La continuidad
Luego de que se desatara el escándalo Lava Jato, el presidente Juan Carlos Varela le dio a la constructora brasilera dos de sus obras insignia: Colón y Línea 2 del metro. El reclamo por conflicto de intereses, las nuevas adendas y la inacción de la Contraloría. Última entrega de la historia del primer metro de Centroamérica con el sello de Odebrecht.
Por Eliana Morales / Fotos: Mauricio Valenzuela
Ni las críticas, ni el escándalo de los sobornos en Brasil, en Estados Unidos, en Colombia, en Perú, en República Dominicana, en Argentina, en México, en tantos países, hicieron que el gobierno de Juan Carlos Varela alejara a la constructora de la danza de los millones.
Corría el año 2015. Odebrecht ya había parido el caso de corrupción más grande de América Latina, donde la corporación repartió sobornos en doce países según admitieron sus propietarios y ejecutivos. La empresa empezaba a ser cuestionada e investigada. Aquí, en este franja usada para crear sociedades offshore que sirvieron para el pago de sobornos a políticos que garantizaron obras, el presidente panameñista que había asumido en julio de 2014 con la promesa de “cero tolerancia con la corrupción”, permitió a la empresa brasileña continuar en el juego y le dio sus obras más importantes: la renovación de Colón y El Metro.
El 3 de junio de ese año, el gobierno adjudicó la Línea 2 del Metro al consorcio brasileño-español formado por las empresas Odebrecht y FCC Construcción en medio de fuertes cuestionamientos. Dos semanas después, Marcelo Odebrecht era arrestado en Brasil.
La historia comenzó a principios de 2015, cuando el 12 de febrero se oficializó la entrega de ofertas para la Línea 2. Un par de días antes, Pedro Barusco, exgerente de Petrobras, denunció que Odebrecht había pagado millones en sobornos a través de una cuenta en Panamá.
Todo el proceso fue criticado, e incluso un pedido de impugnación por parte de una de las competidoras. Pero eso tampoco importó.
Tres consorcios pujaron por la obra: UTE Panamá —formada por Dragados S.A., Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y Graña y Montero—, Panametro —China Harbour Engineering and Construction Company, China Railway y Corsan Corvian— y Línea Dos, de las constructoras de la Línea 1: Odebrecht y FCC Construcción.
El 14 de mayo de 2015 se anunció al consorcio ganador. No hubo sorpresas. Odebrecht y FCC Construcción presentaron una oferta por 1,857 millones de dólares, superando en 39 millones el precio de referencia, que era de 1,818 millones. Quedó en el medio de las otras dos: Panametro calculó 1,667 millones y UTE, 2,076 millones. En el acto se vio por última vez al conquistador de presidentes André Rabello, el hombre de la empresa brasilera en Panamá.
Rabello estaba tan confiado y feliz que hasta habló con los reporteros. Le dijo a un periodista que el proyecto generaría 4 mil empleos directos y que el tren transportaría a 285 mil personas diariamente. La Línea 2 tendrá 16 estaciones, desde San Miguelito hasta Tocumen.
No era para menos: contra todo y todos, Rabello una vez más había amarrado una megaobra en el istmo. Algo que parecía imposible. Primero, había logrado pujar a pesar de las acusaciones a la empresa en Brasil y otros países. Segundo, había sorteado un reclamo del consorcio chino—español Panametro por "conflicto de intereses" y una errónea revisión de documentos mínimos obligatorios exigidos en el pliego de cargos.
Los chinos habían detectado que uno de los miembros de la Comisión Evaluadora había sido consultor de la brasileña Odebrecht entre 2010 y 2012 y presentaron un reclamo en la Dirección de Contrataciones Públicas (DCP). Se trataba de Oscar Ramírez, por entonces rector de la Universidad Tecnológica de Panamá y ahora administrador de Tocumen, que de acuerdo al consorcio chino había sido empleado de la empresa brasilera.
"No se evidencia en el expediente que el señor Óscar Ramírez haya participado en la elaboración directa e indirecta, o a través de interpuesta persona a razón de asesoría, interventoría u otras, para la empresa Constructora Norberto Odebrecht S.A. en razón de la presente licitación", respondió la DCP el 29 de mayo. El camino para que Odebrecht y FCC Construcción se alzaran con la millonaria megaobra estaba despejado.
Además de Ramírez, el presidente del Metro de Panamá, Roberto Roy, había nombrado en la comisión evaluadora al ministro de Obras Públicas, Roberto Arosemena; Eduardo De la Guardia, de Pedregal Power; Agustín Arias, del Metro de Panamá; Marcia Arosemena, también del Metro de Panamá; y José Sosa, directivo de la Autoridad del Canal de Panamá.
En medio del ruido que ocasionó el reclamo, una noticia pasó desapercibida. El 8 de junio de 2015, al Ministerio Público llegó una de las primeras denuncias penales donde se pedía que se investigaran los sobrecostos y otras irregularidades de Odebrecht en Panamá, particularmente por la construcción del metro.
El abogado Juan Ramón Sevillano Callejas solicitó a los fiscales anticorrupción que investigaran la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, asociación ilícita, peculado y corrupción en la compra o alquiler con posibles sobrecostos de las tuneladoras para la construcción de los túneles de la Línea 1 del metro de Panamá. También exigió que se determinara si hubo anomalías y sobreprecio. En el documento recordó que el diputado del Partido Panameñista José Antonio Domínguez, sostuvo en la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional: “En este proyecto los precios no fueron los adecuados, hubo sobrecostos”. Además consignó una frase de Nicolás Real, de la comisión vial de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos: “Hay sobrecostos en el metro de la capital”. Y otra del biólogo Ariel Rodríguez: “¿Por qué seguimos siendo felices cuando embargan nuestros recursos en un proyecto con sobrecostos?”. Solicitó que citaran a Domínguez, a Real y a Rodríguez, y que se le pidiera toda la documentación necesaria a la Secretaría del Metro de Panamá. Además, exigía que se le pidiera una auditoría del proyecto a la Contraloría General de la República, a cargo de Federico Humbert.
—Si yo alquilo una tuneladora, yo no le pongo ni Marta ni Carolina, porque no son de mi propiedad.
Dijo Sevillano en su oficina, un espacio ubicado en un edificio de la Ricardo J. Alfaro, durante una mañana de verano. No entiende cómo no fue un escándalo que Martinelli bautizara a las dos tuneladoras con los nombres de su esposa, Marta Linares, y de su hija Carolina.
—¿Qué ha pasado con la denuncia? ¿Le han llamado del MInisterio Público?
—Para nada.
Antes de la acción legal de Sevillano, en marzo de 2015, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, que entonces era presidida por Ramón Ricardo Arias, envió un documento al Ministerio Público. Estaban avisando que la Fiscalía Antimafia de Italia había iniciado pesquisas contra Odebrecht por supuestos actos de corrupción en la Línea 1 del Metro de Panamá.
Grupos de la sociedad civil, de arquitectos, de ingenieros, religiosos, de abogados, durante meses exigieron a Humbert que auditara la Línea 1 del metro de Panamá, y de paso las demás obras. El tema era ignorado una y otra vez. No había suficiente personal para esa labor, era uno de los argumentos que esgrimía el contralor.
Probablemente acosado por las críticas, un día Roy anunció que auditarían la Línea 1. Le encargó el trabajo a KPMG, una firma privada que concluyó que todo estaba bien. En un informe de cuatro páginas, informó que las adendas 1, 2, 3 y 4 se llevaron a cabo conforme de acuerdo a la ley de Presupuesto, al pliego de cargos, al contrato original y a las reglas para modificaciones y adiciones al contrato. La Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos puso el grito en el cielo: ese trabajo de vigilancia le corresponde a la Contraloría.
La denuncia de Sevillano nunca prosperó. Probablemente está enterrada en la maraña de papeles que habita en las oficinas húmedas del edificio Aveso, en la Vía España, donde está ubicada la Fiscalía Especial Anticorrupción que investiga el caso Odebrecht.
La tarde del 24 de julio de 2015 la empresa Metro de Panamá S.A. culminó la revisión y firmó el contrato para la construcción de la Línea 2 del Metro. La firma ocurrió el mismo día que la Fiscalía de Brasil acusó formalmente de Marcelo Odebrecht por corrupción. El contrato fue a Contraloría para su revisión.
De nuevo, grupos de sociedad civil llegaron con reclamos a Humbert: le pedían que rechazara los contratos de la renovación de la ciudad de Colón y la Línea 2 y recomendara al Ejecutivo la suspensión de toda contratación del Estado con Odebrecht. Querían salvar lo poco de la tan pisoteada institucionalidad que quedaba. Humbert, otra vez, no escuchó y refrendó los contratos.
Ya para entonces el avance del caso Lava Jato en Brasil, y sus coletazos por el caso Odebrecht con sus respectivas implicaciones en Panamá, era imparable. FCC Construcción también tenía los suyos: el presidente de la compañía, Miguel Jurado, fue detenido en Madrid en enero de 2016 por malversación y fraude a la administración pública.
En noviembre de 2016, mientras Perú evaluaba rescindir un contrato de construcción de un gasoducto con Odebrecht, en Panamá el gobierno aprobaba una adenda al contrato de la Línea 2 del Metro y una compra directa de terrenos por un total de unos 5.2 millones de dólares.
Acosado por la crítica ciudadana, y por la bomba que estalló en Estados Unidos el 21 de diciembre de 2016: Odebrecht había repartido 59 millones dólares en coimas en Panamá, el Ministerio Público empezó a actuar. Desempolvó una denuncia que había presentado el abogado Alvin Weeden en septiembre de 2015, donde solicitaba investigar los pasos de la compañía en el país.
No obstante, Odebrecht sigue construyendo la Línea 2 y ya avisó que saldrá más de lo que presentaron. En febrero de este año se dio a conocer que el precio de la megaobra subirá 67.4 millones de dólares. ¿La razón? Metro de Panamá solicitó varios cambios al proyecto. La historia no quedará aquí: Odebrecht apuesta por nuevas licitaciones en Panamá.
