La llegada de “las máquinas”, como llaman los habitantes locales a las retroexcavadoras y dragas que hacen minería ilegal en la cuenca del Atrato, ha transformado la vida, el territorio y la cultura de quienes han convivido ancestralmente con estas tierras, provocando una crisis sin precedentes. Antes las familias se dedicaban a la minería artesanal de subsistencia, ahora, sin otras posibilidades de sustento, responden a los intereses de los dueños de los embalses mineros, en su mayoría extranjeros.

“La minería ilegal ha traído una serie de problemas al interior de las comunidades, del núcleo familiar, entre hermanos, entre vecinos. Ha traído enfermedades y ha sedimentado el río, pero también lo ha envenenado con mercurio”, asegura Américo Mosquera, uno de los catorce guardianes del río Atrato (siete hombres y siete mujeres, provenientes de varios rincones de la cuenca, que han tenido la titánica tarea de vigilar el cumplimiento de la histórica sentencia que nombró por primera vez en Colombia a un ecosistema como sujeto de derechos).

El máximo tribunal reconoció que las comunidades habían sufrido violaciones masivas y sistemáticas a derechos fundamentales como la vida, la salud, el agua, la seguridad alimentaria, la cultura, el territorio y al medio ambiente sano. Y que el Estado era responsable por su “conducta omisiva, al no realizar acciones efectivas para detener el desarrollo de actividades mineras ilegales”. Por lo que, en pocas palabras, determinó 13 órdenes impartiendo responsabilidades a cada una de las 26 entidades gubernamentales demandadas. Las cuatro principales buscaban: erradicar la minería ilegal en la cuenca, descontaminar las fuentes hídricas afectadas por el mercurio y otras sustancias tóxicas, desarrollar un plan de seguridad alimentaria y realizar estudios epidemiológicos y toxicológicos de los habitantes y el río. ¿Qué ha pasado con esas órdenes?

Los estragos de los dragones

Si los interesados en cómo se va a delimitar el páramo de Pisba estuvieran repartidos en una balanza, de un lado estarían las empresas mineras y los trabajadores, y del otro, ambientalistas, académicos, campesinos y líderes de la comunidad, como Edilma Chía y Pedro Abel Castañeda, dos personajes centrales en la zona quienes han puesto en juego, incluso su seguridad, con tal de proteger el páramo. La pregunta de hacia dónde se inclinaría todavía no está clara en Colombia. Aunque la evidencia científica siempre ha reiterado que la minería en un páramo afecta el ecosistema (por la erosión, la inestabilidad del suelo y la contaminación del agua), en el país todavía existen títulos mineros que permiten esta explotación en zonas bajas del páramo (un problema más de no tener perfectamente delimitado el páramo). En Boyacá, el asunto es sensible porque a la balanza de los interesados, la atraviesa un problema social y económico.

Las cicatrices que la minería ilegal deja en la cuenca del río Atrato se pueden ver a pocos minutos en lancha desde Quibdó. Riberas desnudas de vegetación, montañas de piedras en la mitad del cauce, retroexcavadoras destruyendo el lecho del río, campamentos mineros improvisados con palos y polisombra en las orillas y los conocidos “dragones” (dragas de succión que remueven los sedimentos del río en busca de oro) hacen parte del paisaje en la ruta hacia Río Quito, el afluente más afectado por este fenómeno.

Desde 1990, aseguran las comunidades, estas máquinas y las retroexcavadoras empezaron a ser cada vez más comunes, y ni la sentencia las ha frenado. Su llegada cambió totalmente la manera en la que tradicionalmente se hacía minería en el territorio. Antes, las mujeres duraban horas moviendo piedras con pedazos de metal y otras herramientas sencillas para obtener algunos gramos de oro. Ahora, en las máquinas, el oro es separado y amalgamado con mercurio, una de las seis sustancias químicas más tóxicas y peligrosas para la salud según la Organización Mundial de la Salud, que luego es vertida directamente al río. Como resultado, se destruyó como nunca el cauce del río, y el agua, el aire, los sedimentos, los peces y las personas terminaron contaminadas.

Por eso, una de las órdenes más importantes de la sentencia (en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) tenía que ver con el diseño y la implementación de un plan para descontaminar el río Atrato. Luego de varias fases de formulación, mesas de trabajo y convenios, que tomaron años, finalmente el 21 de diciembre de 2019 se entregó el plan de acción, concertado con las comunidades, en el que se incluyeron medidas como el restablecimiento del cauce del río, la eliminación de los bancos de arena formados por las actividades mineras, la reforestación de las zonas afectadas por la minería legal e ilegal y la reducción de las concentraciones nocivas de mercurio y otras sustancias tóxicas en zonas afectadas por la minería.

Sin embargo, se trata de un plan proyectado a 20 años, en el que, hasta ahora, la implementación de las acciones ha sido precaria. Así lo reafirma el último informe entregado por el Panel de Expertos y Asesores de la sentencia del río Atrato, entre los que se encuentran el Centro Sociojurídico Siembra, Dejusticia, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia y el Foro Nacional por Colombia, sobre el avance del cumplimiento de la sentencia: “Si bien el plan fue protocolizado en diciembre de 2019 (...) se considera que algunas de las acciones propuestas no atienden con la urgencia necesaria las necesidades establecidas en la sentencia”, señalan.

Al respecto, el Ministerio de Ambiente asegura que para la efectiva ejecución y funcionamiento del plan de acción se debe tener una fase de levantamiento de información y complementación de la línea base, con el fin de tener información “precisa y veraz” que permita la oportuna toma de decisiones. Es decir, aún se está haciendo el levantamiento de información inicial para poder ejecutarlo. “Sin este levantamiento se corre el riesgo de aplicar acciones sin sincronización y que no tengan el impacto esperado, o peor aún, aumentar la afectación sobre la cuenca”, aseguran.

Se destruyen corazas, pero no se acaba la minería

La sentencia también dictó una orden bastante ambiciosa: que dentro de los seis meses siguientes a su notificación, se debía establecer un plan de acción para “neutralizar y erradicar definitivamente las actividades de minería ilegal que se realicen no solo en el río Atrato y sus afluentes, sino también en el departamento del Chocó”. Aunque esta es una medida fundamental, pues si no se detiene la actividad que genera la contaminación es más difícil impulsar las acciones de recuperación, rehabilitación y restauración; la realidad es que, pese a las millonarias inversiones, los resultados son escasos.

El Ministerio de Defensa radicó dicho plan de acción “para lograr la neutralización y erradicación de la explotación ilícita de minerales en el Departamento de Chocó” el 5 de diciembre de 2017 en la Corte Constitucional. Aunque la sentencia establecía que estos planes de acción debían ser construidos en conjunto con las comunidades, no fue el caso, y los habitantes de la región aún no lo conocen. “Es de carácter reservado y de uso exclusivo para esta cartera”, aseguran desde el Ministerio.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional tras un derecho de petición, en todo el departamento de Chocó se han intervenido 499 minas, destruido 146 dragas y 44 retroexcavadoras entre 2016 y 2021. Sin embargo, no se entregaron datos específicos para la cuenca del río Atrato. Las comunidades y la misma autoridad ambiental del Chocó coinciden en que las medidas no han tenido muchos resultados. “Nosotros duramos tres meses organizando un operativo para destruir 10 dragas y ellos duran un mes armando otra, entonces eso es un juego de no acabar”, aseguran desde la Corporación Autónoma Ambiental de Chocó, Codechocó, máxima autoridad ambiental del departamento.

“Para nosotros eso es una farsa porque 15 días u ocho días antes de que la fuerza pública llegue ya los mineros saben que viene el operativo, entonces, cuando llegan los uniformados, destruyen algo que no tiene significado: es la coraza de las dragas y de las máquinas, porque ya todo lo de valor que estaba adentro y que utilizan para su funcionamiento los mineros lo sacaron”, insiste Bernardino Mosquera, guardián del río Atrato y líder comunitario de río Quito, el afluente más golpeado por la minería ilegal. Solo en la cuenca del río Quito la deforestación por minería pasó de 195 hectáreas en 2018, a 313 has en 2019 y 250 has en 2020, según datos de Codechocó.

Para el comité de expertos, el Ministerio de Defensa no ha acatado las instrucciones hechas por el Comité de Seguimiento del cumplimiento de la sentencia ni por el Tribunal en los años de la implementación del fallo. “La orden se encuentra en un estado crítico de incumplimiento”, aseguran. Consultado por este diario, la cartera ministerial reiteró que este era un tema de seguridad nacional y, en consecuencia, no podía compartir información.

Sin otras fuentes de sustento

Sin embargo, si las comunidades identifican a un gran ausente se trata del Ministerio de Agricultura. Aunque sobre sus hombros recae también una de las órdenes fundamentales de la sentencia, que tiene que ver con la generación de alternativas productivas diferentes a la minería ilegal —para que los habitantes puedan desarrollar procesos productivos sostenibles que tengan en cuenta la vocación del territorio—, en palabras de las comunidades la cartera estuvo durante los tres primeros “desaparecida”.

“El ministerio de Agricultura ha sido el último que se ha sentado con nosotros, y nosotros consideramos que la orden séptima es una de las más importantes de la sentencia. El fallo está desde el 2016, y estamos en el 2021 y apenas estamos mirando cómo terminamos el Plan de Acción con esta cartera”, asegura Alexander Rodríguez Mena, otro de los guardianes del Atrato. A lo que se refiere es a que solo hasta octubre de 2019 se dieron los primeros pasos para iniciar un proceso de participación con las comunidades que permitiera la construcción conjunta del plan de acción y, hasta el momento, solo se han entregado cinco “documentos previos” que no cuentan con indicadores, metas ni tiempos de ejecución. De acuerdo con la cartera de Agricultura, “aún se encuentra pendiente la validación, aprobación y adopción del plan de acción, (…) actividades que deben ser lideradas por este Ministerio”.

Las afectaciones del mercurio en la salud

El uso de mercurio y otros metales pesados en la extracción ilegal de oro también está afectando la salud de los habitantes del río Atrato. “Yo creo que atrateño sin mercurio en el cuerpo no hay. Porque nuestro pescado está contaminado, y es una de las fuentes principales de alimentación de nosotros”, asegura la líder comunitaria Fanny Rosmira Cely, a quien hace unos años alertaron sobre la presencia de mercurio en su cuerpo.

Con la sentencia, la Corte Constitucional ordenó la realización de estudios epidemiológicos y toxicológicos para conocer, de primera mano, las condiciones del mercurio en los cuerpos de los habitantes del Atrato, río que recibe anualmente alrededor de 60 toneladas de mercurio según la organización Mercury Watch. Aunque el Ministerio de Salud, con el apoyo de la Universidad de Córdoba y la Universidad Tecnológica de Chocó, ha realizado mediciones en habitantes de distintos municipios de la cuenca del río Atrato (valoraciones médicas, pruebas neuropsicológicas, medición de coeficiente intelectual, entre otras), los resultados aún no han sido publicados. “Los resultados validados y aprobados con la supervisión no están disponibles aún”, afirmaron desde la cartera de salud.

Si bien a las personas que se encontraban altamente contaminadas con mercurio se les informó directamente sobre su estado, y se les hicieron unas recomendaciones sobre qué peces dejar de consumir, hoy sienten que las acciones se quedaron a mitad de camino y no se cuentan con tratamientos de manejo o desintoxicación. “Después de que se hace el estudio, no está la ruta de implementación de las personas que salieron con mucha toxicidad en orina, sangre y cabello por contaminación con mercurio. Hay gente que salió con unos niveles extremadamente altos y hoy no tienen una ruta de atención”, explica uno de los guardianes del río Atrato, Bernardino Mosquera.

¿El cumplimiento de la sentencia? Ineficiente

En junio de 2019 la Contraloría General realizó una evaluación sobre el cumplimiento de la sentencia T-622. Su calificación final arrojó que, en conjunto, todavía no se contaban con los controles adecuados para hacer frente a los riesgos que pueden afectar la protección, conservación, mantenimiento y restauración de la cuenca del río Atrato. Por lo que la implementación de la misma era “Ineficiente”.

Como lo mencionaron también los guardianes del Atrato, la Contraloría encontró que el Plan de Acción ordenado por el alto tribunal, que incluye el restablecimiento del cauce, la eliminación de los bancos de arena y la reforestación de las zonas afectadas por la minería legal e ilegal, aún no se ha puesto en marcha. Asimismo, encontró que el avance en el cumplimiento de la orden octava, en la cual se determina el grado de contaminación por mercurio y otras sustancias tóxicas de los afluentes y las comunidades, así como las afectaciones en la salud, siguen siendo incipientes.

Las conclusiones del Panel de Expertos y Asesores de la sentencia del río Atrato en su último informe, entregado en mayo de 2021, son similares: “Después de tres años y medio de estar en firme la sentencia, no se evidencia una puesta en marcha de acciones decididas y efectivas para cumplir con estas responsabilidades constitucionales, es decir, los resultados de las acciones implementadas a la fecha no indican cambio en las condiciones de bienestar de la población ni del río como sujeto de derechos que generó la sentencia”, señalan.

Pese a estos vacíos, los guardianes y habitantes de la cuenca del río Atrato siguen siendo optimistas. “La Corte Constitucional ha puesto al mundo entero a que lleve su mirada al departamento del Chocó”, asegura el guardián Alexander Rodríguez. “Finalmente, están obligados a cumplir. ¿Cuándo lo van a hacer? No sé, pero algún día. Entonces si en tantos años no han avanzado con eso, vamos a interponer el desacato y vamos a utilizar todas las vías jurídicas que tenemos”.

Este especial fue realizado por un equipo periodistas, diseñadores y realizadores de El Espectador para ese diario y CONNECTAS dentro de ARCO, con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.