Las campañas sucias en redes sociales no son cosa nueva, pero esta investigación de Verdad con Tinta y CONNECTAS, con el apoyo del ICFJ, logra documentar cómo se han financiado con el erario boliviano. Los ataques de desinformación salían directamente de las oficinas del propio Gobierno Departamental de Tarija, de acuerdo con testimonios de personas implicadas, cotejos de direcciones IP, análisis de redes sociales y documentos oficiales.

Además, esta investigación tuvo acceso a un informe solicitado por la Asamblea Legislativa tarijeña a la Gobernación, que refleja contratos irregulares con once medios que figuran en los presupuestos oficiales, entre servidores públicos trabajando al mismo tiempo para medios de comunicación, medios inexistentes y hasta páginas simples de Facebook que se hacen pasar por medios establecidos.

La Dirección de Comunicación del Gobierno Departamental de Tarija gastó, en la gestión del gobernador Adrián Oliva Alcázar, más de 879.705,46 dólares en publicidad y propaganda entre los años 2020 y 2021. De estos recursos, 450 mil bolivianos (64.655 dólares) fueron directamente a publicidad en Facebook, lo que viene a ser el 5 por ciento del total del presupuesto de esos dos años, según información oficial.

Aunque el porcentaje no suene estratosférico, esta proporción se otorgó a una sola empresa, Cisneros Interactive, con quien se tercerizó el contrato y por lo cual no es posible saber cuáles publicaciones se promocionaron.

También se detectó otra inversión de 64.527 dólares en publicidad en el primer trimestre de la gestión 2021 mediante órdenes de servicio que no pasan por filtros de fiscalización. El tiempo en el que se utilizaron estos recursos coincidió con el periodo electoral y, en el caso de Tarija, el gobernador de ese entonces iba por la reelección.

Aquí se presentan los detalles de esta fábrica de desinformación operada con recursos públicos.

Páginas duplicadas

La denuncia de La Voz de Tarija fue presentada a la Policía Boliviana, donde se indica que clonaron su página de Facebook, poniendo su imagen, logotipo, su fotografía de portada, su número de contacto e incluso direccionando desde allí a su sitio web. “Con el único afán de tratar de pasar desapercibidos y cometer sus fechorías”, acusa.

En su denuncia, revelada aquí por primera vez, La Voz de Tarija identifica el IP del Gobierno Departamental. Para este reportaje se contactó a un perito informático que ya había realizado un rastreo a esta página a encargo de una empresa en particular, la cual también había sido perjudicada por sus publicaciones.

El perito informático confirmó que esta página clonada era administrada desde las oficinas del Gobierno Departamental de Tarija ubicadas en el edificio principal.

El forense que hizo este trabajo, confirmó que las direcciones IP que obtuvieron en la investigación las casaron “con el pool perteneciente a la Gobernación”, lo que significa que desde allí se administraba la página clonada de La Voz de Tarija.

El informático aclara que todas las técnicas que utilizó son “totalmente legales”, tomando en cuenta las leyes bolivianas. Por cuestión de seguridad, pidió que se mantenga la reserva de su nombre.

Verdad con Tinta verificó el proceso, pues al revisar los datos y acudir a las oficinas de la Gobernación se comprobó que la dirección IP desde donde salieron las supuestas noticias de La Voz de Tarija es de esta institución estatal.

La página duplicada habría sido creada el 15 de noviembre de 2019 y su última publicación fue el 10 de marzo de 2021, tres días después de la elección. Pero junto con la página clonada de “La Voz de Tarija” hubo otras creadas en Facebook como “Anonymous Tarija” y “No al Pasado-Tarija”, que fueron parte de la denominada “guerra sucia” del entonces gobernador contra sus rivales políticos: Creadas alrededor del mismo tiempo y abandonadas sin publicaciones días antes de la elección.

Desde estas páginas fueron lanzadas una serie de desinformaciones que se difundieron con publicidad pagada en Facebook e Instagram. En esta investigación se ha podido establecer que los recursos para generar la desinformación venían de la Gobernación, así como la publicidad directa en medios de comunicación.

Sin embargo, faltaría saber si los recursos pagados a Cisneros Interactive también se usaron para promocionar el contenido replicado por terceros y, así, fuera más visto en Facebook. Se trató de contactar varias veces a Cisneros Interactive, pero no se tuvo respuesta hasta el cierre de edición.

Más testimonios prueban que los ataques vinieron desde la Gobernación. “He presentado —a la Fiscalía— la fuente del servidor del que salía esta desinformación”, revela María Lourdes Vaca Vidaurre, ex asambleísta y quien fuera una de las más afectadas por estos ataques políticos en las redes sociales. Recibió amenazas contra sus hijos y los ataques asegura venían de páginas y cuentas falsas relacionadas con la Gobernación.

Vaca fue asambleísta departamental entre 2015 y 2021, una de las principales opositoras a la gestión del gobernador Adrián Oliva. Su denuncia por acoso político fue rechazada, porque le exigieron contratar un perito informático para cruzar los datos que había presentado. Ella luego lo hizo y comprobó que las publicaciones eran realizadas desde las oficinas de la Dirección de Comunicación de la Gobernación.

Incluso, recuerda que encontró “infraganti” a un funcionario de esa institución haciendo memes contra ella cuando ingresó de sorpresa a las oficinas de Comunicación como parte de su fiscalización.

“Había un área ahí donde específicamente estaban creando memes”, confiesa Vaca a Verdad con Tinta, quien, tras la derrota electoral de Oliva, ocupa el cargo de secretaria de Desarrollo Humano en la nueva gestión de la Gobernación.

Sobre el particular, el último director de Comunicación de la Gobernación de la gestión de Adrián Oliva, Marcelo Sánchez Campero, negó esto. “La Dirección de Comunicación no hacía ese trabajo que usted afirma”, fue su respuesta sobre estas denuncias que él asegura son “falsas”.

Contrariamente a la postura de Sánchez Campero, otra exdirectora de esta dirección en la gestión de Oliva, Daniela Rodríguez, quien estuvo entre 2017-2018, afirma que sí se tenían funcionarios públicos que se dedicaban a generar contenidos y desinformación en las redes sociales.

“Había un guerrero digital que se encargaba de las respuestas políticas, de hacer memes y viralizarlos”, revela.

Rodríguez asegura que en la Dirección de Comunicación había un equipo de redes sociales dividido en quienes se encargaban de las páginas oficiales, otros a cargo del Facebook del gobernador y un grupo de dos funcionarios “que se encargaban de la guerra sucia”.

En las entrevistas realizadas con seis exfuncionarios de la Gobernación se constató que se ejercía presión laboral para publicar, denunciar y compartir en redes sociales la información que salía de esas cuentas, no solo en la Dirección de Comunicación, sino en todas las dependencias.

Un extrabajador de la Secretaría de Coordinación dice que cada funcionario debía compartir y comentar contenido desde tres cuentas diferentes en Facebook.

“Nos reunieron y nos dijeron que cada uno debía crear dos perfiles aparte del suyo”, contó el exfuncionario. No había un instructivo oficial, solo la voz de las encargadas de recursos humanos, cuyo condicionante lo tenían claro.

A los funcionarios se les recordaba que “los estaban vigilando”. Así fue, el joven trabajador no compartió contenido político ni creó dos perfiles como le habían instruido y no le renovaron el contrato. Por seguridad, esta persona pidió reserva de su nombre.

Otro exfuncionario de la Secretaría de Desarrollo Humano mostró las capturas de pantalla de los grupos donde se les daban estas instrucciones.

“Comentar en la publicación frases como: Mientras algunos dan barbijos y cuidan la salud, otros hacen aglomeraciones ¿Exponen a los niños y así pretenden gobernar?”, decía el texto de la instructiva en el grupo de WhatsApp. Adjunto había un enlace a la nota de prensa donde debían colocarse los citados comentarios.

Este funcionario afirma que estaba en un grupo interno del Sedes, pero negó haber dado directrices a los trabajadores para publicar en Facebook como se ve en las capturas de pantallas presentadas por los mismos extrabajadores.

“Nunca hice ese tipo de… yo publico cosas que creo que son convenientes, pero decir a alguien que haga esto o el otro, no”, dice en su descargo.

Sin embargo, Verdad con Tinta pudo ver en esos chats directrices más duras, cuya instructiva era poner “Me enoja” a ciertas publicaciones y criticar o denunciar a determinados actores políticos, incluyendo la burla o desinformación.

La mayoría de estos trabajadores tenían contratos externos, es decir, por un tiempo determinado, generalmente de tres meses, situación que se convertía en una condicionante al control político. “Los estamos vigilando”, era la frase que se hacía eco en los pasillos gubernamentales.

En la Dirección de Comunicación había hasta 40 funcionarios, 20 de ellos estaban con contratos temporales, cita el informe oficial de esta instancia.

Para constatar que las fuentes consultadas en este reportaje sí estaban en la Gobernación, se les pidió sus contratos laborales. También se consiguió las listas de funcionarios que trabajaron entre el 2020 y el primer semestre de 2021 por medio de las direcciones de Comunicación y Recursos Humanos que confirmaron la autenticidad de las mismas.

Con base en estas declaraciones, se hizo el análisis de una de las publicaciones de la página de Facebook de Adrián Oliva en la recta final de su candidatura.

Además, en esta investigación se encontraron medios de comunicación que tenían contratos de publicidad y, a la vez, sus miembros eran funcionarios de la misma Gobernación, lo cual es ilegal de acuerdo con la Ley de Administración y Control Gubernamentales de Bolivia.

Este es el caso del “Estado Digital”, un periódico que no produce contenido propio y que solo replicaba notas de prensa de la Gobernación, de otros medios y material propagandístico. Este medio se benefició con un total de 6.896 dólares en contratos por publicidad.

Una de sus periodistas era funcionaria de la Secretaría de Economía y Finanzas de la Gobernación, según se constató con la Dirección de Recursos Humanos.

“La señora Milagro G. fue contratada como consultor en línea desde agosto de 2018 hasta diciembre de 2020”, dice la información brindada desde Recursos Humanos a Verdad con Tinta.

Esa misma persona fue implicada este 2021 en un caso de desobediencia a las restricciones por la pandemia de covid-19, quien en su intento de evitar su arresto mostró su credencial de “periodista”, donde se presenta como parte del “Estado Digital”.

Sobre el particular, una extrabajadora de la Dirección de Comunicación confirmó a Verdad con Tinta que ella también habría sido llamada una vez desde la Secretaría de Economía para hacer un trabajo para El Estado Digital.

Al respecto, la propietaria de El Estado Digital, Silvia Correa, argumenta que la funcionaria en cuestión no trabajaba dentro de este medio de comunicación, sino que les “colaboraba” para “algunas cosas de marketing”. Sobre los contratos que tenían con la Gobernación, dice que era por publicidad explícita “para mostrar las obras que entregaba el gobernador Adrián Oliva”. Se le preguntó específicamente si esa funcionaria hizo publirreportajes pagados por la Gobernación, pero también negó esta posibilidad.

En el informe presentado a la Asamblea, también puede verse otro tipo de irregularidades en los contratos, con medios que solo tienen su página de Facebook y no producen contenido propio, sino que replican de agencias o comparten notas institucionales e incluso desinformación.

Hay beneficiarios que administran entre dos o tres páginas en Facebook y por cada una de ellas tenían un contrato. Una vez más, pese a que no producían contenido.

Verdad con Tinta tuvo acceso a los contratos de publicidad de la Gobernación y allí encontró más inconsistencias. Entre los supuestos medios beneficiados figura “El Informante”, pero no se encontró dominio web alguno, ni página en las redes sociales.

Sí existe “El Informante Bolivia”, pero no es de Tarija, ni de Adrián V., quien figura como beneficiario en el contrato firmado por 2.155 dólares. El propietario de este medio es Pascual Mamani Marca, quien niega cualquier tipo de publicidad que se haya recibido de la Gobernación tarijeña.

Sobre el uso del recurso público en Facebook y la desinformación generada desde las oficinas de la Gobernación tarijeña durante la gestión de Adrián Oliva, se contactó al exdirector de Comunicación, Marcelo Sánchez Campero, quien asegura que todo el contenido elaborado en esta instancia fue “institucional”. Ver respuesta completa aquí

“La campaña electoral siempre estuvo separada de los procesos políticos”, afirma.

El exfuncionario indica que había una planificación para la difusión de información. “No se generaba ningún tipo de desinformación, más bien, se hacían conocer las diferentes actividades referentes a programas y proyectos que se ejecutaban en su momento”, responde.

Sobre los contratos, Sánchez dice que la Dirección de Comunicación trabajaba con medios digitales establecidos en el rubro con los requisitos “indispensables” en la Fundación para el Desarrollo Empresarial (Fundempresa), como una constancia de que “sí tenían sus webs correspondientes”.

Sin embargo, el informe de la misma Gobernación indica que no todos los medios tenían contratos formales y que se emitieron órdenes de servicio que no pasaban los filtros mencionados. Además, en el seguimiento a los medios beneficiarios se pudo constatar que no todos contaban con páginas web como asegura el exdirector de la gestión de Oliva.

También se buscó al mismo exgobernador Adrián Oliva, quien no respondió las consultas enviadas a su cuenta oficial y cuyo entorno derivó la entrevista al exdirector de Comunicación.

¿Quiénes decidían? La exdirectora de Comunicación de la Gobernación de Tarija, Daniela Rodríguez, revela a Verdad con Tinta que no se hacían estudios de audiencia, antigüedad de medios o contenido. La decisión solo pasaba por los filtros políticos del gobernador Oliva, el entonces asambleísta Willman Cardozo en la región del Chaco y del asambleísta –después candidato– Daniel Carvajal en Bermejo, además de un asesor comunicacional que también ocupó el cargo de director.

“Había medios que ni conocía si existían, pero ellos decidían”, afirma.

Después de denunciar irregularidades y no recibir la respuesta esperada, Rodríguez cuenta que decidió renunciar, además que se negó a firmar contratos que a su parecer no tenían sustento legal.

El docente y consultor en Tecnología de la Información, Marcelo Durán, contó a Verdad con Tinta que fue convocado el 2015 y 2016 por Juventudes del MAS para capacitar técnicamente a jóvenes militantes.

“Dí una serie de cursos especialmente en Cochabamba a las juventudes del MAS y en La Paz a todo el personal del Viceministerio de Comunicación, eso con miras al 21 de febrero que fue el referéndum de modificación constitucional. Eso me tocó ver, pero sé que hubo capacitaciones en Tarija, en Santa Cruz y en otros lugares del país”, relata.

El duro revés del entonces presidente Evo Morales Ayma en 2016 con los resultados del referendo que impedían su reelección hizo que este culpara a los medios de comunicación y a las redes sociales de desprestigiarlo a él y a su gestión.

“Estamos mejorando y hay que seguir mejorando, guerra digital, una guerra mediática es una obligación”, manifestó en 2018.

Con base en los discursos de Morales, surgió la denominación de “guerreros digitales” a los militantes cuyo fin, según el Movimiento Al Socialismo (MAS) era combatir “la mentira” en las redes sociales.

El especialista explica que estas personas fueron capacitadas en el manejo de redes sociales para crear una página, un perfil, un grupo, cuántos amigos pueden tener, cómo comprar publicidad, cómo segmentar anuncios, cómo crear contenido, cómo usar alguna aplicación para gestionar usuarios, como aparecer en Google, manejo de Wordpress, cómo funcionan los hashtags. “Todo lo que tienes que saber para estar en internet”.

Pero considera que quienes antes capacitó — algunos de los primeros guerreros digitales — ahora tienen un objetivo comunicacional que es “disminuir al opositor” para amplificar su propio mensaje.

Uno de los problemas que identificó Durán en este proceso es la jerarquía, es decir, había personas que solicitaban informes. “Se pedían desde arriba. Por ejemplo, si yo te digo que tu publicación ha sido compartida 5.000 veces, tú dices: ‘¡wow qué bien!’, claro, una compartí yo y 4.999 en grupos, pero mi informe dice que fueron 5.000”, ejemplifica.

Acota que el tema de “inflar seguidores” o de crear cuentas falsas no era por estrategia, sino por el informe que debían presentar los funcionarios estatales para decir “mire jefe, mire todo lo que he logrado”.

Al culminar estas capacitaciones, esos grupos se fueron “multiplicando”. El académico revela que se fue alejando de este proceso cuando el objetivo estaba “cambiando”, pues más que luchar contra la desinformación, se empezaba a “propagarla”.

Con el pasar de los años, la lógica de los guerreros digitales se fue utilizando en los gobiernos regionales, incluso aquellos opositores al propio MAS, como fue el caso de Tarija. Aquí, la nube digital terminó por esfumarse: el gobernador más popular de Bolivia en las redes sociales quedó tercero en la elección regional, lejos del resultado esperado y de lo que las redes supuestamente decían, pero a la vez más cerca de la realidad.

El virus de la desinformación se esparce en Bolivia, con variantes cada vez más agresivas. Pero en este caso el costo no lo pagó el gobernador ni sus secretarios, sino cada uno de los habitantes de esta región, que vio escapar miles de dólares para dañar a enemigos políticos y alimentar ambiciones políticas personales en plena escasez por la pandemia.