La pobreza como instrumento de la corrupción

El Proyecto Renovación Curundú es una evidencia reciente de como el estado paga soluciones habitacionales a precios de rascacielos utilizando la inversión social como escudo ante las denuncias.

Por Víctor A. Mojica
Fotos: Mauricio Valenzuela

El día que Martinelli y Varela se metieron hasta los tobillos a la mezcla de cemento en Curundú, en realidad, festejaban un negocio. Era 1 de julio de 2010.

Antes de ser aliados y ganar las elecciones de Panamá de 2009, el futuro de Curundú era noticia. Ambos candidatos presidenciales impulsaban un plan de obras de infraestructura para solucionar las necesidades de vivienda que sufren más de cien mil familias en Panamá. Curundú, un referente de la miseria urbana, era una discusión común. Varela proponía eliminar ese territorio de poco más de un kilómetro. «Clausuro Curundú —dijo el ahora Presidente de la República— y le recorto 30 millones de dólares del presupuesto a la Asamblea y compro quinientas casas con 10 millones y los mudo a un barrio digno, en los primeros seis meses de gobierno». En el plan de gobierno que presentaron como alianza, semanas después de estas declaraciones, no aparecía Curundú, ni la propuesta de Varela. El plan explicaba el problema de vivienda que tenía el país y decía que un mega plan de obras a nivel nacional modificaría las condiciones de vida de miles de panameños.

Un 15 de octubre, cuatro meses después de tomar posesión, Martinelli y Varela anunciaron la propuesta para cambiar integralmente a un barrio con problemas complejos de sanidad, de educación, de marginación, de abandono, de violencia, de todo. Curundú era una desgracia desde el siglo XX: «Estamos transformando a cinco mil panameños que van a tener todas las facilidades modernas, deportivas y sociales» dijo Martinelli.

El anuncio lo hicieron en el gimnasio de boxeo Pedro «El Rockero» Alcázar, un atleta muerto a puños, y convocaron a muchos medios porque la noticia era importante. El ex presidentes les dijo que se financiaría con los impuestos a los casinos, que los curundeños se iban a ahorrar dinero en movilización porque tendrían una parada muy cerca del nuevo sistema de transporte. Curundú era un ejemplo para futuras renovaciones urbanas. Les dijo que ahora sí serían panameños porque tendrían una vivienda digna y cotizada.

Un mes después se publicó en internet la licitación por 94 millones de dólares para más de mil apartamentos de dos recámaras, de un poco más de cuarenta metros, con áreas de juegos, parques infantiles, plazas comerciales, biblioteca y presencia estatal. Cuatro empresas participaron. Tres de ellas fueron seleccionadas y una nueva comisión, integrada por una tía política de Varela, Marta de Varela, Carlos Ho, un ingeniero investigado por recibir coimas de Odebrecht para la aprobación de proyectos de infraestructura en Panamá, del Ministerio de Obras Públicas (MOP), un arquitecto reconocido, Carlos Clement, y dos funcionarios del Ministerio de Vivienda (MIVI), Iván Robles y Manuel Soriano, casi tres meses despúes, seleccionó a Odebrecht. Era la única empresa que cumplía con las exigencias. En una de las cartas de las reuniones del «Comité Evaluador» se puede leer. «En el informe del Contador Público Autorizado se visualiza que las empresas CUSA Y MECO, no cumplieron con los índices de liquidez y endeudamiento establecidos en el Pliego de Cargos». Odebrecht, sin embargo, tenía una propuesta a la medida. También había presentado el proyecto menos costoso. Sin embargo, era muy caro. Cada apartamento costaría cerca de cien mil dólares. El estado y los curundeños pagarían un costo de construcción de metro cuadrado similar al costo de construcción de un rascacielo en una zona de lujo.

Ese día del festejo del negocio, Martinelli y Varela, aparte de sus zapatos, también metieron sus manos en el cemento y estamparon su firma aunque el proyecto fuera un futuro fraude. Se abrazaron con decenas de niños de esas áreas, regalaron guantes de boxeo y sonrieron muy fuerte. Estaban felices y estaban todos los involucrados en el proyecto, entre esos, Andres Rabello, el delator de Odebrecht, el director de la filial en el país, que tiempo después reveló que la compañía ofrecía millones de dólares a los gobiernos que aprobaban su proyectos, entre esos los de Panamá.

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