La deuda que tiene Colombia con el páramo de Pisba y sus habitantes es incalculable en dinero. El cambio climático, la extracción minera, las actividades agrícolas y la presencia de ganado en un ecosistema extremadamente frágil, tiene en jaque al abastecimiento de agua de miles de boyacenses y la supervivencia del páramo mismo. Esa es una de las conclusiones a las que han llegado investigadores de diferentes centros académicos, como la Universidad Nacional y el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia). Ante la ausencia de una autoridad que frene una catástrofe, el Tribunal Administrativo de Boyacá declaró en 2019, que el Páramo de Pisba debía ser un sujeto de derechos para que no hubiera más dilaciones para su protección.
La decisión trajo esperanza para quienes han visto cómo se secan las quebradas y el paso arrasador de la maquinaria pesada que llega a la montaña para sacar carbón. No solo porque pensaban que era la clave para que el ecosistema de los frailejones y la niebla perpetua fuera, por fin, protegido por el Estado, sino porque allí se ordenó delimitar el páramo, un trabajo en deuda desde 2018. Pero no ocurrió ninguno de los dos escenarios. La Corte Constitucional tumbó ese fallo, al estudiar una tutela de varios mineros que pedían que fueran incluidos en las discusiones de la delimitación. El alto tribunal explicó que las tareas para definir las coordenadas del páramo ya estaban en proceso, con mineros incluidos, y por eso no era necesario mantener la histórica sentencia del Tribunal de Boyacá.
La sentencia de la Corte sorprendió a la comunidad jurídica y ambiental, principalmente porque el alto tribunal no hizo una sola mención sobre la importancia de proteger este ecosistema con la figura del sujeto de derechos, como así se lo había hecho saber, por ejemplo, Dejusticia en un concepto que le envió al alto tribunal. El resultado de esa decisión es que Pisba sigue prácticamente en el abandono. Aunque existen esfuerzos para protegerlo, la huella del humano es evidente en el páramo. La misma que el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) aseguró en agosto de este año que tiene una relación directa con el calentamiento global.
En Pisba no solo quedaron las vastas cicatrices hechas trochas que se abrieron ilegalmente para bajar el carbón a los pueblos cercanos (sí, justo en medio de frailejones y nacimientos naturales de agua). Todavía se evidencian terrenos quemados y el paso fresco de cientos de cabezas de ganado por montañas a donde solo debería llegar la neblina. Entre decisiones judiciales y administrativas a la orden del día, El Espectador quiso constatar el estado actual de este ecosistema, central para el departamento de Boyacá y Casanare, a partir de las órdenes que emitió el tribunal con sede en Tunja, y que quedaron sin piso cuando la Corte Constitucional la tumbó. Una situación de extrema gravedad porque el tiempo para protegerlo se sigue dilatando.
El Páramo de Pisba fue declarado como sujeto de derechos en 2019. Sin embargo, la sentencia fue revocada porque, supuestamente, ya no sufría afectaciones. / Cortesía
La delimitación embolatada
El punto central de la discusión jurídica que dieron todos los jueces que conocieron el caso del páramo de Pisba fue el problema de su delimitación. El asunto de la discordia fue la queja de varios mineros de la zona, que consideraron que ni el Ministerio de Ambiente ni las entidades llamadas a hacer el trabajo, los tenían en cuenta en las tareas de ponerle coordenadas al lugar. Su molestia estaba fundada en que, si se declaraba como territorio de páramo un lugar en donde existiera un socavón en donde estuvieran trabajando, perderían su empleo. Al otro lado de la discusión estaban grupos ambientalistas, campesinos y algunos expertos que están totalmente en contra de cualquier actividad minera.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) calcula que hay por lo menos 25.000 empleos relacionados a la minería en Boyacá y en el sector de Pisba. Desde 2018, con la llamada Ley de Páramos, quedó claro que el Ministerio de Ambiente y todas las entidades llamadas a proteger estos ecosistemas, debían hacer todo lo posible para delimitarlos en el menor tiempo. En Pisba el tema se ha enredado por decisiones judiciales que han frenado varios procesos (entre tutelas, acciones populares y decisiones hasta del Consejo de Estado), pero también por lo delicado del asunto. Este páramo es el más poblado de Colombia. Según el DANE, 6.300 familias viven allí.
Además de su densidad demográfica, su ubicación ha hecho que el páramo sea un enclave para la producción minera, especialmente de carbón. Aun así, el Ministerio de Ambiente debía convocar reuniones con toda la comunidad, incluidos mineros, para socializar sus planes y escuchar a los habitantes. La entidad hizo un par de reuniones en 2019, con la presencia de Corpoboyacá y Corporinoquía (encargadas de todos los asuntos medioambientales de los departamentos). En 2020, la pandemia emproblemó la organización de esos encuentros en diferentes municipios de Boyacá y el proceso quedó prácticamente congelado.
En el papel, sí se realizaron reuniones, pero fueron apenas dos por municipio durante todo el 2020, como se evidencia en el acta que lleva el Ministerio. El panorama no mejoró en 2021. Ya con medidas de bioseguridad más flexibles, solo hasta agosto de este año se reanudaron los encuentros, pero se programaron en siete de los 12 municipios vinculados al proceso. Todo indica que el 2021 tampoco será el año para lograr la delimitación. Vale recordar que la sentencia del Tribunal de Boyacá, la misma que declaró al páramo como sujeto de derechos y que tumbó la Corte Constitucional, le daba un plazo al Ministerio para que emitiera el documento con los detalles de la delimitación.
De no haberse tumbado, este año se habría tenido que publicar esa resolución con los límites y las coordenadas del páramo de Pisba. Por ahora, la delimitación sigue embolatada.
El problema minero
Si los interesados en cómo se va a delimitar el páramo de Pisba estuvieran repartidos en una balanza, de un lado estarían las empresas mineras y los trabajadores, y del otro, ambientalistas, académicos, campesinos y líderes de la comunidad, como Edilma Chía y Pedro Abel Castañeda, dos personajes centrales en la zona quienes han puesto en juego, incluso su seguridad, con tal de proteger el páramo. La pregunta de hacia dónde se inclinaría todavía no está clara en Colombia. Aunque la evidencia científica siempre ha reiterado que la minería en un páramo afecta el ecosistema (por la erosión, la inestabilidad del suelo y la contaminación del agua), en el país todavía existen títulos mineros que permiten esta explotación en zonas bajas del páramo (un problema más de no tener perfectamente delimitado el páramo). En Boyacá, el asunto es sensible porque a la balanza de los interesados, la atraviesa un problema social y económico.
La Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón) explica así la situación en el páramo de Pisba: si se delimita con las proyecciones estudiadas se perdería el 70% de la extracción en siete municipios; la región dejaría de recibir el 80 % de los ingresos que normalmente recibe por estas actividades (regalías calculadas en $16.231 millones de pesos); y se perderían, por lo menos, 2.000 empleos directos. Las cifras dan luces de las tensiones que en la región produce el tema de la delimitación. Los mineros con los que pudo hablar El Espectador en el páramo comparten la preocupación de Fenalcarbón, aunque su angustia se refleja en un tema mucho más personal: la subsistencia de ellos y de sus familias.
Por esa preocupación es que el Tribunal de Boyacá ordenó tener en cuenta su situación en cualquier proyecto de delimitación del páramo. De quedarse sin trabajo, el Estado debía proveerles ayudas para encontrar otro y brindarles alternativas para que pudieran subsistir. Pero los mineros denuncian no haber tenido el respaldo del Gobierno, sino que los propios campesinos defensores del páramo aseguran que esa ayuda jamás la han visto. Aunque a las reuniones que ha convocado el Ministerio de Ambiente la invitación ha sido extensiva a todos ellos, lo cierto es que en estrados judiciales, la entidad ha dicho que esos encuentros son “meramente informativos” y no consultivos ni de elaboración con la comunidad.
Si la Corte Constitucional no hubiera tumbado ese fallo, el Ministerio de Ambiente no habría tenido otra opción que concertar y construir la delimitación del páramo con la comunidad, respetando el derecho al trabajo y a un ambiente sano de todos sus habitantes.
***
Sin sentencia, sin delimitación y sin una solución para el problema minero, pero con la explotación vigente, el páramo de Pisba sobrevive como puede. Tiene a unos vigías, como Pedro Abel Castañeda o Edilma Chía. Ellos, que con honor dicen ser campesinos, siguen al pie del páramo pues son quienes, de primera mano, viven los estragos de su desprotección: no hay agua en las quebradas, las heladas queman sus cultivos y el calentamiento global les ha trastocado todos los procesos de la tierra. Ellos, más que nadie, saben que esos problemas los ha causado el hombre, una realidad que hasta agosto de este año despejó de dudas el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), compuesto por 243 científicos de todo el mundo.
Pedro y Edilma luchan, desde el campo, por acabar esos estragos, algo que ni el Estado ni sus entidades, ni los científicos, ni los jueces, han logrado hacer.
Este especial fue realizado por un equipo periodistas, diseñadores y realizadores de El Espectador para ese diario y CONNECTAS dentro de ARCO, con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.
Con el páramo de Pisba sin delimitar, la ausencia de ayuda estatal y las constantes luchas sociales entre campesinos, mineros y ganaderos, los campesinos de la zona han respondido al llamado de cuidarlo, sin vacilaciones. Pedro Abel Castañeda es el líder de un movimiento campesino que no solo busca proteger el páramo, sino también denunciar sus afectaciones.
