludiendo el juicio de responsabilidades que le corresponde.

Por lo anterior, era de esperar que la reconciliación boliviana entre actores políticos y población en general fuera una ilusión. Los ánimos están crispados y no parece que haya mucho por hacer para calmarlos. El pasado 24 de marzo, el Comité Cívico de Santa Cruz, tratando de poner paños fríos a la situación, convocó a las autoridades electas opositoras al MAS y al presidente, Luis Arce, a una cumbre nacional cívico-política para llegar a un pacto nacional. El encuentro se suspendió debido a que muchas autoridades electas no confirmaron su participación. El Gobierno tampoco.

Cinco días después, el líder de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, presentó una propuesta política dirigida al Gobierno para realizar un pacto nacional que permita superar la disyuntiva entre las visiones de “fraude y golpe”.

La propuesta de Mesa busca acuerdos en torno a la liberación de “los presos políticos” para superar la polarización política que “genera discursos antagónicos y acciones de confrontación y judicialización”. También propone la renovación del Ministerio Público y el Órgano Judicial para garantizar independencia, imparcialidad e idoneidad con miras a viabilizar “el juzgamiento de violencia en el período que va del 20 de octubre de 2019 al 18 de octubre de 2020 –últimos 20 días del gobierno de Morales y 11 meses de la gestión de Añez-, sin sesgos ni parcializaciones, derogando las normas que generen impunidad”. El gobierno no respondió a la propuesta. Sus legisladores la rechazaron.

El ambiente político y social en Bolivia continúa encendido y tenso. El gobierno de Luis Arce persiste en imponer una verdad única con la narrativa de que lo acontecido en noviembre de 2019 fue un golpe de Estado a un gobierno democrático, ignorando el repudio popular hacia Morales por sus abusos y angurria de poder, y pone al país en riesgo de una nueva descomposición política y social que puede llevar a Bolivia a un punto de gran incertidumbre. Una situación conocida por todos nosotros.