América Latina, un pueblo que camina

Mientras miles de personas se movilizan hacia la frontera entre México y Estados Unidos, varios países aprovechan la situación con fines políticos, en vez de proteger los derechos y las necesidad básicas de los migrantes.

Niños migrantes y refugiados centroamericanos esperan con sus padres para solicitar asilo en un punto de control en Ciudad Hidalgo, México. © REUTERS / Ueslei Marcelino

Casi dos semanas desde que inició la travesía de la caravana migrante, un grupo de miles de niños, mujeres y hombres, que salió de Honduras para atravesar Guatemala y México, con la intención de llegar a los Estados Unidos, en busca de mejores condiciones de vida. En su paso por el país azteca se calculaba que más de 7000 personas caminaban hacia la frontera, a pesar de las amenazas del gobierno americano de no dejarlos ingresar.

No es la primera vez que ocurre algo así. Entre marzo y abril de este año, la ONG Pueblo sin Fronteras organizó un desplazamiento por  3.200 kilómetros, en el que participaron más de 1.000 inmigrantes procedentes de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Esa vez, la marcha, que buscaba llamar la atención sobre el fenómeno migratorio, se disolvió finalmente en Puebla (México) y la mayoría de los caminantes regresaron a sus países.

Las razones para el éxodo masivo son constantes: buscar empleo, escapar de la violencia, el hambre y la pobreza. Sin embargo, en esta ocasión la caravana migrante, que viaja como una sola columna humana, ha llamado la atención del mundo, no solo por su magnitud, sino porque varios países han querido invisibilizar el drama humano, poniendo por encima intereses políticos.

Por ejemplo, pocos días después de salir de Honduras, la canciller de ese país María Dolores Agüero acusó que detrás de esta movilización había más que la desesperación de salir de Honduras y afirmó: “La caravana ha sido organizada y promovida a través de un movimiento político ideológico que tiene relación con intereses radicales y crimen organizado y han buscado desestabilizar políticamente al país, y ahora están aprovechándose y engañado a la gente inocente”.

Si por una parte se acusa que esa caravana la mueven intereses para desestabilizar Honduras, hay quienes también la señalan de algo similar, pero con otros orígenes. Funcionarios del gobierno estadounidense y el Presidente Donald Trump han afirmado que la caravana está infiltrada por criminales, personas de Medio Oriente e incluso que tiene financiación del gobierno de Venezuela.

El mundo ha sido testigo de las continuas amenazas de Trump a través de Twitter de retirar las ayudas económicas que brinda su país a Honduras, Guatemala y El Salvador por no detener la marcha. Sumado a ello, según información de The Washington Post, el Pentágono planea desplegar entre 800 a 1000 militares adicionales en la frontera Sur como respuesta a la caravana.

¿Qué hay detrás de toda la atención que ha prestado el gobierno estadounidense a la caravana? Analistas internacionales explican que esta marcha le dio a Trump una razón para desviar la atención mediática del asesinato del periodista y escritor Jamal Khashoggi, cuya muerte dentro del consulado Saudí en Turquía puso en el ojo del huracán a Arabia Saudita y presionó  a Estados Unidos, como uno de sus aliados políticos.

En este contexto la caravana migrante, que fue creciendo desde que salió de Honduras y ganó cada día más atención mediática, emergió como una oportunidad para Trump de retomar un discurso que le dio réditos en las elecciones 2016: el principal problema de Estados Unidos es la inmigración ilegal, las drogas y el crimen.

“Yo creo que ese es el impulso que lo lleva a hacer los comentarios en Twitter y a atizar la xenofobia de sus seguidores. Su Ejecutivo ha sido consistente a la hora de vincular a los migrantes con el crimen en contra de toda evidencia”, le dijo a Deutsche Welle Cynthia Arnson, directora del programa latinoamericano del Wilson Center, centro de investigación independiente.  

Detrás de las declaraciones en contra de la caravana, está también el interés de Trump de inclinar la balanza a su favor en las próximas elecciones intermedias de noviembre. En esta contienda, su discurso xenófobo y de política del miedo hacia lo extranjeros, acusándolos de ser delincuentes y que solo llevan problemas, le puede ser de mucha utilidad entre sus electores.

Según una encuesta publicada a principios de octubre por el Pew Research Center, “la inmigración ilegal es el principal problema del país a los ojos de quienes suelen votar por el Partido Republicano, pero aparece en el puesto 18 del ranking de los asuntos que preocupan a quienes tienden a votar por el Partido Demócrata”

En medio de esta turbulencia política ¿en dónde queda la situación de los miles de migrantes? y ¿cuál es la responsabilidad de sus países para atender esta crisis?. Según Naciones Unidas, solo en 2017, casi 300.000 personas de centroamérica buscaron refugio en México o Estados Unidos, huyendo de las pandillas criminales y la violencia que afecta sobre todo a mujeres y comunidades desfavorecidas.

Estos grupos “vienen de situaciones políticas, sociales y económicas precarias, de Estados fallidos, como Venezuela, o incapaces de garantizar seguridad y bienestar, como Honduras. Luego no debiera sorprender que muchos busquen una oportunidad fuera de sus países. Por ejemplo, en Estados Unidos en donde los centroamericanos mantienen vínculos familiares o de amistad que, a menudo, les financian la cara travesía y los reciben a su llegada”, explica el profesor Jochen Oltmer, de la Universidad de Osnabrück, en entrevista a Deustche Welle.

El éxodo venezolano y su impacto en la región

Mientras que en Honduras se calcula que salen en promedio entre 200 y 300 personas a diario, en Venezuela la situación económica y social ha producido un éxodo a cuenta gotas, que ha hecho salir de este país a 2,3 millones de sus habitantes, la más grande migración del continente en años. Ambas naciones tienen en común un convulsionado ambiente político, que plantea un gran reto para los países vecinos.

De acuerdo con la agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) el 90% de los migrantes venezolanos se ha dirigido a países de América Latina. Por ejemplo, Migración Colombia registra por lo menos 870 mil venezolanos en el país cafetero.

La movilización ha puesto a prueba la solidaridad de los gobiernos y los habitantes de los países receptores. Los migrantes han encontrado un clima de solidaridad, apoyo y de reciprocidad (en el pasado muchos colombianos y ecuatorianos fueron a vivir y trabajar en Venezuela). En México, por su parte, son numerosas las personas y organizaciones sociales que brindan información y apoyo a los migrantes.

No obstante, la xenofobia es un riesgo latente ya sea por los discursos de odio de gobiernos, como el de Estados Unidos, o los abusos a los derechos básicos de los migrantes; Sobre esto,Human Rights Watch ha denunciado que “las autoridades de Curazao detienen indiscriminadamente a solicitantes de asilo durante redadas, hostigan física y verbalmente a venezolanos, y detienen a otros por tiempo indeterminado en condiciones inhumanas y sin acceso a abogados.”

Adicionalmente, la movilización humana se ha encontrado con las medidas adoptadas por cada gobierno para controlar el flujo migratorio. Por ejemplo, desde agosto Ecuador,Panamá,Perú y Chile empezaron a exigirles pasaportes a los venezolanos. La fuerte reacción que generaron estos anuncios llevó a que Perú y Ecuador se retractaran parcialmente.

Sin duda, la problemática de la migración en América Latina seguirá aumentando mientras persistan la pobreza, la exclusión y la violencia en la región. La gran pregunta hacia el futuro es de qué forma los gobiernos se podrán articular para dar una respuesta colectiva y uniforme, apuntando también a estrategias multilaterales que aborden las raíces de los problemas, evitando la estigmatización y la xenofobia.