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La democracia de Nayib

Tras su triunfo en las elecciones del domingo, Nayib Bukele podría haberse convertido en un nuevo dictador latinoamericano, pero la tardanza en conocer los resultados legislativos plantea interrogantes sobre su verdadero control del Estado. ¿Cuál será su siguiente movida?

Por David Ernesto Pérez, miembro de #CONNECTASHub

E sta noticia, en realidad, nunca fue noticia. El 4 de febrero Nayib Armando Bukele Ortez consumó su reelección como presidente con, de acuerdo con los resultados preliminares divulgados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), más de 1,6 millones de votos obtenidos por su partido, Nuevas Ideas, no obstante la prohibición establecida por la Constitución de la República.

Lo logró después de convertir al Estado en su megáfono propagandístico, cuya voz es la única que resuena las 24 horas del día y los siete días de la semana; de instrumentalizar a la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil (PNC) como su guardia pretoriana y sus cuerpos de control social; de gastar opacamente, como si se tratara de un botín con recursos infinitos, millonarios montos de dinero de las arcas públicas en los proyectos de blanqueamiento de su reputación, como Miss Universo o compras de Bitcoin. En fin, solo después de destruir la escasa autonomía e independencia que las instituciones habían alcanzado en los últimos treinta años y construir sobre sus escombros unas nuevas que en la pared tienen la obligación de colgar en sus oficinas, como la más importante atracción, su retrato y el de su esposa, Gabriela Rodríguez de Bukele.

Ciertamente su reelección está consumada. Pero la mayoría en la Asamblea Legislativa todavía está en disputa, por tanto, una parte esencial de su proyecto político está en riesgo.

Este es, a muy grandes rasgos, un breve reporte de novedades del país más pequeño, territorialmente, de Centroamérica. Y es muy probable que en los siguientes meses el país y Latinoamérica asistan a la reforma o a la elaboración completa de una nueva Constitución que le permita reelegirse indefinidamente. Es decir, envejecer y morir en el poder, como lo hicieron los fallecidos Hugo Chávez Frías y Fidel Castro Ruz, o como está sucediendo con el nicaragüense Daniel Ortega Saavedra. Es muy importante hacer énfasis en que el presidente salvadoreño negó-repitió-negó el domingo pasado, en pleno silencio electoral, que esa sea su siguiente jugada, pero ya antes hemos comprobado que la incoherencia es una de las características más destacadas de su personalidad. Y es de necios fiarse de alguien que dice una cosa cuando le conviene y la contradice cuando no. 

En esa misma conferencia de prensa dijo que él y su vicepresidente, Félix Antonio Ulloa Garay, no estaban eliminando la democracia para sustituirla por algo nuevo, como el segundo declaró al diario The New York Times. Más bien, según Bukele, “es la primera vez, en la historia, que El Salvador tiene democracia”. Entonces: ¿cuál es la democracia de Bukele? En la que practica, el elemento esencial es la concentración de todo el poder en sí mismo y en su hermano Karim. 

Además, es necesario recordar cómo Bukele torció todos los caminos de la justicia. Esta etapa se inició con el amago de disolución de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020. Un mes y un año más tarde Nuevas Ideas ganó, en las elecciones de 2021, 56 de 84 diputados y con esa mayoría dio un golpe de Estado a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y destituyó al fiscal general y, en su lugar, nombró a Rodolfo Delgado Montes.  Después, 94 días más tarde, los magistrados impuestos emitieron una resolución que habilitó al presidente para inscribirse nuevamente como candidato, como lo que ocurrió en 2014 en Nicaragua.

Pero faltaba más.

En septiembre de 2021 los diputados fieles a Bukele dieron el golpe de gracia al poder judicial al jubilar a los jueces mayores de 60 años o con más de 30 años de carrera. En realidad sirvió para purgar a los críticos, confinarlos a tribunales en el interior del país y, en el peor de los resultados, silenciarlos. Eso  sirvió de antesala a lo que ocurrió el 27 de marzo de 2022, cuando presuntos miembros del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13) perpetraron la peor masacre desde los Acuerdos de Paz, con 87 víctimas. Ese día los legisladores avalaron el régimen de excepción, que permitió suspender los derechos de reunión y asociación, intervenir las telecomunicaciones, remover el límite de 72 horas de la detención administrativa.

En principio,  algunos diputados opositores coincidieron en que el Estado debía detener la matanza. Transcurridos los meses, sin embargo, el partido oficial fue aprobando sucesivas prórrogas —22 hasta el momento— y, a la vez, reformando la Ley Contra el Crimen Organizado y los códigos Penal y Procesal Penal. De ese modo, en la práctica, volvieron permanentes los procedimientos excepcionales, lo que ha permitido, por ejemplo, que las actas policiales y las declaraciones de las víctimas sean consideradas pruebas, cuando únicamente eran elementos probatorios. También comenzaron a aceptar como pruebas las autoincriminaciones de los capturados, lo que está prohibido por ley.

Luego, esas supuestas pruebas son presentadas a los jueces del régimen cuya única función es aceptarlas, sin que puedan ordenar juicios expeditos ya que la Fiscalía General de la República (FGR) quedó facultada para pedir prórrogas sucesivas. De ese modo, la mayoría de los capturados han permanecido más de 680 días en prisión sin condena. Y, de acuerdo con las cifras divulgadas por el Gobierno en redes sociales y en los medios de comunicación que controla, fueron detenidas más de 70 mil personas. A esto deberá agregarse que los fiscales presentan como la principal prueba un documento llamado criptoanálisis que no es más que una descripción general de las estructuras de las pandillas sin individualizar la función de cada uno de los imputados.

Algo similar sucedió con las leyes y la autoridad electoral. Entre julio de 2021 y noviembre de 2023 los diputados aprobaron más de doce decretos que modificaron el registro de votantes en el país y ampliaron ad infinitum el de los electores en el extranjero, con énfasis en Estados Unidos, a cuyo territorio constantemente viajaban los dirigentes de Nuevas Ideas para participar en actos abiertamente proselitistas. Además, en esos meses el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) recibió 43.265.000 dólares para implementar un programa de entregas masivas de documentos de identidad salvadoreños, concentrado en California, Texas, Virginia, Nueva York, Nueva Jersey, entre otros.

Crédito: cortesía Revista Elementos

Las modificaciones también adicionaron, como delito electoral, el de la obstaculización de candidaturas, lo que fue interpretado como una amenaza para quienes pensaran oponerse a la inscripción de Bukele, incluyendo a los magistrados. Los cambios a último momento, y las purgas en la autoridad electoral, aparentemente provocaron las improvisaciones y las fallas en el conteo y la transmisión de los resultados preliminares de las elecciones presidenciales y de las legislativas.

Todo comenzó en las mesas de votación, según Claudia Ortiz, diputada de VAMOS, y Óscar Ortiz, secretario general del FMLN. Las primeras irregularidades se registraron cuando el domingo los ciudadanos que la autoridad electoral había formado para el proceso fueron suplantados aparentemente por miembros de Nuevas Ideas. Y a quienes sí les dejaron desempeñar sus funciones, nadie les proveyó de alimentos ni bebidas para una jornada que comenzó a las cinco de la mañana y se prolongó hasta después de las ocho de la noche. Además no todos dispusieron de computadoras para introducir los resultados y quienes sí los tuvieron debieron resignarse a no poder terminar el trabajo porque, cerca de las siete y treinta de la noche, ocurrió un corte abrupto del servicio de internet.

“No había plan B ni nada. ¿Cómo es posible esto?”, cuestionó la diputada Ortiz. Sin equipo informático fueron obligados, muchos sin conocer cómo hacerlo, a realizar un conteo manual tanto de los votos enteros como de los fraccionados, en el caso de las elecciones legislativas. El caos ha sido tal que, al cierre de este artículo, el Tribunal se disponía a abrir las urnas y recontar los votos en un hotel capitalino, con la agravante de que una parte de los paquetes electorales, de acuerdo con los representantes del partido Nuestro Tiempo, estaban claramente violentados. Todo esto también lo señalaron observadores internacionales.

Entre la mañana y la noche del martes 6 también el Tribunal trasladó a instalaciones militares una parte de los paquetes con los votos. Los partidos políticos no fueron informados de los motivos de eso. Bukele publicó que Nuevas Ideas había ganado 58 de las 60 diputaciones en disputa, pero la única certeza es que seguirán en disputa hasta que el conteo termine.

Crédito: cortesía Revista Elementos

“¿Dónde están las actas? Tenemos números de departamentos en los que la oposición en conjunto ganó el 40 por ciento de los votos. Lo que pasa es que se quiere llegar al número que en el balcón dijo el supremo”, dijo Manuel Flores Cornejo, excandidato presidencial del FMLN.

Los principales dirigentes de los partidos ARENA y Nuestro Tiempo también anunciaron que en las próximas horas pedirán la nulidad de los resultados de las elecciones legislativas. “Veremos, con el resto de los representantes de los partidos políticos, cómo actuamos, es decir, si en conjunto o individualmente”, dijo Andy Failer, presidente de Nuestro Tiempo.

A pesar del triunfalismo oficialista y la supuesta unanimidad de los ciudadanos a favor de Bukele, ante la falta de claridad sobre los resultados de las elecciones legislativas, su enorme popularidad quedó  en entredicho y será necesario permanecer a la espera de cuáles serán sus estrategias para afianzarse en el poder absoluto. En todo caso, sobre el horizonte político de El Salvador no hacen más que acumularse nubes borrascosas. 

Autor
David Ernesto Perez
Antrópologo y periodista. Miembro de CONNECTAS Hub. Con diez años de experiencia en la cobertura de violencia social, política y elecciones, derechos humanos y con inclinación a la investigación periodística. Convencido de la necesidad de amalgamar los métodos de la antropología y la historia con el periodismo. Cofundador de Revista Elementos.