Paralelamente al cierre de fronteras con las islas ABC y tras la detención del venezolano que portaba los 50 kilos de oro en el aeropuerto de Aruba, siguieron varios eventos que dan cuenta del desplazamiento de poderes dentro de una compleja estructura que opera desde hace años para la extracción del oro y comercialización como parte de la actividad minera al sur del país.
El 8 de mayo de 2018, un mes después de levantarse el veto a las islas del Caribe neerlandés, fue detenido por la policía RST holandesa en Willemstad, Curazao, el venezolano Archak Bedrossian Liberatoscioli, de 55 años de edad, a solicitud del Estado venezolano por supuesto contrabando de oro y blanqueo de capitales. La prensa local, que apuró colocarle el mote de "Zar del oro", detalló que el detenido se dedicaba a la venta de oro y diamantes para recibir el pago en dólares y posteriormente venderlo en la frontera colombo- venezolana, alterando el mercado cambiario.
Pero Bedrossian, quien tenía orden de captura de Interpol, fue liberado el 8 de julio de 2018, un mes después de estar detenido en la prisión de Willemstad porque Venezuela nunca presentó las pruebas incriminatorias, confirmó a Runrun.es Norman Serphos, portavoz del Ministerio Público de Curazao. El funcionario agregó que. los cargos no eran por contrabando de oro sino por estafa.
Bedrossian es presidente de la firma Haig's Internacional, dedicada desde 1994 a la importación, exportación, compra, venta, procesamiento, refinación, y reformación del oro en hojas y polvo de oro en la Zona Económica en Curazao, según reza el objeto social de la empresa en su ficha de registro mercantil. También se encarga del embalaje y transportación de esa mercancía en el mercado internacional.
Haig's International N.... by on Scribd
Según confirmó esta investigación Haig’s es una de las empresas en Curazao que en las últimas dos décadas ha ejercido funciones de transporte de valores y trader para negociar el oro no solo procedente de Venezuela, sino de otros países de América Latina, en el mercado internacional.
Dock de Haig's Internacional en la Zona de Puerto Libre de Curazao.
Bedrossian no calza precisamente en el estereotipo de un contrabandista. Es graduado de Economía en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas (1985). Hizo su tesis sobre "La industria orfebre nacional y la coyuntura cambiaria", analizando el mercado de la joyería en el país, bajo la tutoría de Rodrigo Pérez Luciani. Instalado en Curazao desde hace dos décadas, este consultor y experto en oro fue presidente del Fondo Mutual Aram, el primer fondo especializado en inversión en metales preciosos de la región, ya disuelto.
Entre 2010 y 2011, justo antes de la nacionalización de la actividad aurífera en Venezuela, la empresa Haig's Internacional tuvo como socio a otro venezolano en Curazao, Raúl Andrés Orozco, quien es director gerente de Paoro International Free Zone, empresa domiciliada en Willemstad, encargada de gestionar todas las operaciones del oro y colocación en mercado internacional. Coincidencialmente, su nombre es similar a la empresa Paoro Transport de Aruba, protagonista del caso de los 50 kilos de oro guardados en una maleta y decomisados en el aeropuerto arubiano en febrero de 2018 cuando iban a ser transportados en un vuelo KLM hasta Dubai.
Orozco, oriundo de Maracaibo, es a la vez es propietario de cinco empresas localizadas en Estados Unidos (Florida y Texas). Solo una está activa.
Runrun.es solicitó entrevista a Bedrossian pero prefirió abstenerse de declarar. Sólo afirmó que tiene 3 años que dejó el negocio del oro.
El 20 de septiembre de 2018, dos meses después de su liberación, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela solicita al reino de los Países Bajos la extradición de Bedrossian y su esposa, Nathaly Gómez, para ser sometidos a un proceso penal en Venezuela por su presunta participación en los delitos de estafa y asociación para delinquir.
Línea de tiempo: Time Line sobre el oro y cambios del 2018
El 8 de junio de 2018, el gobierno de Maduro accionó sorpresivamente la operación “Manos de Metal”, en el estado Bolívar, destinada a “atacar las mafias de contrabando de extracción de metales”. Ante las cámaras del canal estatal VTV, el vicepresidente, Tarek El Aissami, fue el encargado de anunciar el lanzamiento de esta operación por la que se detuvieron en un principio siete personas y se libraron 28 órdenes de captura a personas al parecer vinculadas con la extracción y tráfico ilegal del oro.
Uno de los nombres de “Manos de Metal” era llamado “Capitán”. Y este era el efecto que causaba al ser mencionado:
En julio pasado, una fuente ligada al negocio del oro en Bolívar hablaba de las minas, de cómo el oro se escapa, de cómo los mineros son los eslabones más vulnerables del tráfico de oro desde el momento en el que ingresan a un yacimiento dominado por un pran. La conversación fluía, hasta que el rostro le cambió al escuchar un apodo: “Capitán”.
Primero silencio, después un intercambio de miradas de alarma con los otros actores de la conversación. Y, luego, en un tono solemne, una advertencia:
–“¡Mire, pero yo no le puedo hablar sobre eso!”
–¿Sobre Capitán?
–… Sí… No le puedo hablar porque uno lo conoce… Y, usted sabe, las paredes escuchan.
No era la primera vez que una fuente relacionada con la actividad minera cortaba en seco la conversación cuando se comenzaba a hablar de “Capitán”, uno de los pranes más poderosos de Guasipati, El Callao y Tumeremo. El mismo que había quedado al mando de una decena de minas tras la muerte de otro pran: Yorman Márquez Rodríguez, conocido como el “Gordo Bayón”, asesinado en Caracas en 2014.
Pronunciar el mote de “Capitán”, cuyo nombre real era Phanor Vladimir Sanclemente Ojeda, siempre causaba tensión en los pueblos mineros del sur venezolano. Su nombre está en la la lista extraoficial de la operación “Mano de metal”, activada por el ejecutivo nacional en el 4 de junio de 2018.
Según Tareck El Aissami, quien entonces era vicepresidente ejecutivo de la República y hoy ocupa la Vicepresidencia para el Área Económica, el nuevo operativo perseguía el “desmantelar las bandas que están dedicadas al contrabando de extracción del metal o del material estratégico y de minerales de la nación, específicamente el oro (...) Estas bandas tenían como modus operandi la compra del oro a los pequeños mineros del estado Bolívar y luego, con redes del crimen organizado, sacaban ese material fuera de Venezuela, que también lo utilizaban para el pago de la tasas o para tratar de imponer la tasa especulativa del dólar criminal”.
Vicepresidente Tarek El Aissami cuando anunciaba la operación “Manos de Metal” en julio de 2018. Foto: Cortesía Miraflores
Pese a la lista, de acuerdo con el diario venezolano El Universal, nunca se giró una orden de aprehensión en contra de “Capitán” y, aquel hombre poderoso se movía entre las minas y los pueblos del sur con absoluta impunidad, según los habitantes de esa zona.
Todo cambió la mañana del sábado 27 de octubre de 2018. Según reporteros del estado Bolívar, “Capitán” cayó en medio de un enfrentamiento que se desató en Río Chico, en Miranda, con funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Supuestamente se trasladaba en un carro desde Caracas hacia Puerto Ordaz junto a otros dos miembros de su banda.
“Capitán” es el primero de los señalados en el operativo “Manos de Metal” que muere. Hasta el momento de la publicación de este reportaje, había al menos diez detenidos desde que arrancó la operación (cuatro en Ciudad Guayana, dos en El Callao, uno en Sifontes y otros tres cuyas identidades se desconocen) y se habían librado 39 órdenes de detención. Pero varias fuentes consultadas para esta investigación de Runrun.es aseguraron que los arrestados eran los peces más flacos de un acuario profundo.
“Esos de ‘Manos de Metal’ son lo más delgado de la hoja. No has visto caer gente pesada. A nosotros nos cayó por sorpresa”, aseguró a Runrun.es en julio pasado Jesús Guerra, auditor de minas de Minerven. Ahí, en la empresa pública, la noticia asombró quizás más que en ninguna otra institución del Estado porque uno de los detenidos fue su vicepresidente, Doarwin Alan Evans, un militante del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), de 38 años, que vivía en El Callao. A él y a los otros encarcelados les imputaron el delito de contrabando agravado tipificado.
También en El Callao, pero a finales de junio de 2018, se llevaron detenido a José Edgardo León Parra, quien estaba en la empresa Inversiones Tesoro de Dios cuando lo apresaron, según reportó el medio digital El Pitazo.
En Sifontes, municipio minero, arrestaron a Cristóbal José Pereira Silva, supuestamente apodado como “El padrote del sur” o “El carnicero de Turmeremo”. Se trata de un comerciante de la zona, proveniente de una familia portuguesa que es propietaria de varios frigoríficos y abastos.
En Ciudad Guayana hubo al menos cuatro detenciones: la de Aníbal Jacinto Souki Hernández, conocido comerciante y propietario de concesionarios en la ciudad, además de edificios y galpones en zonas industriales. Es director de Amillenium International Corp, hoy inactiva, y presidente de Olimpia Investment International Corp, dos compañías abiertas en 2014 y ubicadas en Doral, Florida.
Otro arresto fue el de Guowei He, apodado “El Chino Franklin”, quien era presidente de la Asociación de Asiáticos del estado Bolívar. Durante 2013, fue víctima de un secuestro ocurrido al sur del estado Anzoátegui.
La tercera detención en la ciudad, específicamente en el Centro Commercial Mammy de Puerto Ordaz, fue la de Julio César Díaz Abreu, un comerciante considerado uno de los más poderosos del mencionado establecimiento, donde existen decenas de locales ilegales de compra de oro.
Locales de compra de oro en el centro comercial Mammy de Puerto Ordaz. Foto: Lorena Meléndez
En diciembre apresaron en Puerto Ordaz a José Miguel Espejo Gómez, de 43 años, en otro centro comercial donde existen numerosos puestos informales de compra de oro: Ciudad Alta Vista I.
Aunque se desconoce el lugar donde lo arrestaron, medios locales informaron que a Raed Abid Habido, apodado como “El Turco”, fue otro de los capturados. A él se le ha asociado con pranes como “Capitán”.
Todas las órdenes de aprehensión fueron emitidas por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Por eso, los arrestados fueron llevados a la capital venezolana.
El diputado a la Asamblea Nacional para el estado Bolívar, Américo de Grazia, afirmó, no obstante, que aunque los encarcelados no eran los peces gordos del negocio, varios pranes mineros huyeron de la persecución. Entre estos está Fabio Enrique González Isaza, a quien identifican como “El Fabio” o “El negro Fabio”, uno de los jefes de mina más mencionados al sur del municipio Sifontes. Su poder se extiende por los yacimientos de El Dorado, pero su banda fue cercada varias veces. Un año atrás, en enfrentamiento entre miembros de su grupo armado y efectivos del Ejército y la Guardia Nacional, al menos ocho de sus hombres murieron en las márgenes del río Chikanán.
Otro de los que escapó fue Andrés Antonio Fernández Soto, apodado “Toñito”, oriundo de Santa Elena de Uairén, ciudad venezolana en la frontera con Brasil. Allí era reconocido como empresario y "tracador", es decir, como cambista de monedas nacionales y extranjeras en efectivo. Pero “Toñito”, dijeron dos fuentes que prefirieron mantener sus identidades en secreto, estaba presuntamente vinculado a la extorsión y a grupos armados criminales de la zona.
Poco después de que se ordenó su captura en junio de 2018, la Policía Federal de la República Federativa de Brasil lo detuvo en la fronteriza Villa de Pacaraima, mientras almorzaba con Emilio González, alcalde (por el partido opositor Independientes por el Progreso) del municipio venezolano Gran Sabana. Pero el sospechoso alegó que su vida corría peligro y pudo zafarse de las autoridades. Así fue como refugió en Brasilia.
“Toñito” figura desde mediados de 2017 como presidente de una compañía registrada en los estados de Florida y Delaware, en Estados Unidos: Gold Caribbean Airline Inc., que tiene una aeronave modelo Learjet 35 a su nombre. En la junta directiva lo acompañan los venezolanos Daniela Ziliani Custodio y Jorge Iván Giraldo Oquendo.
Entre los solicitados también está Wilson Stalyn Aponte Rodríguez, otro "tracador" del municipio Gran Sabana que era un presunto aliado de “Toñito”. Estuvo vinculado a una red de casinos de Ciudad Guayana y Ciudad Bolívar, según El Universal. El mismo diario informa sobre otro de los buscados: Roberto Antonio Espejo Camacho, de origen dominicano aunque con nacionalidad venezolana y hermano del detenido José Miguel Espejo Camacho. El medio apunta que operaba entre la zona de Santa Elena de Uairén y Boa Vista, en Brasil.
De Bolívar también son otros de los buscados: Eliecer Andoni Carvajal Zambrano, residenciado en Ciudad Guayana, y Luis Enrique Farfán Ordenan, de Ciudad Bolívar. El primero aparece como director de la empresa CCV Industry S.A., abierta en Panamá hace seis años, y de Infinity Club Corporation, que se puso en marcha hace tres años en el mismo país. También es el presidente de HC Global de Venezuela, compañía registrada tanto en Puerto Ordaz como en Florida, Estados Unidos, aunque hoy inactiva en el último país. Farfán Odreman está al frente de la Presidencia de Caroní Company C. A. INC., registrada en mayo de 2018 en Doral, Florida. Finalmente, en la lista de Bolívar está Yoel Albergó Abreu Delgado, de 37 años, quien vive en Puerto Ordaz.
Cuatro de los solicitados están supuestamente residenciados en el Área Metropolitana de Caracas, de acuerdo a la data del Consejo Nacional Electoral. Ellos son Yrais Yovanka Poyer Quintana, de 51 años; Luis Ernesto Calderón Ortiz, de 54; Gerardo Antonio Sosa Moreno, de 68; y Daniel Ernesto Sosa Núñez, de 37. Décimo José Rodríguez Fernández vive en Carabobo; Cesar Leonel Días González, en Guárico; y Rafael Jesús Romero Sarzalejo, en Sucre.
Según El Aissami, solo con las detenciones de los primeros días de junio se evitó la fuga de 2,5 toneladas de oro. Sin embargo, el vicepresidente de entonces no detalló hacia dónde sería llevado el cargamento confiscado.
Ninguno de los cambios que se registran en el sur ha sido fortuito. La reciente operación “Manos de Metal”, la quiebra de la estatal Minerven, la revocación de las concesiones mineras sin que dejaran de explotarse, todo ha sido premeditado estratégicamente para mantener el control de las minas en manos de unos pocos, desde los tiempos del gobernador Francisco Rangel Gómez para acá. Lo anterior, lo concluye el diputado de oposición Américo de Grazia, quien se ha dedicado a denunciar las irregularidades en la zona minera del país.
“En el Arco Minero está metida de cabeza una élite militar”, afirma De Grazia. “De allí no sale ni un gramo de oro que no sea con el visto bueno de la cúpula militar”.
De hecho, la imposición del Arco Minero implicó la militarización de los casi 112 mil kilómetros cuadrados al sur del Orinoco destinados a la extracción minera. El artículo 13 del decreto de creación de este polígono dispone que la Fuerza Armada Nacional “tendrá la responsabilidad de “salvaguardar, proteger y mantener la continuidad armoniosa de las operaciones y actividades de las Industrias Estratégicas ubicadas en la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco”.
Muchos de los detenidos por “Manos de Metal” no eran inicialmente los vendedores-compradores de oro, o los dueños de los locales comerciales que pululan en las ciudades y pueblos de Bolívar (encargados de "recoger" el oro mediante las transacciones en esos espacios). Eran más bien empresarios de la zona y contratistas de la gobernación de Bolívar, cuando esta era comandada por Rangel Gómez, que terminaron decantándose por el negocio minero, describe De Grazia. “Ahora los sacaron del camino para ser sustituido por otros actores, por otras mafias”.
“Ellos pontificaron sobre el estatismo, pero por debajo de los anuncios crearon una red de explotación, comercialización, negociación donde el Estado no es el beneficiario sino un grupo reducido en el poder", denuncia De Grazia. El diputado añade que no se trata de una red centralizada, ningún militar al mando en este momento y "todas estas operaciones son camufladas. Legitiman operaciones porque necesitan justificar algún tipo de entrada en el BCV porque está en bancarrota”.
El diputado Elías Matta recuerda que el oro que recibe el BCV debía provenir de los pequeños mineros al sur de Bolívar y que este organismo era el único que podía transar el oro, según la ley de minas promulgada por Chávez. Incluso, se instaló una oficina en Puerto Ordaz para recaudar el mineral estratégico. Pero se observa, no solo en Ciudad Guayana, sino también en Ciudad Bolívar, San Félix y pueblos al sur, una proliferación de negocios de compra y venta de oro. "Mucha gente ha dejado los puestos de lotería e incluso la reventa de alimentos básicos para dedicarse a la compra venta de oro. Buena parte de esos comercios pertenecen a una misma mafia, que coloca varios puntos en diferentes ciudades para recoger el oro como una manera de legitimarlo”.
Lo dicho por Matta se confirma con solo mirar cómo cambió el panorama en las calles de las principales ciudades y pueblos de Bolívar. Como lo comprobó la investigación de Runrun.es, la escena puede verse dentro de un centro comercial de Puerto Ordaz, en la planta baja de un edificio de San Félix, en el centro de Upata, o en las vías comerciales de Guasipati, El Callao o Tumeremo: a través de pequeñas fachadas o cubículos, con taquillas de vidrios totalmente negros, se intercambian las pepitas doradas por dinero en efectivo o por transferencia. A las puertas de estos sitios, hombres de bermudas, camisetas ligeras y chancletas promocionan la mercancía y gritan: “oro, oro, oro”.
Puntos de compra y venta de oro en Puerto Ordaz. Foto: Lorena Meléndez
Ninguno de estos establecimientos tiene registro de información fiscal, tampoco licencia o patente de comercio, ni paga impuestos a las alcaldías. Pero sí debe cumplir con la vacuna semanal que se entrega al “sindicato” –así se llama al grupo armado que controla las operaciones ligadas con el metal dorado– sin importar cuán pequeño sea el espacio o cuántas ganancias se hayan hecho en los últimos días. Esta cuota, al igual que el puesto o el local, se paga en oro según lo confirmaron varias fuentes al visitar este sitio.
José Alfredo Olivo, primer vicepresidente de Fedecámaras en el estado Bolívar, señala que el oro es ilegal desde que lo extraen . “Ese es un recurso que maneja el Estado, porque es el único que tiene el poder de explotar los minerales que están en el subsuelo. Es ilegal la explotación y la forma en la que se transan los negocios con el oro. Por eso nosotros no podemos avalar esa actividad”, sentencia.
“Todo el mundo sabe que son ilegales”, afirma la alcaldesa chavista de Upata, Yulisbeth García, en una de las ciudades en donde estos pequeños comercios, uno al lado del otro, ocupan cuadras enteras sin cabida a casi ninguna otra actividad.
García, a quien conocen por el apodo de “La Tata”, firmó un decreto para evitar que continuara la proliferación de estos negocios. Reconoce, eso sí, a la cámara que agrupa a los que comercian con el metal. “Yo les dije ‘ya, un stop, aquí no se construye más un espacio para una compra de oro’”, contó orgullosa a Runrun.es en junio de 2018, porque según ella esa medida permitirá que se mantengan las tiendas tradicionales del casco central de Upata.
Pero los habitantes del pueblo comentan que “La Tata” también ha hecho negocios con los compradores de oro, a quienes les cobra semanalmente por mantenerlos con las santamarías arriba. “Yo puedo ir a cualquier compra y la puedo cerrar porque no tengo compromisos con ninguno de ellos”, contesta cuando se le increpa con el rumor. Luego afirma que, como ya todos “están construidos”, no puede clausurarlos “de manera agresiva”.
Los efectos de la operación “Manos de Metal” quedan en entredicho. La actividad criminal continúa en el Arco Minero: tres masacres en las minas de Tumeremo se han registrado después de apresar a los supuestos cabecillas de la mafias de oro en junio de 2018. También, se mantienen activos los locales de compra y venta de oro en Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar y pueblos mineros que no rinden cuentas al fisco.
Contrario a su cualidad natural, las cifras del oro en Venezuela son opacas. No se conocen los verdaderos números de la producción y el uso que se le da al oro. Mucho menos los beneficios que aportan a los venezolanos. El discurso oficial aseguraba que el material extraído del Arco Minero sería convertido en reservas. Pero, justamente, están a la baja desde 2014: Pasaron de 361 toneladas ese año a 164,2 toneladas en 2018, es decir, a la mitad, según registra el Consejo Mundial del Oro (WGC por su siglas en inglés).
Los datos confirman que desde que llegó Maduro al poder, se han esfumado 203,4 toneladas de oro del BCV en menos de 5 años. Hasta 2013, el promedio de las reservas en oro se mantenía estable en unas 360 toneladas. Según el Consejo Mundial del Oro, autoridad global en la materia, entre diciembre de 2013 y hasta el segundo semestre de 2018, cayeron 55,4%, a razón de 40 toneladas por cada año administrado por Maduro.
Hay que hacer prácticamente trabajo de minería para extraer hasta cifras oficiales de oro en Venezuela. Los pocos números oficiales que se conocen, tampoco son coherentes.
Las incongruencias de cifras se remontan a dos décadas atrás: mientras la base de datos de las Naciones Unidas (Comtrade) indica que Venezuela exportó entre 1998 y 2011 (hasta la nacionalización) un total de 1.586 toneladas (equivalentes a $ 864,4 millones), el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reporta una exportación de 91,5 toneladas de oro por un valor de un mil 46 millones 230,7 mil dólares. Es decir, diecisiete veces menos cantidad que la registrada por el organismo internacional.
En el mismo lapso el BCV registró una producción nacional de 58,3 toneladas de oro ($ 541 millones), lo cual se traduce en 27 veces menos de lo que se exportó según Comtrade.
La información oficial sobre la producción de oro no suele ser ventilada. Pero desde finales de 2017, luego de la creación del Arco Minero, el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico (creado en 2016) comenzó a reportar de forma periódica el oro que la pequeña minería vende al Banco Central de Venezuela, organismo oficial encargado de la custodia y comercialización del oro en el país.
El interés del gobierno por una actividad económica que siempre ha sido marginal coincide con la caída de los precios del petróleo (principal fuente de recursos del país) y desmantelamiento de la industria de hidrocarburos. El oro pasa a ser la apuesta para obtener divisas. "Quieren convertirlo en la caja chica del gobierno, tal como funcionada Petróleos de Venezuela", afirma el diputado Elías Matta ante la Asamblea Nacional.
Hasta junio de 2018, el ministerio de Desarrollo Minero Ecosocialista reportó que nueve toneladas habían ingresado al BCV, equivalente a una tercera parte de las 24 toneladas planteadas como meta por el gobierno al cierre de 2018.
Lo que entró al BCV hasta mayo de 2018 representa tres veces menos de lo que exportó a Turquía en el mismo período: 20,15 toneladas de oro procedente de Venezuela con un valor de $779 millones, según el Instituto de Estadística de Turquía, reportado por Reuters.
Otras fuentes confirman que las toneladas de oro que Venezuela exporta no necesariamente corresponden a lo que entrega al BCV. Importgenius certifica que sólo en el primer trimestre de 2018, exportó a Turquía 17,2 toneladas por $462.592.248.
Hasta 2018, Suiza solía ser el principal cliente del oro venezolano. Entre 2005 y 2011 (año en que fue nacionalizada la actividad aurífera el país), Venezuela exportó 21,87 toneladas de oro, de los cuales 99% fue vendido a Suiza (21,69 toneladas), según registra el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
De esos siete años, el pico más alto de exportación fue en 2005, cuando se vendieron 7,73 toneladas. Después de 2011, el INE no siguió reportando las exportaciones no petroleras y en 2014 fue suspendida la publicación de estadísticas de comercio exterior oficiales. Las cifras oficiales dejaron de brillar y los datos fueron ocultados.
Tras la nacionalización de la industria en 2011, la mayor parte del oro venezolano siguió vendiéndose a Suiza, pero sólo por unos años más. El Atlas de Complejidad Económica de Harvard registra que en 2016, 99,30% del oro de Venezuela ( $1,84 mil millones) recaló en el país europeo donde precisamente se encuentran las mayores refinerías de oro del mundo, que a su vez abastecen a la industria mundial de la joyería y tecnología electrónica.
Pero a partir de 2018, Suiza, el destino tradicional del oro de Venezuela comenzó a desaparecer del radar. Este país ha sido desplazada por países como China, Emiratos Árabes Unidos (Dubai) y especialmente Turquía, confirmó en junio pasado el propio ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Victor Cano, admitiendo que con esta medida se estaban “evadiendo las sanciones económicas” impuestas por la Unión Europea contra algunos funcionarios del gobierno de Maduro.
"(Maduro) está sacando el oro del Arco Minero y llevándolo a Turquía sin ningún tipo de control", acusó el diputado a la Asamblea Nacional, Julio Borges, mediante un comunicado el 10 de julio de 2018, en ocasión de una visita del mandatario venezolano al país euroasiático. "El viaje de Maduro está vinculado a la corrupción y no traerá ningún beneficio para los venezolanos. Al contrario, está hipotecando y entregando el futuro del país", condenó.
De este cambio de ruta también da cuenta la base de datos Importgenius: a partir de 2018, salieron 23,6 toneladas del territorio venezolano, de las cuales 72,8% ahora van a Turquía.
Pero a pesar de este cambio de ruta, el oro se sigue fugando por goteo vía las islas ABC. Los vuelos dorados con escala en Aruba y Curazao siguieron su curso incluso durante la interrupción de las comunicaciones por aire y mar con las antillas, como lo demuestra la incautación de la maleta con los 50 kilos en febrero pasado. Autoridades de la aduana de Aruba confirmaron en junio de 2018 a Runrun.es que después del decomiso de los 50 kilos, llegaron al menos dos vuelos más con cargamento dorado.
El año pasado, aterrizaron en Aruba 17 vuelos procedentes de Venezuela con una carga promedio de 25 kilos de oro cada uno, lo que da un total de unos 425 kilos de oro en 2017, reveló un directivo de la aduana arubiana que prefirió mantener su identidad en reserva para hablar en calidad institucional. También, el director de la aduana de Curazao, Etienne Casiano, aseguró en junio de 2018 que los vuelos dorados provenientes de Venezuela no se habían interrumpido.
Los números que se presentan como producción de oro en Venezuela han sido exiguos en comparación a otros países latinoamericanos como Perú, sexto productor mundial de oro con 162,3 toneladas al cierre de 2017. También se cuentan México (130,5 toneladas) y Brasil (79,9 toneladas), según el informe 2018 del GFMS Gold Survey Thomson Reuters.
La última cifra oficial de extracción de oro reportada por parte del Ministerio de Petróleo y Minas venezolano fue de apenas 420,75 kilos, una tercera parte de la meta de 1.531 kilos de oro en un año, según la Memoria y cuenta 2015 de esa entidad. El Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, creado en 2016 al separar el sector petrolero de los minerales estratégicos, reportó que al cierre de 2017 se habían entregado 7,8 toneladas al BCV.
El oro nunca ha sido el principal producto de exportación de Venezuela, pese a los probados yacimientos y su potencial industrial. En 2016 según el Atlas de Harvard, si acaso alcanzó el tercer lugar: el oro representó 6,57 por ciento de las exportaciones de Venezuela ($1,86 mil millones) frente a 80,26 por ciento de petróleo crudo y derivados equivalentes a $22,72 mil millones).
La noticia del decomiso de los 50 kilos de oro por presunto contrabando y lavado de dinero alteraron el acompasado ritmo del aeropuerto de la turística Aruba, donde los aviones aterrizan casi al ras de la playa. Aunque de forma encubierta, hasta ese momento, el comercio de esa mercancía fluctuaba sin visos de ilegalidad como coincidieron tanto las autoridades aduanales arubianas como la abogada Helen Lejuez, que inicialmente se ocupó de la defensa jurídica de los dos venezolanos detenidos, entre ellos el propietario de la empresa encargada de la transportación hasta Dubai, Paoro Armored Transport Aruba.
Aduana aeroportuaria de Aruba. Foto: Lisseth Boon
Esta empresa, formalmente constituida en 2003 , ofrece servicios de transporte de valores desde hace 7 años, entre los que se incluyen la exportación de barras de oro a través de Aruba, Bélgica, Los Países Bajos y Estados Unidos hasta Dubai. Está registrada en la Cámara de Comercio de Aruba confirmó el director de esta entidad, Ernst Mohamed, consultado para esta investigación.
“Incautaron el oro sin motivo legítimo. El empleado de Paoro está ilegalmente bajo sospecha de lavado de dinero y falsificación”, declaró LeJuez a la prensa local en abril 2016.
La historia de los 50 kilos de oro se reconstruye a partir de lo registrado en los medios arubianos: el 6 de enero de 2018, Paoro recibe un pedido para recoger en Maracaibo una maleta con 46 barras de oro para emprender un largo viaje hasta su destino final: Dubai. El 9 de enero llegó a Oranjestad procedente de Maracaibo en un vuelo de Aruba Airlines.
Cuando llegó la mercancía al aeropuerto Reina Beatrix, el director de Paoro, Toro Rodríguez recibió al escolta aduanero encargado de transportar y transferir la mercancía en tránsito y lo acompañó para formalizar todos los documentos en la aduana, siguiendo el procedimiento de ocasiones anteriores, relató LeJuez a los medios locales.
La empresa mixta Oro Azul es la empresa venezolana que comerciaba esa mercancía valorada en $2.130.693 y que contaba con la autorización del gobierno venezolano, insistió la abogada LeJuez. En abril, la empresa transportista aseguraba que la orden de detención y el decomiso por parte del Ministerio Público costaban entre $20.000 y $30.000 por cada día que el oro no arribara a Dubai. A su vez, el cliente de la capital de los Emiratos (la refinería), podría perder el contrato adquirido con una compañía italiana para el suministro de material prima para la fabricación de joyas.
En su lugar, fue asignado otro abogado, Eldon Sulvarán, cuyo bufete funciona en Curazao. En junio de 2018, una semana después de haber asumido el caso, logró la liberación de los dos venezolanos representantes de Paoro. En Willemstad, se abstuvo de declarar a Runrun.es alegando que la investigación continuaba en Aruba.
Foto bufete Sulbarán en Curazao. Foto: Lisseth Boon
El caso del oro incautado desató una discusión tanto en los Países Bajos como en las antillas del Reino de los Países Bajos. El Subsecretario de Asuntos del Interior y del Reino, Raymond Knops, respondió a los cuestionamientos desde Amsterdam del parlamentario Ronald Van Raak de la Cámara Baja sobre el posible contrabando de oro. El funcionario volvió sobre la tesis de que no se trataba de exportaciones ilegales de oro a Curazao o Aruba, sino de una transferencia de oro comprado legalmente y que, por lo tanto, debía esperarse a las conclusiones de la investigación.
También en la isla, el parlamentario del partido de oposición AVP, Robert Candelaria, exigió a la primera ministra Evelyn Wever-Croes que respondiera sobre el affaire de los 50 kilos de oro y su vinculación con Toro Rodríguez, el dueño de la empresa que lo transportó, que fue identificado como el escolta que la acompañó durante la campaña por el máximo cargo del gobierno arubiano que hoy ocupa.
Paoro Armored es una de las empresas contratadas especialmente para transportar oro comprado en el mercado internacional, teniendo a Curazao y Aruba como punto de tránsito. Está domiciliada en el edificio Arulex Center, en la avenida Italianestrad, Oranienstad, cuyo propietario es el padre de la primera ministra Wever-Croes. Allí funciona también el bufete de abogados de la familia de la funcionaria.
El 26 de noviembre de 2018 se preguntó vía telefónica a la primera ministra Evelyn Wever-Croes sobre su supuesta vinculación a Paoro Armored Transport así como también su posición con respecto a la incautación de los 50 kilos de oro en Aruba , a lo cual respondió: "No tengo ninguna información de ese evento".
Edificio de Arulex Center en Oranjestad, donde está domiciliada la empresa Paoro Armored Transport y el bufente del padre de la primera ministra Evelyn Wever-Croes, quien es propietario del inmueble. El nombre de la companía no aparece en el directorio de la entrada. Foto: Lisseth Boon
Como ocurre con otras compañías, Paoro se vale de la figura del escolta o conyoy aduanero como medida de seguridad para transportar el oro. Pero esta práctica fomenta "la falta de transparencia en los procedimientos de tránsito y estimulan la corrupción a lo largo de la ruta de tránsito", advierte el Manual de Directrices de la Organización Mundial de Aduanas (OMA).
“Yo ni de broma salgo del aeropuerto de Venezuela con una carga de oro, será para que me maten”, confesó un escolta de oro en la Embarcadera, puerto de carga de Aruba, que prefirió mantener su nombre en reserva y que tiene en su haber varios viajes a Dubai donde le ha tocado entregar la dorada mercancía.
Su propietario, Toro Rodríguez, quien estuvo detenido cuatro meses por averiguaciones en Aruba, se negó a dar su versión a a Runrun.es alegando que está impedido a opinar sobre el caso porque el juicio aún está abierto.
La empresa Paoro también aparece en los registros de Paradise Papers con el nombre Direct Services N.V, que era el nombre original de la empresa creada el 21 febrero de 2003 con un capital de 55 mil florines (30 mil 547 dólares). Operaba como compañía de seguridad y transporte de valores y su primer director fue Faissal Ramses Barroso Ortiz, nacido en Bucaramanga, Colombia, con nacionalidad neerlandesa, indica el expediente alojado en el registro de la Cámara de Comercio de Aruba.
Ficha de Paoro Armored Tra... by on Scribd
El 17 de abril de 2012, la empresa cambia su nombre a "Aruba Security Academy and Shooting Range" y se muda al Arulex Center, en la transitada avenida Italienstraat y entra como propietario de la misma el venezolano-neerlandés Juan Carlos Toro Rodríguez. El 17 de septiembre de 2014, cambia al nombre que tiene en la actualidad: Paoro Armored Transport Aruba.
Sede del Ministerio Público de Curazao. Foto: Lisseth Boon
