ndrea Hernández regresaba en bicicleta al hostal donde se hospedaba en la turística ciudad de Tulum, en la Riviera Maya, cuando agentes federales del Instituto Nacional de Migración (INM) la detuvieron arbitrariamente en un retén que instalaron a la entrada de la zona hotelera. Aún con bikini y sandalias, los oficiales subieron a la turista colombiana en una camioneta y la trasladaron hasta Cancún, donde la intentaron extorsionar por tres mil dólares para sacarla de la estancia migratoria temporal en la que había sido encerrada. Como cualquier turista, Andrea tenía hasta 180 días para transitar libremente por el país, de los cuales le quedaban 14. Los agentes se aprovecharon y la encerraron hasta que se cumpliera el tiempo.

Lo que le pasó a Andrea fue en septiembre del 2021, pero casos como este siguen ocurriendo según las denuncias de migrantes y turistas llevados hasta la estancia migratoria de Cancún. De hecho, el año pasado se recibieron 56 denuncias contra las actuaciones de agentes de migración de Quintana Roo, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Acoso sexual, detenciones arbitrarias, discriminación, separación familiar, hacinamiento, amenazas, castigos, impedimento de visitas y extorsión son algunos de los abusos registrados en los testimonios y los documentos revisados para esta investigación.

Pese a que la ley indica que todo extranjero detenido tiene el derecho a ser informado de su motivo de ingreso, a Andrea no le dieron ninguna explicación. “Me llevaron a la estación y uno de los agentes me dejó hacer una llamada a un amigo, para que me llevara mis cosas. Me las llevaron, eso fue un jueves. Y a mí me tomaron la declaración hasta el lunes en la mañana”, dice la joven.

“Ellos le dijeron a mi abogada que, si yo no pagaba tres mil dólares, no me dejaban salir. Eso para mí fue algo muy impactante porque yo no tenía nada que pagar, yo todavía tenía tiempo para salir del país. Estuve ahí sin razón”, dice Andrea por llamada telefónica.

La detención arbitraria de turistas es más común de lo esperado. Viajeros que transitaban con documentos en regla son encerrados, sin la respuesta deseada de los consulados.

Andrea demostró que contaba con boletos de avión para su regreso, pero no bastó. Tuvo que intervenir a su favor el consulado colombiano para que quedara en libertad y regresara a casa. El consulado de Colombia en Cancún confirmó que las detenciones y devoluciones a colombianos desde esta ciudad son comunes, pero rechazó una entrevista porque, desde la embajada, les han prohibido hablar de ello con medios de comunicación.

No es un caso aislado. En 2022 se hicieron públicas al menos tres detenciones arbitrarias de turistas en Cancún. Una de ellas, la de María Fernanda Vallejo, una joven argentina de 29 años, cobró mayor notoriedad. Desde 2020 María se encontraba viajando por México. El 1 de febrero de 2022 fue detenida por agentes migratorios en el aeropuerto de esta ciudad, pese a que contaba con visado y permiso para permanecer en el país hasta marzo de ese año. Fue trasladada a la estancia, donde, según cuenta, la extorsionaron por 2 500 dólares. Luego de que el caso se hiciera viral en redes sociales, interviniera el consulado argentino y de que Graciela Chamorro, la madre, lo difundiera por medios de comunicación mexicanos e internacionales, a María la dejaron en libertad. “Estuvo incomunicada, en condiciones infrahumanas y detenida injustificadamente, pese a que ya habíamos demostrado que el visado y el permiso estaban registrados en el sistema (del INM)”, dice Graciela.

Cancún es el punto de internación más importante de México. Por el aeropuerto internacional de esta ciudad ingresan más extranjeros que en ningún otro lugar del país. Cada año llegan por esta vía casi diez millones de personas, de acuerdo con datos del INM, de los que seis millones son turistas. Es también un punto clave en la ruta migratoria hacia Estados Unidos para personas que provienen del resto de América Latina y el Caribe. No en vano, en la estancia migratoria de esta ciudad han sido retenidas 2 535 personas de más de cincuenta nacionalidades, desde su inauguración en 2012 y hasta diciembre de 2022, de acuerdo con datos del INM obtenidos vía Transparencia.

El INM es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que tiene, entre sus facultades, la misión de vigilar la entrada y salida de personas al territorio nacional y revisar su documentación. A su cargo están las estaciones y estancias migratorias de todo el país, donde se aloja temporalmente a los extranjeros que no puedan acreditar su situación.

Esta investigación logró documentar una serie de irregularidades cometidas por agentes de este órgano en la estancia migratoria de Cancún, dentro de las que destaca la práctica habitual de extorsionar a los turistas y migrantes retenidos (algunos de ellos con los documentos al día, como Andrea o María Fernanda), pidiéndoles dinero en efectivo o favores sexuales contra la promesa de liberarlos.

ianelis Giménez, de 28 años, huyó del régimen cubano en noviembre de 2021. Abandonó su país en una lancha en la que navegó por mar abierto, durante tres días, con dirección a Cancún, donde fue detenida por agentes migratorios federales, quienes la extorsionaron con cincuenta mil pesos (2 500 dólares) para liberarla de la estancia migratoria, donde pasó encerrada tres meses. “Son tantas cosas que una pasa allá adentro, que una está loca por salir”, será lo único que compartirá en entrevista. Dianelis se dice aún afectada por lo vivido y pide que, para conocer los detalles, mejor hable su esposo Maikel Aguilera, quien pagó la extorsión para que ella fuera liberada.

Cancún ha sido un punto de fuga para cubanos disidentes, muchos de los cuales llegan en balsas improvisadas o lanchas de motores potentes hasta las costas del Caribe mexicano.

Ella había participado en las multitudinarias protestas del 11 de julio de 2021, las mayores manifestaciones contra el gobierno en Cuba, que terminaron con más de setecientos acusados y casi trescientos condenados a prisión. En los meses posteriores volvió a salir a las calles, para exigir la liberación de los presos políticos. “Ella y un grupo de amistades salieron [en La Habana] a protestar pidiendo libertad para las personas detenidas. Cuando se acabaron las protestas, el Gobierno salió a buscar, casa por casa. Ella se escondió un tiempo [en casas de conocidos] y luego salió en un bote”, dice Maikel, de 39 años, quien en ese momento estaba radicado en Estados Unidos.

Dianelis, tres conocidos suyos y otras once personas más con los que viajó en alta mar desembarcaron en Isla Blanca, en la zona continental de Isla Mujeres, municipio vecino de Cancún, el 5 de noviembre de 2021. Se trasladaron en un taxi al centro de Cancún, donde se hospedaron cuatros días. El plan era volar desde el aeropuerto hacia Mexicali, Baja California, con el objetivo de llegar a la frontera con Estados Unidos, entregarse a las autoridades, solicitar refugio y en el caso de Dianelis, reencontrarse con Maikel para iniciar una nueva vida juntos. No lo lograron. Agentes migratorios los detuvieron en el aeropuerto al percatarse que les faltaba el documento que acredita su legal estancia en México. Maikel viajó a Cancún y contrató un abogado. Después de dos meses de trámites, y ante la insistencia de los agentes por “agilizar” el proceso si les daban dinero, Maikel decidió pagar.

“Habían pasado sesenta días sin respuesta de los jueces. Sesenta días en los que mi esposa seguía encerrada. En ese momento ya no confiaba en la vía legal. Lo que me dijeron después en la estación es que la vía para salir era pagando”, dice Maikel.

Según relata, la transacción la hizo por medio de los custodios. “Ellos se acercan cuando uno va a la visita. Te dan [una hoja] para que apuntes tu número de teléfono. Después te llaman y te empiezan a caer mensajes de WhatsApp. Te dicen, ‘mira, yo puedo ayudarte, pero esto te cuesta tanto’. El dinero lo tuvo que llevar en efectivo, en un sobre cerrado que entregó al guardia de seguridad de una empresa privada que resguarda la entrada. “Usted pone el paquete de dinero en la entrada, en una gaveta y ya, se va”, dice Maikel.

Los agentes federales usan varios métodos de presión para conseguir que los extranjeros paguen la extorsión exigida para dejarlos en libertad.

Camsa es la empresa encargada de la seguridad de las estaciones migratorias en veintitrés estados en México, incluida la de Cancún. Fue contratada por el INM por un monto de 165 millones de pesos. No se encuentra en el padrón de proveedores autorizados según la revisión efectuada en este reportaje. Al momento de la contratación, tampoco contaba con capacidad para brindar tal servicio, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Lo más grave es que la firma está siendo investigada por su presunta responsabilidad en la muerte de al menos cuarenta migrantes que se encontraban detenidos el pasado 28 de marzo en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Estas personas protestaban porque creían que serían deportadas y no habían podido tomar agua. La primera versión oficial indicó que uno de ellos provocó un incendio con los cables de la instalación eléctrica, el cual se expandió sin que los elementos de seguridad ni los agentes migratorios hicieran algo por salvarlos. “Un crimen de Estado”, señalaron organizaciones defensoras de derechos humanos.

Maikel entregó al guardia los diez mil dólares que le pidieron por liberar a su esposa y sus tres acompañantes (2 500 por cada uno), en efectivo y dentro de un sobre. A los dos días, su esposa y los demás fueron liberados. Lo primero que hicieron fue volar a la frontera norte del país, donde se entregaron a las autoridades estadounidenses para solicitar refugio, que finalmente les fue concedido.

Al menos diez extranjeros que han pasado por la estación migratoria de Cancún —y que brindaron su testimonio para esta investigación—, refirieron haber sido extorsionados con una cantidad que oscila entre los 1 500 y 5 000 dólares (veintisiete mil y noventa mil pesos mexicanos), la gran mayoría señaló a Germán Luis Sánchez Naranjo, el encargado de la estancia, como el coordinador de la red de extorsiones.

tras mujeres que estuvieron detenidas en la estancia migratoria también denuncian abusos y extorsiones sexuales. Sabrina, una joven argentina a quien se le cambió el nombre para proteger su identidad, no tuvo dinero para pagar los dos mil dólares que le pidieron como cuota para liberarla de la estancia migratoria de Cancún, así que tuvo que pasar dos semanas retenida mientras se solucionaba su situación. Los últimos días de encierro fueron los más difíciles: descubrió que los agentes migratorios grababan a las mujeres mientras se bañaban. “Donde nosotras nos duchábamos había un hueco cuadradito en la pared. Por ahí metieron un celular. Nos estábamos bañando y una de las chicas comenzó a gritar cuando vio que estaban filmando”, dice Sabrina. En este sitio los únicos que tienen permitido el ingreso y uso de dispositivos móviles son los funcionarios públicos.

Los agentes federales y elementos de la Guardia Nacional espían a las reclusas cuando se bañan, cuando se cambian de ropa o cuando duermen, según relataron algunas víctimas.

La estancia migratoria de Cancún, ubicada sobre la Avenida Chac Mool, a diez minutos del aeropuerto, es un edificio en forma de cubo con paredes altas y techo de lámina, sin ventanas, con una pequeña puerta de hierro para el acceso, que tiene una diminuta ventanilla corrediza por donde el guardia se asoma de vez en cuando. Cuenta con un comedor al centro, los cuartos en los extremos, de un lado el área para hombres y del otro el de mujeres. Los cuartos tienen tres paredes y una con barrotes. Cada pieza tiene dos literas, con espacio para cuatro personas; sin embargo, ante el hacinamiento, es común que la compartan seis y hasta diez personas, que duermen distribuidas en el piso. Las paredes están rayadas con plumones que ingresan de contrabando. En todos los cuartos está apuntado el teléfono del Instituto Federal de Defensoría Pública, que atiende más de 200 casos de migrantes al año. También hay rayados con denuncias en contra del personal del INM, insultos y pasajes bíblicos.

Sabrina recuerda cuando tuvo que darle contención emocional a una joven colombiana, a quien los guardias la sacaron de su celda por la noche para llevarla con los directivos de la estancia, quienes le ofrecieron libertad a cambio de sexo. “Ella llegó llorando de rabia. Me contó que les dijo que no y que les escupió a la cara. Pero con ella y otras mujeres más jóvenes eran insistentes. Les ofrecían sacarlas si tenían sexo o sexo oral con los directivos”.

Sabrina, cantante de profesión, fue detenida en octubre de 2021, al salir del supermercado. El INM instaló un retén sobre la Carretera 307, a la altura de Playa del Carmen, donde agentes federales, acompañados de elementos armados de la Guardia Nacional, la interceptaron.

A Sabrina y a su entonces pareja les habían ofrecido trabajo como cantantes en eventos sociales. Llegaron al país en julio de 2019, con permisos de trabajo. Al cabo de un año sus documentos vencieron. Él pudo renovarlo, pero ella no: a causa de la pandemia le fue imposible mantenerse empleada y tampoco pudo encontrar un trabajo nuevo. Por esta falta administrativa, merecedora de una multa de poco más de diez mil pesos, a Sabrina la detuvieron y trasladaron a la estancia migratoria de Cancún.

“Todo el tiempo, a mi pareja, quien era la que estaba ahí apoyándome, le pedían dinero. ‘Bueno, si quieres que salga tienes que pagar 2 500 dólares’”, recuerda.

Durante los dieciséis días que Sabrina pasó encerrada fue víctima de acoso, asegura haber sido víctima de negligencia médica y castigos por protestar. También denuncia que la comida que recibían estaba descompuesta, lo que las enfermó. En vez de que un médico les recetara medicación para contrarrestar los síntomas, les suministraban valeriana o somníferos “para calmarnos, para dormir, para que no siguiéramos protestando. Y si nos quejábamos, nos dejaban sin las llamadas”.

Cada persona recluida debía firmar todos los días una hoja como comprobante de que recibió alimentos. Los agentes migratorios, cuenta Sabrina, condicionaban las llamadas. Se aprobaban solo si se firmaba aquel documento. “Un día no firmé porque les dije que los alimentos estaban podridos. Y me dijeron: ‘si no firmas, no hay llamadas’”, recuerda. Y esto no lo podía comunicar a su pareja, supervisaban las llamadas y era interrumpidas cuando hablaba al respecto.

Los alimentos en mal estado suelen causar cuadros de diarrea y vómito a los retenidos, lo que se torna en una situación complicada porque duermen hacinados y se comparten retretes.

También sufrió acoso sexual de parte de elementos de la Guardia Nacional. Los militares, con rifles al hombro, le pedían con insistencia su número de celular y le lanzaban comentarios inapropiados. “Uno alguna vez nos dijo que el sueño de todo hombre era estar en un lugar como este, lleno de mujeres. Todas nos miramos horrorizadas. Nos tenían en contra de nuestra voluntad. ¿Sueño de qué hombre estamos hablando, o sea, qué mente dice eso?”.

Una experiencia similar relata Lúa Castro, finalista del programa La Voz Argentina, quien acabó en México por culpa de un hombre que se hizo pasar como productor, la llevó con engaños, la secuestró e intentó abusar sexualmente de ella. Como extranjera víctima de un delito, Lúa y su representante legal solicitaron una autorización de estancia como visitante por razones humanitarias. Esta aún estaba en trámite cuando fue detenida en Cancún por agentes migratorios, el 23 de septiembre de 2021. “Yo tenía todos mis papeles que decían que fui víctima de delito, que mi residencia estaba en trámite, que ya tenía turno para cita con Migración, pero no corroboraron nada y me detuvieron”, recuerda Lúa.

El abuso de agentes federales ocurre también en el Aeropuerto Internacional de Cancún, el segundo más visitado de México.

Durante los veintiséis días de encierro, la acosaron elementos de la Guardia Nacional. “Me pedían mi número, mi usuario en redes sociales. ‘Qué linda que estás, me decían, mirándome las tetas’”. También cuenta que la “tomaban mucho de la cintura, del brazo, de la espalda” cada vez que la trasladaban de un lugar a otro. Le tocó comida caducada que la enfermó. Y por quejarse, cuenta que la dejaron dos días sin probar alimentos. Fue gracias a la intervención de los abogados de oficio del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) que finalmente quedó libre el 18 de octubre de 2021.

Lorena Cano, coordinadora de la clínica jurídica del Instituto para las Mujeres en Migración (Imumi), asegura que cada vez son más comunes los casos que atienden en la organización de agresiones y delitos sexuales contra mujeres migrantes en las estaciones por parte de miembros de la Guardia Nacional: “Ha habido una serie de abusos, vejaciones y golpizas de parte de estos elementos, que tienen formación castrense, que son militares”.

En México, la violación de derechos humanos a migrantes no es tema nuevo. Aunque el presidente, Andrés Manuel López Obrador, prometió durante su campaña electoral de 2018 apoyar a las personas en contexto de movilidad y cambiar el paradigma de las detenciones y medidas de fuerza contra los migrantes que cruzan el país en busca del sueño americano, México alcanzó en 2020 cifras récord de detención de migrantes: 318 660, a un ritmo de 873 detenciones por día, de los cuales 51.3% son centroamericanos, de acuerdo a la Unidad de Política Migratoria. En Cancún también se ha llegado a un máximo histórico. Si en 2017, se detuvieron a 286 personas en esta ciudad, para 2022 la cifra fue 958: un aumento de 234%.

Este aumento ha corrido en paralelo al incremento de quejas por violación a los derechos humanos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). De hecho, el INM figura como el tercer ente público que más ha sido mencionado en las quejas. Para el caso de Quintana Roo, en 2017 recibió catorce quejas por hechos cometidos por el Instituto. Y en 2022, 56: cuatro veces más, de acuerdo con información obtenida vía Transparencia.

Entre las quejas contra el INM figuran detención arbitraria, faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de sus funciones; intimidación, acciones y omisiones que transgreden los derechos humanos a los migrantes y sus familiares, omitir proporcionar atención médica e incomunicación.

En 2019, Olga Sánchez Cordero, entonces secretaria de Gobernación, afirmó que a su llegada encontraron un INM corrupto, con extorsiones generalizadas. “El Instituto Nacional de Migración era uno de los que más estaba penetrado de corrupción, estamos renovando prácticamente a todo el personal”, declaró en una visita a Tamaulipas, luego de comprometerse a “renovar al instituto”, incluidas sus estaciones migratorias. Algo que está aún pendiente, de acuerdo con Margarita Núñez, coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana. “Creo que es una de las decepciones más grandes que tenemos en este gobierno: el tema migratorio, porque, efectivamente, en precampaña y campaña electoral, había un discurso y unas propuestas interesantes y no se ha llevado a la práctica ni a la realidad. Justo me acuerdo que parte de las propuestas de campaña era eliminar las estaciones migratorias y crear albergues. El único cambio que hemos visto es en el discurso”, afirma Núñez.

iana decidió huir de la agresiones de su marido y la violencia de su país, Honduras, junto a su hijo. Viajaron en un trailer durante tres o cuatro días, con fiebre, dolores musculares y en articulaciones, sedientos; cruzaron Guatemala, Belice y llegaron a Cancún. Les entregaron identificaciones falsas para que pudieran viajar en avión. Pero fueron detenidos en el aeropuerto.

Cancún forma parte de la ruta migratoria de centroamericanos y sudamericanos. Algunos de ellos deciden permanecer en este destino y otros más continúan el camino hacia la frontera norte.

De ahí la canalizaron a la estancia migratoria de Cancún, donde inició el verdadero tormento: la separaron de su hijo, menor de edad, lo cual contraviene el derecho a la unidad familiar, considerado en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. El hijo quedó a disposición de la Procuraduría estatal para la Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia y fue trasladado al Centro de Atención Temporal (CAT) de Cancún, donde también debería de haberse trasladado a Diana, a fin de preservar el interés superior de la niñez.

“Lo que pasa es que a este CAT llegan niños mexicanos y migrantes. Está sobresaturado. Hay un cupo de cien personas, pero se alberga el doble o más. Por eso es que suelen separar a las familias”, dice una fuente conocedora del caso, que pide el anonimato. Pasaron dos meses y los agentes migratorios se negaban a brindarle cualquier información sobre el paradero y estado de su hijo. “Yo me colgaba hasta de la puerta pidiendo que quería saber de él. Y nunca me daban respuesta […], les decía: necesito platicar con él, saber que está bien, ¿qué les cuesta?”, recuerda.

Quintana Roo cuenta con 12 Centros de Atención Temporal, la mayoría privados, para albergar a núcleos familiares de migrantes y así evitar la separación familiar.

En octubre de 2021, a un trimestre de su detención, y gracias a la intervención del IFDP y de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), quienes adoptaron el caso, Diana pudo tramitar un amparo, solicitar refugio y conseguir libertad.

Lo irregular es que, según la norma mexicana, el INM cuenta con 15 días para resolver la situación de los migrantes en situación irregular, o hasta 60 días cuando median amparos o en contados supuestos. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que dichos periodos son inconstitucionales y que los encierros no deberían de sobrepasar las 36 horas. De acuerdo con datos obtenidos vía Transparencia, 505 migrantes estuvieron encerrados más de quince días en la misma estancia migratoria y otros 69 estuvieron más de sesenta días. Además, hay un caso de una mujer estadounidense que estuvo alojada por 296 días, el máximo periodo de encierro registrado hasta ahora.

Al ser solo una falta administrativa, la migración irregular no debiera provocar detenciones superiores a las 36 horas, sin embargo, el INM ha encerrado a personas hasta por 290 días.

“Es terrible, terrible, que pasen tantos días encerrados. Con tantos días ahí y con todas las violaciones a los derechos humanos que viven, se genera un trauma en los migrantes, eso tiene consecuencias orgánicas importantes”, dice Gerardo Talavera, director general de Casa Refugiados, organización especializada en temas de movilidad humana. Precisamente, la salud de Diana se deterioró tanto a causa de lo vivido ahí adentro que llegó al grado de ser internada en un hospital. “Imagínate. Pasé dos meses sin saber de mi hijo, imaginando lo peor. Yo no tenía hambre, estaba deprimida, lloraba todo el tiempo, con miedo a que me fueran a regresar, de no ver a mi hijo nunca más”, dice.

A la incertidumbre se sumaron enfermedades por el mal estado de los alimentos. Una vez el espagueti venía con cabellos y, en otra ocasión, las lentejas con gusanos. El colmo fue cuando llevaba dos meses encerrada: de un mordisco partió a una cucaracha en dos. “Se escuchó como crujiente, porque la comida que estábamos comiendo era arroz y ensalada. Estábamos comiendo tranquilas. Galletitas que le ponen a uno. Frijoles. Cuando escuché algo crujiente. Siento que me golpean el labio, ¿no? Una patita de cucaracha”, relata Diana.

En contra de las recomendaciones de organismos de derechos humanos, el INM no da dietas especiales a personas vegetarianas o con otro tipo de prácticas alimentarias.

En 2021 el INM adjudicó un contrato por 1.3 millones de pesos a las empresas Coordinación de Distribuciones y Servicios Logísticos y Pigudi Gastronómico para que ofrecieran el servicio de alimentos para los migrantes detenidos en las estancias migratorias del sur de México. Esta última empresa ha sido señalada por la Auditoría Superior de la Federación por la irregularidad e incumplimiento en varios contratos. En julio de 2021, meses antes de la detención de Diana, organizaciones de la sociedad civil acusaron a la Coordinación de Distribuciones y Servicios Logísticos de dar comida descompuesta en una estación migratoria de Chiapas. En ese entonces, sesenta migrantes presentaron cuadros de diarrea aguda por haber ingerido alimentos en mal estado, según la prensa local.

Diana quedó con secuelas físicas y sicológicas después de su paso por la estancia. El doctor Víctor Olivo Iglesias Guzmán, quien analizó sus exámenes médicos, explicó que “en el general de orina hay presencia de sangre, de proteínas, de una cosa que se llama ‘nitritos’, que son metabolitos que se producen en el metabolismo de ciertas bacterias que pueden ser patológicas en las vías urinarias: su presencia nos sugiere que hay una infección urinaria”, dice Iglesias y comenta que podría deberse a la falta de higiene en la estación.

Iglesias también diagnostica piedras en los riñones, bacterias en abundancia, anemia, glucosa baja y bilirrubina alta. El doctor también cree que Diana sufre de una posible hepatitis o pancreatitis aguda (inflamación del páncreas). Esta enfermedad, apunta el médico, es causada por una mala dieta.

Diana, dos años después, sigue sin recuperarse. “Y en todo esto no hay que olvidar al hijo”, advierte Monserrat Alviso, exoficial de Acnur. “La separación de niños, niñas y adolescentes migrantes de sus padres es una de las experiencias potencialmente más traumáticas durante ese período de la vida. Eso tiene implicaciones para su salud emocional, mental y física como carencias afectivas, ansiedad, depresión, retraso de su desarrollo, hipertensión, enfermedades cardíacas. Y son expuestos a peligros como maltratos físicos, abuso emocional, abuso sexual”.

La relación con su hijo, cuenta Diana, se deterioró a raíz de su experiencia. “Él ya no me habla. Piensa que lo abandoné esos tres meses”, se lamenta.

Margarita Núñez, de la Universidad Iberoamericana, explica que “en México no es un delito migrar; es una falta administrativa, sin embargo, la acción que corresponde al INM es detener a las personas y encarcelarlas como si sí fuera un delito y ameritara una acción penal”. A esto se suman los abusos en las estancias y la impunidad.