Esa platica ¿se perdió?

Hay controversia sobre dónde pararán los 2.600 millones de dólares que Odebrecht pagará tras la investigación del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Imagen bajo Licencia Creative Commons. Autor: Jeso Carneiro

Una importante reunión celebrada en Nueva York recientemente con varios de los principales actores en la lucha contra la corrupción hemisférica destapó un nuevo reto que está llegando por cuenta de investigaciones de alcance transnacional como es el caso Odebrecht. El punto lo planteó el Fiscal General de Colombia, Néstor Humberto Martínez, que expresó su inconformidad al no existir una reforma de legislación internacional para garantizar que haya justicia en los casos de corrupción. A esto hay que sumarle la falta de coordinación transnacional para enfrentar esta problemática y los pocos avances en la recuperación del dinero usado para corromper políticos y funcionarios.

La “perla” de su reflexión vino al mencionar además como la millonaria multa que Odebrecht acordó pagar como resultado de las investigaciones en 2016 del Departamento de Estado de los Estados Unidos, sería sólo con destino a ese país, a Brasil y Suiza, cuando los sobornos de Odebrecht por más de 788 millones de dólares se dieron en 12 países para obtener beneficios en contrataciones públicas.

Esto sucedería pese a que en el acuerdo con estos países Odebrecht se comprometió a retribuir a los afectados. Pero de esto nada se ha visto y hay dudas de cómo hacerlo exigente.

En el foro ”La batalla de América Latina contra la corrupción: lo que viene después”, el Fiscal General de Colombia indicó además que los casos de corrupción transnacionales llegan desde los “países industrializados” y que desde las convenciones internacionales se ha tipificado un nuevo delito conocido como ‘soborno internacional’, que generará inconvenientes a la hora de investigar desde distintas jurisdicciones los mismos hechos. Si a nivel internacional se acordó que hay un delito transfronterizo, donde no hay acuerdos es en la forma de investigarlo y sancionarlo.

Un ejemplo de esto ocurrió en Ecuador, país que no adoptó las condiciones propuestas por el Ministerio Público de Brasil para investigar casos de corrupción y cuando estaba avanzando la pesquisa de Odebrecht por orden judicial se vieron obligados a “decretar la preclusión porque ya habían sido condenados en su país de origen” y no podían ser juzgados dos veces por los mismos motivos.

En otros países como Panamá, la inacción del poder judicial que alega tecnicismos ha llevado a que las investigaciones se encuentren paralizadas y por ende no exista una reparación; Por su parte, en Venezuela, uno de los países que tiene más contratos con Odebrecht, no existe investigación debido a que no está presente la figura de Fiscal General, y en Argentina las demoras sin justificación en los procederes judiciales han demorado los resultados de las pesquisas.

Sumado a esto, en países como México el panorama parece más oscuro debido a que continúa sin conocerse los resultados de las investigaciones realizadas por los sobornos a funcionarios de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) y que incluso se ha confirmado que fue dinero que financió la campaña del presidente Enrique Peña Nieto.

La colaboración entre países para la lucha contra la corrupción es más que un gesto diplomático. Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, México, entre otros están unidos por el escándalo Odebrecht, pero también por acuerdos como los “Principios Internacionales sobre Impunidad y Reparaciones” que buscan un trabajo de manera conjunta para castigar los actos de corrupción, pese a esto, todo indica que esta cooperación quedó en el papel debido a que el trabajo individual llevó a que cada país intentara hacer ‘justicia propia’ y que los beneficiados sólo serán países en los que no ingresó dinero de los sobornos como Suiza.

En la investigación que ha sido denominada como el escándalo de sobornos más grandes de la historia quedaron salpicados los nombres de ex presidentes y actuales mandatarios de la región como Michel Temer, Dilma Rousseff y Lula da Silva en Brasil; Pedro Pablo kuczynski, Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, en Perú; Juan Manuel Santos y el candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, en Colombia, y Ricardo Martinelli en Panamá.

Lo más paradójico es que mientras la mayoría de países ve cada vez más lejos algún tipo de reparación por los daños hechos con el pago de estos sobornos, la compañía brasileña parece tener un panorama totalmente distinto al asegurar que ya fue agregada a la lista de Transparencia Internacional y está compensando sus actos con el pago de la multa a Estados Unidos, Suiza y Brasil.

Fabio Januário, CEO de Odebrecht, presume lo que para ellos es un logro de la lucha contra corrupción al estar entre las nueve empresas que cumplieron con el cien por ciento de los objetivos de la lista de “Transparencia Internacional”, esta organización afirmó que Odebrecht mantiene avances de las investigaciones sobre corrupción y no ha incurrido en nuevos actos de sobornos.

Hasta que las naciones no concerten encuentros que arrojen acuerdos de colaboración con la justicia que se lleven a la acción y tengan como resultado una reparación equitativa con garantías, los infractores seguirán encontrando la manera de hacer menor su responsabilidad y librarse de la reparación por sus actos corruptos.

El reto regional es pasar de la indignación a la impartición de justicia que incluye la reintegración de ese dinero que fue usado para sobornos cuando debió servir para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y no recrudecer la desigualdad como ocurrió al desviarse ese recurso público para beneficiar a unos cuantos mientras tanto sigue la pregunta en el aire: ¿Esa platica se perdió?