Aquella maleta negra con 46 lingotes de oro y 50 kilos de peso nunca llegó a su destino. El viernes 9 de febrero de 2018 fue decomisada en el aeropuerto Reina Beatrix de Aruba justo cuando iba a ser transportada en un vuelo de KLM rumbo a Amsterdam. Su portador, un escolta aduanero venezolano con identidad en reserva, fue detenido antes de abordar por policías de la RST (Recherche Samenwerkings Team, Cuerpo de Investigaciones Conjuntas de los Países Bajos) por orden del Ministerio Público arubiano. El reluciente equipaje valorado en 2,1 millones de dólares, se puso bajo custodia del Banco Central arubiano mientras la fiscalía abría la investigación por sospecha de lavado de dinero y falsificación de documentos.

En realidad, las 46 barras doradas de tamaño irregular sólo estaban de paso por la isla caribeña. Habían sido transportadas en un avión comercial desde Maracaibo, en la vecina Venezuela.

La confiscación ocurrió justo un mes y cuatro días después que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenara el cierre de las comunicaciones por aire y mar con las islas ABC (Aruba, Curazao y Bonaire) durante 72 horas, lapso que se extendió a 3 meses de bloqueo. El avión con el cargamento dorado llegó a Aruba pese al cerco que decretó el mandatario venezolano para la "reestructuración y defensa de los intereses económicos de Venezuela” al mismo tiempo que acusaba a las antillas del reino de los Países Bajos de permitir el contrabando de materiales estratégicos. "Se llevan el oro, el coltán, los diamantes, productos alimenticios", dijo Maduro en el Consejo de Ministros del 5 de enero de 2018.

Aun cuando no lo tenían grabado en bajorrelieve, las 46 barras de oro decomisadas en Aruba en febrero de 2018 pasado estaban registradas a nombre de una compañía privada venezolana hasta ese momento desconocida y sin trayectoria en el sector minero: Oro Azul C.A, registrada el 23 de noviembre de 2017, dos meses y 17 días antes de la incautación en la isla del Caribe neerlandés.

La identificación la reveló con documento en mano Helen LeJuez, la abogada arubiana que inicialmente asumió la defensa legal de la firma Paoro Armored Transport Aruba, encargada de transportar el oro desde Maracaibo, con una primera escala en Aruba, y una posterior en Holanda hasta su destino final, Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos. El propietario de la empresa de transporte de valores, el venezolano-holandés Juan Carlos Toro Rodríguez, fue detenido por averiguaciones y posteriormente liberado en junio de 2018. Hasta noviembre, el caso que investiga el Ministerio Público seguía abierto.

Si bien la palabra contrabando connota prohibición, clandestinidad y evasión, el paso del oro por Aruba y Curazao procedente de Venezuela, sigue, en apariencia, los canales regulares de las mercancías en tránsito. Autoridades aduanales ratifican que Paoro Armored Transport presentó la documentación en regla, desde las facturas del Seniat venezolano hasta el certificado de origen. Sin embargo, no especificaron si fueron aplicados mecanismos para verificar su autenticidad o si hubo declaración fraudulenta del origen de los minerales.

“Tenía autorización del gobierno venezolano”

Sin pestañear, en junio 2018 LeJuez argumentó en un encuentro con Runrun.es en Aruba que toda la operación fue legal. La abogada afirmó que los 50 kilos de oro fueron transportados hasta la aduana arubiana en un vuelo comercial de Aruba Airlines para lo cual se presentó toda la documentación requerida, entre la que se encontraba el certificado de origen y la declaración fiscal del Seniat venezolano,. Sostuvo que la mercancía nunca salió del Reina Beatrix porque allí había sido depositada en calidad de tránsito mientras era declarada antes de seguir su rumbo a Europa. “En ese caso no hubo contrabando ni lavado de dinero", aseguró a la prensa de la isla el 13 marzo de 2018.

El estatus de los 50 kilos de oro era "mercancía en tránsito", es decir, la que arriba a una aduana proveniente del exterior y permanece ahí mientras es transportada hasta otro país, sin ser registrada como importación, define el artículo 144 de la Ordenanza Nacional de Importación, Exportación y Tránsito de Aruba.

Empresas con personalidad jurídica como Oro Azul C.A no se encuentran entre las contadas entidades públicas autorizadas para operar en la actividad aurífera en Venezuela a partir del decreto No. 2.165 (Gaceta Oficial N. 6210 del 30 de diciembre de 2015), que reserva al Estado las operaciones de exploración y explotación del oro y demás minerales estratégicos. En estas dos áreas también pueden participar institutos, corporaciones y empresas que estén adscritas al Ministerio de Petróleo y Minería, ahora Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, Mindeminec.

Pero la comercialización del oro, entendida como su compra en el Arco Minero y venta tanto en el mercado nacional como internacional así como las correspondientes autorizaciones a terceros para su exportación, recae exclusivamente en el Banco Central de Venezuela, según el artículo 31 del decreto extraordinario No. 6.210 de 2015. De esta manera, según la norma, el traslado de los 50 kilos de oro que aterrizaron en el aeropuerto de Aruba a nombre de una empresa del Estado venezolano, tendrían que haber sido autorizadas por el órgano rector en Caracas, que vigila su salida del país.

En el Arancel de Aduanas (Decreto 236 que reforma el Decreto 9.430 del 19/03/2013), también deja claro las atribuciones del BCV en la regulación de la importación, exportación y tránsito de oro en sus diferentes presentaciones.

¿Cuáles son los criterios para autorizar la venta de oro? ¿Qué empresas o entidades logran esos permisos? Existen baches sobre las regulaciones de la comercialización del oro que recaen sobre el otrora sólido y autónomo BCV, que dejó de publicar cifras y balances económicos periódicamente, y que entre enero de 2017 y junio de 2018 nombró tres presidentes y ninguno ha permanecido en el cargo los 7 años reglamentarios de la Ley del Banco Central de Venezuela.

El monopolio estatal de la explotación y comercialización del oro en Venezuela fue decretado con la nacionalización de la industria aurífera en 2011, que cinco años más tarde, el 24 de febrero de 2016, desembocó en el polémico lanzamiento del Arco Minero del Orinoco (AMO), constituido por 112 kilómetros cuadrados que abarcan los estados de Amazonas, Bolívar y Apure, para la explotación de yacimientos de minerales estratégicos como el oro. En esa porción del subsuelo hay 1.500 toneladas de oro probadas en reserva, según el Mindeminec.

El 19 de septiembre 2011, el mismo día en que Chávez nacionalizó la industria aurífera, prohibió la exportación de oro declarando que “todo el oro que se obtenga como consecuencia de cualquier actividad minera en el territorio nacional, será de obligatoria venta y entrega a la República Bolivariana de Venezuela”. Lo que ha ocurrido después deja esta sentencia en entredicho.

El decomiso de los 50 kilos de oro en febrero de 2018 evidenció la ruta de salida del metal precioso venezolano vía el Caribe neerlandés que no se registra como importación procedente de Venezuela sino como mercancía en tránsito y que luego es exportada desde Aruba y Curazao. Desde hace décadas, ambas islas son escala del oro venezolano para su salida al mercado internacional, afirman autoridades aduanales de las islas que defienden este procedimiento como una transacción legal.

“Desde que soy funcionario de la Aduana de Curazao, hace tres décadas, es un proceso frecuente, normal y legal”, aseguró su director, Etienne Casiano en junio de 2018 desde su oficina ubicada en un galpón dentro del aeropuerto de Willemstad. "Cumplimos el régimen internacional aprobado por la Organización Mundial de Aduanas". Sin embargo, se abstuvo de revelar si los vendedores de ese oro eran particulares o empresas del Estado aclarando que "no tenía autorización para declararlo".

Pero la trazabilidad de la cadena económica del oro venezolano se diluye desde su propio origen en las minas del sur del estado Bolívar. No existe registro oficial de exportaciones de oro desde Venezuela hacia Aruba y Curazao. Y viceversa: las islas tampoco detallan importaciones del metal precioso desde el país caribeño. Estos intercambios no aparecen en bases de datos de comercio internacional como Importgenius ni en las oficiales como el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) o Comtrade de las Naciones Unidas. Mucho menos en las del Banco Central de Venezuela, órgano rector encargado de la comercialización del oro.

Representantes de las aduanas de las islas ABC rechazan la acusación de contrabando de oro del gobierno venezolano. “La mercancía que ingresa a Curazao y Aruba desde Venezuela no se registra como importación porque es manejada como tránsito. Se mantiene en custodia dentro del aeropuerto hasta que es embarcada en un avión hacia destinos internacionales como Dubai y Suiza", explica el director de la aduana de Curazao.

El manejo de la mercancía en tránsito en la aduana de Aruba se rige por la Ordenanza Nacional de Importación, Exportación y Tránsito, de 2017. La declaraciones (siempre en idioma holandés) sólo se efectúan con artículos cuya importación no esté prohibida (artículo 146). Deben indicar lugar de procedencia, propietario, especificación de bienes bajo su designación verdadera, tamaño, peso y valor de los bienes, todo acompañado de facturas y demás documentos de respaldo (artículo 54). A diferencia de la normativa venezolana, la mercancía en tránsito está libre de pago de aranceles en Aruba (artículo 145).

Si bien autoridades aduanales descartan el tráfico ilegal, desde febrero de 2018 el Ministerio Público de Aruba mantiene abierta la investigación sobre la empresa Paoro Armored Transport, imputada por los delitos de lavado de dinero y falsificación de documentos. Los 46 lingotes incautados, cantidad con la que se pueden fabricar unos 12.500 anillos de boda, según cálculos de expertos, se encuentran confiscados en el Banco de Aruba. Para esta investigación Runrun.es solicitó a la Fiscalía una versión, pero voceros reiteraron que no pueden declarar mientras el juicio prosiga y no haya conclusiones. "Es una investigación con jurisdicción en Aruba, pero con ramificaciones internacionales", explicaron.

Aunque el oro de Venezuela llega a Aruba y Curazao como mercancía en tránsito, sale como como producto propio de exportación aún cuando estas islas no poseen minas donde se produzca ni refinerías del metal precioso, revelan estadísticas de comercio exterior.

En 2016, el oro fue el tercer producto de exportación de Curazao por encima del petróleo (que sí es refinado en la isla), representando 18,32 por ciento del total de exportaciones ($470 millones de $2 mil 57), según el Atlas de Complejidad Económica (ACE) del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard.

Hasta 2016, la mayor parte del oro que sale de Curazao tenía como destino Suiza: $345 millones de un total de $470 millones, equivalentes a 73,38 por ciento de lo exportado, según el ACE de Harvard.

Mientras Aruba, donde las únicas minas de oro que existieron en la isla cerraron en 1926, exportó $472 mil en oro, es decir, 100 por ciento a EEUU (ACE de Harvard) en 2016.

Que Curazao exporte algo que no produce como si fuera propio activa las señales de alerta de la Guía de la debida diligencia de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (ODCE).

Cuando el país de origen de la mercancía “tiene pocas reservas o valores, o bien los volúmenes declarados de oro provenientes de ese país no concuerdan con sus reservas conocidas o niveles esperados de producción”, resulta sospechoso para la (ODCE), que lanzó uno de los manuales reconocidos internacionalmente para la vigilancia de las cadenas de suministro responsable de minerales en las áreas de conflicto o de alto riesgo. Esta guía coloca dentro de sus prioridades máximas el respeto de los derechos humanos y evitar contribuir al conflicto en los territorios productores de oro.

En teoría, no existe veto para comercializar el oro de Venezuela en Aruba. A raíz del bloqueo del 10 de enero de 2018, la ministra de Aruba, Evelyn Wever-Croes, prohibió la compra y venta de cobre sin certificación procedente de Venezuela para contrarrestar el contrabando y la extracción ilegal del mineral venezolano. Pero el oro, material estratégico, no fue incluido.

Maduro no es el primer mandatario venezolano que advierte sobre el tráfico ilegal de oro. El 17 de agosto de 2011, el propio Chávez denunció desde el Palacio de Miraflores que en "la zona del oro" había “mafia, contrabando, y eso tenemos que acabarlo”, aunque en esa ocasión, no incriminó a ningún país en específico. También, aseguró que se estaban produciendo 11 toneladas mientras que otras 11 se estaban fugando. Ese año, el BCV registró la recepción de apenas 2,5 toneladas de oro.

Hace siete años, Chávez adelantó que el oro nacionalizado sería convertido en reservas internacionales “porque sigue incrementando su valor y no podemos permitir que se lo sigan llevando”. Esa vez pidió apoyo a las Fuerzas Armadas para intervenir donde "hay anarquía, mafias, contrabando”.

El 15 enero de 2018, fue lanzada otra denuncia de contrabando de oro vía las antillas pertenecientes a los Países Bajos. Esta vez, proferida por el exgeneral del Ejército venezolano Clíver Alcalá Cordones, quien también ocupó la jefatura de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) de Guayana, que precisamente custodia la demarcación del Arco Minero. Ventiló que aviones cargados de oro provenientes de Venezuela volaban 24 horas hacia Aruba y Curazao con la aprobación de los militares.

No es fácil calcular cuánto oro sale de Venezuela por las rutas aéreas cuando no se sabe la cantidad de oro que se produce en el Arco Minero, ya que la cifra de las compras internas del BCV o del MinDeminec no coinciden con los números de exportación que el gobierno de Maduro mantiene ocultos, como confirmó esta investigación.

Que el oro salga del país ilícitamente, que se exploten de manera informal los recursos mineros, priva a las arcas fiscales de millonarios recursos, coinciden expertos. "Venezuela tiene una reserva de oro importante. En la mina de Las Cristinas, estado Bolívar, está certificada la cuarta mina más grande del mundo pero no genera divisas que redunden en beneficio de sus habitantes. El AMO no es un gran negocio para el país sino para unos pocos”, asegura el diputado Elías Matta, quien calcula que si explotaran el oro adecuadamente, podría generar cuatro mil millones de dólares al año.