En 2018 la Corte Suprema de Justicia declaró que la Amazonía colombiana es sujeto de derechos. Se trató de un fallo celebrado por la comunidad nacional e internacional por tratarse de la primera sentencia judicial en el mundo en proteger a este importante ecosistema. El Espectador constató que, en buena medida, la sentencia no ha trascendido lo allí consignado y a las comunidades directamente afectadas les ha traído más dificultades que beneficios. La sentencia llegó por cuenta de una tutela promovida por 25 niños y jóvenes en la que pedían amparo a su derecho “como generación futura” a la vida digna, a la salud, a la alimentación, al agua y a gozar de un medio ambiente sano, pues los bosques y selvas de esta vasta región desaparecen sin freno. En este texto se explica cómo va la implementación de este fallo, célebre por ser el primer pronunciamiento judicial en Colombia sobre la urgencia de actuar frente a la crisis climática.
Vista desde arriba, la Amazonía es un gran tapete verde. Por él serpentean ríos que, por siglos, les han servido de comunicación y sustento a las comunidades que vivían allí antes de que se pronunciara la primera palabra en español. Pero no es lo mismo ver desde el aire a Leticia que a San José del Guaviare. En la primera el tapete se extiende hasta más allá de la línea de horizonte, solo interrumpido por la gran transversal que es el río Amazonas. En San José el tapete tiene parches de distintos colores: cultivos y fincas ganaderas que limitan con áreas protegidas. Lo mismo ocurre con Florencia, Mocoa, Puerto Inírida y otras capitales de la región: guardan semejanzas, pero son más las diferencias.
En donde se pregunte, los líderes saben qué es la sentencia 4360: el fallo que busca que a ese gran tapete dejen de rasgarlo a pedazos. La decisión en que la Corte Suprema dijo: “Resulta claro, pese a existir compromisos internacionales, normatividad y jurisprudencia sobre la materia, el Estado colombiano no ha enfrentado eficientemente la problemática de la deforestación en la Amazonía”. En 2020, sin embargo, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y el Ministerio de Ambiente, registraron que la tala ilegal en Colombia creció un 8 % respecto del año anterior. Y la Amazonía, aún con los mismos derechos que una persona, concentró el 63,7 % de todo lo deforestado en el país.
Por eso niños y jóvenes de toda Colombia pidieron que el Estado tome acciones para enfrentar el fenómeno, que tiene una relación cada vez más demostrada con el cambio climático. La concentración de gases de efecto invernadero (GEI), como el dióxido de carbono, en la atmósfera es una de las principales causas asociadas a la crisis climática. Y, a la vez, los bosques están entre los principales retenedores de carbono: la vegetación almacenó el 31 % del dióxido de carbono emitido por los humanos en la última década, según concluyó el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) este año. A más bosques, menos gases en la atmósfera, con lo cual conservarlos es crucial para aminorar los efectos del cambio climático.
La Corte escuchó a los jóvenes e impartió cinco órdenes para hacerle frente a la destrucción de los bosques en esta región. Pidió al Gobierno un plan de acción que contrarreste el fenómeno. Ordenó la elaboración de un pacto intergeneracional por la vida del Amazonas colombiano. Asimismo, que todos los municipios y departamentos de la región actualicen sus planes de ordenamiento territorial para incluir estrategias de reducción del flagelo y que las corporaciones autónomas regionales (CAR), máximas autoridades ambientales, elaboren planes de acción contra la deforestación. Y, por último, dio una orden más amplia a todas las entidades demandadas: incrementar sus acciones para frenar la deforestación.
Dos años más tarde, es poco lo que se ha cumplido. De hecho, Dejusticia, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública (MASP) de la Universidad de los Andes, tres organizaciones que han participado de este proceso desde su inicio, le pidieron recientemente a la justicia “declarar que no han existido avances significativos en el cumplimiento de la sentencia” y “que, en general, las autoridades responsables han incumplido las órdenes del fallo de tutela”. El juez de primera instancia de esta tutela revisó a finales de 2020 todas estas posiciones y concluyó que, en efecto, el fallo no se está cumpliendo, pues según explicó, acatar la sentencia era una tarea “titánica”.
Para la Sala de Restitución de Tierras del Tribunal de Bogotá, que son los jueces a cargo del seguimiento, esta tarea debe incluir a todos los estamentos del Estado y a las mismas comunidades. “La verificación de que ello tenga lugar no puede quedar únicamente en manos del Tribunal, pues éste no sólo no cuenta con el conocimiento técnico suficiente para ello, sino que, al igual que muchas de las entidades que aquí participan, también enfrenta problemas de recurso humano”. Así, en lugar de declarar en desacato a todas las instancias llamadas a cumplirla, que habría servido para extremar la presión de seguir las órdenes de la Corte —incluso, podría significar prisión para quien incumpla—, los jueces ordenaron crear una mesa de seguimiento y otra de implementación, además de un comité de expertos que asesora de manera técnica a las demandadas.
El 5 de abril de 2018, la Corte Suprema de Justicia declaró a la Amazonía como sujeto de derechos.
Foto: Rodrigo Botero
Una sentencia pensada desde Bogotá
La sentencia de la Corte Suprema llegó a una Amazonía que ya tenía conflictos jurídicos. Como explicó Giovanny Garcés, alcalde de Calamar (Guaviare), uno de los más de 50 municipios que hoy tienen que responder a la sentencia: “En nuestro territorio convergen muchas situaciones: Somos zona de reserva campesina, tenemos zona de reserva forestal, pueblos indígenas, comunidades afros y, obviamente, dentro de nuestro territorio está el Parque Nacional Natural de Chiribiquete, que es patrimonio mixto de la humanidad”. Al salir del despacho del alcalde, ubicado en la plaza central, basta con desplazarse unos 20 minutos hacia la zona rural y allí ya se divisan en el horizonte los icónicos tepuyes de Chiribiquete. Al lado, donde hasta hace poco había selva, hoy hay ganado.
El panorama es similar en el resto de la región, pues la Amazonía concentra el 66 % de los bosques de Colombia. Por ejemplo, en Guaviare está la Reserva Natural Nukak, que tiene el mayor nivel de protección ambiental que puede otorgar el Estado colombiano. Ni siquiera está permitida la entrada al público. A sus alrededores, hay zonas de amortiguación de impactos ambientales, donde se pueden realizar actividades como ganadería y agricultura. En ellas se pueden crear zonas de reserva campesina, territorios de bosque colonizado en los que se propende por el desarrollo sostenible. Pero la reserva, a su vez, es vecina del resguardo Nukak Makú, hogar y sustento de un pueblo indígena que inicialmente era nómada y hace décadas se asentó allí.
Por eso al preguntar en la región por la sentencia, “la 4360” como la llaman líderes y funcionarios con propiedad, las caras se alargan y a un gran suspiro le siguen quejas y quejas. “A esa sentencia le hace falta todo. Porque la hicieron detrás de un escritorio, desconociendo el territorio. Les hace falta ponerse las botas y caminar qué es lo que hay que proteger”, comentó Mayerli Pinilla, lideresa, campesina y presidenta de las juntas de acción comunal de Retorno (Guaviare). Sentada al frente de su oficina, en la calle principal del pueblo, Pineda explicó que la sentencia lo único que le ha traído a su comunidad es desalojos y las capturas de sus vecinos, que terminan en procesos penales por delitos ambientales.
Según el Ideam y el Ministerio de Ambiente, las principales causas de la deforestación son: la praderización para el acaparamiento de tierras, las malas prácticas de ganadería extensiva, la infraestructura de transporte no planificada, los cultivos de uso ilícito, la extracción ilícita de minerales, la tala ilegal de madera y la ampliación de la frontera agrícola en áreas no permitidas. Todos estos factores se reportan en la Amazonía. Y basta con salir a las zonas rurales de los municipios para constatar que los bosques cada vez están más retirados. Mientras tanto, en las vías del Guaviare lo que más se ve son camiones de ganado. Y en otras zonas, aumentan la minería y los cultivos de coca, azuzados por actores armados como disidencias de la extinta guerrilla de las Farc.
Según las cifras del Ideam y del Ministerio de Ambiente, Guaviare es el segundo departamento de la Amazonía más deforestado de Colombia. Su trasfondo es uno que toca fibras sensibles, pues no existen denuncias concretas ni investigaciones judiciales para entender su alcance. Sin embargo, desde hace dos años existen en el alto gobierno dos documentos que muestran un panorama de lo que sucede en el Guaviare. Líderes locales, funcionarios públicos y expertos le contaron a las autoridades que la causa más clara de la deforestación es la acumulación de tierras impulsada por terratenientes. Y que tras estos movimientos estarían vinculados poderosos políticos y empresarios.
Entre ellos, el exgobernador de Guaviare, Nebio Echeverry Cadavid, un terrateniente cercano al exgobernador Saúl Aguirre; Jorge Gaitán, un empresario de la palma del Meta, y Ramón Rojas, otro hombre de negocios con varios contratos con el departamento. Todos han negado tener nexos con la feroz deforestación que consume al departamento. Pese a que todas las denuncias han estado en la Procuraduría y Defensoría, al menos durante los últimos dos años, las investigaciones no han avanzado. El Espectador consultó por el tema, pero no obtuvo respuesta. Además del Ministerio Público, que debe actuar solo frente a asuntos disciplinarios, los primeros llamados a actuar ante la situación de deforestación, son las corporaciones autónomas regionales. Su posición es complicada y, dicen, no dan abasto.
“Los grupos organizados, los acaparadores de tierra, el tema de ganadería extensiva en área de reserva, ellos están invirtiendo mucha más plata que la que nosotros tenemos”, explicó Elizabeth Barbudo, directora de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA), sin señalar nombres. Según dijo, el plan de acción que diseñaron para cumplir con las órdenes de la Corte les costaría $40.000 millones, pero el presupuesto que les asignó el Gobierno para este año apenas llega a los $13.000 millones. Con lo que tienen, y apoyados en cooperación internacional, han logrado acuerdos de conservación con familias campesinas y han iniciado otras iniciativas que contribuyen a frenar el fenómeno.
Mientras tanto, el Gobierno solo hace presencia en la Amazonía “con garrote, a través del Ministerio de Defensa”, comentó una fuente de una entidad del Estado que sigue de cerca el proceso, pero que pidió no ser nombrada pues no puede dar declaraciones. Se refiere a la Operación Artemisa, operativo de las Fuerzas Militares puesto en marcha por el presidente Iván Duque en abril de 2019. Según Duque, se trata de una “gran ofensiva por la protección del patrimonio ambiental”, y ha sido la bandera frente a su obligación de proteger el ecosistema, que abarca ocho departamentos. Sin embargo, Dejusticia, la CCJ y la Clínica MASP lo ven distinto. Según escribieron recientemente en seguimiento a la sentencia, hay dos fallas centrales a este enfoque militar en la deforestación.
La primera se refiere a que las intervenciones de las autoridades se han enfocado en frenar la deforestación en lugares en donde esta práctica significa el sustento para muchos campesinos, y hay pocos esfuerzos por intervenir zonas en donde la tala de la selva es aprovechada por terratenientes o personas más poderosas. Y la segunda tiene que ver con la denuncia de varias irregularidades en las capturas y judicializaciones de campesinos. “La destrucción de bienes sin contar con una orden, la ausencia de asistencia legal a la hora de aceptar cargos, la separación de las familias cuando hay menores de edad, la imposición de medidas que los obligan a desplazarse sin tener en cuenta su vulnerabilidad”, escribieron las organizaciones. Consultado por este diario, simplemente recordó que se trataba de un tema de seguridad nacional y no podía dar más información.
Incumplimientos al Acuerdo de Paz
“Nosotros le apostamos a dejar las matas de coca por compromisos que el Gobierno nos hizo. Pero no fue así. Nos pagaban cuando se les daba la gana”. Así se refiere el líder campesino Olmes Rodríguez al Programa de Sustitución de Cultivos (PNIS), uno de los puntos neurálgicos del Acuerdo de Paz, firmado entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc en 2016. Cinco años después de la firma, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga (Unodc), aunque los cultivos de coca se han reducido en el país, la producción de pasta de coca aumentó. La reducción de cultivos se debió, en parte, a la sustitución: campesinos como Olmes Rodríguez que se comprometieron a dejar la coca y emprender proyectos productivos.
La Consejería Presidencial para la Estabilización, a cargo de implementar el PNIS, reporta que en un 98 % los campesinos cumplieron su parte. Sin embargo, reconoce que los recursos se han quedado cortos: para 2020 se tenía pensado que la sustitución contara con más de $1.388.890 millones, pero el Gobierno solo le asignó $191.000 millones. En lugares como El Capricho, corregimiento de San José del Guaviare, los cultivadores dicen que solo ellos honraron lo firmado. Rodríguez, presidente de juntas de acción comunal allí, ve una relación entre el incumplimiento y la deforestación: “Los campesinos se siguieron metiendo al fondo de la selva a deforestar para sembrar coca porque, de una u otra forma, tienen que buscarse la comida y, ¿qué más que un kilo de coca, que se lo pagan a usted a un precio mayor que cualquier producto?”.
En el Acuerdo de Paz había otros puntos clave para controlar la deforestación en lugares donde históricamente no ha llegado el Estado, sino, tal vez, solo con la fuerza. Por ejemplo, el catastro multipropósito, que prometía ser un inventario de todos los predios en Colombia, donde se especificará quiénes son los dueños, tenedores, poseedores y ocupantes. Sin embargo, según el informe de Dejusticia, la CCJ y la Clínica MASP, este importante instrumento “se encuentra fuertemente retrasado” y el Gobierno continúa en la consecución de los recursos para ponerlo en marcha. Hoy en el país no se sabe quién es dueño de la tierra: si el Estado, los campesinos o los acaparadores que destruyen cientos de hectáreas de selva en total impunidad. Mientras la Amazonía continúa desapareciendo, las órdenes de la Corte Suprema parecen no cumplirse y las mesas que crearon los jueces aún no se ponen de acuerdo sobre cosas tan básicas como los indicadores para medir qué tanto, o no, se ha implementado.
Este especial fue realizado por un equipo periodistas, diseñadores y realizadores de El Espectador para ese diario y CONNECTAS dentro de ARCO, con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.
La sentencia 4360, que le concedió derechos a la Amazonía para frenar la deforestación, es bien conocida por los campesinos de la región. No por sus bondades, sino porque les ha traído mayores desafíos a sus modelos de vida.
