Por Ricardo Hernández Ruiz
Diciembre 2022
rnesto escuchó, apenas a unos cuantos metros de distancia, los insultos y golpes de una parte y los gritos lastimeros de la otra, pero no había mucho que pudiera hacer. Unos exigían el pago de una deuda y el otro les rogaba que pararan la tortura. Los atacantes, miembros del Cártel del Pacífico, uno de tantos grupos de la delincuencia organizada que asola a México; la víctima, un vendedor ambulante que no pagó a tiempo el “derecho de piso”; Ernesto, el testigo mudo, es el dueño del local donde todo sucedió, en la exclusiva zona hotelera de Cancún, una ciudad del Caribe mexicano que vive bajo la extorsión generalizada del crimen organizado.
“Me decían ‘permíteme tu baño un ratito’. Y metían a mi negocio a los vendedores ambulantes para ‘tablearlos’ (torturarlos), a pleno día. Se escuchaban los trancazos y los gritos. Eran los que no cumplían con los cobros. Me tocó en mi propio negocio, dos veces”, recuerda.
Ernesto es un empresario prominente de Cancún, uno de los destinos turísticos más importantes de América Latina. Aceptó contar su historia bajo condición de modificar su nombre. Es concesionario de uno de los locales a pie de playa, ofrece servicios turísticos en embarcaciones y también fue víctima de extorsión.
En 2020, cuando la pandemia del COVID-19 apenas iniciaba, integrantes del Cártel del Pacífico (CDP) se presentaron en su local para exigir derecho de piso. Era pagar 20 mil pesos mensuales o atenerse a las consecuencias. Lo mismo hicieron, cuenta, con el resto de personas que tenían actividades comerciales en la zona.
“Nos tenían extorsionados a todos, a tooodos les cobraban, a los ambulantes, a los negocios privados, a los chiquitos, a los grandes; a las embarcaciones. A todos los negocios de todos los locales. Puedo generalizarlo. Nadie se escapaba”, afirma el empresario.
Vendedores ambulantes, dueños de locales comerciales, prestadores de servicio, todos pagaban derecho de piso en la playa pública controlada por el Cártel del Pacífico.
Cancún, al sureste del país y en el extremo norte del estado de Quintana Roo, es la ciudad más joven de México. Fue fundada en 1970, creada de la nada. Ahí, entre la selva y el mar Caribe, donde solo había un pequeño pueblo cocotero, hoy se levanta todo un complejo de 201 hoteles que este año recibirán a más de seis millones de turistas, quienes gastarán seis mil millones de dólares, según la Secretaría de Turismo estatal.
Por su ubicación geográfica, Quintana Roo es también una ruta estratégica para el trasiego de droga, procedente de Centroamérica y Sudamérica, hacia los Estados Unidos. Debido a esta doble condición: destino turístico y punto clave en la ruta de la droga, las actividades ilegales como el narcomenudeo, el tráfico de armamento, de migrantes y de droga, el lavado de dinero, el robo de vehículos y la extorsión son las más redituables para los grupos criminales en el estado, de acuerdo con el Centro Regional de Fusión e Inteligencia del Sureste (Cerfise), el órgano de inteligencia que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene en la región.
Los organismos de seguridad admiten que en Cancún operan el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Pacífico, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, Los Pelones, Los Bonfiles, Zetas Vieja Escuela y Los Rojos, entre otros.
El propio Cerfise, en reportes internos sobre el panorama delictivo de Quintana Roo, reconoce que la extorsión ha aumentado en los últimos cinco años derivado de las disputas entre estos grupos. Las organizaciones criminales aprovechan la violencia creada por su misma guerra para vender protección a los comerciantes. Una protección que más allá de consolar, inquieta. O bien, aprovechan el panorama convulso para amenazarlos con hacer daño, físico o material, si no pagan cierto monto periódico, conocido como “derecho de piso”.
En la zona hotelera de esta ciudad, donde trabaja Ernesto, se encuentran al menos cinco de estos cárteles, dedicados, entre otros negocios ilegales, al cobro de piso: el CJNG, el de Sinaloa, el del Golfo, el del Pacífico y Los Pelones, detalló Martín José Gordillo Aguilar, de la Fiscalía General del Estado (FGE), encargado de combatir la extorsión en Quintana Roo.
El Cártel del Golfo, precisa, domina los clubes nocturnos, los antros y bares, mientras que los otros se disputan las playas y demás locales comerciales.
El Cártel del Pacífico controla 2 de las 11 playas de Cancún.
Carlos Dinar Torres Jaquez, alias “Chore”, —miembro del Cártel del Pacífico y líder de una de sus células delictivas, Los Caborca, que operan en la zona norte de Quintana Roo— era el encargado de las extorsiones en la playa pública donde trabaja Ernesto y de otra más, a catorce kilómetros de distancia, de acuerdo con un documento del Cerfise.
Al inicio, cuenta Ernesto, un par de sujetos llegaron a la playa a pasar la tarde y tomar cerveza. Luego se acercaron a los dueños de los comercios. Pedían cualquier cosa, que les dejaran cargar sus celulares o entrar a los sanitarios y, entre tanto, entablaban plática. Al tiempo se dieron cuenta de que no iban a regodearse bajo el sol, sino a recolectar información. Una vez que identificaron a los dueños de los negocios, con sus datos personales y detalles sobre sus actividades comerciales, se presentaron de nuevo, pero esta vez de forma amenazante.
“‘Sabemos quién eres’, me dijeron. Me dieron detalles de mi trabajo, de lo que hacía, del cargo que tenía. Me intimidaron. Fueron dos personas. Primero me dijeron que me querían cobrar veinte mil pesos (al mes), pero llegamos a un acuerdo de cinco mil pesos”, cuenta Ernesto.
Una vez dominada la playa, con el resto de los restauranteros, náuticos y vendedores ambulantes extorsionados, y ya controlada la venta de droga, se instaló un grupo de cerca de veinte integrantes, con diferentes encargos: vigilar, distribuir drogas, cobrar derecho de piso, amenazar y golpear a los que se oponían o se retrasaban en los pagos.
La extorsión es un delito que se fundamenta en el miedo y la intimidación que generan las amenazas de parte del crimen organizado.
A los tres meses de su llegada, continúa Ernesto, el grupo le subió la cuota y luego otra vez y una más hasta llegar a los nueve mil pesos mensuales (unos cuatrocientos cincuenta dólares). “Cobraban conforme iban cambiando de jefe de la plaza, porque los iban agarrando, matando o pasaba algo. El que llegaba siempre te pedía más.”
El discurso que estos integrantes del Cártel del Pacífico le dieron a Ernesto es que, a cambio de la cuota, le ofrecerían protección ante el peligro de la irrupción de otros grupos criminales. “Decían que iban a proteger la playa, que era realmente por protección, que había otros grupos que querían entrar y que ellos eran los que estaban cuidando la zona”, recuerda Ernesto.
Pero en estos asuntos nunca se compra garantía. El 11 de junio un grupo armado irrumpió en la playa a balazos, que terminaron por matar a dos sujetos personas y herir a una turista estadounidense. Se trataba de un grupo contrario que peleaba por la plaza, y que consiguió huir en motos de agua, como si de película de acción se tratara. Doce días después, el 23 de julio, el cuerpo de “Chore”, quien controlaba la playa, fue hallado en una comunidad cerca de Chetumal, capital de Quintana Roo. Tras ello, el liderazgo de la célula de Los Caborca fue tomado por Luis Miguel Landeros Aguilar, alias “El Diez”.
Estos cambios siempre generan tensión en los territorios divididos y los grupos recrudecen las medidas en contra de sus víctimas. Si al principio sus miembros exigían comida o bebidas regaladas, luego pedían cada vez más dinero y resguardar armas y drogas: marihuana y cocaína.
“Ya después te pedían guardar armas, guardar la droga, los teléfonos. Te decían ‘guárdame esto’ por si hay operativos de la policía. Y te ponen entre la espada y la pared, ¿cómo decirles que no?”, dice resignado el empresario.