El oro en barras de Venezuela que compran las refinerías de Europa y Medio Oriente, que luego de ser refinado se convertirá en joyas y piezas electrónicas en el mercado internacional, esconde un origen no tan luminoso. El Arco Minero, lugar de donde sale este metal precioso, encubre masacres, violación de territorios indígenas y destrucción del ambiente. Por no mencionar su comercialización fraudulenta.
A mediados de 2018, la sangre volvió a Tumeremo y a las minas que rodean este pueblo enclavado en el sur del estado Bolívar. Solo entre agosto y octubre, se denunció la muerte de 47 personas que cayeron en medio de enfrentamientos entre bandas de delincuentes, guerrilleros y funcionarios de la Guardia Nacional y del Ejército. A pesar de que durante 2016 y 2017, el gobierno aseguró que mitigaría la violencia en el lugar a través de sus “Operaciones de Liberación del Pueblo” (OLP) –operativos mixtos en los que se practicaron centenas de ejecuciones extrajudiciales en las zonas más pobres del país como lo confirmó la investigación “OLP: La máscara del terror oficial en Venezuela” – esta nunca se ha ido de allí.
En marzo de 2016, Tumeremo fue noticia a raíz de la masacre de 17 mineros. Pese a que desde hace más de un lustro las matanzas son frecuentes en la zona, aquel suceso se volvió una referencia porque los familiares de las víctimas cerraron durante días el tránsito por la única carretera que los comunica con el resto del país y por donde además se llega hasta Brasil.
Víctimas de la Masacre de Tumeremo de 2016
La razón de todas las balaceras tiene explicación en las pugnas territoriales que hay en el área minera del sur de Venezuela. Allí el control de los yacimientos lo ejercen los “pranes”, es decir, los jefes de organizaciones criminales que cobran en oro el ingreso que cada minero para explotar el metal precioso.
La masacre de 2016, de acuerdo con la versión oficial, sucedió porque Jamilton Andrés Ulloa Suárez, conocido como “El Topo”, arremetió contra los trabajadores que se encaminaban hacia un yacimiento cercano al Hato Atenas para “limpiar la zona” y sacar de allí a la banda que dominaba esos predios: la de Alexandro Lisandro González Montilla, apodado “El Gordo”. Sin embargo, varias fuentes coinciden en que la raíz de la tragedia fue el Arco Minero del Orinoco (AMO), el proyecto del chavismo que habilitó casi 112 mil kilómetros cuadrados para explotar minerales a través de empresas mixtas nacionales e internacionales. La intención de quitar de en medio al grupo armado, aseguran desde dirigentes políticos hasta habitantes de Tumeremo, era despejar y preparar el lugar para las compañías que recibieron concesiones en el proyecto gubernamental.
Con el decreto del AMO, el gobierno venezolano no solo reconfirmó su poder sobre los minerales del sur del país, sino que comenzó una avanzada de las fuerzas de seguridad sobre las minas. Así se ejecutaron 12 incursiones que dejaron a su paso 80 muertes. Pero los ataques no fueron iguales en todos los yacimientos.
En la zona de El Perú, en El Callao, se focalizaron la mayoría de las OLP. El lugar, dominado por la banda de Alejandro "Totó" Ochoa, fue el escenario de al menos seis de estos operativos. Sin embargo, sus moradores y trabajadores denunciaron que todas las semanas arribaban militares al sitio.
“A mí hasta ahora no me han malogrado, pero hace 15 días me quitaron las 6 gramas de oro que había conseguido durante todo un día de trabajo. Y hace un mes llegaron disparando y hasta matando gente, a mí me tocó correr. Ese fue un grupo grande, entraron muchos ese día. Llegaron encapuchados y vestidos de militares”, relató un minero de El Perú al referirse a las repetidas incursiones que el Ejército hace en las zonas de extracción.
Los alrededores de esta mina tampoco estuvieron exentos de la acción violenta de las autoridades. En yacimientos como San Miguel, Santa Rita, Caratal y Santa Fe se ejecutaron otros seis operativos con un saldo de 13 víctimas.
Mineros llegan a Upata para vender oro a mejor precio. Foto: Lorena Meléndez
La historia es otra en Nacupay, al noreste de El Callao, uno de los sitios que durante los primeros dos años del AMO quedó fuera del alcance de las incursiones de los uniformados. En 2017, se convirtió en una de las sedes predilectas de la propaganda del gobierno, a raíz de la creación de las Brigadas Mineras del Sur –integradas por trabajadores artesanales– en el marco del Arco Minero del Orinoco.
“Aquí nunca van a llegar las OLP porque aquí están las empresas de los militares”, decía en 2017 desde un pequeño escritorio uno de los ‘lugartenientes' del Tren de Guayana, la megabanda delictiva que por ese tiempo comandaba las operaciones de extracción en Nacupay. Se refería así a las plantas de procesamiento de arenas auríferas que fueron instaladas en el lugar: El Guayare y La Vanguardia, empresa caída en desgracia luego de que se solicitara la detención de su propietario.
“Aquí mandan los malandros y los malandros uniformados. ¿Usted sabía eso?”, pregunta un motorizado de El Callao justo antes de emprender un viaje corto hacia las primeras quebradas y barrancos en donde con pico, pala, batea, detector o maquinaria, se extraen las pepitas doradas que todos codician y pocos controlan. Con sus palabras confirma un secreto a voces: el poder por esos lados también lo detentan los militares, quienes se alían con los delincuentes para aprovechar el oro que se extrae.
Uno de los más férreos críticos sobre la actuación interesada de los uniformados en las minas del sur de Bolívar es Américo De Grazia. El 13 de junio de 2017, durante una rueda de prensa sobre las primeras investigaciones que hizo el Parlamento sobre el AMO, los acusó de ser los verdaderos beneficiarios finales del oro.
"Ellos (el gobierno) no están esperando las grandes transnacionales, eso no es verdad, y por eso hemos dicho que el oro, el diamante y ahora el coltán, en Venezuela, y fundamentalmente en el Arco Minero del Orinoco, se van por los caminos verdes, y yo le agrego 'verde oliva', porque nada de esto es ajeno a esa élite militar que está comprometida y que, obviamente, es una de las que sostiene y mantiene al régimen de Maduro aún hoy en el poder", exclamó.
El oro extraído por los mineros luego de fundir. Foto: Lorena Meléndez
Esa afirmación la secunda un vendedor de oro del sur, quien insiste en que el preciado mineral se va a las manos de los “generales de Caracas”. No se explica tampoco cómo a los yacimientos llegan perforadoras y excavadoras, cuando solo entre Puerto Ordaz, la principal ciudad del estado, y el centro de El Callao, hay 8 puestos de control policiales y militares.
Pero no solo el generalato de la capital saca réditos de los yacimientos. El famoso “Tren de Guayana”, una de las organizaciones criminales que opera en la zona y que era comandada por “Capitán” –cuyo verdadero nombre era Phanor Vladimir Clemente Ojeda, quien a mediados de octubre pasado murió durante un enfrentamiento con la Dirección de Contrainteligencia Militar en el estado Miranda–, fue frecuentemente relacionado con el ex gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, un militar retirado que fue compañero de promoción del ex presidente Hugo Chávez en la Academia Militar. “Capitán" fue también el máximo líder de varias minas de los municipios Roscio y Piar.
El otrora mandatario regional también fue vinculado con otros poderosos “pranes” –una palabra que proviene de las cárceles venezolanas y que denota al recluso que se convierte en el mandamás del internado– del sur como Juan Gabriel Rivas Núñez, conocido como "Juancho", quien opera los yacimientos de Las Claritas (al sur del municipio Sifontes); y con el "Sapito", que manda en los de La Paragua (municipio Angostura).
Los lazos de la autoridad regional con la extracción ilegal de oro están respaldados con las revelaciones hechas por dos funcionarios. Uno de ellos es el comisario jefe del Sebin, José Gregorio Lezama, quien en un informe entregado en enero de 2016 al entonces director general de ese cuerpo, Gustavo González López, acusó a Rangel Gómez de fortalecer a las bandas armadas que controlan las minas del sur de la entidad. Lo hizo, según él, en combinación con quien fue el secretario de Seguridad Ciudadana de su despacho durante 8 años, el general Julio César Fuentes Manzulli.
Fuentes Manzulli junto a “Juancho”. Foto: Informe remitido a la Asamblea Nacional
“Es casi imposible aprehender algún miembro de la delincuencia organizada que no esté conectado con el general Julio César Fuentes Manzulli, brazo fuerte del gobernador Rangel", concluye un extracto del informe de Lezama.
Otra de las afirmaciones del diputado De Grazia sobre la violencia en las minas es que las masacres e incursiones del Ejército aumentan cuando “desde arriba” se cambia de mando. Eso ha sucedido justo después de las elecciones de gobernadores de octubre de 2017, cuando Rangel Gómez fue reemplazado por Justo Noguera Pietri, un militar que desde 2014 detentó la presidencia de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) e hizo lo propio desde 2016 con la Siderúrgica del Orinoco “Alfredo Maneiro” (Sidor).
Desde que Noguera llegó al poder han ocurrido 14 matanzas en 12 meses, 55 % más de las ejecutadas en 2017, cuando se registraron nueve. Tres de estas ocurrieron en manos de los militares y cuatro fueron cometidas por otro actor que juega en favor del gobierno: el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que arribó a territorio venezolano en medio del proceso de desmovilización que se lleva a cabo en Colombia, y que desde tiempos de Hugo Chávez ha contado con el apoyo del Ejecutivo.
Lo que hoy se vive en las minas, según De Grazia, “es una nueva etapa de una situación que siempre ha existido, pero ahora más por el cambio de gobernador”, afirmó en una entrevista concedida para esta investigación en julio pasado. Tres fuentes consultadas en Tumeremo y Puerto Ordaz coinciden en que Noguera también están en el negocio de los yacimientos.
“La oposición también dijo que había una fábrica de armas químicas en alguna parte del territorio nacional. La oposición ha dicho muchas cosas que son bárbaras… Esos han quemado gente”, afirmó Noguera a Runrun.es en julio de 2018 en Upata cuando se le preguntó si en las minas había un cambio de gobierno por su llegada. Cuando se le volvió a preguntar, solo se limitó a contestar: “quien tiene la razón, no da explicaciones. Buenas tardes”.
Según De Grazia, hoy, “las minas ya no tienen pranes”, porque este poder fue traspasado al ELN. “En principio pensábamos que era el Frente de Liberación Hugo Chávez Frías. Después desmintieron. Luego dijeron que era el Frente Bolivariano de Liberación. Luego que era ELN. Ahora aseguran que son desertores del ELN contratados por la elite militar para sustituir a los pranes por nuevos operadores”, sentenció.
En medio de los juegos de poder está el metal precioso y codiciado que sale de las minas, el mismo que antes de llegar a Europa pasa por las manos de los mineros asediados por las armas de las bandas criminales, la guerrilla y las fuerzas del Estado. El oro venezolano está, en realidad, bañado de sangre.
Entre abril de 2016 y septiembre de 2018, han ocurrido 40 eventos violentos en el área destinada mediante decreto a la explotación de materiales estratégicos al sur de Venezuela. Sólo en un año, durante la gestión del gobernador Justo Noguera Pietri, se registraron 14 matanzas en la tierra de las minas de oro.
Matanzas que han ocurrido en dos años y medio en la zona de las minas del estado Bolívar. (Pinche los botones rojos para conocer detalles de masacres).
Zonás más violentas del Arco Minero.
“El expolio de las minas de oro en el sur de Venezuela se está aproximando a una situación similar a la de los diamantes de sangre en África”, sentenció el director de la Oficina de Financiación Terrorista y Crímenes Financieros del Tesoro de Estados Unidos, Marshall Billingslea, el 24 de octubre de 2018 en Washington. Al mismo tiempo, presentó un compendio de amenazas que representa el Arco Minero manejado por el gobierno venezolano: daño al medio ambiente y poblaciones indígenas, destrucción de bosques, creación de enormes lagunas contaminadas con mercurio y otros químicos, brotes de malaria y dengue que se propagarán por la región con millones de refugiados. “Será una catástrofe medioambiental durante décadas”, subrayó.
Billingslea alertó sobre el comercio de oro sin control medioambiental ni de contabilidad que están financiando las supuestas redes de corrupción que sostienen el gobierno de Nicolás Maduro como también lo advirtió el 1ero de noviembre de 2018 el asesor de seguridad de Donald Trump, John Bolton, al anunciar sanciones a quienes hagan transacciones "fraudulentas y corruptas"con el oro venezolano.
Existen algunas regulaciones internacionales para bloquear la compra de “metales conflictivos” que en el caso de Venezuela siguen sin aplicarse.
Venezuela reúne todas las banderitas rojas de la explotación y comercio irregular de oro. Si se revisa el Manual de la Debida Diligencia para cadenas de suministro responsables de Minerales en las áreas de conflicto o de alto riesgo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el país tiene las características para ser identificado como un “Estado de conflicto y alto riesgo”, entendido como una zona donde existe inestabilidad política, represión, fragilidad institucional, inseguridad, abusos graves y generalizados a los derechos humanos, colapso de la infraestructura civil, violencia generalizada y violaciones a la soberanía nacional e internacional.
Aunque Venezuela, Curazao y Aruba no son países miembros de la Ocde, sí lo son Holanda, Suiza, Bélgica y Turquía que compran el oro a Venezuela o bien sirven de escala para el tránsito de esa mercancía. Esta condición es suficiente para estar obligados a vigilar las relaciones con los países en conflicto que comercia oro, en un esfuerzo por frenar la minería ilegal y las violaciones de los derechos humanos que conlleva esta actividad ilícita.
Son objeto de la regulación de los minerales de áreas de conflicto o de alto riesgo de la OCDE todos aquellos actores involucrados en la cadena de suministros de minerales, que implica llevar un mineral en bruto al mercado de consumo, desde el lugar de extracción hasta su incorporación al producto final para el consumidor. Incluye la extracción, transporte, manipulación, negociación, procesamiento, fundición, refinado, aleación, fabricación y venta del producto final.
En mayo de 2017, otra propuesta para la regulación de los minerales conflictivos fue lanzada por la Unión Europea, que no sólo incluyen el oro sino también tántalo, estaño y tungsteno, utilizados en la industria de la joyería, fabricación de celulares móviles y carros. El propósito es detener la importación de minerales conflictivos por parte de países de la UE, controlar que las refinerías internacionales y de la UE los compren como materia prima y frenar el abuso contra los trabajadores mineros en países en riesgo. Las compañías en UE deben asegurarse de comprar minerales y metales únicamente a fuentes responsables. Da plazo hasta el primero de enero de 2021 para que las empresas se adapten.
Los riesgos asociados a la cadena de comercialización del oro que involucra no sólo a los productores en las minas y los importadores de oro en la UE sino también a los actores en las fases iniciales de la cadena, como procesamiento, comercio y exportación, también están contemplados en la Recomendación de la Unión Europea 2018/1149 de la Comisión firmados el 10 de agosto de 2018, que ofrece las directrices para identificar zonas en conflicto y de alto riesgo relacionados con la cadena de suministro de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/821 del Parlamento Europeo.
“No podemos obviar que el oro que se trafica ilegalmente desde Venezuela es comprado por empresas de otros países a las que no les importa su procedencia, la criminalidad, la violencia que implica la explotación de las minas al sur de Bolívar”, afirma la abogada Mildred Camero, ex presidenta de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de Drogas (Conacuid) . “El Arco Minero nace de una irregularidad. Con su lanzamiento en 2016 y la creación del Mindeminec, el gobierno hace entrega de concesiones mineras de 112 kilómetros cuadrados correspondientes a una reserva ambiental e indígena, para la cual no se hizo ningún estudio de impacto ambiental ni se consultó a las comunidades indígenas, tal como lo dicta la Constitución de Venezuela”.
Para la experta en crimen organizado internacional, la situación en el Arco Minero se ha complicado con la llegada de grupos de desmovilizados de la guerrilla colombiana como el ELN, que se han ido apropiado de la zona de explotación de minerales estratégicos como el oro, diamante y coltán, desplazando a los pranes (cabecillas de bandas irregulares que controlan la explotación en las minas), que forman parte de una estructura de delincuencia organizada en las minas.
“La guerrilla colombiana en Venezuela se está involucrando en todos los negocios, ya no sólo el narcotráfico sino también en el tráfico de oro y coltán. Y una de las vías de fuga es sacar el oro vía Aruba y Curazao a otros países donde es comprado por grandes refinerías”.
Según El Pitazo, el ELN están presente en seis estados del país; en tres de ellos (Bolívar, Guárico y Amazonas) se dedican específicamente a la extracción de oro. En el caso del último estado, el modus operandi, según relató un trabajador de las minas a El Pitazo, es poner a los indígenas a extraer el oro, pagarles y luego trasladar el mineral de forma ilegal a Colombia.
Mientras que Insight Crime señala que diferentes eventos en 2018 indican la presencia del ELN en 12 estados, es decir la mitad del territorio nacional: Táchira, Zulia, Apure, Trujillo, Anzoátegui, Lara, Falcón, Amazonas, Barinas, Portuguesa, Guárico y Bolívar. Entre las actividades a las que se dedican, está el contrabando de gasolina, tráfico de ganado, extorsión, narcotráfico, reclutamiento de menores y minería ilegal.
“La guerrilla colombiana en Venezuela se está involucrando en todos los negocios, ya no sólo el narcotráfico sino también en el tráfico de oro y coltán”, considera Camero. Y utiliza dos vías de fuga: la primera, sacan el oro vía Aruba y Curazao a otros países donde es comprado por refinerías de oro. La segunda, lavan el dinero producto de la droga comprando oro que a su vez es vendido a empresas en el extranjero. Se trata un modus operandi que se viene aplicando en países como Colombia y que autoridades internacionales han denunciado.
Ya la Defensoría del pueblo de Colombia ha identificado la vinculación de grupos ilegales con el tráfico de oro en la etapa de postconflicto. El 6 de abril de 2018, en ocasión de la presentación del informe "Economías ilegales, actores armados y nuevos escenarios de riesgo en el posacuerdo", la institución denunció que tras los acuerdos de paz, el Ejército de Liberación Nacional (ELN); las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las disidencias de las Farc están ocupando territorios donde se violan los derechos humanos y se cometen infracciones en su interés de controlar el narcotráfico y la minería ilegal.
En departamentos colombianos como Chocó, Nariño y Cauca, los grupos irregulares controlan casi en su totalidad la explotación y comercialización del metal precioso desde la mina. También, el informe de la Defensoría colombiana señala que actores como alcaldías y agentes policiales se ven envueltos en actos de corrupción para garantizar la continuación de la extracción ilícita de oro.
Para Camero, el problema es aún más grave porque estas mafias de grupos insurgentes en Venezuela están actuando en una zona económica militar, donde el Ejército venezolano les brinda logística y seguridad en la zona. “Se ha creado una especie de paralelismo entre las drogas y el oro. Este último resulta más fácil de traficar que la droga porque es más fácil de manipular, difícil de rastrear, tiene menos controles, no depende del suelo ni condiciones atmosféricas para su cultivo".
La fiebre del oro también sube en un país con hiperinflación, desempleo y crisis humanitaria. "Traficar un kilo de oro puede resultar más atractivo que hacerlo con un kilo de cocaína en estos tiempos, por todos los ahorros que implica la cadena de comercialización”, agrega Camero. "Eso sí, sin importarles que generan un problema ambiental, violencia, prostitución, enfermedades. Con el tráfico de oro estamos perdiendo todos los venezolanos”.
