El coronavirus no detiene el crimen en Latinoamérica

Los gobiernos de la región están teniendo un desafío adicional en esta época: ponerle freno a la manera en la que el crimen organizado está aprovechando la pandemia para aumentar el control en sus territorios.

El narcotráfico ha aprovechado la pandemia para potenciar sus estrategias. Crédito: Composición con imágenes de referencia

‘Después de las seis no queremos ver a nadie en las calles’. 

Este es el mensaje que impone la MS-13, una de las principales pandillas centroamericanas, en las calles de los barrios más pobres de El Salvador. Ahora, al pánico colectivo por la posibilidad latente del contagio que nos persigue a diario, y a la incertidumbre que generan las decisiones tomadas por el gobierno salvadoreño, liderado por Nayib Bukele, se suma un toque de queda aplicado a la fuerza por las maras dentro de las comunidades que viven bajo su control y su ley. Y la ley marera es clara: si sales después de las seis, corres el riesgo de ser apaleado o asesinado.

Las razones para apoyar, a su manera, las medidas de aislamiento obligatorio impuestas por el gobierno, son diferentes, explica El Faro. Uno de los integrantes de la MS-13 argumentó que “estaban convencidos de que si la epidemia de coronavirus desata en El Salvador su peor escenario, ningún hospital destinará un respirador para un pandillero”. Y puede que tengan razón. Otros argumentaron, sin embargo, que con esto tratan de evitar mayor presencia policial en sus barrios, algo que podría afectar la organización criminal, cuyo principal brazo financiero, la extorsión, se ha visto afectado durante estos días de cuarentena.

Como el resto del mundo, el crimen ha tenido que adaptarse a la pandemia global que estamos viviendo, aunque cuenta con la ventaja histórica de siempre demostrar mayor capacidad de adaptación y reacción rápida ante las circunstancias. Y aprovechando que los gobiernos han tenido que centrar su mirada en la pandemia (que se ha propagado mucho más en las principales ciudades), el crimen organizado ha redoblado esfuerzos por ejercer el control en poblaciones que históricamente han convivido con el abandono estatal, una situación que se ha exacerbado en la región con la llegada del virus. La historia se repite, con pandemia o sin pandemia: la ausencia del Estado en un territorio, por la razón que sea, deja un espacio holgado para que las organizaciones criminales puedan actuar, ejercer su control y poner sus propias reglas. 

En México la situación es parecida, y fue noticia el mes pasado porque en algunos de los barrios más pobres de Jalisco se repartieron alimentos y artículos esenciales marcados con la cara del reconocido narcotraficante “El Chapo” Guzmán. Esta acción, realizada por su hija Alejandrina Guzmán, no fue la única de este tipo, pues según informan medios regionales, también se han realizado entregas de mercados por parte del Cartel Jalisco Nueva Generación (Cuautitlán), el Cartel del Golfo (Tamaulipas), “los Viagras” (Michoacán), entre otros.

Con esto último lo que buscan es ocupar el lugar que el estado les dejó libre al tenerse que concentrar en contener la pandemia. Respecto a esto, el asesor de unidades contra la delincuencia organizada e investigador de la Universidad de Columbia, Edgardo Buscaglia, expone: “Desde el punto de vista social, van a salir fortalecidos (la delincuencia organizada) después de esta pandemia porque el Estado está superado debido a los gastos en salud pública y la emergencia social. Muchos Estados están en déficits enormes, no pueden endeudarse más(…); entonces, la delincuencia pasa a ser el principal proveedor de apoyo social: de comida, de alimentos, de vacunas”.

En México, a diferencia de otros países, la violencia no ha amainado.  Luego de que el virus llegara al país el 27 de febrero, marzo se convierte en el mes con más homicidios en 13 años en el país, según el medio Milenio. Según informó el 19 de mayo el diario El País, “Desde que el país [México] detectó el primer caso de contagio, a finales de febrero, han sido asesinadas 6.500 personas”‬, número que no han superado las 6.090 muertes por Coronavirus registradas hasta el 21 de mayo, dejando aún al crimen como la mayor amenaza para la vida de los mexicanos. 

En el caso de El Salvador, mientras las maras forzaban toques de queda en las calles, se registraron al menos 76 asesinatos entre el 24 y el 27 de abril, frente a lo cual el presidente Nayib Bukele reaccionó mezclando a miembros de pandillas rivales en las cárceles, pues se presume que desde allá se ordenaron los crímenes, ofreciéndonos así, otra de las imágenes que dieron de qué hablar en esta cuarentena.

Asimismo, para el 9 de abril, los medios brasileros reportaron que Luiz Henrique Mandetta, el entonces ministro de salud, afirmó estar buscando un diálogo con las milicias narcotraficantes en pro de que cooperaran para evitar la expansión del virus. Por su parte, los grupos criminales impusieron toque de queda en las favelas de Rio de Janeiro, anunciando que si el gobierno no era capaz de manejar la situación, ellos sí. Además informaron que regularán los precios de los medicamentos.

En Colombia grupos paramilitares y guerrillas se han hecho sentir en zonas periféricas, a través de panfletos que amenazan de muerte a cualquiera que saliera de su casa e incumpliera el toque de queda. 

A pesar de que la guerrilla del ELN promulgó un cese al fuego unilateral debido al Coronavirus, la Defensoría emitió una alerta temprana en la que afirma que esta “continúa afianzando sus operaciones de expansión a territorios otrora ocupados por las Farc y/o de consolidación en aquellas zonas donde ha conseguido imponer su dominio”.

Respecto a las acciones violentas durante la cuarentena, la Defensoría afirmó que en este periodo “las disidencias de las Farc, el ELN, Los Pelusos y desmovilizados de las AUC, han cometido alrededor de 72 actos que atentan contra la vida de los colombianos”. Desde que comenzó la cuarentena el 25 de marzo, estos grupos han cometido homicidios, incineraciones de vehículos, retenciones arbitrarias y han aumentado las amenazas y el desplazamiento forzado de poblaciones vulnerables, entre otros.

Asimismo, la falta de clases por la cuarentena aumentó el reclutamiento forzado, pues según el balance de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), este delito aumentó en un 113 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado, y en abril, cuando ya se tenía la medida del confinamiento obligatorio, se registraron siete eventos de reclutamiento en todo el país en los que se vieron afectados 31 niños, niñas y adolescentes, para dar un total de 128 en lo que va del año.

“El impacto social del coronavirus y la pandemia de covid-19 está desafiando tanto a los gobiernos como a los grupos criminales en todo el mundo. La imposición de toques de queda y controles sociales por parte de grupos armados organizados, bandas criminales y otros grupos nacientes plantea desafíos únicos a la gobernanza y a la respuesta de crisis sanitaria de la pandemia”, afirma. “Este tipo de gobernanza alternativa también plantea desafíos a la solvencia del Estado, ya que las bandas y las milicias compiten con la misma institucionalidad estatal por la legitimidad y la provisión de bienes sociales. (…) Lejos de ser una crisis, la pandemia representa para estas agrupaciones una oportunidad única para alcanzar legitimidad bajo el pretexto de proteger a las comunidades” aseguran finalmente los investigadores Juan Corredor y Melissa Rincón en el artículo El crimen organizado como regulador de pandemias. El caso del COVID-19 en América Latina

Así también lo asegura Gastón Schulmeister, director del Departamento de Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA: “El crimen organizado ha encontrado más que un desafío una ventana de oportunidad para proyectarse”.

Según el último reporte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cerca de 14 millones de personas han perdido su empleo en América Latina durante la crisis sanitaria por covid-19; mientras que la Comisión Económica para América Latina (Cepal) pronostica una caída en la economía de la región de hasta el -5,3 por ciento.

Una situación económica más precaria y generalizada en la región por la pandemia, sumado al actuar que no cesa de organizaciones criminales, que intentan ganar territorio y hacer las veces de Estado en territorios donde la presencia estatal nunca ha sido completa, y más bien se vive bajo las reglas del hampa, puede llevar a que el crimen organizado remonte en Latinoamérica. La gran incógnita que se va formando es ¿Cómo van a hacer los gobiernos latinoamericanos para hacerle frente al aumento de los crímenes en determinados países, cuando cada día deben destinar todos sus esfuerzos a palear los efectos del virus en la población? Por ahora no existe la respuesta.