La tala clandestina y los incendios provocados para sembrar aguacate han ocasionado la pérdida de, al menos, 23 mil hectáreas de masa forestal en la zona sur de Jalisco, según datos oficiales. Debido a ello, los habitantes de San Gabriel viven escasez de agua y temen que la lluvia provoque el desbordamiento del río Salsipuedes, dejando a su paso destrucción y muerte, como ocurrió en 2019.

El desbordamiento del río Salsipuedes en junio de 2019. Foto: Especial

SAN GABRIEL, Jal.– Sofía aún recuerda con detalle lo que sucedió el 2 de junio de 2019, alrededor de las 17:00 horas, cuando iba a llegar a un supermercado que se ubica junto al río Salsipuedes: “Empecé a sentir que vibraba el piso; pensé que estaba temblando, pero no sentía que se viniera más fuerte la sacudida y dije: algo está raro. Me asomé a los corredores del supermercado y no había nadie”.

Se asomó a la calle y vio una corriente de agua con lodo y troncos quemados. Corrió hacia la esquina. Su sorpresa fue que el arroyo había crecido a tal grado que arrastraba camionetas, un camión de volteo que iba pasando por arriba del puente y hasta un pirul longevo. “Los cables de la luz estaban cayendo, y no hallaba a qué casa meterme; decidí correr a la otra esquina”, narra.

Junto con otras personas que también se quedaron atrapadas en el mismo punto, Sofía fue testigo de cómo la poderosa corriente del agua se llevó a Emilia, una habitante de San Gabriel, cuyo cuerpo nunca fue localizado. Además, murieron cuatro personas y hubo 3 mil damnificados.

Los daños tras el desbordamiento del río Salsipuedes. Fotos: Especial

En San Gabriel, sin embargo, no llovió ese día. La corriente de agua que afectó a los habitantes de ese municipio se debió a una gran cantidad de precipitación pluvial que cayó en otra zona cercana y que, debido a la pérdida de masa forestal, el líquido no infiltró al suelo, sino se fue directo al río y lo desbordó.

En un comunicado del 15 de noviembre de 2019, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reconocía que el cambio de uso de suelo sin autorización para el establecimiento de huertas de aguacate en San Gabriel, es uno de los factores con mayor impacto al ecosistema, lo cual provoca “la merma de filtración de agua por parte de pinos y encinos, pérdida de flora y fauna local, y alteración del equilibrio ecológico”.

Otra de las razones del desbordamiento del Salsipuedes es que, para sembrar aguacate, tres semanas antes, empresarios provocaron incendios que consumieron más de 12 mil 177 hectáreas de bosques, según estimaciones de Control de Incendios Forestales del gobierno federal. Comúnmente, los cultivadores de aguacate optan por talar bosques para tener más terreno de cultivo.

Incendio en San Gabriel. Foto: Especial

Esas condiciones de incendios forestales y deforestación no han cambiando en San Gabriel. De hecho, el último incendio se registró en abril pasado con dos hectáreas dañadas. Sócrates Ruelas, fotógrafo y vecino del municipio ha observado que de los cerros de la zona bajan camiones cargados de troncos talados, y en el mismo punto existen cultivos de aguacate. Incluso, cuando necesita hacer tomas de bosque, al elevar su dron solo en la parte frontal hay pinos, el resto son aguacates.

Sofía cuenta que, tras el desastre, cada vez que se formaban nubes negras, “todos estábamos al pendiente”. Ruelas refiere que, tras el desbordamiento del río, se organizaron cuadrillas de jóvenes para monitorear el crecimiento de la corriente y se les capacitó para dar primeros auxilios. No obstante, después de medio año se “relajaron las medidas”; sobre todo, porque la autoridad hizo algunas obras para evitar que el agua no llegara “de golpe”.

Ya pasaron dos años, pero Sofía aún teme que otra vez se destruya gran parte del pueblo; “sigue la incertidumbre si en algún momento va a bajar el agua igual. Da miedo que llueva”.

Al inicio de la tragedia, los pobladores se organizaron para denunciar tala clandestina, pero desistieron a los pocos días debido a que recibieron amenazas de muerte. Así lo narró un habitante que, al igual que otros entrevistados, pidió el anonimato ante la inseguridad que se vive en la zona, donde hay presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). “En este país, las personas que se inconforman contra algo que está mal en su comunidad, terminan muertos o en la cárcel, y yo no quiero eso”, acotó el hombre.

El doctor Carlos Suárez, jefe del departamento de Geografía y Ordenación Territorial de la Universidad de Guadalajara (UdeG), realiza trabajo de campo sobre el cambio de uso de suelo en la región sur de Jalisco desde hace cinco años. Recuerda que antes se cultivaba maíz, caña de azúcar, avena, alfalfa, trigo y mostaza que, al ser de temporal, permitían la infiltración del agua y “se mantenía el equilibrio constante del manto freático”, además de que “siempre había una cubierta vegetal” para evitar un proceso erosivo.

Sin embargo, entre 2005 y 2010, en Mazamitla, Concepción de Buenos Aires, Tecalitlán, Zapotlán el Grande, San Gabriel, y Sayula, los agricultores cambiaron el cultivo tradicional por el agroindustrial, a raíz de que productores aguacateros de Michoacán comenzaron a comprarles o rentarles sus predios.

Cada vez se ven más huertas en las zonas altas de montaña “y ese cambio de uso de suelo está generando problemas ambientales porque el cultivo de alto rendimiento consume mucha agua”, lo que provoca un problema de distribución de este líquido en la región. “La deforestación incrementa el riesgo de erosión”, menciona Suárez.

De acuerdo con el académico, “en los últimos tres o cuatro años, se ha visto que están invadiendo zonas forestales”. Han notado que, cuando se quema el bosque, aparecen nuevas huertas. Creo que la autoridad debe investigar un poco más al respecto, porque la ley forestal dice que un predio forestal quemado debe estar 20 años sin uso, hasta que se recupere”.

Es cierto que con la siembra de aguacate se notó la prosperidad económica en la comunidad, pero esto es una “burbuja económica”, alerta Suárez. Y pone como ejemplo lo ocurrido en Chile en 2018, donde hubo un “boom” de aguacate y actualmente muchas de esas tierras, que en su tiempo fueron productivas, ahora están semidesérticas.

Huertas de aguacate. Negocio rentable. Foto: Miguel Dimayuga

Desatención de las autoridades

Un académico de la UdeG del Centro Sur que pidió el anonimato debido a la inseguridad estimó que, en 2020, la producción de aguacate aportó el 20.6 por ciento del valor de la agricultura de la región sur de Jalisco, solo rebasado por el agave tequilero que tuvo la mayor aportación con 33.3 por ciento. “En muchas ocasiones se dejan cortinas de pinos, para que cuando pasen los verificadores no alcancen a identificar que adentro se está sembrando aguacate”, reveló.

Asimismo, el investigador menciona que el Sistema de Información Agrícola y Pesquera de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural registra que en 2015 había 14 mil 721 hectáreas cultivadas de aguacate en la región; en 2019 aumentaron a 20 mil 315 (38% más), y en 2020 ya eran 23 mil 233 (un incremento del 63%). Aunque, si se suman las ilegales o no incluidas en esa base de datos, llegarían a 30 mil hectáreas en 2021, según estimaciones basadas en su trabajo de campo. Piensa que aún hay tiempo de poner remedio, pero, en caso de no detenerse el desastre ecológico, en un plazo no mayor a 30 años, la zona sur sufrirá desertificación.

Proceso buscó a los titulares de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y de la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) en Jalisco para conocer estimaciones oficiales sobre daños provocados a bosques por la siembra de aguacate. Sergio Ávalos, de Comunicación Social de la Conafor, solicitó que se le enviara por correo un cuestionario con las dudas, envío que nunca respondió. En la Semarnat, una asistente contestó que “no hay delegado”, sino un encargado de despacho que no podría dar entrevista, y pidió que se enviara vía correo un cuestionario a Diana Aspiros, encargada de Comunicación Social de la dependencia. Nunca hubo otra respuesta.

Javier Silva, abogado ambiental y asesor de la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales (AMPF), señala que, a partir de 2006, con la administración del presidente Felipe Calderón, “sin que hubiera una indicación por escrito”, la Semarnat comenzó a negar los permisos de cambio de uso de suelo forestal para cultivo de aguacate en el sur de Jalisco, y esto ha originado que muchos empresarios estén cultivando en la ilegalidad.

Aguacates listos para su distribución. Foto: Enrique Castro

El 31 de julio de 2019, el gobierno de Jalisco interpuso una denuncia en la Profepa contra la tala ilegal en zonas forestales del sur del estado para el cultivo de aguacate. Hasta la fecha no se ha castigado a nadie, señala Silva. El pasado 14 de julio, mediante la Ley de Transparencia, Proceso solicitó a la Semarnat información con el folio 0001600238021 relacionada con la deforestación. La dependencia contestó que no le correspondía dar los datos sobre las afectaciones forestales por estos cultivos.

El abogado Javier Silva considera que, si se dieran las autorizaciones de cambio de uso de suelo, habría un control para que en promedio el 30 por ciento de cada hectárea fuera para sembrar aguacate y el otro 70 por ciento para su manejo forestal y conservación; así, el empresario cumpliría con el pago al Fondo Forestal Mexicano (FFM) “garantizando su sustentabilidad”.

El FFM se creó el 10 de julio de 2003 para “promover la conservación, incremento, aprovechamiento sustentable y restauración de los recursos forestales y sus recursos asociados”, según datos de la Conafor. Además, los interesados tienen acceso a “servicios financieros en el mercado”, y el gobierno impulsa “proyectos que contribuyan a la integración y competitividad de la cadena productiva” mediante “mecanismos de cobro y pago de bienes y servicios ambientales”.

Alrededor de 10 mil hectáreas se podrían regularizar con el apoyo de la autoridad y compensar el daño provocado, calcula Silva, aunque precisa que hay lugares donde no sería posible autorizar otro uso del suelo, por ejemplo, en las inmediaciones del Nevado de Colima.

Por su parte, Ignacio Tovar, presidente de la AMPF en Jalisco, afirma que toda actividad primaria afecta al sector forestal, por lo que es necesaria una proyección técnica, que se sustente en la Manifestación de Impacto Ambiental y el Estudio Técnico Justificado que deben presentarse ante la Semarnat. Esto ayudaría a conservar las actividades y el ecosistema, no solo en Jalisco, precisa, sino en 21 estados del país donde se están haciendo cambios de uso de suelo para producción de aguacate.

Este trabajo fue realizado por Patricia Mayorga para Proceso y CONNECTAS dentro de ARCO, con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.