Las estrechas vías del pueblo de El Callao, al sur del estado Bolívar, suelen estar despejadas a media mañana cualquier día de la semana. Pero esta jornada es la excepción. “Es que están haciendo un traslado”, dice un hombre de jeans desde una esquina para tratar de explicar el trancón. Minutos después, se comprobará que tenía razón.

Un vehículo blindado pasa veloz por una calle cercana al Club de los Obreros de Minerven. “Allá van. Por eso era la cola”, reafirma el minero. Un par de motos negras, con funcionarios encapuchados y vestidos del mismo color, escolta el carro acorazado junto a un “Tiuna” –un transporte multitáctico fabricado en Venezuela– que exhibe al menos a seis soldados del Ejército en su parte trasera. Ahí van los lingotes de oro que se produjeron en el mes y que estuvieron guardados en la bóveda de Minerven. Su próxima parada será el aeropuerto de Guasipati, una pista de asfalto cuarteado que queda a unos 20 minutos del lugar. De allí, a Maiquetía y al Banco Central de Venezuela.

Nadie sabe precisar cuánto se traslada mensualmente en ese blindado que paraliza el tránsito en El Callao, hasta donde viajó Runrun.es para esta investigación. Lo que sí se conoce es que las minas de oro del Arco Minero del Orinoco producen mucho más de lo que va allí porque ese metal precioso tiene otras formas de salir. En el pueblo, en la región, en el país, eso es un secreto a voces reconocido por el mismo gobierno. Tanto, que el ex gobernador de la entidad, Francisco Rangel Gómez, aseguró en marzo de 2016 que el año anterior se habían escapado “por los caminos verdes 20 toneladas de oro”. Esa fuga no ha parado.

Cuando hacen los traslados, los mineros llevan mucho rato levantados. A esa hora están en la calle y se reconocen fácilmente. Los delatan los shorts desgastados, las camisetas ligeras y ahuecadas, las botas plásticas llenas de lodo, las bateas –bandejas de madera con el centro cóncavo que sirven para separar la tierra de las pepitas doradas del fondo– guindadas en la espalda como si se tratara de escudos, y en las manos, picos y palas, o sacos sintéticos que esperan llenarse de arena ferrosa.

A esa hora, cientos de ellos han atravesado la plaza Bolívar o las calles del mercado para irse a la montaña a pie. Otros se montan en las “perreras” –los camiones que destinan su parte de atrás, sin asientos ni seguridad, para cargar pasajeros– para aligerar el paso hacia los yacimientos. Algunos más aguardan en el terminal terrestre John Corke, en la entrada de la localidad, para tomar pequeños autobuses que los lleven hacia caseríos cercanos bañados en la fiebre del oro.

Jesús Guerra, auditor de minas de Minerven, ex director laboral de esa empresa y miembro del Frente Antiimperialista y Socialista del Eje Sur del estado Bolívar, ve la escena desde un auto compacto sin aire acondicionado que ni siquiera es suyo. Durante años, ha denunciado una destrucción premeditada de la industria minera del oro que, según él, comenzó con la nacionalización de la exploración y explotación del metal.

Antes de esto, el panorama era distinto. En el sur de Bolívar había seis plantas (Perú, Revemín, Chocó, Camorra, Minerven y Caratal) que procesaban –molían y separaban el mineral de la arena extraída de las minas– 12 mil toneladas de material ferroso diariamente. De cada una podían sacar entre 5 y 40 gramos de oro. De la noche a la mañana, todo fue abandonado.

El decreto de nacionalización fue firmado el 23 de agosto de 2011 por un Hugo Chávez quien, ya sin cabello y con el cuerpo hinchado como señal visible del cáncer que padecía, presentó la medida durante un consejo de ministros que fue televisado desde el Palacio de Miraflores.

“Oro, oro, oro”, escribió el entonces mandatario en la última página del documento, cerca de su rúbrica. Antes de ser promulgado, pasaría solo por el Tribunal Supremo de Justicia. Chávez tenía el poder de legislar sin el visto bueno de la Asamblea Nacional.

“Con el objetivo de seguir dándole fortaleza a la independencia nacional, a la independencia económica, fortaleza a la economía nacional, firmó este decreto nacionalizando el oro, para decirlo en tres palabras”, pronunció frente a las cámaras justo antes de leer extractos de la orden presidencial N° 8.413, convertida en ley orgánica y publicada en la Gaceta Oficial el 16 de septiembre de ese año. Así ilegalizó la pequeña minería y obligó a los mineros a asociarse en empresas mixtas con participación del Estado.

El informe “Derechos humanos en el contexto del proyecto ‘Arco Minero del Orinoco’ en Venezuela” presentado en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2016 por varias organizaciones no gubernamentales, señalaba que tras este decreto “se iniciaron operativos militares por parte de la FANB de desalojo de mineros de la cuenca del Río Paragua, habitado por comunidades del pueblo Pemón”.

Ese mismo día, Chávez aprobó el Proyecto de Desarrollo Estratégico de la Faja Petrolífera del Orinoco y el Arco Minero de Guayana, con la intención de fijar las directrices de explotación de ambas zonas y “potenciar” la economía del país. Para hacerlo rayó un mapa de Venezuela y mostró cuáles eran sus zonas de interés y dijo:

“Aquí está una estrategia que se nos ocurrió para engranar, en una sola estrategia de desarrollo, lo petrolero con lo minero y, más allá, lo social, lo económico…”.

Dos años antes de la nacionalización, se advertían síntomas de un declive que, para el momento, fue justificado por el gobierno por los conflictos laborales y las dificultades para el financiamiento de las plantas. Mientras que en 2009, Minerven produjo 4.300 kilogramos de oro, en 2010 cayó a 1.700 Kg. Ya en 2011, tras el decreto, apenas se alcanzó los 1.341 Kg. según la Memoria y cuenta de la misma empresa estadal.

“La pérdida de capacidad del Estado para procesar su mineral no fue una cuestión fortuita, ni por desgaste de las plantas procesadoras. Si hubiese sido por desgaste, la producción empieza a mermar, va cayendo paulatinamente, pero no a un 50 % o 75% de un solo golpe, y mucho menos pasa a una producción de cero en cinco años con todo ese complejo instalado”, recalca el experto.

El primer paso del abandono así lo explica Guerra: dejar a las plantas sin custodia. La primera en sufrirlo fue Planta Perú y luego siguieron aquellas de transnacionales con concesiones vencidas y que Minerven se encargó de “recuperar” y volver a poner en funcionamiento.

“Hubo un plan macabro de desmantelamiento total del Estado”, insiste, y con este plan también se dejó atrás toda la información geológica que se había levantado en la zona, años de estudio de exploración en los que Venezuela había invertido recurso humano y capital.

Arenas escurridizas

En los últimos años, el Arco Minero del Orinoco impulsó el surgimiento de varias empresas que sustituyen la función de las procesadoras del Estado. Estas compañías, algunas creadas a partir de 2016 y otras con juntas directivas renovadas en años recientes, usan en su mayoría la técnica de la cianuración –prohibida en varios países debido a los riesgos de contaminación del agua que implica– para extraer el oro del material ferroso. El método ha sido avalado por el gobierno venezolano que aplaude que los mineros cambien las técnicas con mercurio para tratar el mineral dorado.

Con la llegada de los nuevos complejos, como se les conoce en el sur del Bolívar, hay nuevo punto de fuga porque estos suelen quedarse con las arenas llevadas por los mineros y con aquellas que les venden los molinos, que son empresas pequeñas y rudimentarias que muelen el oro de los trabajadores en zonas muy cercanas a los yacimientos. Estas arenas son nuevamente procesadas para sacar todavía más del metal precioso que alojan.

“¿Cómo tú controlas a esas empresas privadas y sabes cuánto oro está saliendo de allí? Siempre se reporta una cantidad, pero se produce otra. Hay reportes que dicen que en 2015 de Venezuela salieron 26 toneladas de oro, pero la producción oficial fue de 1,22 toneladas. A pesar de que estas alianzas (con las plantas procesadoras) le han permitido al gobierno recuperar algo, el oro se sigue yendo”, cuestiona Guerra.

El trabajador de Minerven añade que el gobierno sabe de la fuga desde hace años y afirma que uno de los funcionarios que la reconoció fue el entonces presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, durante un Consejo Nacional de Economía Productiva celebrado en enero de 2016.

“Hay países que tienen certificación de minerales y no tienen el mineral. Hay gente que transa minerales y no se sabe de dónde viene el mineral, aparentemente. Bueno, casi todo es de Venezuela. El oro que está en algunas partes, en las reservas de algunos países, es oro de aquí. El oro que se procesa por Europa y los diamantes son de aquí, en algunos casos”, señaló Merentes en aquella oportunidad.

Más allá de su actividad y área de trabajo, son varias las características que comparten estos complejos. Esta investigación encontró que varios de sus propietarios poseen empresas foráneas fundadas entre 2016 y 2018, tanto en Estados Unidos como en Panamá, vinculadas a la actividad minera y a la comercialización de metales. Además, la mayoría contempla no solo la explotación del oro, sino también de coltán, diamantes y otros minerales valiosos de la zona.

Detrás de los complejos

Uno de los nuevos complejos es la Corporación Guayanaoro C. A., ubicada en el sector La Gran Prueba de El Callao y creada en septiembre de 2016. Su acta constitutiva cita el decreto 2.165, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria del 30 de diciembre de 2015, que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro y otros minerales. Lo menciona porque, a través de lo que allí se establece, la compañía contempla entre sus objetivos “suscribir alianzas estratégicas con el Estado” para compartir toda la cadena de actividades productivas que se desarrollan en los “yacimientos auríferos, coltán y, por ende, todos los minerales asociados a estos, incluso aquellos elementos no incluidos en la tabla periódica que puedan tener uso estratégico y aplicación tecnológica”.

Al frente de Guayanaoro está Jean Carlos Ranauro Guzmán, un empresario de Tumeremo de 42 años, que posee una compañía en Doral, Florida, llamada Global Trade Metals Inc., creada en octubre de 2017 junto a Antwill José Salazar Zambrano, también de 42 años pero de Ciudad Guayana, dueño de negocios en Panamá. Reside en Miami.

El otro socio de Guayanaoro es Leonardo Santilli García, zuliano de 48 años que aparece en la junta directiva de al menos seis compañías ubicadas en Florida, Estados Unidos. Tres de estas fueron creadas a mediados del año 2016: Padale, LLC (Weston), Cosaco y 2377 Glendon LLC (ambas en la misma dirección en la localidad de Sunrise). Su nombre también figura en la Corporación Empresarial Alimentos del Sur Sociedad Anónima, Ceassa, en Panamá.

Guayanaoro tiene una compañía homófona: Guayana Oro C. A creada en mayo de 2017 por los comerciantes Naim José Donaihi Saade, de 31 años, y Zamier Safi Al Hussein. No es casual que nombres de origen sirio estén dentro del negocio del metal precioso en Venezuela. Varias fuentes consultadas afirmaron que empresarios de medio oriente están al mando de las “compras de oro” en varios pueblos mineros. En El Callao, por ejemplo, exhiben sus banderas dentro de sus negocios.

El nombre de Al Hussein ya ha salido antes en los titulares de la prensa. En 2011 fue acusado por el Ministerio Público de transportar 600 litros de gasolina mientras se desplazaba por Tumeremo, uno de los pueblos mineros de Bolívar en el municipio Sifontes.

Guayana Oro es la única de estas compañías que, según su acta constitutiva, tiene su sede fuera de la zona minera del sur de Bolívar. Está en la ciudad donde Donaihi Saade está residenciado: Upata, municipio Piar, ubicado entre Puerto Ordaz y Guasipati, conocido por su actividad agropecuaria.

Dentro de los objetivos de Guayana Oro también se menciona el decreto 2.165 para dejar claro que se pueden suscribir alianzas con el gobierno venezolano para la explotación de oro y, además, se detalla la capacidad del complejo para hacer estudios de exploración de minerales.

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Otro de los complejos es Inversiones El Guayare C. A., presidido por Juan José Coraspe Carvajal, un general de brigada retirado de la Guardia Nacional, de 62 años, devenido en empresario y residenciado en Los Teques, estado Miranda, quien la fundó junto a su hermano, Rafael Antonio Coraspe Carvajal, en 2009.

La compañía está dedicada a la explotación de las minas de oro de aluvión y veta, además de diamante y piedras preciosas, pasando por el procesamiento y comercialización del oro y de arenas auríferas, así como la solicitud de concesiones mineras y compra y venta de joyas y oro en bruto, entre otras actividades como la construcción y el alquiler de centros comerciales, según el acta constitutiva.

El nombre del general Coraspe también está relacionado con dos compañías en el exterior: Monterrey Investors US, registrada en Fort Lauderdale desde abril de 2018. Allí está asociado con Gina Lorena Monterrey Rojas, de 41 años, quien también vive en Los Teques y fue empleada de Instituto de Infraestructura Obras y Servicios del estado Miranda mientras Diosdado Cabello, actual presidente de la asamblea nacional constituyente y considerado el número 2 del chavismo, era gobernador de la entidad (2004-2008).

La otra empresa de Coraspe Carvajal es la panameña Polibol S. A., puesta en marcha desde septiembre de 2015 junto a otro de sus socios de El Guayare: Gustavo Andrés Ochoa, quien ingresó a la compañía años después con Francisco Suárez. Los tres fueron testigos de cómo el capital social de la empresa creció 10.000% durante 2016. En una asamblea en junio de ese año, este pasó de 1 millón a 15 millones de bolívares (25.423 USD, de acuerdo con el cambio oficial de la fecha). Dos meses después, el mismo alcanzó los 100 millones de bolívares (155.280 USD).

La más reciente de las compañías es Inversiones La Camorra C. A., fundada en febrero de 2018 por tres residentes del estado Bolívar: Juan Carlos Siso Berenguel, de 51 años, Ramón Enrique Franco Tovar, de 31, y Ovidio Raúl Pérez Betancourt, de 33 quien es empleado de Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) desde 2016 de acuerdo con información del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

La compañía lleva el mismo nombre de la antigua planta procesadora de Minerven que, según reportes de prensa, fue reactivada este mismo año y que en julio pasado produjo un lingote de poco más de un kilo de peso.

Dentro de sus objetivos, La Camorra contempla desde la “solicitud de concesiones mineras” hasta la realización de “proyectos de minería ecológica, agropecuaria, agrícola y ambiental”, amén de todas las actividades necesarias para la explotación, transformación e industrialización del “oro, diamante y cualquier tipo de piedras preciosas”, ya sea a partir de arenas y material aurífero o de “cualquier modalidad y tipo de material”, según señala el acta constitutiva. No se pudo comprobar si alguno de sus socios poseía empresas en el exterior.

El nombre del barranquillero Alex Naím Saab Morán –investigado en Colombia por lavado de dinero y en México por pactar con el gobierno venezolano ventas con sobreprecio de de alimentos de baja calidad nutricional– también está vinculado a las compañías mixtas creadas por la administración de Maduro para la explotación del oro.

De acuerdo con una investigación publicada por el medio digital Armando.info, Saab Morán está detrás de la compañía turca Marilyns Proje Yatirim, que en julio pasado se unió a Minerven para crear la Empresa Mixta Sociedad Anónima Minería Binacional Turquía - Venezuela (Mibiturven), adscrita al Ministerio de Industria y Producción Nacional y no al de Desarrollo Ecológico Minero.

Un complejo caído en desgracia

Esta armazón de nuevas empresas procesadoras de oro en el estado Bolívar no se mantiene incólume. Se inserta en la dinámica implantada en la región de suplantar grupos mafiosos por otros, denuncia el diputado Américo de Grazia.

El 1ero de noviembre de 2018, el fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, anunció repentinamente que se libró una orden de captura contra Eduardo Enrique González Mejías, un hombre de 48 años apodado como "el comandante El Tati", propietario de la empresa Molinos La Vanguardia, por su presunta vinculación con extracción y contrabando ilícito de oro en el estado Bolívar. El funcionario aseguró que por estas operaciones, el Estado venezolano dejó de percibir 6 millones de dólares.

A raíz de estas investigaciones, el Ministerio Público también solicitó el arresto de Higinio Alfredo Benitez Mendoza, exjefe de la Oficina Nacional de Fiscalización e Inspección Minera, por autorizar a González Mejías a operar de forma irregular el oro. Según Saab, el dueño de Molinos La Vanguardia financiaba bandas criminales que controlaban las minas para comprar la mayor cantidad de oro y comercializarlo fuera del país.

La relación que hace Saab con los delincuentes no es casual. En el sector Nacupay de El Callao, territorio donde estaba Molinos La Vanguardia, operaba la megabanda Tren de Guayana, comandada por Phanol Vladimir Sanclemente, conocido por el mote de “Capitán”. Tres días después de que cayó en un supuesto enfrentamiento con la Dirección de Inteligencia Militar en Río Chico, estado Miranda, se ejecutó la orden contra la empresa minera.

Mineros de la zona de Nacupay, así como fuentes ligadas al negocio del oro que pidieron se resguardara su nombre, aseguraron que “Capitán” respondía a las órdenes del ex gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, quien luego de dejar el cargo se fue a México. Pero de este vínculo se hablará más adelante.

De Grazia aseguró que la medida contra la compañía fue un “pase de factura”para destronar a sus verdaderos dueños, dos militares vinculados con el aparato represivo de Maduro que salieron abruptamente de sus cargos luego de sendos escándalos: el general Gustavo González López, exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), supuestamente expulsado en octubre de 2018 por la muerte del concejal de Primero Justicia Fernando Albán en uno de los edificios de la institución que regía; y el general Antonio Benavides Torres, ex comandante general de la Guardia Nacional, quien fue destituido un día después de que uno de sus soldados disparara a quemarropa contra el estudiante Fabián Urbina durante una protesta antigobierno en 2017.

Contrario a las afirmaciones del fiscal impuesto por la asamblea nacional constituyente, Molinos La Vanguardia no era una empresa desconocida para Maduro. Diez meses atrás, estaba dentro de los planes del Mindeminer para aumentar la producción de oro. En diciembre de 2017, en las instalaciones de esa empresa, se realizó un acto calificado de "histórico" con la presencia del ministro Víctor Cano, quien en alianza con Cavim, entregó explosivos a mineros para la explotación aurífera subterránea en 23 áreas autorizadas. En esa ocasión, recordó que por orden presidencial firmaron 24 alianzas con la pequeña minería.

23 áreas autorizadas. En esa ocasión, recordó que por orden presidencial firmaron 24 alianzas con la pequeña minería.

La junta directiva de La Vanguardia cambió varias veces desde que fue creada en 1996. En la última modificación, además de González Mejías, figuraba como accionista Ricardo Augusto Forero Higuera, quien está al frente de C.I. Promotora Minera Global S.A.S, Corp., con sede en Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos y abierta recientemente: agosto de 2018.

En este grupo también están Marianne Anais Pulido Briceño, de 36 años y Wilfredo Antonio Vivas, de 48, ambos residentes en El Callao. Este último fue empleado de la alcaldía de ese municipio durante la gestión de Orlenia Scipio (2008-2013), del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela. El último en adquirir acciones de la empresa fue Eduardo José Rivas, de 44 años, residente en Unare, también en Bolívar.

Dentro del campo de acción de Molinos La Vanguardia estaba la “exploración, explotación, molienda y transporte de materiales auríferos así como cualquier otra actividad de lícito comercio inherente o conexa” con la actividad minera.

Este anuncio oficial de la orden de detención contra el propietario de Molinos La Vanguardia se produjo minutos antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara un decreto para imponer por primera vez sanciones relacionadas con el sector aurífero en Venezuela. La orden ejecutiva prohíbe que individuos estadounidenses o extranjeros hagan transacciones con actores y redes cómplices de sectores económicos corruptos en Venezuela.

El consejero de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, declaró que la decisión fue una respuesta contra “las acciones del régimen de Maduro y las personas asociadas para saquear la riqueza de Venezuela para sus propios fines corruptos, degradar la infraestructura y el entorno natural de Venezuela”.

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